Autor: equipo de Prensa Comunitaria
2 de noviembre de 2018
En 2013, Naciones Unidas (ONU) proclamó al 2 de noviembre “Día internacional para poner fin a la impunidad de los delitos contra periodistas”, en memoria de dos periodistas franceses asesinados en Malí el 2 de noviembre del mismo año.
El ejercicio del periodismo pleno es la garantía de todas las personas —sin distinción de pueblos, condición social, orientación sexual, religión, entre otras— de ser respetadas por parte del Estado, empresas y la población en general. Actualmente el contexto guatemalteco es adverso a los objetivos de esta conmemoración planteada por la ONU en tres escenarios:
Primero, la impunidad que enfrentan las y los periodistas, en sus áreas de cobertura independientemente de los temas que aborden. De este escenario parte el acceso a la justicia, ya sea cuando los periodistas hacen una denuncia por una agresión en la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, o cuando son perseguidos por su labor.
Ejemplo de lo anterior es la persecución penal contra el periodista comunitario Carlos Ernesto Choc en el municipio de El Estor, Izabal, por haber informado sobre la contaminación del Lago de Izabal por parte de la empresa CGN Pronico. En más de un año, la empresa y el juez de Puerto Barrios, Aníbal Arteaga, junto al Ministerio Público (MP), han postergado la primera declaración del periodista en cinco oportunidades. Choc, desde la primera audiencia, se ha presentado voluntariamente ante la ley, sin que se ejecute prontamente el debido proceso.
El segundo escenario, es el no reconocimiento del periodismo comunitario. El modus operandi de la industria extractiva, las municipalidades y los operadores de justicia, entre otras entidades estatales, obstaculizan —con mucha eficiencia— el acceso a la información pública y la máxima publicidad de los procesos en su jurisdicción. Cosa contraria a la legislación nacional e internacional en materia de libertad de expresión y libertad de prensa.
Este patrón se explica en el caso del profesor del profesor de educación primaria, Bernardo Caal vs. la empresa hidroeléctrica Oxec, que opera en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. El juez de sentencia de Cobán ha impedido la cobertura del juicio oral y público en el proceso contra Caal. Esto ocurre en la mayor parte de los casos de criminalización de la protesta social en diferentes partes del país. Estas acciones convierten en blanco de ataques —por parte de la seguridad privada y paramilitares de las empresas, y de las fuerzas del mismo Estado—, a los periodistas comunitarios, ante la complicidad del sistema de justicia.
Tercero. En este escenario de impunidad no sólo se busca materializar la censura y la autocensura del ejercicio periodístico, sino también ilegalizar el mismo tipificando nuevos delitos en el Código Penal que contravienen la Constitución y las leyes de libertad de expresión y libertad de prensa. Este atentado antidemocrático se presentó ante la Dirección Legislativa del Congreso, el pasado 30 de octubre, propuesto por diputados de la talla de Estuardo Galdámez, Karla Martínez, Delia Bac, Eva Monte y Dolores Beltrán, integrantes de lo que se ha llamado desde la esfera pública Pacto de Corruptos, un atajo de leyes regresivas en pos de la impunidad y la corrupción, promovidas por la mayoría de legisladores.
Por tanto, el 2 de noviembre es una fecha que debería invitar a todos los periodistas dignos, a reflexionar sobre los escenarios desfavorables donde nos toca ejercer nuestra labor. Asimismo, nos compele a exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad para poner un alto a la impunidad de los delitos contra periodistas. El oficio periodístico realizado con mínima dignidad y compromiso, es deporte de alto riesgo en uno de los países más violentos y con mayor impunidad en el mundo.
