Créditos: jimmy mili
Foto: Nómada

Por David Toro

18 de diciembre de 2018

La decisión de la Cancillería de retirar visas a investigadores de Cicig es una nueva violación al convenio de creación de la comisión. La pasividad de la fiscal general agrava la situación.

La Cancillería decidió revocar la visa de 11 investigadores y litigantes de la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Buena parte de estos investigadores son los encargados de casos de corrupción de alto impacto. Esta acción es un nuevo paso del plan a favor de la impunidad que el gobierno de Jimmy Morales ha implementado. Todo inició en agosto con la decisión de no renovar el mandato de la comisión y de no permitirle al comisionado Iván Velásquez su ingreso a Guatemala, considera el presidente de la Comisión de Juristas Internacionales, Ramón Cadena.

Ramón Cadena, Presidente de la Comisión Internacional de Juristas. Foto; Nelton Rivera

El MP no responde adecuadamente

El Ministerio Público debe actuar de oficio ante este tipo de acciones del Ejecutivo que  corrompen el convenio firmado por el Estado de Guatemala con Naciones Unidas en el 2006 para crear a la Cicig.

Durante la inauguración de una nueva fiscalía, la fiscal general, Consuelo Porras, fue abordada por periodistas y se limitó a indicar que la Cicig tiene derecho de impugnar la decisión de la Cancillería, pero que ella no actuará.

Ramón Cadena: “Las instituciones nacionales no responden. Quien debería haber hecho algo desde hace tiempo es el MP, pero la fiscal general no responde: quizá es parte del plan (…) Esta decisión de la Cancillería se puede tipificar en el delito de obstrucción a la justicia, porque están afectando a quienes investigan casos de relevancia en el tema de corrupción”.

No hay justificación válida para retirar las visas diplomáticas

El acuerdo de creación de la Cicig, indica que el Estado de Guatemala debe cooperar con la comisión para que esta pueda trabajar en el fortalecimiento de la  justicia sin obstrucción alguna; sin embargo, retirar la visa diplomática y dejar desprotegidos a los trabajadores de Cicig, violenta ese convenio. Ramón Cadena comenta que nunca se ha fundamentado ni explicado una razón valida de por qué estos investigadores deben retirarse del país.

La movilización social es vital

Ramón Cadena considera que es importante pensar en nuevos amparos constitucionales para dejar sin efecto la decisión de la cancillería, pero esto debe estar acompañado de la movilización ciudadana. “Si no hay movilización ciudadana, el gobierno seguirá rompiendo los acuerdos que se le dé la gana y no le importa”, declaró el jurista a Prensa Comunitaria.

La impunidad que propicia el gobierno de Jimmy Morales y las decisiones que toman sus brazos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobernación, podrían tener un impacto negativo inmediato en el fortalecimiento de la justicia. Además, a las puertas  de un año de elecciones generales, debilitar la lucha contra la impunidad pone en riesgo que este proceso se realizará con “normalidad”.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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