Créditos: photo_2018-11-16_16-26-22

 Mucho después de que termine la caravana de migrantes, la crisis en Honduras continuará.

Por Jackie McVicar

Adaptado y traducido de un artículo que fue publicado originalmente en America Magazine.

Aunque miles de hondureños han salido en las últimas semanas para formar la parte principal de la llamada caravana de migrantes que ahora se dirige a los Estados Unidos a través de México, en un día típico cientos de personas salen de Honduras, caravanas o no. Y mientras que se van cientos diarios, miles son deportados de los Estados Unidos cada año. Muchos de ellos volverán a probar su suerte.

“Calamidad, en Honduras vivimos una crisis humanitaria,” dijo Bartolo Fuentes, un periodista reconocido y ex miembro del Congreso, cuando llegó al aeropuerto de Toncontin el 19 de octubre, después de haber sido detenido arbitrariamente en Guatemala donde reportaba sobre la caravana.  “Hoy salieron,” dijo. “Mañana saldrán. Todo los días salen. Los datos lo  dicen. Trescientas personas diarias se van de Honduras.”

Dijo que los funcionarios hondureños y estadounidenses prefieren que estos éxodos regulares permanezcan “escondidos” o que los migrantes “mueran en el camino”, su situación pasa desapercibida por el mundo en general. Pero, “ahorita que se van juntos es el escándalo,” dijo Fuentes con evidente frustración.

Honduras ha vivido años de crisis económicas y políticas. Los resultados de las elecciones de noviembre de 2017, respaldados por el gobierno de los Estados Unidos pero considerados como fraudulentos, resultaron en protestas masivas y docenas de asesinatos de manifestantes en manos de las fuerzas armadas y la policía. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncio “elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes.”

Según Joaquín Mejía, abogado de derechos humanos e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-sj) en El Progreso, Honduras, además de las políticas económicas que han llevado a un aumento de la pobreza, la caravana de migrantes es una expresión de frustración con años de violencia estructural e impunidad, corrupción y militarización de la sociedad hondureña. Oficiales militares de alto rango y servicio activo están implicados en el tráfico de drogas y personas y el homicidio.

Karla Rivas, Coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes, habló con América por teléfono desde Querétaro, México, donde acompañó a una caravana de madres que buscaban a sus hijos – jóvenes migrantes desaparecidos en su viaje al norte. “El éxodo humanitario [de Honduras] es la expresión de varias crisis que se están concretando a lo largo de los resultados de la implementación de un modelo [económico] injusto”. Ella lo llamó “un modelo económico inhumano que está sacando todo los bienes naturales de las comunidades.”

“E incluso si las comunidades estorban,” agregó, “también las están sacando.”

Fotografìa Jackie McVicar

Los años de las políticas económicas que han servido para aumentar la división entre ricos y pobres en Honduras parecen estar en la raíz de la búsqueda de nuevas oportunidades en el norte. Las remesas mandadas por hondureños que viven en los Estados Unidos son la base de la economía en Honduras y otros países centroamericanos. En mayo de 2018, los hondureños enviaron una cantidad histórica de $ 456.2 millones por mes a sus seres queridos.

El Centro para la Investigación Económica y Política informa que Honduras tiene la distribución más desigual de ingresos en América Latina, que se ha acelerado desde que el presidente Manuel Zelaya fue depuesto en 2009. En los dos años posteriores al golpe, “más del 100 por ciento de todas las ganancias reales de los ingresos fueron para el 10 por ciento más rico de los hondureños,” según el informe.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos, informa que cada año se pierda $ 450 millones en evasión fiscal y fraude, “que quita el dinero que debe de invertirse en educación, salud, etcétera,” dice el Dr. Mejía.

La violencia es otro impulsor clave de la migración de Honduras, con una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Gran parte de la violencia se ha asociado con el tráfico de drogas y los actos de extorsión (las pandillas criminales pueden convertirse en la violencia entre pandilleros, policías y fuerzas de seguridad), y a veces en actos de intimidación dirigidos a las comunidades o activistas ambientales.

“En los últimos años, ha habido casi 3000 femicidios”, dijo el Dr. Mejía. “Sólo 29 se han investigado y apenas una sentencia”, dijo. “Y esa alta taza de impunidad se repite una vez más en los asesinatos de abogados, abogadas, periodistas, etcétera.”

Señala un mayor número de asesinatos selectivos, especialmente de personas L.G.B.T.I. y jóvenes menores de 30 años, desde 2013, cuando Juan Orlando Hernández fue electo por primera vez a la presidencia. Los responsables de proteger a la población civil a veces han sido acusados ​​de ser los que la están matando.

El Sr. Fuentes se ha convertido en un blanco en la controversia sobre los orígenes de esta última caravana de Centroamérica. Detenido después de cruzar a Guatemala en un esfuerzo por informar sobre la caravana de migrantes, fue trasladado a la ciudad de Guatemala por la Policía Nacional.

