Boletín no. 4. El poder político, la militarización y los instrumentos hegemónicos del estado de derecho en Guatemala

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Por Carlos Enrique Arriola Avendaño* 

12 de noviembre de 2018

1. El Poder Político

El poder constituye sin discusión alguna, un concepto totalmente vinculado al sistema político. Visto así, trataremos en este ensayo de comprender su definición, y así explicar en el contexto de la realidad objetiva su materialización. Ya en materia, cuando se habla del concepto de poder se está diciendo que se trata, o más bien, que es el resultado del efecto de las estructuras de la matriz de la formación social (base económica y superestructura jurídica, política e ideológica) sobre sus soportes, o sea los individuos, en el campo de las relaciones conflictivas (es decir en lucha) en las que entran las clases sociales, cuyo resultado de dicha conflictividad es la materialización del poder político a favor de determinada clase social.

Es importante comprender que el poder no está situado en los niveles de las estructuras, sean estas económicas, políticas e ideológicas, sino que es un efecto de dichos niveles estructurales sobre los individuos en sus relaciones conflictivas.  Por esa razón, el poder no está ubicado en el Estado, es más, el Estado ni siquiera tiene poder propio, lo que nos lleva a considerar el hecho de que cuando comúnmente se habla de poder del Estado, no debe de entenderse una situación donde el Estado a través de sus instituciones interviene en los distintos niveles de las estructuras de la formación social, ya sea en el campo de lo económico, lo político o lo ideológico, sino de que en realidad se trata del “poder de una clase determinada a cuyos intereses corresponde el Estado, sobre otras clases sociales”[1].

En todos los niveles (económico, político e ideológico), las relaciones de clase son relaciones de poder, por lo que se designará por poder a “la capacidad de una clase social para realizar sus intereses objetivos específicos”.  Intereses de clase inherentes a lo económico, lo político y lo ideológico, materializados en prácticas sociales caracterizadas por el conflicto; por lo que la capacidad de una clase en hacer efectivos sus intereses, siempre estará en oposición con la capacidad y los intereses de las otras clases, desprendiéndose como corolario una realidad que expresa relaciones concretas de dominio y subordinación de las prácticas de clase, materializadas como relaciones de poder. Y en una formación social capitalista, caracterizada la autonomía de los distintos niveles de las estructuras y de las prácticas de clase, se tiene como resultado la distinción del poder económico, del poder político y del poder ideológico. A eso se debe que aun en las formaciones sociales capitalistas como la guatemalteca, ampliamente subdesarrollada y abigarrada a consecuencia de la presencia de varias formas o modos de producción, no representa dificultad alguna identificar y diferenciar los centros de poder económico, político e ideológico.

Tenemos claro que cuando se habla de poder, en esencia se trata del Poder de determinada clase o fracción de clase a cuyos intereses corresponde el Estado, sobre los intereses de las otras clases sociales, no importando si son parte de las clases dominantes, menos aun de las clases dominadas o subalternas.  En efecto, en el caso de las clases dominantes, los intereses específicos de las distintas fracciones del capital, generalmente son contradictorios y muchas veces irreconciliables, por lo que en el contexto de esa división, la tarea de convertirse en intereses políticos solo es posible por la intervención del Estado, al unificar políticamente esos intereses contradictorios en el bloque en el poder bajo la egida de la clase o fracción hegemónica, intereses siempre en correspondencia inequívoca con el Estado; lo que ya nos dice que el Estado no es un simple instrumento de las clases dominantes.

El Estado se constituye de esa forma en el factor de organización y de unidad política de las clases y/o fracciones de clases del bloque en el poder, por lo que su función básica no es la de hacer el reparto del poder institucionalizado entre las clases dominantes, sino de garantizar la dominación política bajo el control y resguardo de la clase hegemónica. A la tarea del Estado de organizar políticamente a las clases dominantes, se suma la tarea de desorganizar políticamente a las clases dominadas o subalternas.

En las formaciones sociales con amplio desarrollo del capitalismo, la lucha por la dominación política entre las clases dominantes o fracciones de clase, tiene como lugar propicio para su constitución la escena política, lugar donde se hace realidad su participación a través de los partidos políticos; lo que indica que es en ese nivel donde por la vía de sus propios medios de organización, se tiene la posibilidad de transformar el interés específico en interés político y de erigirse como hegemónica en el bloque en el poder. En otras palabras, quien tiene mejor capacidad de organización política generalmente asume la función hegemónica, a cuyo interés se presenta el Estado en clara correspondencia. Situación favorecida por la autonomía relativa que ostenta el Estado y su separación con las clases sociales.

En el caso de las formaciones sociales atrasadas como la guatemalteca, pero con dominio del capital, el Estado, el bloque en el poder y la lucha por la dominación política de clase pasan por una realidad distinta. En efecto, la autonomía relativa en tanto rasgo constitutivo del Estado capitalista siempre ha sido débil y precaria, permitiendo que las instituciones del Estado tengan una eficacia limitada, lo que ha facilitado sobre todo a la oligarquía, y muy limitadamente a fracción alguna de la burguesía, el haber tenido a todo lo largo del tiempo (por cierto hasta nuestros días), acceso directo a los aparatos de Estado, usándolos claramente en su beneficio propio. Significando para nuestra realidad política, económica y social, el hecho de que jamás se ha asistido a una separación entre la dominación económica y la dominación política; y por consiguiente, a la separación entre el Estado y la clase y/o clases dominantes (dependiendo del momento histórico). Eso cambia el esquema teórico, pues la oligarquía, constituida desde siempre en clase hegemónica en el bloque en el poder, no como consecuencia de su organización política y participación partidaria en la escena política, sino por la toma y control directo de los aparatos de Estado, generalmente por el camino de la coerción y la fuerza.

Todo siempre traducido a un acceso y control directo de los aparatos de Estado por parte de la oligarquía, y desde luego, según la coyuntura por alguna fracción de la burguesía modernizante, surgida desde luego del seno de la misma oligarquía, de la que siguen siendo parte constitutiva. Si ese fuese el caso, se hablaría de una separación precaria entre la dominación económica y la dominación política, limitando el rol de Estado como instancia de mediación dentro del bloque en el poder, como entre las clases dominantes y las dominadas.

Dominio histórico del Estrado por parte de la oligarquía, puesto de manifiesto claramente en el campo de la participación política partidaria, pues en la escena política, lugar que el sistema político faculta para la disputa del poder político de clase, hemos presenciado siempre la precariedad de la representación político partidaria de las distintas fracciones de la burguesía; y por efecto, su incapacidad de lograr que sus intereses de clase se hagan una realidad como intereses políticos. Dicho de otra forma, erigirse como fracción o clase hegemónica, desplazando a la oligarquía del control político, aparte de ser un camino vedado, todo indica que jamás les ha interesado.

2. La Militarización Como Constante Histórica

Comprender la cuestión de la dominación política por parte de la oligarquía a lo largo de la historia, y con ello, visualizar las características que en los distintos momentos históricos ha definido a tal o cual sistema político, nos pone como tarea realizar un pequeño esbozo de la importancia y el rol que la militarización ha jugado en Guatemala. De aquí la importancia de retomar situaciones que perduraron por largo tiempo en la historia de este país, y algunas aun siguen teniendo presencia y peso, caso paradigmático de la militarización, realidad  que jamás ha sido un acontecimiento nuevo para la sociedad.

En efecto, desde la promulgación de las Leyes Nuevas en 1542 por parte de la corona española, fundamento y garantía para la gobernación de los territorios de ultramar conquistados en las indias occidentales, como también el de asegurar la conservación de la población indígena, sobre todo en lugares como la Capitanía General de Guatemala, donde el tributo se constituyó a todo lo largo de la dominación en la fuente primaria de la explotación española; surge como clase dominante un grupo oligárquico organizado desde el primer momento en redes familiares, quienes al amparo de esa nueva legislación de indias, “…llegaron a controlar los factores de la producción y la tierra, por medio de los repartimientos, tributos indígenas, etc., y el capital comercial a través de las decisiones familiares tomadas por los comerciantes y, posteriormente los bancos.  A parte de poseer los medios de producción, la oligarquía casi siempre tuvo el control político desde 1531 hasta nuestros días.  En algunas ocasiones delegaron parte del poder a la iglesia, a los militares, o a algún político; esto ocurría en aquellos momentos de crisis en los que no se producía una fácil integración política o cuando la presión popular y social era tan fuerte que se necesitaba el apoyo de los militares o de otros poderes fácticos para mantener el poder”[2].

Sin lugar a equívocos, una cuestión sin discusión en la realidad guatemalteca a todo lo largo de la historia, ha sido el hecho de que la pertenencia y ejercicio del poder político fundamentado en redes familiares, surge en el preciso momento del nacimiento del Estado colonial; transitando al momento de la independencia de España, sin sobresalto alguno, al Estado nacional en su versión republicana (no concluida por cierto).  A lo sumo, esta composición y constitución del poder político de la clase dominante ha vivido hasta el momento actual, dos coyunturas políticas críticas: primero, la vivida durante la revolución democrático burguesa de 1944, que no generó peligro real a la composición del poder de clase, salvo cambios en su naturaleza, toda vez que le ofreció la oportunidad a la oligarquía de convertirse con todas las de ley en un autentica clase capitalista, sobre la base de un sistema político democrático y del manejo y control de una nueva institucionalidad del Estado acorde a las exigencias de la nueva realidad propuesta. Temerosa e incapaz de entender los beneficios del cambio, la reacción guatemalteca se hizo anticomunista siendo simplemente antidemocrática, y con el apoyo del ejército nacional que había jurado fidelidad a la revolución, cierra filas con los intereses de los Estado Unidos fincados en el país, dando por cancelados los 10 años de revolución en  una pequeña revuelta.

La segunda coyuntura la constituyó el largo conflicto armado interno vivido durante la segunda mitad del siglo XX; conflicto que tuvo un alto costo material y económico para el país, pero sobre todas las  cosas en vidas humanas.  En efecto, dada la naturaleza demencial de los planes militares de contrainsurgencias fundamentados en un concepto totalmente irracional de enemigo interno, se  justificaría el arrasamiento de un alto número comunidades en el noroccidente del país y el genocidio de su población. Curiosamente, el largo conflicto armado interno jamás puso en peligro la institucionalidad del Estado oligárquico, menos aun la naturaleza del poder político de la oligarquía como clase dominante y de su  fracción burguesa modernizante.

Si bien la oligarquía tal y como hoy la conocemos se estructura a partir de la reforma liberal de 1871, su núcleo oligárquico viene desde las primeras redes familiares que se fortalecieron con la venia de un Estado colonial débil, a consecuencia de los fines e intereses que la corona española  tenía fincados en los territorios conquistado en ultramar con fines exclusivos de explotación económica de los pueblos originarios y del saqueo de sus riquezas naturales.  Por eso nunca les interesó constituir Estados sólidos institucionalmente con el propósito de desarrollar social, política y económicamente a las provincias y demás territorios bajo su dominio.  Contrario a lo deseado, el objetivo final siempre fue el control militar férreo de las colonias y el dominio político en manos de las autoridades peninsulares nombradas para tal efecto; autoridades que siempre contaron con el apoyo incondicional de los criollos, tanto como expresión de las distintas redes familiares, como a través de los nichos existentes dentro de la estructura político administrativa del Estado colonial, como por ejemplo los cabildos o ayuntamientos bajo su control. Instancias político administrativas que estaban en poder de los criollos, pero que a diferencia de las autoridades peninsulares, percibían en estos territorios su nueva España.

