9 de enero 2019
El Gobierno insiste en que la CICIG en sus once años de presencia ha cometido las siguientes acciones “tan lamentables para el país”:
1. Ha cometido acciones en contra del Estado de Derecho: esto es una burla y el chiste se cuenta solo, pues el único que hoy por hoy altera el Estado de Derecho en Guatemala es el propio Ejecutivo.
2. Ha alterado el orden público y la gobernabilidad: cómo si el actual Presidente algún día gobernó bien y logró mantener el orden público.
3. Ha atentado contra la soberanía del Estado: ¿Cómo si algún día el país lo fue? Y aún más, cómo si defendiera los intereses y la soberanía del Estado” ante empresas extractivas, hidroeléctricas extranjeras y demás; y ante países poderosos, o defendiera con tanta vehemencia a los migrantes guatemaltecos en otros países. Manteniendo su clásico discurso ultra-conservador y “soberano”, el presidente y sus dos ministros de cabecera justifican acciones tan bajas e ilegítimas, poniendo en riesgo el papel de Guatemala ante la Comunidad Internacional, y ante un órgano tan tan importante como Naciones Unidas. Paradójicamente, el Estado de Guatemala dice que se opone y le parece ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela (¿dónde quedó el discurso “soberano”?)
Y para rematar…
4. Afirma que la CICIG ha violentado los DDHH del pueblo guatemalteco: para ello presenta a cuatro familias (como un “pequeño ejemplo de los innumerables abusos de la Comisión contra innumerables familias guatemaltecas”, ¿en serio?). Pues resulta que esas familias representan todo, menos al pueblo guatemalteco:
– La familia Biktov: una familia rusa, extranjera, que insiste en la idea de no haber falsificado sus pasaportes, únicamente haberlos obtenido en una empresa que ya no existe, con nombres “más latinos para realizar sus viajes a Europa sin ningún problema”.
– La familia Valdés Paiz: una familia de farmeceúticos y finqueros, en la cual unos hermanos fueron acusados de contratar sicarios para ejecutar el asesinato del abogado Rosenberg (a petición de él mismo, y que los engañó para que accedieran). Si bien se demostró en tribunales su inocencia, los hermanos eran los segundos proveedores de medicamentos al Seguro Social, y financistas de una campaña política presidencial. Es decir, familias apoderadas.
– La familia Vielmann: una familia de empresarios y políticos acomadados. Su padre Carlos Vilemann, un exministro y expresidente de la Cámara de Industria, fue capturado y acusado de ejecuciones extrajudiciales y de torturar a secuestradores, un caso por el cual ya fue juzgado en Madrid, y por el cual pretenden juzgarlo nuevamente en Guatemala, y lo retienen en prisión (algo que no solicitó ni el MP ni la CICIG, sino una jueza). Sobre esto, es muy acertado el comentario de Martín Pellecer “No puedo imaginar la frustración y la tristeza de Carlos Vielmann, sus familiares y amigos por una prisión de tres meses que consideran muy injusta. Pero me parece que eso no justifica llamar a una guerra ideológica para incendiar el país.”
– La familia Zimeri: el caso de un joven que en medio de una riña en un partido de futbol en Futeca entre su equipo y un equipo de guardaespaldas de la CICIG (que estaban fuera de su horario laboral), fue golpeado y lesionado por los guardaespaldas. Si bien es lamentable la golpiza que este joven sufrió y que no se haya obtenido justicia para él, es una realidad que miles de guatemaltecos sufren cada semana, agresiones constantes, violencia, secuestros, y balaceras, y que también queda impune.
Sobre estas cuatro familias me parece sumamente contradictorio que el señor Morales las utilice como justificación de abuso a los derechos humanos del pueblo guatemalteco, pues si bien no se puede negar que las cuatro familias sufrieron irregularidades en las investigaciones de sus casos, o prisiones preventivas prolongadas, y también agresiones, no significa que haya sido la CICIG la encargada de cometerlo, sino más bien el Sistema de Justicia. Asimismo, pareciera ser que estas cuatro familias no representan al “pueblo guatemalteco” promedio, pues son familias acomodadas, con mejores posibilidades que el verdadero pueblo de Guatemala.
En todo caso, es una realidad que sufren miles de guatemaltecos y que al Presidente parece no importarle…casos como los enfermos renales víctimas del caso IGSS-Pisa, las familias víctimas y sobrevivientes del Incendio del Hogar Seguro por el cual no hay ninguna sentencia ejecutada hasta ahora, o las familias migrantes y los dos niños fallecidos en Estados Unidos recientemente. Estas familias sí que son víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, y merecen tener voz en televisión y por supuesto justicia.
* Auxiliar de Investigación en el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, ECP-USAC
