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Después del genocidio de los años ochenta y el proceso de paz ocurrido en Guatemala, se puso en marcha un proceso de despojo territorial vinculado a la actividad de industrias extractivas y megaproyectos. La respuesta fue una movilización de las comunidades afectadas que se convirtieron en el eje de la organización indígena y antineoliberal en el país, al que el Estado ha respondido con la deslegitimación, la represión y la criminalización de actividades líderes y autoridades comunitarias. En este contexto, un grupo de activistas me invitaron a participar en un proyecto político de acompañamiento a esas comunidades a través del análisis, la difusión y la reflexión.