Para la corona española, lo importante era mantener en los territorios ocupados un dominio político y militar sobre la población sojuzgada, y para ello se contó con el apoyo de los criollos quienes a través de sus redes familiares, desde los inicios de la colonización, mostraron solidez y consistencia frente a un Estado que institucionalmente desde sus orígenes se presentó sumamente débil.  Debilidad de un Estado que desde sus comienzos jugó a favor de la consistencia de los criollos y sus redes familiares, “…primero como Estado colonial, y posteriormente, como Estado republicano, pero de raíz oligárquico-dependiente.  Esa fragilidad del Estado aún perdura y vemos a los herederos de estas redes familiares alternándose en el poder, conformando nuevas alianzas de clase que les permiten un cierto equilibrio dentro del desequilibrio del sistema.”[3]

Solo faltaba el último clavo para sellar el cajón de lo que sería a partir de la reforma liberal de 1871, la amalgama social donde confluyen con la vieja oligarquía criolla, sectores emergentes de mestizos y extranjeros con poder económico, dando nacimiento a la nueva oligarquía, clase dominante que perdura hasta la fecha, y con ello, la particularidad que adquiere la explotación económica y la dominación política a partir de ese momento. En este reacomodo que sufre la clase dominante, hay que resaltar la incorporación de los mestizos, toda vez que ellos fueron excluidos del beneficio de las políticas implementadas por parte de las autoridades a todo lo largo del periodo colonial. En efecto, los mestizos identificados como ladinos por las autoridades peninsulares y los criollos, y por siempre marginados de todo privilegio, al final de la colonia ya se habían infiltrado en las zonas rurales, asentándose de igual manera en las periferias de las áreas urbanas, en las villas, en las haciendas y en tierras comunales.  De igual manera, poco a poco se fueron introduciendo en las capas urbanas.  El resultado primario para los mestizos fue la consolidación de un poder económico, hasta tomar el control económico del país durante el gobierno de Rafael Carrera, todo a base de la usurpación de tierras comunales y el arrendamiento.[4]

Ya con “la reforma liberal de Barrios consolidaron su poder económico y político y pasaron por primera vez en la historia a formar parte del bloque hegemónico.  Fueron los finqueros de occidente apoyados por Justo Rufino Barrios, de origen mestizo, quienes muy pronto se convirtieron  en una de las fracciones más agresivas contra el campesinado indígena.  Estos finqueros de origen ladino, que asumen la ideología liberal como forma de llegar al poder, muy pronto desplazan a los antiguos criollos que no compartían estos presupuestos y se convierten en la fracción de clase que amalgama todos los intereses de los nuevos propietarios de la tierra, de los cultivadores de café.”[5]

Reforma Liberal, coyuntura política y económica a partir de la cual se organiza un nuevo bloque histórico muy particular, toda vez que lo hegemónico como fundamento clave en todo sistema social con predominio de clase, es sustituido por lo dictatorial a favor de la nueva oligarquía como clase dominante;  prevaleciendo la coerción y la fuerza en lugar del consenso social y demás instrumentos hegemónicos del Estado de Derecho, determinantes para la legitimación de la dirección política, moral e ideológica del Estado y la sociedad. Con la incorporación de los mestizos acaudalados como nueva fracción de la clase dominante, hasta ese momento privilegio exclusivo de los criollos herederos de la colonia, es fácil deducir que después de siglos de ser excluidos por parte de la corona española y sus autoridades, para éste sector emergente había llegado el momento histórico de beneficiarse de la dominación política y de explotación económica de la población indígena, población sojuzgada que mayoritariamente seguía manteniendo el mismo estatus social y económico colonial.

Por eso, “muchos de estos liberales de origen ladino vuelven a los viejos prejuicios coloniales de carácter racista, como la inferioridad del indio, el alcoholismo y la pereza, para poder implantar el trabajo forzado.  Si durante la colonial se había colonizado en nombre de Dios y de la Corona, ahora se haría en nombre del progreso y de la civilización.  Pero los fines pretendidos, por esta fracción de la clase dominante, eran similares a los anteriores: institucionalizar el trabajo forzado y el sistema de peonaje; expropiar a los indígenas de las tierras comunales y suprimir el censo enfitéutico; abolir antiguos impuestos coloniales y crear una legislación más acorde con el nuevo cultivo; desarrollar una infraestructura vial de acuerdo con las necesidades de una economía moderna de plantación.”[6]

Ideal de una economía moderna de plantación que nunca llego, es más, en la práctica nunca fue esa su intención, solo se trataba de generar condiciones favorables para hacer eficiente la explotación y exportación del café.  Sin embargo, hay que tener claro que es  a partir de esa coyuntura (la reforma liberal) y con la producción del café como pivote y no al momento de la independencia de España en 1821, cuando en realidad se asiste a un rediseño de la estructura social guatemalteca.  Además de “la consolidación del Estado oligárquico y la incorporación de una nueva fracción de clase, los cafetaleros, cuyo origen étnico era extranjero o mestizo y que, a pesar de todo, no desencadeno ningún cambio para la población indígena; en efecto, los naturales continuaron siendo el último eslabón de la cadena y el soporte de todo el trabajo forzado.  Es interesante resaltar que el ladino accede al poder político y económico, pero ningún indígena como sector, logra acceder a la clase dominante.  No pudieron acceder entonces y no podrán lograrlo en el siglo XX, pese a la existencia de indígenas ricos y poderosos en occidente.”[7]

El nuevo Estado oligárquico surgido con la reforma liberal de 1871 consolidó el poder de una clase dominante fortalecida por la incorporación de dos fracciones, los ladinos ricos de origen mestizo y los extranjeros traídos a Guatemala para impulsar “el desarrollo”, sobre todo alemanes, ingleses y belgas, favorecidos con toda clase de recursos por parte del Estado, facilitando su rápida incorporación a la clase dominante; amalgama social que consolida su capacidad de explotación económica y de dominación política sobre la base de una larga dictadura que momentáneamente toca fin con la revolución de 1944.  Larga dictadura cafetalera de 73 años que nunca fue alterada, ni siquiera por las disputas entre conservadores liderados por la familia Aycinena y los liberales por la familia Urruela, menos podría decirse de las clases y sectores subalternos de la sociedad.

Al final, hayan sido gobiernos de corta duración, o muy extensos en el tiempo, caso del gobierno de Manuel Estrada Cabrera, ladino de origen mestizo, o el de Jorge Ubico, fiel representante de las familiares criollas surgidas en la colonia; el resultado siempre fue el mismo:  La garantía sin sobresaltos de la explotación económica y de la dominación política, todo sobre la base de la fuerza, la coerción y el control-terror de una sociedad que siempre estuvo sojuzgada por medio de controles militares de origen colonial.  Esa realidad en ningún momento sufrió cambio alguno al momento de la independencia política de España, más no así a partir de la reforma liberal, momento donde los procedimientos para asegurar el control y la dominación social por parte de la oligarquía, fueron totalmente exacerbados para garantizar la realización de sus intereses de clase.

En efecto, como resultado del sometimiento militar de los nativos desde el primer momento de la conquista, esa primera etapa se caracterizo por la esclavitud a que fueron sometidos. Sin embargo, la corona entendiendo la importancia de arrebatarle a los conquistadores el control de la población para beneficiar sus intereses, al fin de cuentas la conquista de los territorios de ultramar se financiaba con fondos privados generando endeudamiento, implicaba la necesidad de recaudar tributos provenientes de la población y demás bienes y recursos económicos que se pudiesen explotar en su beneficio.  De esa cuenta, queda abolida rápidamente la esclavitud, poniendo énfasis en salvaguardar la vida de la población y en la constitución de pueblos de indígenas al estilo castellano, emitiéndose para tal efecto leyes e instrucciones (Ovando 1501, las Leyes de Burgos 1512 y las Leyes Nuevas en 1542).  Se pretendía bajo el pretexto de la evangelización, el control de tributos para la Corona, los diezmos para la iglesia y el repartimiento de los indígenas a las encomiendas dadas por la corona a los conquistadores.

La reducción de la población indígena en Guatemala da inicio en 1531, momento cuando toca fin la esclavitud y se da paso jurídicamente al vasallaje, y con ello, el control político por la naciente oligarquía a través de sus redes familiares; control y dominación política que aunque resulte difícil de creer, llega hasta nuestros días.  Reducción consolidada a la sombra de las Leyes Nuevas en 1542, garantía de la encomienda y del trabajo forzada gratuito y semi gratuito a todo lo largo y ancho del periodo colonial, no finalizado, ni siquiera alterado al momento de la independencia.

En efecto, para la población indígena el régimen económico colonial continuó vigente, básicamente sin alteraciones hasta el momento de la reforma liberal de 1871; igual suerte le toco vivir a la estructura político administrativa del Estado. En lo económico la legislación agraria implementada por los gobiernos liberales tenía por objetivo darle impulso al cultivo de café, lo que arrastró la implementación de nuevas modalidades de posesión de tierras cultivables en beneficio de la nueva oligarquía.  Para tal efecto se expropiaron a los indígenas las tierras comunales y se dejó sin efecto el censo enfitéutico, mecanismo que favorecía la posesión de tierras a la población indígena y campesina que carecían de ese recurso para cultivar, como también se abolieron los antiguos impuestos coloniales.  Cerrando el círculo con la implementación del trabajo forzado como garantía para la obtención de fuerza de trabajo semigratuita y sus diversas modalidades de pago por las jornadas de trabajo.

La nueva realidad económica del país sustentada en la producción del cultivo del café para la exportación al mercado internacional, prácticamente rediseña un reordenamiento territorial del país para facilitar la producción y exportación del café, configurando una nueva estructura agraria sustentada en un bajísimo desarrollo de las fuerzas productivas y en relaciones sociales de producción precapitalistas. Concibiendo como efecto inequívoco, la aparición y consolidación del latifundio y minifundio en nuestra realidad agraria, situación que perdura hasta el día de hoy. Estructura agraria ad hoc a los intereses de la oligarquía, pues la rentabilidad del café se fundamenta, además de contar con la tierra suficiente para el cultivo, en su bajo costo de producción, dado su inexistente uso de tecnología y el empleo de una fuerza de trabajo semigratuita, además de otras formas de pago no basadas en el salario, como el colonato, la medianía, la aparcería, el pago en especie, etc.

