Por Stef Arreaga
13 de diciembre de 2018
Hace 37 años ocurrió una de las peores masacres en América Latina contra civiles a manos de un ejército nacional, la masacre de El Mozote, en Morazán, El Salvador. Este genocidio inició la mañana del 11 de diciembre de 1981. Tres días de matanzas en los cantones y caseríos aledaños de El Mozote. 978 ejecutados según las cifras oficiales, de los cuales 553 eran menores de edad, 477 tenían menos de 12 años. Hace dos años se encontraron nuevas osamentas, no se descarta que haya más y que esta cifra aumente.
Esa mañana, las tropas entraron al pueblo en búsqueda de guerrilleros. Al no encontrar rastros de los rebeldes, se lanzaron contra la población civil. Matanzas a sangre fría, a algunos los mataban con balas y a otros con cuchillo, según relatan en el libro Luciérnagas en El Mozote (1996).
Uno de los casos más emblemáticos es el de Rufina Amaya, quien tenía 4 hijos; la más pequeña, que aún mamaba, fue arrancada de sus brazos. A Rufina la llevaron junto a otras 22 mujeres, a una casa donde había una “montaña de muertos” para asesinarla junto a las demás. Este fue el relato que ofreció a la Comisión de la Verdad en 1993, en donde señaló directamente a los responsables de este genocidio.
Un día antes de la llegada de los militares, Marco Díaz, el dueño de la única tienda del lugar y el hombre más rico de El Mozote, había convocado a la mayoría de los pobladores del caserío para comunicarles que habían tenido un encuentro con un oficial del Ejército y que el oficial le confió que lanzarían un gran operativo militar para despejar la zona de guerrilleros y que, además, le había prometido que los habitantes de El Mozote no tenían nada que temer mientras se encontraran en sus casas. En la madrugada del 11 de diciembre sacaron a la gente, separaron a mujeres y niños de hombres y ancianos y los encerraron, al primer grupo en una casa y al segundo en la iglesia, donde los interrogaron sobre las actividades de la guerrilla.
Mientras hacían la separación e interrogaban a los pobladores de El Mozote y aldeas y caseríos vecinos, en la plaza aterrizó un helicóptero de donde bajaron los colaboradores del teniente Domingo Monterrosa, comandante del Batallón de Infantería de Atlacatl, (falleció en un accidente aéreo en 1984). Rufina relató que primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego las mujeres y finalmente los niños.
Mi esposo, Domingo Claros, fue el primero en morir. Iba en uno de los primeros grupos, pero comenzó a forcejear y le dispararon. Como estaba vivo, un soldado se acercó y lo degolló. Las mujeres no corrieron mejor suerte (…). A las cinco de la tarde me sacaron a mí junto a un grupo de 22 mujeres. Yo me quedé la última de la fila. Aún le daba el pecho a mi niña. Me la quitaron de los brazos. Cuando llegamos a la casa a donde nos llevaban, pude ver la montaña de muertos, yo me arrodillé acordándome de mis cuatro niños. En ese momento di media vuelta, me tiré y me metí detrás de un palito de manzana. Con el dedo agachaba la rama para que no me miraran los pies”.[1]
Rufina se escondió como pudo, durante ocho días en una cueva, hasta que fue encontrada por una tropa de la guerrilla, quienes luego la llevaron a un campo de refugiados. El día de Noche Buena, tres días después de haber sido rescatada, contó su testimonio en la radio Venceremos, que era la voz oficial del FMLN, pero la junta de gobierno de El Salvador y la embajada de Estados Unidos consideraron que el testimonio de doña Rufina era una propaganda de la guerrilla y por lo tanto era una fuente no confiable.
El tema de la masacre, fue publicado en The New York Times y en el Washington Post en donde denunciaban esta señalando como responsable al Ejército salvadoreño. Y eso no sólo provocó que la Casa Blanca acusara a los periodistas de mentirosos, sino que también aumentaron la ayuda económica para el gobierno de ese país.
En el informe también se desarrolla el tema de la organización del Ejército para esta masacre: las tropas del batallón élite Atlacatl, conformado por nueve compañías, equivalente a 700 militares, recibieron por orden: “lo que se mueve, se muere”. Efraín Antonio, exsoldado perteneciente a este batallón, narró durante una audiencia:
Nos dijeron que íbamos a un lugar, y que todo lo que se moviera se destruyera, porque decían que todos eran guerrilleros, desde mujeres hasta niños, que podrían llegar a ser parte de las masas en un futuro y que podrían llevarle la logística a ellos. Una noche antes me dijeron: preparate, vamos a un lugar donde nos están esperando, donde es difícil entrar, pero vamos a entrar y si no te pones las pilas, pues, te van a matar y tenés que actuar según las técnicas que te han ensenado y si no, vas a ser hombre muerto. Y ni modo, qué hacíamos, preparar los fusilitos, 700 cartuchos, todo lo que nos daban en el equipo. A mí, que era especialista en lanzagranadas, me daban 60 granadas. Con eso me fui a El Mozote”
El caso llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en 1995 y emitió una sentencia en el 2012, porque en 1993 la investigación fue clausurada, por la aplicación de la ley de amnistía aprobada ese mismo año. En el 2012, el presidente en funciones, Mauricio Funes, del FMLN, pidió perdón públicamente con lágrimas en sus ojos, por la “más grande masacre contra civiles” en Latinoamérica.
El caso se reabrió nuevamente en El Salvador, el juez ordenó el proceso penal en contra de 13 miembros de las fuerzas armadas, cinco de ellos pertenecieron al alto mando que comandó la guerra en ese país.
Rufina Amaya falleció en 2007 sin haber visto justicia por sus cuatro hijos, su esposo y su comunidad. Hoy recordamos a los 75 mil hermanos y hermanas salvadoreñas que fueron víctimas mortales y las 8 mil personas desaparecidas, en manos del ejército de ese país, a los desplazados, viudas y huérfanos. Sobre todo, recordamos a las víctimas de El Mozote, las aldeas y caseríos cercanos cuya vida fue arrebatada de la forma más cruel y sangrienta.
[1] Versión en línea del informe de la Comisión de la Verdad para el Salvador.
