Créditos: W akax ha
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por W akax ha

Fotografías: Prensa Comunitaria

2 de noviembre de 2018

La lucha por defender los recursos naturales y el territorio, cada día se torna más difícil para el pueblo q’eqchí’. Hay constantes amenazas de parte de paramilitares y personas que vigilan las casas de los dirigentes, secuestros y detenciones arbitrarias por personas no identificadas y por la Policía la Nacional Civil (PNC) a miembros de la Gremial de Pescadores a periodistas y a otros.

La compañía de níquel CGN Pronico de Solway Investment Gruop ha criminalizado a la población q’eqchí’, solicitando órdenes de capturas, acusándoles de terroristas y criminales de alto peligro a la sociedad.

Once órdenes de capturas hasta el momento. Entre estas, las de ocho miembros de la Gremial de Pescadores, un comerciante y dos periodistas de la región. Claras violaciones a los Derechos Humanos y a la libertad de expresión.

Inocencia comprobada

Ante estas acusaciones falsas de la compañía de níquel ya se comprobó la inocencia de cuatro miembros de la Gremial, un comerciante y la de un periodista, ante un juzgado de primera instancia penal en la ciudad de Puerto Barrios, Izabal. El Ministerio Público (MP) no encontró las pruebas de los delitos sindicados por la compañía de níquel. En este momento hay tres miembros de la Gremial de Pescadores y un periodista q’eqchi’, Carlos Ernesto Choc, con una orden de captura.

Juez Edgar Aníbal Arteaga López, ha suspendido siempre las audiencias

De forma voluntaria se han presentado cuatro veces al juzgado de primera instancia penal, tres miembros de la Gremial de Pescadores: Cristóbal Pop, Tomás Che, Vicente Rax y el periodista Carlos Ernesto Choc. El juez de primera instancia penal, Edgar Aníbal Arteaga López, ha suspendido las audiencias  y postergado una vez más la fecha de la audiencia hasta el 4 de diciembre del 2018. Esto pareciera indicar que el sistema de justicia en Izabal ha coludido con la compañía de níquel CGN Pronico, dadas las detenciones arbitrarias hechas y las suspensiones de las audiencias, como también la prisión preventiva del pescador Eduardo Bin Pou en la ciudad de puerto Barrios.

Violación al derecho de la libertad de expresión y de la libertad de prensa

El periodista q’eqchí’, Carlos Ernesto Choc, es acusado injustamente por su compromiso periodístico de documentar, investigar y difundir información noticiosa acerca de la contaminación del Lago de Izabal —por ejemplo, cuando se había teñido de rojo—, también sobre la movilización de la Gremial de Pescadores y el asesinato del pescador Carlos Maaz, el 27 de mayo del 2017. Estos actos de señalamientos y de criminalización por parte de la compañía de níquel, son una clara violación al derecho de la libertad de prensa y libertad de expresión en el municipio de El Estor, Izabal.

COMPARTE