Para sostener esa realidad económica, fuente de enriquecimiento económico y de poder político de la oligarquía, el Estado precapitalista necesita implementar una serie de medidas de fuerza basadas en la coerción para el control de la población social y la estabilidad del sistema social como tal. La fuerte centralización del poder en el Estado oligárquico, facilitó a todo lo largo del tiempo que estuvo vigente la dictadura cafetalera, independientemente de quien en su momento tuviera el control del poder en el Estado, se legislara férreamente sobre la garantía de facilitar fuerza de trabajo a los latifundios cafetaleros.   Por eso se dice que, “la fuerza de trabajo del campesino se constituyó en el eje sobre el cual funcionó el sistema liberal 1871-1944, por los cuales se implementaron distintas leyes destinadas a coaccionar a los indígenas, mestizos y ladinos pobres para trabajar en las fincas rusticas y hacerla producir.”[8]

Al sistema de repartimiento y encomienda colonial le sustituyó ya en época independiente, la implementación del sistema de mandamientos y con ello, el aparecimiento del intermediario o habilitador, cuyo trabajo consistía en reclutar o enganchar por diversos mecanismos, generalmente anticipos en dinero y así garantizar la fuerza de trabajo indígena necesaria para las labores agrícolas en las fincas ubicadas en la costa sur, en los Estados mexicanos fronterizos, en las tierras bajas de Alta Verapaz, etc., independientemente del tipo de plantación.  Ya en 1876 se legisla con penas duras el hurto del café y se le ordenaba a los jefes políticos a que priorizaran el proveer de fuerza de trabajo a los finqueros que lo solicitaran; un año después, Justo Rufino Barrios cierra el círculo de la coerción y la garantía del trabajo forzado al promulgar el Reglamento de Jornaleros el cual establecía tres tipos de jornaleros:  el mozo colono, el jornalero habilitado para trabajar la tarea por día o por mes y el jornalero no habilitado, que era el jornalero que prestaba libremente su fuerza de trabajo.[9]

Esa legislación férrea para garantizar la plena explotación de la población indígena y campesina, continuó a todo lo largo de la dictadura cafetalera, agravándose en tiempos de Jorge Ubico, al emitir el decreto 1996, denominado Ley Contra la Vagancia.   Lo fundamental rezaba lo siguiente: “Se consideraba vago a los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia.  Se consideraban de la misma manera a las personas que pidieran limosna, que fueran ebrios, etc., los castigos que impusieron fueron de 30 a dos meses de prisión y cinco días de trabajo forzado.  Esta ley en su esencia llevaba el objetivo de garantizar al Estado la fuerza de trabajo gratuita y la construcción de la infraestructura vial sin costo alguno, además de beneficiar como siempre a la clase cafetalera.  Esta última ley estuvo en vigencia hasta cuando se llevó a cabo la Revolución del 20 de octubre de 1944.”[10] Al igual, otras disposiciones “legales” que tenían que ver con la explotación y coerción de la población indígena y campesina a favor de los terratenientes fueron suprimidas por la Junta Revolucionaria y el primer gobierno de la Revolución, caso del servicio personal de vialidad, la libreta de jornales, así como el decreto que exoneraba de responsabilidad criminal a los propietarios de las fincas rústicas y sus representantes por los delitos que cometieran contra los trabajadores en el interior de sus inmuebles, y otras disposiciones más de esa naturaleza.[11]

Todo el ordenamiento legal, de fuerza y coerción ejercido contra la población indígena y campesina, a favor de criollos y peninsulares durante toda la etapa colonial, y de criollos, extranjeros y mestizos ricos aglutinados en la nueva oligarquía a partir de la reforma liberal, se vio favorecida por una constante histórica que se logra alterar hasta 1944 con la revolución de octubre, a saber: la reducción de los pueblos de indios.  En efecto, nada alteró el control férreo y militarizado sobre la población indígena reducida que durante toda la colonia garantizó el tributo a la corona, el diezmo a la iglesia y la encomienda al encomendero; es más, los controles sobre la población se vieron endurecidos por leyes altamente coercitivas, propias de una mentalidad feudal y hasta esclavista, como lo ejemplifica el hecho del “derecho” que se le otorgaba a los finqueros a poder matar en las fincas a sus trabajadores.  Orden y control en manos de los destacamentos militares, pero sobre todo de los Jefes Políticos, quienes cumplían las funciones de alcaldes municipales y eran los responsables de garantizar el trabajo forzado, el cumplimiento de las habilitaciones y así asegurar el repartimientos de la fuerza de trabajo a las fincas.

Es claro que la reducción de la población indígena iniciada en 1531, solo se detuvo con la revolución de 1944, por lo que 413 años de aislamiento social, político, económico y hasta cultural, dejó profunda huella en la población indígena de Guatemala. En esencia se careció de movilidad social, tanto vertical como horizontal, salvo pequeños segmentos de indígenas ricos ya en la época independiente, pero poco significativa; sin olvidar que durante la colonia se dieron muchos privilegios a las autoridades indígenas por estar al servicio de la corona, pues garantizaban el cumplimiento de la explotación de la población, constituyéndose en parte del engranaje de la dominación colonial.[12]

Probablemente a lo largo de 4 siglos se fueron movilizando contingentes muy insignificantes de población indígena a los pueblos de mayor importancia, tanto por actividades económicas como políticas, como sucedió con algunas cabeceras departamentales en el noroccidente del país.  Aun la Ciudad de Guatemala tuvo un crecimiento significativamente lento, prueba de lo anterior es que, el censo de población de abril de 1950 reveló tener un total de 284,922 habitantes; y la segunda ciudad más importante, Quetzaltenango, a puras penas llegaba a 27,696 habitantes.[13]

La vialidad y los repartimientos, el trabajo forzado, la Ley Contra la Vagancia y demás mecanismos jurídicos perniciosos para la población, evitaron las migraciones a los centros urbanos, sobre todo a la Ciudad de Guatemala por su concentración y centralización de lo económico y lo político. Sin embargo, lo que llama la atención es ver cómo el proceso revolucionario, al romper con los mecanismos coercitivos y de explotación en el agro guatemalteco, no generó como respuesta inmediata migraciones significativas del campo a la Ciudad de Guatemala, aunque si la hubo, sobre todo al sur de la Capital, pero como parte de proyectos de urbanización del primer gobierno de la revolución, la zona 12 es claro ejemplo de ello, al contar con calles y avenidas amplias y trazos largos, formando una perfecta cuadricula.  Ahora bien, ¿qué detuvo un auge poblacional más marcado?, seguramente la política agraria de la revolución, sobre todo del segundo gobierno, al considerar la población rural que el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, era la salida al problema de pobreza y más pobreza, por lo que la migración ya no era un aliciente tan fuerte.

La contrarrevolución de 1954 echó por tierra lo anterior, por lo que la devolución de las tierras afectadas por el decreto 900 a sus antiguos “propietarios”, más la persecución política y muerte de líderes indígenas y campesinos y la sobrevivencia sobre la base de un minifundio improductivo y jornales de hambre en las fincas de monocultivos, incentivan las migraciones a la Ciudad de Guatemala y con ello, el surgimiento de los asentamientos humanos en condiciones precarias en las áreas marginales, siendo el primero de ellos “La Limonada”, ubicado en un barranco de la zona 5, en pleno centro de la Ciudad.  “El origen de la barriada se remonta a agosto de 1958, cuando campesinos de las zonas rurales de Guatemala ocuparon ilegalmente algunos terrenos de este barranco para construir sus casas.  Sólo en el primer año de su fundación se construyeron más de 3,000 viviendas…”[14] A La limonada le siguieron otros asentamientos con sus mismas características, tanto en población como en la motivación para migrar a los barrancos de la Ciudad de Guatemala; de esa cuenta, podemos mencionar: La Trinidad, El Incienso, La Ruedita, El Esfuerzo, El Tuerto, La Esperanza, El Administrador.[15]

La reducción de la población indígena llega a su fin en el año de 1944, momento de la cancelación de las leyes y de los procedimientos coercitivos que le daban sustento; sin embargo, el año de 1958 con la ocupación del barranco en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala que dio origen al asentamiento La Limonada constituye ya en la práctica, el fin de los 445 años que duró en nuestra realidad la reducción de pueblos de indios, iniciada en 1531. A partir de ese momento, las migraciones humanas hacia los centros urbanos en la búsqueda de mejores condiciones de vida que ofrece el agro guatemalteco no se detuvieron; es más, recibieron un fuerte impulso en 1976 a consecuencia del terremoto, al sacar a la luz de una vez por todas las condiciones de la pobreza y extrema pobreza donde se debate la mayoría de la población rural. A lo que se adhirió irremediablemente el conflicto armado interno, al desplazar grandes contingentes de población residentes en las áreas de conflicto.

Más de 400 años de pobreza y vasallaje a la que estuvo sometida gran parte de la población indígena, creó en su imaginario una realidad totalmente distorsionada, y que con el paso del tiempo esa anormalidad se volvió normal, pues se había replicado, no década tras década, sino centuria tras centuria.  Su visión de su realidad es su pobreza, porque cuatro centurias la volvieron natural, así se observa en los procesos electorales donde la mayoría de la población no sabe reivindicar cambios en función del desarrollo social y económico al que tiene total derecho.  El lastre, es que quienes deben de asumir la tarea de cambiar esa realidad, todo indica que son incapaces de observarla, o tal vez no les interesa, lo que vale para todos los niveles donde se disputa políticamente el poder político, llámese poder central, poder local  o poder legislativo.

Además de lo anterior, hay que señalar que la reducción de la población indígena, tuvo de igual forma un impacto negativo en lo cultural, al negar toda posibilidad de creación y reproducción de expresiones culturales propias como pueblos originarios.  Muy a nuestro pesar, lo que hoy se observa es la reproducción de una cultura que expresa en realidad el vasallaje y la opresión a que fueron sometidos los pueblos indígenas.  El traje típico que se luce en eventos folklóricos es la mejor carta de presentación de esa cultura de la pobreza y de la sumisión que nos habla Severo Martínez en la Patria del Criollo.  No hay nada de que sentirse orgulloso, su realidad hay que verla en los harapos que viste la población en las comunidades empobrecidas de las áreas rurales de este país.

De igual forma, la lingüística expresa el problema de la no evolución de los pueblos indígenas a consecuencia de 4 siglos de reducción.  En efecto, una lectura atenta al Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, novela publicada en dos tomos (1605 y 1614), no deja de asombrar, pues muchas palabras y frases que Cervantes puso en boca del Caballero de la Triste Figura, de Sancho Panza y demás personajes de la obra literaria, hoy se escuchan en la población indígena, sobre todo en los lugares de mayor ruralidad. Son en muchos casos expresiones aprendidas de los conquistadores, porque esa era la forma como hablaban el castellano, lo que significa que no hubo evolución lingüística, solo socialización de los vocablos a lo largo de todo el tiempo.

