Estados Unidos debe reconocer su papel en hacer que los guatemaltecos huyan de su país

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Los vecinos llevan el ataúd que contiene los restos de Jakelin Caal Maquin, de 7 años, a la casa de su abuelo en San Antonio Secortez, Guatemala, el lunes 24 de diciembre de 2018. El cuerpo de una niña de 7 años que murió mientras estaba en la custodia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. se entregó a familiares en su Guatemala natal el lunes para despedirse. (Foto AP / Oliver de Ros) Oliver de Ros AP

28 de diciembre de 2018

Por Michael Bakal y Lisa Maya Knauer especial para El Sacramento Bee

Mientras millones de estadounidenses se reunían en la víspera de Navidad para celebrar el amor y la familia, el cuerpo sin vida de Jakelin Caal Maquín, de 7 años, quien murió bajo la custodia de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos, fue devuelta a su hogar familiar en Guatemala. Luego, el día de Navidad, la Patrulla Fronteriza anunció que otro niño guatemalteco, Felipe Gómez Alonso, de 8 años, había muerto bajo la custodia de la agencia.

El gobierno de los Estados Unidos ha culpado a la muerte de Maquín por la decisión de su padre de cruzar la frontera ilegalmente, como también ha culpado a otros inmigrantes que han sufrido por sus decisiones de hacer el peligroso viaje en busca de asilo. Pero la historia y nuestra experiencia reciente en Guatemala subrayan la influencia de la política estadounidense en las muertes de Felipe, Jakelin y miles de personas cuyos huesos se encuentran en ambos lados de la frontera.

Primero, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos es legalmente responsable del bienestar de un niño que se encuentra bajo su custodia. Debe haber un examen independiente para determinar si la agencia tomó todas las medidas necesarias para proteger la salud de Jakelin y Felipe, y deben ser responsabilizados si no lo hacen.

En segundo lugar, la administración de Trump debe reconocer que sus políticas fronterizas, como colocar centinelas en puentes internacionales para impedir que los migrantes pongan pie en territorio estadounidense, han desanimado a los solicitantes de asilo a utilizar los puertos de entrada designados, lo que los empuja a intentar ingresar al país de forma más peligrosa, lugares desolados . Estas políticas deben ser terminadas inmediatamente.

Y debemos reconocer que las políticas de los Estados Unidos en América Central presionan a muchas familias como la de Jakelin y la de Felipe a elegir entre soportar la pobreza y la opresión en el hogar o arriesgar sus vidas para emigrar hacia el norte.

OPINIÓN

Como miembros de una delegación de derechos humanos organizada por la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala , visitamos una aldea rural de agricultores de subsistencia Q’eqchi en Alta Verapaz, no lejos de la comunidad natal de Jakelin, hace varios meses. Las familias nos dijeron que se sentían como prisioneros en sus propios hogares, no solo por la pobreza endémica y el racismo, sino también porque las empresas transnacionales de agronegocios, hidroeléctricas y mineras están utilizando ataques armados y violencia sexual para robar sus tierras.

Para algunos, el precio de defender sus derechos era la muerte: una mujer describió cómo los guardias de seguridad de la compañía asesinaron a su marido mientras cuidaba sus campos. Otros han enfrentado la criminalización y la detención indefinida por delitos como defender en nombre de las comunidades amenazadas por la producción de aceite de palma o protestar por el embalse de un río sagrado para el pueblo Q’eqchi.

Entre enero y junio de 2018, al menos 13 activistas indígenas y ambientalistas fueron asesinados en Guatemala, y ni el gobierno de Guatemala ni el de los Estados Unidos han tomado medidas significativas en respuesta. La política estadounidense sigue favoreciendo los intereses comerciales, incluida la industria del aceite de palma en constante expansión. Como informó recientemente el New York Times , los incentivos de Estados Unidos para la producción de aceite de palma han causado estragos en todo el mundo en desarrollo, incluso en Guatemala, lo que ha provocado derrames tóxicos, la liberación de enormes cantidades de dióxido de carbono y los medios de vida diezmados para los agricultores.

Para aquellos familiarizados con la historia de la intervención de los Estados Unidos en Guatemala, estas historias sonarán como una repetición. En 1954, el gobierno de los EE. UU. Ayudó a derrocar al presidente electo democráticamente, Jacobo Arbenz, cuyas modestas reformas agrarias amenazaron los intereses de la United Fruit Company y otras empresas estadounidenses. El golpe desencadenó 36 años de guerra, durante los cuales el ejército guatemalteco y los paramilitares, con el apoyo de los Estados Unidos, asolaron sistemáticamente los pueblos mayas, mataron a más de 200,000 personas y destruyeron a más de 600 comunidades. Una de las primeras masacres ocurrió en Alta Verapaz, cuando los soldados abrieron fuego contra los aldeanos de Q’eqchi que protestaban por la apropiación de tierras por parte de una empresa minera transnacional. Sus balas mataron al líder de la protesta, una mujer valiente llamada Adelina Caal Maquín, junto con otros 100 aldeanos.

Ahora, mientras el gobierno de Trump culpa a los inmigrantes y solicitantes de asilo de América Central por su propia situación, debemos recordar las historias de Felipe, Jakelin y los activistas que han luchado para que los guatemaltecos indígenas tengan voz. Su valentía, y en el caso de Jakelin, Felipe y Adelina Caal Maquín, sus injustas muertes, deben motivarnos a reconocer no solo la insensatez de nuestras políticas fronterizas sino también la historia a menudo olvidada de la intervención de los Estados Unidos en Guatemala, y trabajar incansablemente. Para evitar que esta historia se repita.

Michael Bakal es fundador de Voces y Manos (Voces y manos), una organización sin fines de lucro que trabaja en Guatemala, y fue becario Fulbright en Guatemala en 2014. Es un doctorado en educación en la Universidad de California, Berkeley.

Lisa Maya Knauer es presidenta del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Massachusetts, Dartmouth. El Dr. Knauer ha realizado investigaciones en Guatemala desde 2009, ha brindado testimonios de expertos en más de 60 casos de asilo para solicitantes de asilo en América Central y fue becario Fulbright en Guatemala en 2011.

Autoría y edición

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