Texto y fotografías: David Toro
21 de noviembre de 2018
Megaproyectos hídricos a lo largo del territorio guatemalteco, afectan a miles de pobladores de comunidades aledañas a estos. El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) emitió una serie de resoluciones dirigidas al Estado de Guatemala, pidiendo que se implemente una ley de aguas y saneamiento y que se abstenga de promover proyectos peligrosos que carecen de estudios técnicos y científicos.
En Guatemala los megaproyectos hidroeléctricos son señalados por pobladores y defensores de la naturaleza no sólo como amenazas para la vida y la biodiversidad, sino también como proyectos que se realizan sin el consentimiento ni previa consulta a las poblaciones que han habitado estos territorios desde épocas inmemoriales.
Para Leocadio Juracán,[1] presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, las instituciones a cargo de la conservación de la biodiversidad, responden a favores políticos. No descarta accionar mecanismos legales en contra de funcionarios públicos que irrespeten las formas de vida de las comunidades del Lago de Atitlán y de la Montaña Las Granadillas ubicada en el corredor seco centroamericano.
Durante una conferencia de prensa, Juracán, acompañado de pobladores de diferentes comunidades del Lago de Atitlán, Zacapa y Chiquimula, señaló que, gracias a las resoluciones emitidas por el TLA en el mes de octubre, se determinó que hay más de 270 mil familias afectadas por los megaproyectos transnacionales ubicados en la cuenca del Lago y en la Montaña Las Granadillas.
“Hay una hidroeléctrica operando en San Lucas Tolimán, Sololá, desde hace 4 años. Es irónico que los pobladores no tengan caminos en buen estado entre poblados, pero que a esta empresa se le haya construido una carretera para ingresar a sus instalaciones”, denunció Juracán.
@LeocadioJuracan y pobladores de Sololá denuncian que el Estado debe acatar la resolución del Tribunal Latinoamericano del Agua respecto a los mega proyectos que perjudican a los pobladores de los municipios de la cuenca del lago de Atitlan y en Las Granadillas Zacapa. pic.twitter.com/GgfiBCoFp1
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) November 20, 2018
Las entidades gubernamentales responsables
En el caso específico del Lago de Atitlán, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE), ha sido señalada por Juracán y por el TLA, como la entidad responsable de aprobar megaproyectos que carecen de estudios previos y de consultas a las comunidades, poniendo en riesgo la vida y desarrollo de los pobladores.
En el caso de la Montaña Las Granadillas, considerada un respiro de sustentabilidad alimentaria en medio del “Corredor Seco”, en los departamentos de Zacapa y Chiquimula, la implementación de proyectos hidroeléctricos en ese territorio pone en riesgo la vida de los pobladores. Tanto el TLA como el diputado Juracán han pedido al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y al Estado, que esta montaña sea declarada área protegida. Juracán aseguró que existe una iniciativa de ley en camino para lograrlo.
Las recomendaciones más importantes que el Tribunal Latinoamericano del Agua[2] ha emitido en torno a estas dos problemáticas, son:
- La realización de reformas para garantizar la participación de pueblos indígenas de la Cuenca del Lago de Atitlán en la toma de decisiones, respetando el Convenio 169 de la OIT.
- El Estado debe declarar como área protegida, reserva protectora de manantiales, la Montaña Las Granadillas para garantizar la seguridad alimentaria y el acceso al agua de la población.
- Implementación de una ley de aguas y saneamiento que garantice que los pueblos indígenas puedan administrar el agua y que se prohíba la desviación de los ríos.
[1] Entrevistado durante Conferencia de Prensa en el Congreso de la República (20/11/18)
[2] Las resoluciones fueron compartidas por el diputado Juracán.