Por último, algunas observaciones mínimas  sobre el racismo, sin lugar a dudas, uno de los problemas heredados de la colonia difíciles de resolver hoy por hoy en la realidad guatemalteca.  Su origen surge desde el preciso momento que se da la conquista, instante a partir del cual se justificaran todo tipo de agresiones y de validar los privilegios que se desprendieron a todo lo largo de la colonia, tanto en el ámbito económico, como en lo político y lo social.[16] Eso arrastró a todo lo largo del tiempo valoraciones negativas para la población indígena y positiva para el grupo de peninsulares y criollos. Todas esas diferencias expresadas en contenidos que aludían a las diferencias físicas y biológicas que los hacían diferentes a los indígenas, así como en lo cultural, al tratar siempre de inculta a la población indígena.  Todas esas valoraciones y justificaciones de la superioridad de la clase dominante (criollos y peninsulares) durante todo el periodo colonial se materializaron en prácticas discriminatorias en todos los campos de la vida colonial. Valga decir, expresión del cómo se explotó y se expolió económicamente a la población, así como a la forma y el contenido que caracterizó a la dominación política y social, sobre la base de la coerción y la fuerza; sin dejar de lado lo cultural, de lo que da prueba la evangelización a toda costa de la población.

Todo ese escenario de discriminación y racismo surgido en la colonia, se consolida a favor de la oligarquía con la llegada de dos fracciones nuevas a la clase dominante con la reforma liberal de 1871: los extranjeros y los mestizos ricos. A partir de ese momento, como ideología de la clase dominante se constituye en una herramienta clave de la dominación de la clase, al legitimar su poder político y económico, sobre todo de las redes familiares en el control del Estado; insipiente bloque en el poder, con la fracción de los criollos asumiendo la hegemonía a su interior.  Racismo, materializado por las acciones excluyentes de una discriminación ejercida por la oligarquía, a través de los aparatos ideológicos del Estado, como el sistema educativo, la religión, la familia, las instituciones y organizaciones públicas y privadas a su servicio.

Al final, hemos estado a todo lo largo de la historia en presencia de un Estado racista, que junto a la oligarquía como clase dominante han mantenido prácticas segregacionistas contra la población indígena, al mantenerlos separados, apartados, masacrados, vistos como enemigo interno y excluidos de la sociedad. En otras palabras, lo que en realidad quiere decir, es el hecho de que jamás han sido parte de Guatemala.

Como elemento particular de la problemática del racismo en Guatemala, hay que considerar el hecho de que no se enuncia o se dice en forma declarada, sino que se viene materializando en buena medida en forma velada, discreta si se quiere o indirectamente. Independientemente de cómo se quiera ver, es real para la mayoría de la población indígena, pues así lo sienten o interpretan.  Y no es algo que atañe solamente a la oligarquía y demás fracciones de la clase dominante, sino que también a las clases medias o pequeña burguesía.  Me explico: el racismo que expresan estos sectores de la sociedad, se hace una realidad en actos claros de diferenciación biológica y cultural, los cuales provienen desde la época colonial.

En efecto, el mestizo en la colonia, llamado ladino por criollos y peninsulares, a diferencia de los indígenas, estuvieron excluidos de cualquier beneficio que la corona española a través de sus políticas los pudiera beneficiar, sobre todo en lo concerniente al acceso a la tierra.  Esa situación implicó para la mayoría de ladinos en vivir sus condiciones de existencia en la pobreza.  Sin embargo, tuvieron a su favor el hecho de que al no ser considerados como vasallos de la Corona, a diferencia de la población indígena que si lo fueron, estuvieron a todo lo largo del periodo colonial exentos del pago de tributos a las autoridades, del diezmo a la iglesia y de la encomienda a favor del criollo.

Hemos de considerar, que esa pobreza a la que los sometió la exclusión y la marginación fue mucho mejor que el de ser vasallos del rey.  El ladino vivió toda la colonia negando al indígena porque al estar liberado de la reducción, del trabajo forzado, de la encomienda y demás abusos que se cometieron en su contra, tomaba conciencia que era diferente. Pudo haber deseado ser cualquier cosa, menos indígena. Es obvio pensar que negar al indígena fue clave en su sobrevivencia, pero también que sus prácticas y mecanismos de discriminación están presentes y aun perviven en la realidad de la Guatemala de hoy.  Ese es el racismo que más daño le hace a Guatemala, porque nunca estuvieron  en función de beneficios económicos y políticos directos a favor de los ladinos; por eso se dice que el racismo en Guatemala no se expresa en forma declarada, pero es un hecho que está presente en nuestra realidad.

3. El Sistema Político y la Militarización

El desplazamiento de la oligarquía como clase hegemónica en el control del Estado, fue posible en la larga coyuntura que vivió Guatemala en el período de 1944 a 1954. En efecto, quiebre del bloque histórico de carácter liberal a consecuencia del triunfo de la revolución democrático burguesa en el 44, planteó como tarea fundamental la cancelación de las viejas estructuras del Estado precapitalista de corte “liberal”, sustentado en el latifundio cafetalero, a un Estado capitalista moderno, constituido sobre la base del trabajo asalariado y en su separación, la del Estado, con el capital, forma de romper las relaciones serviles de producción en la economía. Complementado por una forma de organización social de corte democrático, con el fin de hacer efectiva la convivencia social basada en  la igualdad, la libertad, la representatividad en la toma de decisiones colectivas y la participación ciudadana.

Para lograrlo, la revolución se planteó dos tareas fundamentales: la primera tarea, construir todo el andamiaje de la superestructura política, jurídica e ideológica, condición primordial para la convivencia democrática y el afianzamiento del sistema político basado en la división de poderes, con predominio del presidencialismo. Nueva Constitución Política de la República, seguridad social, leyes de trabajo, sindicalismo, ley de bancos, partidos políticos, autonomías diversas, etc., instancias fundamentales para que el Estado capitalista moderno que estaba naciendo pudiese legitimarse y legalizarse; tareas hechas una realidad por el primer gobierno de la revolución.  La segunda tarea, construir todo el andamiaje de la base económica para el sustento de las tareas burguesas, que no es otra cosa más que la modernización de la economía, le correspondió implementarlas al segundo gobierno de la revolución. Su primer objetivo, realizar la reforma agraria, imprescindible para cambiar las formas de propiedad de la tierra y los métodos y mecanismos para su explotación, rompiendo de esa cuenta la concentración de la tierra en pocas manos, dándole con ello una función social.  El artículo número 1 del decreto 900, “Ley de Reforma Agraria” engloba perfectamente la propuesta de las tareas burguesas de la revolución. El artículo reza lo siguiente: “La reforma agraria de la revolución de octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar las forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.”[17]

Toda la matriz del Estado Capitalista estaba diseñada y en parte funcionando, solo faltaba que el tiempo diera paso al surgimiento de las clases sociales fundamentales del capitalismo (la burguesía y la clase obrera, en tanto que constituyen los soportes de sus estructuras) para la consolidación y desarrollo del nuevo modelo económico y de sociedad. No hubo tiempo para ello, dos años después de la vigencia del Decreto 900, la contrarrevolución de 1954 canceló de tajo el proyecto democrático burgués.

A partir de ese momento el Estado vuelve al control nuevamente de la oligarquía y a nivel de la matriz de la formación social, la reacción guatemalteca mantiene precariamente el andamiaje de la superestructura política, jurídica e ideológica.  Prueba de ello es la restricción a la población de ejercer con libertad el derecho a participación ciudadana; en su lugar aparece, como en los viejos tiempos, la coerción y la fuerza para el control de la sociedad. En el campo de la escena política desaparece totalmente la participación de partidos políticos propios de las clases subalternas (clase obrera y pequeña burguesía); es más, la insipiente clase burguesa, productos de la capitalización y modernización de algunos nichos económicos durante los gobiernos de la larga dictadura cafetalera (industria de licores, del cemento, textiles, etc.), en ningún momento se organizaron en partido político alguno, probablemente no daba para más, y así constituirse por medio de la participación ciudadana en una fuerza política que entrara a disputarle a la oligarquía el poder político.

Al retomar la oligarquía el control del aparato de Estado en 1954, cierra toda posibilidad al proceso de constitución del Estado capitalista iniciado 10 años atrás. Aunque se conserva como fachada parte del andamiaje superestructural de la matriz del Estado, manteniendo en condiciones precarias el armazón institucional del sistema político, le fue imposible a las primeras de cambio  la pretensión de que se siguiera mostrando un rostro democrático, que en la realidad era imposible, toda vez que importantes instrumentos hegemónicos del Estado de Derecho, como por ejemplo, el consenso, la democracia representativa, la vigencia plena de los derechos humanos, la participación ciudadana y demás prácticas políticas que son condición sine qua non de la vida democrática de una sociedad, fueron irremediablemente sustituidos por la coerción, la fuerza y la represión; todo enderezado en contra de los sectores populares que habían apoyado a los gobiernos de la revolución.

Complementándose lo anterior, con una lucha intestina en el seno de la misma oligarquía por el control del poder al interior del Estado, cuyo quiebre se evidencia a partir del asesinato de Carlos Castillo Armas en 1957, divergencia a la que no era ajena la institución armada, prueba de ello fue “…el levantamiento de jóvenes oficiales el 13 de noviembre de 1960. Algunas de las motivaciones eran la corrupción del gobierno en turno, la falta de atención a los militares más jóvenes y el “permiso” para que Estados Unidos organizara desde Guatemala la invasión a Playa Girón. Algunos de los involucrados en dicho levantamiento, como Yon Sosa y Turcios Lima, fueron los líderes de la guerrilla en los sesenta….La sublevación de 1960 fue el inicio de otros levantamientos (como el de Concuá en octubre de 1962) y de una serie de movilizaciones sociales y políticas, como las jornadas de marzo y abril de 1962, impulsadas por estudiantes universitarios* y de secundaria, muchos de los cuales integrarían los movimientos guerrilleros a mediados de los sesenta y setenta.”[18] Esta crisis del sistema político con fachada democrática llega a su final con el golpe de Estado de marzo de 1963 a mano del Ejército.

Dando pié a un nuevo proceso de militarización del Estado y de la sociedad, diferente a todo lo vivido con anterior a la revolución de 1944. Ese fue el momento preciso cuando queda totalmente garantizada la plena militarización de lo político y la politización de lo militar, sustento de los gobiernos y dictaduras militares hasta la finalización del conflicto armado interno; porque si bien, la apertura democrática iniciada en 1984 con la Asamblea Nacional Constituyente dio paso inmediato a los procesos electorales para elegir autoridades políticas por la vía del sufragio, hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el ejercicio del poder político siguió en manos de la Institución Armada, y como de costumbre, al servicio de los intereses de la oligarquía y su fracción burguesa modernizante

En efecto, el golpe de Estado de 1963 sienta las bases de la institucionalización de la autonomía del Ejército para control total del Estado y el manejo del poder político sin ninguna cortapisa; es decir, un manejo autónomo del poder de clase, pero sin su cuestionamiento, menos de sustituirlo, pues al no ser la Institución Armada una clase social no tiene intereses específicos que hacer efectivos. De hecho, durante el largo periodo militarista vivido en Guatemala, nunca se vieron amenazados los intereses de la oligarquía, pues el Estado siempre estuvo en relación directa con esos intereses.  Eso se reafirma con el golpe de Estado de 1982, donde de nuevo el Estado de Excepción vuelve a ser la base de garantía a esa autonomía dada al Ejército para el manejo del poder político y del Estado.