El abogado Edy Tábora, del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), se unió a otros activistas para asegurar su liberación. Sus partidarios están preocupados de que el Sr. Fuentes se haya convertido en un chivo expiatorio para las administraciones de Hernández y Trump, ya que presionan para que se ponga fin al éxodo de Honduras. Como defensor abierto de la democracia y los derechos de los migrantes, el gobierno de Hernández ha atacado repetidamente al Sr. Fuentes.

En una transmisión televisada a nivel nacional, la canciller hondureña, María Dolores Agüero, descartó los aspectos de base de la caravana de migrantes y alegó que el Sr. Fuentes estaba tratando de crear inestabilidad política en el país. Esa línea oficial fue tomada por Heide Fulton, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, en un mensaje televisado que alentaba a los hondureños a quedarse en casa. “Están siendo engañados con falsas promesas falsas de parte de líderes con fines políticas y criminales”, dijo.

El 31 de octubre, el Sr. Fuentes se fue de Honduras a El Salvador luego de repetitivas amenazas que sería acusado de tráfico de personas. En un comunicado emitido después de su partida, dijo que el gobierno “quiere ponerme tras la rejas para mostrar al gobierno de los Estados Unidos su ‘eficiencia en combatir la migración irregular’”.

El 5 de noviembre, el presidente Hernández reiteró que a los organizadores de la caravana se les debería aplicar la ley “severamente” y se pidió a los países vecinos que tomen medidas.

El Dr. Mejía cree que la militarización de la sociedad hondureña ha aumentado como resultado de los llamamientos a una mayor seguridad pública. “Desvían los fondos que deberían utilizarse para educación, salud o para la policía nacional [para la seguridad pública] y se van para el ejército,” dijo. “Se involucra a las fuerzas armadas en la solución, desafortunadamente autoritaria, de los conflictos sociales y esto provoca también desplazamiento forzado.”

“Estados Unidos tiene mucho que ver, porque cuando se trata del tema de la violencia y la militarización, quien está apoyando esa agenda de seguridad es los Estado Unidos con la lógica que Honduras sea una frontera más contra la migración irregular y contra el narcotráfico y crimen organizado y utiliza y apoya a los militares en esa tarea,” agregó Dr. Mejía. El Plan Alianza para la Prosperidad, introducido e implementado por los Estados Unidos, Honduras, Guatemala y El Salvador en 2014 con la misión de frenar la migración de los países del “Triángulo Norte”, gasta el 60 por ciento del presupuesto de $ 750 millones en seguridad, según el Consejo de Asuntos Hemisféricos.

La conferencia hondureña de obispos católicos emitió una declaración el 25 de octubre, describiendo la caravana como “una realidad impactante” que refleja “la situación actual en nuestro país, que obliga a una multitud a dejar lo poco que tiene, aventurándose sin ninguna certeza para él la ruta migratoria a los Estados Unidos, con el deseo de alcanzar la tierra prometida, el “sueño americano”, que les permite resolver sus problemas económicos y mejorar sus condiciones de vida, para ellos y sus familias y, en muchos casos, para garantizar la seguridad física largamente esperada “.

Fotografìa Jackie McVicar

Los obispos instaron al gobierno de Hernández a responder en casa a la crisis sugerida por la caravana. “Es deber del Estado hondureño proporcionar a sus ciudadanos los medios para satisfacer sus necesidades básicas”, dijeron los obispos, “como el trabajo decente, estable y bien remunerado, la salud, la educación y la vivienda”.

“Cuando estas condiciones no existen”, dijeron los obispos, “la gente se ve obligada a vivir en una tragedia y muchos de ellos esperan emprender un camino que conduzca al desarrollo y la mejora, encontrándose en la vergonzosa y dolorosa necesidad de dejar a sus familias, sus amigos, su comunidad, su cultura, su entorno y su tierra”.

Cuando más de 6.000 personas pasaron por el estado mexicano de Chiapas a fines de octubre, el Grupo de Observación y Observación de los Derechos Humanos en Chiapas reportó una fuerte presencia de policías y militares antidisturbios mexicanos, incluidos helicópteros, aviones no tripulados y drones, que amenazaron al grupo de migrantes, muchos de los cuales estaban agotados y débiles después de caminar cientos de millas. El grupo, que incluye representantes del Comité de Servicio de Amigos Americanos, Servicio Jesuita para Refugiados y Médicos del Mundo, agregó: “La militarización de la frontera no garantiza en absoluto la seguridad e integridad de las personas, por lo contrario incrementa los riesgos.”

“La ruta de migración es donde familias enteras están buscando la posibilidad de una nueva vida”, dijo Rivas, “pero un gran número de participantes en la marcha también son personas que simplemente intentan salvar sus vidas”.

Fotografía Jackie McVicar

Autoría y edición

Ha acompañado a los movimientos sociales de derechos humanos y a las personas defensoras de sus territorios ancestrales en América Central durante más de 15 años.

COMPARTE