“El golpe de Estado del 30 de marzo de 1963, ideado por los dieciséis más altos jefes militares y encabezado por el coronel Enrique Peralta Azurdia, constituyó el primero realizado por las fuerzas armadas como institución. La “Carta Fundamental de Gobierno” mencionó que el ejército asumía transitoriamente el gobierno con el fin de “evitar una inminente guerra civil y la instauración de un régimen comunista, a la vez que preparar un clima político favorable” para unas futuras elecciones. El golpe contó con el apoyo del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), del Partido Revolucionario (PR) y de la Democracia Cristiana (DC) quienes habían pactado coordinación, unidad de acción y defensa común a finales de 1960. Si bien dicho pacto se rompió en 1965, los partidos políticos participaron en las contiendas electorales subsiguientes. Luego, el ejército controló el poder por intermedio de un partido de su propia creación, el Partido Institucional Democrático (PID), bajo un pacto con el PR primero y en alianza con el MLN después. El ejército tomó nuevamente el poder del Estado de forma directa el 23 de marzo de 1982”[19].

La alianza de los partidos políticos (MLN, PR y DC) en 1960, genuino acto de temor por parte de la oligarquía por el posible regreso de la propuesta revolucionaria, y su apoyo al golpe de Estado tres años después, grafica con nitidez ese acto de ceder el poder político al Ejército, es decir, la autonomía para su libre ejercicio sin condicionante alguna por parte del poder civil o de clase. Y no podía ser de otra forma, si partimos del hecho de que el MLN era la expresión legítima de la oligarquía Guatemalteca en la escena política; mientras que la existencia del PR fue el pago a políticos que dentro del propio movimiento revolucionario, siempre se opusieron al programa revolucionario, sobre todo a lo que emanó del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán; por último,  la existencia de la DC fue el estipendio dado por la oligarquía a la Iglesia Católica por su apoyo a la contrarrevolución.  Por lo demás, se necesitaba si o si en el escenario político la presencia de partidos políticos, porque de lo contrario el Estado de Derecho con fachada de democracia no hubiese podido justificar su existencia.

Para la historia política de Guatemala de las últimas décadas, el golpe de Estado 1963 definió muchos de los acontecimientos, sobre todo políticos, que perfilaron a partir de ese momento la naturaleza del Estado, su expresión como sistema político, el comportamiento del poder político, y muy importante, el proceder de las clases dominantes. En efecto, el Estado de excepción al sentar las bases definitivas del militarismo, canceló de tajo cualquier argumento justificador de la importancia de la democracia como expresión del sistema político, generando una situación que permeó profundamente la escena política a partir de los comicios generales de 1966, momento cuando se abre de nuevo el sistema político a la participación ciudadana por medio de los partidos políticos para que la sociedad “retomara la vida democrática”.

A partir de ese momento, se hace notoria la participación de militares en los partidos políticos como candidatos a puestos claves, sobre todo a la presidencia de la república; matizando notoriamente los procesos eleccionarios, pues la posibilidad de triunfar en los procesos de elección popular, solo era viable si los candidatos provenían de la institución armada. Garantía total para seguir controlando los aparatos de Estado y un poder político cedido y legitimado por la oligarquía.  Por eso, los procesos de elección popular que se dan en el intervalo de 1966 a 1981, se caracterizaron por contar solo con candidaturas de militares y por el fraude a favor del candidato aceptado y proclamado de antemano por la institución armada.

Aunque es una realidad, el hecho de que a partir de ese momento se asiste al proceso de profundización de la militarización de lo político, es justo apuntar que es con el asenso de Carlos Castillo Armas al poder cuando el fenómeno de la militarización se empieza a materializarse en la sociedad guatemalteca.  El uso de la represión y  la fuerza para el control ciudadano, la cancelación de las libertades y los derechos políticos y económicos ganados durante el periodo de los gobiernos revolucionarios, así como la persecución de dirigentes y activistas democráticos, etc., más la implementación del recurso del miedo y la institucionalización del anticomunismo como ideología para justificar todo lo actuado por el Estado, preparó el camino para la profundización de la militarización de la política y del sistema social.  Para 1965 el gobierno militar legaliza en el marco de la nueva Constitución Política de la República al Estado, como un Estado contrainsurgente, legitimado por el nuevo gobierno “civil” de Julio César Méndez Montenegro, incrementando la ofensiva militar en el Oriente del país.

4. La Profundización de la Militarización del Estado y la Sociedad

En plena vigencia el Estado contrainsurgente, como ya vimos, legalizado por la Constitución Política de 1965 y legitimado por el nuevo gobierno “civil” de Julio César Montenegro, se manejó por parte del Estado el anticomunismo como la ideología justificadora de sus acciones de fuerza y represión, es a partir del momento del cierre de los espacios por parte del Estado para la participación ciudadana en el marco del sistema político, que la demanda se hace fuera del sistema, adquiriendo un carácter subversivo y militar; asumiendo el Estado como respuesta la Doctrina de la Seguridad Nacional, en tanto instrumento rector para mantener el orden público. Doctrina de la Seguridad Nacional justificadora del nuevo militarismo, que implicaba que las fuerzas armadas se dedicaran exclusivamente a garantizar el orden interno, militarizando de esa cuenta el concepto de seguridad, al propio Estado y a la sociedad.

Doctrina de la Seguridad Nacional, producto de la política exterior de los Estados Unidos de América en el marco de la Guerra Fría, para el combate del comunismo internacional, sobre todo en los países latinoamericanos. La consecuencia lógica de ese argumento fue la toma del poder por parte del Ejército y con ello, caso de Guatemala, la profundización del conflicto armado interno con sus efectos devastadores en el tejido social, gracias al concepto de enemigo interno, justificador de graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil.

En efecto, la profundización del conflicto armado interno, y con ello la total militarización del Estado y la sociedad se produce a raíz del golpe de Estado dado al gobierno de Romeo Lucas García en marzo de 1982 a manos de los llamados “oficiales jóvenes” del Ejército.  Se justificó como la salida a la crisis política, social y económica que tendía colapsar la institucionalidad del país, debilitando al Estado e incrementando la ingobernabilidad, así como generar las condiciones para la vuelta a la vida democrática.  Sin embargo, no fue más que la instalación de un sistema de dominación de las llamadas dictaduras institucionales de los años 1982-1985. “En ese periodo se reconocen varias cuestiones que las caracterizan: sistematización y teorización de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo; identificación del enemigo interno con la “población potencialmente subversiva”; terrorismo de Estado e institucionalización de la represión y el alto nivel de violación de los derechos humanos; legalización de las fuerzas paramilitares en la Patrullas de Autodefensa Civil entre otras.”[20]

Todo nos lleva a considerar, que más que rescatar al Estado de una profunda crisis, argumento fundamental para justificar el golpe de Estado de 1982, el objetivo preciso para romper la institucionalidad y constitucionalidad del país, fue el de tener manos libres para incrementar la escalada de los operativos militares dirigidos fundamentalmente contra la población civil, y así evitar dar aclaraciones, respuestas y justificaciones a la sociedad.  A partir de ese momento, todos los recursos económicos, materiales y humanos del Estado se pusieron a la disposición de una guerra, que el Ejército enderezó contra la población civil sobre todo en amplias zonas del noroccidente del país.  Literalmente el guatemalteco presenció la ocupación de amplias zonas del territorio nacional por parte de su “propio Ejército”. Fueron tan profundos y demenciales los operativos contrainsurgentes dirigidos contra la población civil, que el genocidio dijo presente en un significativo número de comunidades del área rural de Guatemala.

Pero, ¿era en realidad necesario aniquilar por la vía del arrasamiento a un enemigo interno inventado y creado por la propia institución armada?  Todo indica que no.  En primer lugar, el movimiento guerrillero en Guatemala nuca tuvo la capacidad militar y de cualquier otro tipo para que, como resultado del propio conflicto bélico, doblegaran al Ejército y se hicieran del control del Estado. En forma perversa se sobre dimensionó la capacidad militar del movimiento guerrillero, tanto en el número de combatientes como en la disposición de los recursos militares necesarios para enfrentar a un Ejército profesional, y poner en peligro al Estado. Se justificó de esa cuenta el control directo por parte de elementos castrenses de buena parte de instituciones claves de la administración pública, como por ejemplo, finanzas, aduanas, puertos, fronteras, defensa, seguridad interna, etc.

Control institucional que arrastró consigo el drenaje de recursos económicos del Estado a una institución que, bajo el pretexto de  costear una guerra “justa” a favor de la libertad y demás instrumentos hegemónicos donde se asienta el Estado de Derecho, usados por el Estado capitalista para legitimar a la democracia representativa contra la amenaza del comunismo, facilitó que se enquistara un número considerable de militares y de civiles a su servicio en los aparatos de Estado; situación que se deslizó hacia su enriquecimiento desmedido y sin control alguno, generando una escalada de corrupción, que a la fecha de hoy sigue siendo un cáncer que no se ha podido extirpar.

Pese a la profunda militarización generada por la dictadura militar con el golpe de Estado de 1982, el Estado sin contenido de clase, porque los perpetradores del poder asumieron las directrices para salvaguardar su existencia, nunca generó transformaciones que pusieran en peligro los intereses de la oligarquía, es más se preservaron las estructuras económicas de la formación social sin alteración alguna.  Desde luego, al no ser la institución castrense una clase social no tener intereses específicos que salvaguardar, las transformaciones estructurales y el resguardo de intereses a su favor no tienen cabida en su imaginario militar; solo cabe lo que en lo personal o como grupos es factible de realizar: enquistarse en los aparatos de Estado y apropiarse de sus recursos, sobre todo económicos para su enriquecimiento personal.

Con la apertura democrática el manejo del poder político siguió siendo un asunto militar hasta la firma de la paz en 1996, sin que haya significado su retiro inmediato y la vuelta a sus asuntos propios como institución, sobre todo el regreso a los cuarteles.  No, de hecho, siguieron vinculados a los aparatos de Estado, sobre todo en los nichos que habían copado a todo lo largo de la militarización del Estado, a lo que se suma la constitución de estructuras paralelas y poderes fácticos vinculados con el crimen organizado.

Asimismo, la participación política como instrumento para hacerse legal y legítimamente del manejo del poder político, jamás ha sido una opción no considerada por miembros de la institución armada.  Por el contrario, militares vinculados al grupo llamado El Sindicato, liderados por el ex presidente de la republica Otto Pérez, en los primeros años del presente siglo fundan el Partido Patriota; no fue como un instrumento coyuntural para la participación político partidista, como sucede con la mayoría de esas instituciones políticas, sino como un proyecto político-militar de la institución armada para la toma del poder del Estado. Logran el objetivo de ganar las elecciones generales en septiembre del 2011, asumiendo legítimamente el control del poder y del Estado; pero por suerte para la sociedad, la ambición y la corrupción desmedida de sus dirigentes, empezando por su propio líder echó por tierra ese proyecto.

Y para darnos cuenta que el asunto de la participación política les funciona, viejos militares que tuvieron participación como altos mandos durante el conflicto armado interno, señalados de ser parte del grupo llamada La Cofradía, ampliamente señalados como responsables del genocidio y en ser los abanderados en la cooptación de los aparatos de Estado, fundaron el partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), hoy en el poder. Partido político pequeño e insignificante, que se vio favorecido por la forma de como se manejó la crisis política del 2014 por parte de muchos sectores de la sociedad civil, la cooperación internacional, pero sobre todo por el apoyo abierto que les proporcionó la Embajada de los Estados Unidos.

Por último, ya Efraín Ríos Montt en la década de los años noventa del siglo XX había dada muestras de la importancia y el significado que para la sociedad guatemalteca tiene la institución armada. Con su partido político, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dominó y controló la escena política durante 20 años, no importando para amplios segmentos de la población guatemalteca los señalamientos por su pasado militar y su responsabilidad en el genocidio; lo curioso de todo, es ver que el mayor apoyo emanó de la población indígena.  Sin duda alguna, es el peso de la historia.

5. Los Instrumentos Hegemónicos del Estado de Derecho

Guatemala no ha sido ajena a luchas que contra los sistemas políticos totalitarios han enderezado las naciones con predominio del capitalismo, sobre todo los Estados Unidos de América, enarbolando la causa de la democracia representativa como modelo ideal de sociedad y de sistema político.  Situación que se generaliza a raíz de la caída del muro de Berlín y con ello, la desaparición del socialismo real en los años postreros del siglo XX. Y si no valen las sociedades socialistas, tampoco tuvieron que haber valido las dictaduras militares, de tanto auge en América tal y como sucedió con Guatemala. Todo lo contario, estas fueron utilizadas, fomentadas y financiadas por el campeón de la democracia en la segunda mitad del siglo XX, en su lucha contra el avance del socialismo en la región.

Con el fin del socialismo real, las dictaduras militares se vuelven innecesarias en esta parte del mundo, y se nos impone como condición para alcanzar el tan anhelado desarrollo y el bienestar de la sociedad, el transitar por la vida democrática; como si fuera tan sencillo como imponer una dictadura militar, pues no se trata de quitar y poner. En efecto, la democracia más que una cuestión que pasa su sustento y consolidación por variables esencialmente jurídico-políticas, necesita de condiciones sociales y económicas que son las determinantes para que la vida de la sociedad se encamine por hacer una realidad sus mandamientos y argumentos.  Exactamente esas fueron las luchas trascendentales que libraron los gobiernos de la revolución de octubre para instaurar cabalmente una democracia democrático burguesa en Guatemala. Lastimosamente la reacción guatemalteca -hablo de la oligarquía- temerosa e incapaz de visualizar los beneficios que para sus intereses traían consigo las transformaciones implementadas por el gobierno de Jacobo Arbenz en materia económica, enarbolaron la bandera del anticomunismo para justificar la defensa inmediata de sus intereses, y a las primeras de cambio echaron  por tierra el proyecto revolucionario.

Hay que decir que en el caso de la reacción guatemalteca, indudablemente pesó mucho a la hora de sopesar un cambio como el propuesto por la revolución de octubre, el tener que romper con más de 400 años de dominación y beneficios; pero de igual forma, hay que entender que el proyecto revolucionario nunca tuvo la solidez y el soporte social requerido para hacerle frente a las acciones de la contrarrevolución. Contrarrevolución que dicho sea de paso, nunca fueron la expresión de un amplio movimiento en el campo de la acción militar, a lo que se sumó en su beneficio al momento de la coyuntura crítica, que las bases sociales de la revolución no estuvieran presentes y el Ejército, principal soporte institucional de Jacobo Arbenz, lo traicionara al dejarlo solo, incumpliendo el juramento de fidelidad a la revolución, y definiéndose al final de cuentas como lo que nunca dejó de ser: el Ejército de la oligarquía.

Incapaz la oligarquía de hegemonizar sus intereses ante la sociedad, más luchas internas por el control del poder del Estado, pero sobre todo el temor al retorno del proyecto revolucionario, precisaron el momento exacto de una realidad innegable que ha sobrevivido hasta nuestros días, a saber: la oligarquía como clase dominante y su apéndice la burguesía modernizante, han sido incapaces de manejar y tener el control sobre su propio poder político.  De aquí el porqué, con la contrarrevolución de 1954 da inicio en la época moderna, una larga noche de gobiernos militares, y con ello, la negación a la falaz idea de que este país repleto de exclusiones, racismos, discriminaciones y coerciones políticas, tenga la más mínima posibilidad de vivir en “democracia”.

A pesar de esa nefasta realidad, se puede decir que una luz tenue apareció en el horizonte de éste país, al momento de la finalización del conflicto armado interno y la firma de la paz firme y duradera, luego que la oligarquía al mando de los demás sectores dominantes, asume la tarea de instituir el modelo democrático para la convivencia social, eso sí, sin alterar los problemas estructurales que niegan toda posibilidad de ser una realidad.  Sin embargo, pese a la quijotada que implicaba dar el cambio del modelo dictatorial al democrático sin alterar la realidad, la oligarquía y demás sectores de poder, sobre todo el Ejército, nunca perdieron de vista que más que la convivencia democrática, lo importante era el resguardo de sus intereses fincados en las instituciones estatales, ya cooptadas desde mucho tiempo atrás.

Ante la dificultad de presenciar un genuino escenario de cambio, abordaremos sin tocar lo económico y social, el análisis de algunos de los instrumentos hegemónicos del Estado de Derecho, sobre todo aquellos que son garantes de la reproducción ampliada de la sociedad capitalista y por lo tanto, son asiento de la legitimación y de la gobernabilidad del Estado de Derecho. Instrumentos hegemónicos como el sistema de partidos políticos, el proceso electoral, el consenso, etc., por buena suerte han sido tratados ampliamente por los expertos analistas y académicos en Guatemala; por lo que aquí solo se recordará que son lo más visible, pero sobre todo identificable en una sociedad que aspira por la vía de su instrumentalización, a la instauración como resultado final, de la democracia representativa como forma de vida y como sistema político.

La democracia representativa se caracteriza porque el poder político que “procede del pueblo”, lo hacen efectivo sus representantes elegidos a las diferentes instancias del Estado para el manejo del poder político, por medio del voto en elecciones populares y periódicas, cuyo vehículo lo constituyen los partidos políticos.  Procesos electorales realizados en el marco del derecho que les dan su legalidad y legitimidad a los representantes elegidos por medio del sufragio.

En nuestro caso, la Constitución Política, en el Capítulo I referido al Estado y su forma de gobierno, muy escuetamente dice lo siguiente: “Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado…organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.”[21]

Ahora bien, la pregunta es la siguiente, ¿basta con elecciones vía el sistema de partidos políticos donde los ciudadanos en pleno goce de sus derechos deleguen la soberanía del pueblo a sus representantes, y así, el tema de la democracia representativa queda resuelto y consolidado?  Si la respuesta es afirmativa, entenderemos que Guatemala es una sociedad donde sus ciudadanos por igual, tienen los mismos derechos, obligaciones y oportunidades; sin embargo, la realidad nos dice todo lo contrario.  En efecto, los derechos y demás situaciones que son propios del goce y disfrute de una ciudadanía pletórica, es un privilegio de las minorías; para las mayorías esta la exclusión, la discriminación y el racismo de un Estado diseñado para cumplir esas funciones; mayorías constituidas por los ”no ciudadanos”, útiles nada más cada cuatro años cuando con su voto legitiman la “democracia representativa”.

Con realismo, se trata de procesos electorales vacíos, donde el Estado por la vía del fomento de la democracia representativa excluyente, ha imposibilitado “…la fecundación de una ciudadanía ampliada en el país.  El o la ciudadana de clase media fue convertida en consumidor compulsivo, indiferente con el destino del país.  Diluyó e inmovilizó a la poca ciudadanía existente.  Las grandes mayorías de “no ciudadanos” y empobrecidos del país fueron convertidos en pordioseros electoreros que van detrás del amo candidato a cambio de un plato de comida, sin ninguna conciencia política, ni responsabilidad con el presente y destino del país. Esta democracia pervertida imposibilitó también el surgimiento o establecimiento de partidos políticos sólidos y serios.  En Guatemala, los partidos políticos, lejos de forjar actores políticos con conciencia nacional e ideologías claras, infestaron el país con mitómanos oportunistas que buscan un espacio en el aparente Estado para saquearlo…”[22]

Los derechos humanos constituyen otro de los instrumentos hegemónicos del Estado de Derecho, fundamentales en su consolidación; sin embargo el escenario cotidiano donde se deben de concretizar en la defensa de los derechos de ciudadanos, siempre están ausentes, dejando claro que en la práctica son solamente una ilusión. En la realidad son construcciones abstractas muy alejadas de una realidad social, política y económica, que los ha negado a todo lo largo de la historia, contribuyendo a que ese fin supremo del Estado: el bien común, sea en ésta realidad una verdadera quimera.  Sin embargo, en el contexto del desarrollo del modo de producción capitalista, la cuestión de los derechos humanos se vuelve un asunto de suma importancia para el Estado, toda vez que la separación del productor directo de los medios de producción deja desprotegido, individualizado  y atomizado al trabajador, efecto de aislamiento que sobre lo económico como proceso de productivo y en la lucha de clases, tiene la instancia jurídica ideológica del Estado.

Efecto de aislamiento que genera la competencia entre todos los agentes de la producción, permitiendo que el Estado “…se presente constantemente como la unidad propiamente política de una lucha económica que manifiesta, en su naturaleza, ese aislamiento. Se da por representante del “interés general” de intereses económicos competidores y divergentes que ocultan a los agentes, tal como éstos los viven, su carácter de clase. Por vía de consecuencia directa, y por el sesgo de todo un funcionamiento complejo de lo ideológico, el Estado capitalista oculta sistemáticamente, en el nivel de sus instituciones políticas, su carácter político de clase: se trata, en el sentido más auténtico, de un Estado popular-nacional-de-clase. Este Estado se presenta como la encamación de la voluntad popular del pueblo-nación. El pueblo-nación está institucionalmente fijado como conjunto de “ciudadanos”, de “individuos”, cuya unidad representa el Estado capitalista, y tiene precisamente como sustrato real el efecto de aislamiento que manifiestan las relaciones sociales económicas del m.p.c.…”[23].

En ese momento el Estado, sobre todo en las sociedades desarrolladas, a la par que tiene como función la desorganización de las clases subalternas, asume la responsabilidad de mantener y garantizar la fuerza de trabajo para el funcionamiento de la producción capitalista haciendo valer su autonomía relativa respecto a las clases dominantes; de lo contrario, generaría en primera instancia grandes crisis en la sociedad capitalista.  Garantizar la subsistencia y existencia de las clases subalternas, sobre todo la clase trabajadora, implicó en definitiva la defensa de los derechos humanos.  Por eso, el Contrato Social de Rousseau, que es el pacto social para el mantenimiento, sostenimiento y reproducción de la sociedad capitalista, trata el tema de la defensa de las libertades y la igualdad de los individuos; así como los derechos y deberes como ciudadanos, y de igual manera los que le asisten al propio Estado.  Contrato Social publicado en 1762, llamado también los Principios del Derecho Político, su fundamento básico es el ponerse de acuerdo para aceptar la existencia de la autoridad política, de normas morales y jurídicas. Sin lugar a dudas de gran influencia en la revolución francesa, al adoptar la declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos en el año de 1789, como principio rector para regir la constitución de la republica francesa.

Es hasta mediados del siglo XX, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 1948 proclama y aprueba la declaración universal de los derechos humanos, exigiendo plena observación y cumplimiento por parte de todas las naciones miembros al respecto de la igualdad, los derechos y las libertades de todos los individuos.  En ese escenario, Guatemala como miembro de las Naciones Unidas incorpora en su texto constitucional en un extenso articulado, la defensa y promoción de los derechos humanos con el fin de promover una sociedad más justa y más humana.  De esa cuenta, “Los Derechos Humanos se distinguen en tres clases: 1) Civiles y Políticos, son derechos individuales o de primera generación. 2) Económicos, Sociales y Culturales, reconocidos como derechos sociales o de segunda generación. 3) Derechos de los Pueblos, de Solidaridad o de la Humanidad, son derechos de tercera generación. Esas tres clases de derechos y libertades fundamentales en su concepto integral, son inherentes a las personas, a nuestra naturaleza de seres humanos, nacieron para protegernos de los abusos del Poder Público y garantizar que los Estados y sus agentes los observen y respeten, sin olvidar, que los únicos sujetos violadores de estos derechos, son el Estado y sus agentes.”[24]

Lastimosamente lo anterior no aplica para Guatemala, todo lo contrario, la historia nos dice que por siempre ha sido un país violador de los derechos humanos.  Ya en plena vigencia la declaración universal de los derechos humanos, los gobiernos y dictaduras militares enderezaron un conflicto armado interno, donde la mayoría de las acciones militares fueron enderezadas contra la población civil.  De ahí, violaciones graves, masivas, indiscriminadas y sistemáticas que se materializaron en genocidio, masacres de civiles, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y un largo etcétera.

Sin embargo, la promulgación de la constitución política de 1985 y con ella, el triunfal regreso a la “convivencia democrática”, como que nada hubiese pasado en la trágica historia de este país, de un plumazo, en el texto constitucional los constituyentes le exponen al pueblo en lo referido a la persona humana y los fines y deberes del Estado, lo siguiente: “Articulo 1. Protección a la persona.  El Estado se organiza para proteger a la persona y la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Articulo 2.  Deberes del Estado.  Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”[25] Pueden ser dos tristes artículos, decimos tristes, porque cualquier persona del estrato social que pertenezca y con el conocimiento que sea portador, sabe sin tanta explicación que no hay nada más falso que los dos primeros artículos de la Constitución Política. Es más, grafican con precisión los escenarios donde el Estado sistemáticamente viola sin descanso los derechos humanos.

Hay que dejarlo claro para aquellas personas ilusas que creen que basta con promulgar una ley como la Constitución Política, para creer que la exclusión, la marginación y el racismo han dejado de ser las etiquetas del Estado.  Para los paladines de la democracia, solo hay que recordarles que estamos en presencia de una realidad que no puede desde ningún punto de vista, ignorar el avance en el ahondamiento de la pobreza y pobreza extrema, por algo somos portadores junto con Haití de los niveles de desarrollo humano más bajos de América Latina.  Entendamos, no se puede jugar a la democracia con el estomago vacío, y menos, si se siguen negando los derechos humanos sobre todo a la población indígena; porque al final de día, se trata de población que intencionalmente el Estado criollo los excluye del contrato social.

Para concluir con este asunto de los derechos humanos, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de Guatemala en esa materia durante el 2017, nos dice lo siguiente:  “a más de veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz, persisten varios de los motivos que generaron el conflicto armado interno: se mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos, una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción. Persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos en Guatemala. Asimismo, la CIDH recibió información de manera reiterada sobre la persistencia de estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.”[26]

Sin considerar en este análisis, las violaciones a los derechos humanos en lo individual y en lo colectivo por parte de las empresas transnacionales y el capital financiero internacional, con gran impunidad y con el apoyo y respaldo del Estado, todo en el contexto implementado para el buen funcionamiento del modelo neoliberal de la economía capitalista. Por ejemplo, vemos en la realidad guatemalteca como muchas de esas violaciones están a cargo de empresas transnacionales y de socios guatemaltecos, vinculadas a la minería, a las hidroeléctricas, a los cultivos como la palma africana, al turismo ecológico, y desde luego, al narco tráfico. El resultado: desastres medioambientales, desvío de ríos, desplazamientos de población humana de sus tierras por el avance de las nuevas prácticas económicas que lleva consigo este nuevo modelo agroexportador en el país. A lo que se suma en unión maligna, el ahondamiento de la pobreza y extrema pobreza de la población afectada; las migraciones de ésta población a las áreas urbanas y sí están en posibilidad, a otros países; el envenamiento de ríos y del resto del medio ambiente, generando la muerte de los ecosistemas; la persecución, encarcelamiento y muerte de líderes comunitarios por el simple hecho de alzar su voz de protesta por los daños ocasionados a sus familias y comunidades. Toda una realidad que no se puede negar, y que tampoco han logrado ocultar las transnacionales, el Estado y todos los medios de comunicación al servicio de esos intereses; pero lo más vergonzoso de todo, es el silencio y la confabulación que sobre esa realidad que está desangrando al agro guatemalteco, mantiene la flamante oficina del Procurador de los Derechos Humanos, pues su silencio raya en la complicidad.

En cuanto al constitucionalismo se refiere, de igual manera que la democracia representativa y los derechos humanos, es un instrumento hegemónico de suma importancia para el funcionamiento y consolidación del Estado de Derecho. Aclaremos únicamente el hecho de que sin entrar en la discusión teórica sobre si tiene o no supremacía sobre la democracia, o viceversa, en Guatemala se ha concedido un poder limitado al pueblo y no absoluto, materializado en la Constitución Política; situación que se ha materializado en una preferencia del constitucionalismo sobre la propia democracia. Constitucionalismo que en la actualidad, su más desarrollado significado está referido o caracterizado por la rigidez de la propia Constitución Política; además del control externo de la constitucionalidad sobre las demás leyes.  Se trata del principio de supremacía o superioridad de ésta ley, cuya rigidez esta referida a la prohibición de reformar toda o parte de la constitución o a la previsión de condiciones jurídicas que dificulten su reforma en comparación con las leyes ordinarias.[27]

Se entiende que en el caso de Guatemala, la norma fundamental es la Constitución, por lo que la “validez del sistema jurídico depende de su conformidad con la propia constitución.  Esta es considerada como la ley suprema emanada del poder constituyente del pueblo, cuya finalidad es la creación  de los órganos fundamentales del Estado  y la regulación de su funcionamiento, así como el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo frente al poder estatal.  La validez de la constitución guatemalteca se apoya en los principios objetivos de justicia que, informando su contenido, consagran a la persona como valor supremo, y que, por consiguiente, su suprema obligatoriedad es base y condición de un correcto funcionamiento del sistema político que orienta y organiza por medio de sus prescripciones…La súper legalidad constitucional es el principio que rige el sistema jurídico guatemalteco y, por consiguiente, todos los actos del poder público están sujetos al control de la jurisdicción constitucional”.[28]

Se puede decir entonces que el constitucionalismo, es simplemente el sometimiento del Estado de Derecho a la constitución.  Supremacía constitucional que se recoge en varias disposiciones de la Constitución Política vigente, como el Articulo 44 que dice lo siguiente: “serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuya   restrinjan o tergiversen los derechos que la constitución garantiza”.  Otros artículos, como el 152, 153 y 154 también reflejan la supremacía, pues expresan que el poder proviene del pueblo y que su ejercicio está sujeto a las limitaciones que la constitución señala.[29]

Todo indica que bajo estas disposiciones, lo jurídico tiende a reemplazar a lo político, además de preservarse el constitucionalismo, situación que implica la existencia forzosa de una instancia jurisdiccional de control sobre las disposiciones y medidas asumidas por los poderes del Estado, sobre todo, el legislativo y el ejecutivo, y así evitar el desvío de lo dispuesto por la constitución. Se trata de la Corte de Constitucionalidad.  Lo que nos lleva a considerar que el tipo de gobierno moldeado en la Constitución Política se fundamenta en el predominio de la ley, es pues, un gobierno de leyes y no de personas; más no así el poder político que se hace una realidad en sus instituciones, ese es exclusivo de las clases dominantes.

De esa cuenta, el gobierno preserva el Estado de Derecho, como también toda la normativa jerarquizada de leyes supeditadas a la Constitución Política, además  de la plena vigencia y respeto de los derechos y libertades de los individuos, como también la sujeción y subordinación de gobernantes y gobernados a la constitución y la ley.[30] Ese marco de referencia, en una sociedad verdaderamente democrática y respetuosa del Estado de Derecho, tal y como debe ser el caso de Guatemala, implica que “la función de los tribunales de justicia se circunscribe a interpretar y aplicar las leyes a los casos concretos, en suma a administrar justicia pronta y cumplida, en un plano de absoluta neutralidad política, independencia de criterio, imparcialidad y neutralidad en el plano ideológico – político. O sea que no son atribuciones de los jueces gobernar, administrar los recursos estatales, legislar, conciliar intereses políticos, ser factores de aceleración del cambio social, ni mucho menos facilitar atajos a la ley o soluciones extralegales.”[31]

Lo anterior grafica con nitidez lo que sucede con la administración de la justicia en todos sus niveles, pero que por su impacto en los asuntos políticos y funcionamiento de los organismos del Estado, se hace mas notorio y sobre todo relevante en las acciones de la Corte de Constitucionalidad. A lo largo de su existencia se observa un amplio repertorio de fallos emitidos por la CC carentes de todo contenido jurídico, más no así de lo político, ya en función de favorecer en la mayoría de los casos a determinado personaje -casos paradigmáticos de Ríos Montt referidos a su participación como candidato a la presidencia y la anulación de la sentencia por actos de genocidio-, como de grupos de poder económico. Todo un ejercicio del retorcimiento de la ley a todo nivel por parte del poder judicial, donde jueces y magistrados, sientan cátedra en la interpretación de la Constitución Política, toda vez que esta dice, lo que los magistrados dicen que dice.  Situación que se hace más notoria, por la relevancia que adquieren muchos de los fallos emitidos por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Sin pretender profundizar en el análisis de los instrumentos hegemónicos del Estado de Derecho considerados en esta pequeña investigación, el resultado nos habla de su precariedad e inconsistencia para poder ser el soporte de un Estado de Derecho, que se presenta en nuestra realidad sumamente débil y disfuncional.  En efecto, si partimos de la premisa teórica de que el Estado de Derecho es la forma de cómo se organiza el poder del Estado, cabe la pregunta: ¿por qué es débil y disfuncional? Dentro de las respuestas más relevantes a nuestro entender, podemos mencionar: Primero, porque el Estado que en la realidad no es un simple instrumento de las clases dominantes, como tampoco hacedor de oficio del bien común, no tiene poder, el poder es de la clase o clases dominantes, y estas manipulan las reglas de su funcionamiento, según sea la naturaleza de sus intereses que se resguardan en el funcionar de los aparatos del  propio Estado.

En segundo lugar, porque la separación de poderes, acción básica y fundamental en todo Estado de Derecho, en Guatemala no se cumple, implicando que su función como principio fundamental en la organización del poder, es totalmente irrelevante.  La trilogía de la separación de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, con sus pesos y contrapesos para equilibrar el funcionamiento del poder, quedó fuera del ordenamiento constitucional de Guatemala, al privar de independencia al poder judicial, lo que se ha deslizado hacia la presencia de un organismo judicial débil y sin independencia económica y de funcionamiento, al depender de las decisiones que en esas materias asuman los otros poderes del Estado.

Como bien apunta Fuentes Destarac, “Si la justicia oficial no es suficientemente fuerte y autónoma, se abre la puerta no solo a la impunidad (ausencia de castigo), sino también a las presiones e injerencias políticas o provenientes de poderes fácticos, con miras a asegurar el abuso de poder, la arbitrariedad y la opresión, que son propios de los regímenes despóticos o democráticos disfuncionales…En nuestro país, el Estado de Derecho sigue siendo débil y disfuncional.  Débil, porque la justicia oficial que es la columna vertebral del Estado de Derecho, no es prioritaria ni totalmente autónoma, disfuncional, porque la administración de justicia, además de errática y arbitraria, acusa una grave complicidad con la corrupción, el abuso, la impunidad y el despotismo.”[32]

En tercer lugar, el no contar con una ley de la carrera judicial que de plena garantía a la promoción, la estabilidad, el ascenso, etc. de magistrados, jueces y demás funcionarios del Organismo Judicial.  En su defecto, tenemos una ley de la carrera judicial débil, que afecta la independencia y el desarrollo profesional de los jueces al estar supeditados a un mandato de cinco años.[33]  A lo que se adiciona en la debilidad de la ley de la carrera judicial, los procedimientos de elección para los nombramientos de jueces y magistrados previstos en la Constitución Política, al establecer que los jueces de paz y de primera instancia deben de ser nombrados por la Corte Suprema de Justicia; mientras que la elección de los magistrados de la sala de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia le corresponde al Congreso de la Republica, a partir de una lista de candidatos elaborada por las comisiones de postulación.

“Como se puede observar, el plazo de cinco años no garantiza  sufrientemente la independencia judicial pues los magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia se ven obligados a participar en procesos de reelección ante una instancia política como el Congreso. A juicio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, “la falta de una verdadera carrera judicial que promueva el ascenso de los jueces, desde tribunales a las cortes, claramente bloquea todo estimulo a los mismos en torno a buscar, por vía de excelencia de la gestión y formación profesional, dicha promoción”. Además, propicia la negociación de cargos.

Debido a estas deficiencias en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil se concluyó que, “las instituciones judiciales adolecen de debilidades estructurales que han ocasionado corrupción, falta de eficiencia e impunidad, y exigen el compromiso del Estado de fortalecer la administración de justicia de conformidad con la naturaleza multiétnica, pluricultural y multilingüe del país.”[34]

Obviamente hay una clara politización de la justicia, al depender y estar supeditada al poder político, situación que no es casual; al contrario, esa fue parte de la trama de como los Constituyentes en 1984, intencionalmente la dejaron débil y disfuncional al Estado de Derecho para manipular a su favor y beneficio, según sea la naturaleza de sus intereses en tal o cual coyuntura.  Lo que no controlaron los Constituyentes de la oligarquía, es que a la politización de la justicia se unió poco a poco su criminalización, pues empezó a depender y responder a poderes fácticos, propios de camarillas de militares que desde el conflicto armado interno habían cooptado los aparatos de Estado, como también del crimen organizado.

De igual manera, se asiste a la judicialización de la política al darse sin rubor alguno, “la injerencia judicial arbitraria en el ejercicio de la acción política, en la persecución judicial injusta o ilegitima de opositores, disidentes y enemigos, en el acoso judicial contra periodistas y comunicadores, en la sustitución de la negociación por la decisión judicial, dando lugar al gobierno de los jueces, y en el activismo judicial, que se manifiesta a través de fallos que so pretexto de privilegiar el bien común irrespetan los mandatos constitucionales, así como juzgadores que se ven a sí mismos como factores de aceleración del cambio social.”[35] Nada mejor que la Corte de Constitucionalidad, -el poder por encima de los demás poderes- para ejemplificar lo anterior.

*Sociólogo, docente universitario e investigador

6. Bibliografía.

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10. Pacas Martínez, Wanda Jacqueline. Principio de Supremacía Constitucional y su Interpretación en Relación a los Tratados de Derechos Humanos Suscritos y Ratificados por Guatemala a partir de la Promulgación de la Constitución Política de 1985. Tesis de Grado, FCJS – USAC.  Guatemala, 2005.
11. Poulantzas, Nicos. Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista. México, Siglo XXI, 1976.

Artículos

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2. ASIES. MOMENTO.  Asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala. Guatemala, ASIES-Año 18- No. 6 – 2003.
3. Itzamná, Ollantay. El legado de la democracia representativa en Guatemala.  https://comunitariapress.wordpress.com/2015/08/11/el-legado-de-la-democracia-representativa-en-guatemala/
4. Fuentes Destarac, Mario. Disfuncionalidad de la Justicia.  El Periódico,   24/9/2018.
5. Fuentes Destarac, Mario. ¿Hacia un gobernó de Jueces? El Periódico,    01/10/2018
6. Méndez Dodinelli, Factor. Derechos Humanos en Guatemala.  Contravía,             Diario la Hora.  09/12/2016.
7. Miguel Coronado, Necely Lorena. Conformación histórica de la finca como Unidad productiva. Finales del siglo XIX primera mitad del siglo XX.  https://www.historia.gt.org/articulos/item 25-conformación histórica -de-la-finca-    como-unidad-productiva-finales-del-siglo-xxi-primera-mitad-del-siglo-xx. (Guatemala, 12/9/2018).
8. Romano, Silvina María. Entre la militarización y la democracia: la historia en el presente de Guatemala. México, Latinoamérica. Revista de estudios latinoamericanos,2012.http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742012000200009.  (Guatemala, 22/9/2018).
9. 9. Rostica, Julieta Carla. Dictaduras y lógica de dominación en Guatemala (1954 – 1985). http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/3.  (Guatemala, 2/10/2018).
10. Rostica, Julieta Carla. Las dictaduras militares en Guatemala (1982-1985) y Argentina (1976-1983) en la lucha contra la subversión.  Latinoamérica.  Revista de Estudios Latinoamericanos, 2015.   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665857415000022#!
11. Ruiz Miguel, Alfonso. Constitucionalismo y Democracia.  Derecho y  Política.  México, Isonomía, 2004. http://www.scielo.org.mx/scielo.php-

Nueva Guatemala de la Asunción, octubre 2018

[1] Salvo indicación expresa en el documento, toda la conceptualización sobre el Estado, el poder, las clases sociales y la lucha de clases, utilizado en este ensayo es tomada de Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista de Nicos Poulantzas.  Todos los entrecomillados son citas textuales y lo que no esté indicado por cita, pero esté subrayado, es parafraseo.

[2] Casaus Arzú, Marta.  Guatemala: Linaje y Racismo.  P.p. 14-5

[3] Idem. P. 15

[4] Idem.  p. 132

[5]  Idem.

[6]  Idem.  p.p. 132-3.

[7] Idem.  p.  136.

[8] Miguel Coronado, Necely Lorena.  Conformación histórica de la finca como unidad productiva.  Finales del siglo XIX primera mitad del Siglo XX.  P. 14

[9] Idem.  p.p.  14-5

[10] Idem.  p.16

[11] Para una profundización de la problemática, ver: Arriola Avendaño, Carlos Enrique.  La Lucha de Clases en Torno a la Política Agraria. Guatemala: 1944 – 1954.

[12] Para una visión amplia del papel jugado por las autoridades indígenas durante la colonia, ver Patria del Criollo de Severo Martínez.

[13] Ver: Dirección General de Estadística.  República de Guatemala. SEXTO CENSO DE POBLACION.  Abril 18 de 1950

[14] Adamuz, José.  El Barranco de las Pandillas.  P. 1

[15] Ver, ASIES. MOMENTO.  Asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala.

[16] Los puntos de vista en esta investigación sobre el racismo y la discriminación, provienen de la interpretación que se hace de los trabajos de Marta Elena Casaus Arzú: Guatemala: Linaje y Racismo y La Metamorfosis del Racismo en Guatemala.

[17] Ver: Decreto 900, Ley de Reforma Agraria.

[18] Romano, Silvina María. Entre la militarización y la democracia: la historia en el presente de Guatemala.

*  El subrayado es nuestro, por su ausencia en la cita textual.

[19] Rostica, Julieta Carla. Las dictaduras militares en Guatemala (1982-1985) y en Argentina (1976-1983) en la lucha contra la subversión.  P.  4

[20] Rostica, Carla Julieta.  Op. Cit.  P.  2

[21] Ver; Constitución Política de la Republica de Guatemala de 1985.

[22] Itzamná, Ollantay.  El legado de la democracia representativa en Guatemala.

[23] Poulantzas, Nicos.  Poder político y Clases sociales en el Estado Capitalista.  P. 163

[24] Méndez Dodinelli, Factor.  Derechos Humanos en Guatemala.  Contravía, Diario la Hora.  09/12/2016.

[25] Ver: Constitución política de la Republica de Guatemala de 1985.

[26] CIDH.  Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2017.  P.  11

[27] Ver: Ruiz Miguel, Alfonso.  Constitucionalismo y Democracia.  P.  7

[28] Pacas Martínez, Wanda Jacqueline.  Principio de Supremacía Constitucional y su Interpretación en Relación a los Tratados de Derechos Humanos Suscritos y Ratificados por Guatemala a partir de la Promulgación de la Constitución Política de 1985.  P.  7

[29] Ídem.  p.p. 33-4

[30] Ver, Fuentes Destarac, Mario.  ¿Hacia un gobierno de Jueces?.  El Periódico, 01/10/2018

[31] Ídem

[32] Ver, Fuentes Destarac, Mario.  Disfuncionalidad de la Justicia.  El Periódico, 24/9/2018

[33] Ver, Impunity Watch.  Procesos de elección de magistrados en Guatemala y Honduras.  P. 11

[34] Ídem.

[35] Ver, Fuentes Destarac, Mario.  Disfuncionalidad de la Justicia.  El Periódico, 24/9/2018