Créditos: genocidio nota
Tiempo de lectura: 7 minutos
Fotografía: Quimy De León

Por David Toro

En medio de la sabana tropical de La Libertad, Petén, los señores Federico Aquino Ruano y Marco Reyes, originarios de la aldea Las Cruces, decidieron prestar la letra de la inicial de sus apellidos para nombrar un nuevo parcelamiento denominado “Las Dos Erres” en 1971, en una extensión de 100 caballerías. Los campesinos que fueron ubicados en aquellas tierras para cultivar maíz, frijol, etc., iniciaron de cero sin contar con un techo, ni electricidad. Construyeron y forjaron humildes viviendas, sin pensar que en 1982 serían víctimas de una masacre que costó la vida de 200 personas de aquel parcelamiento que comenzaba a ser importante en la economía de la región.

La masacre del parcelamiento Las Dos Erres, no es un crimen que se pueda atribuir exclusivamente a la ejecución de un pelotón que no tuvo asco de asesinar a 200 personas inocentes, y cometer un sinnúmero de violaciones y torturas en el proceso. Esta matanza, como las más de 600 acontecidas en Guatemala durante la guerra, tienen su origen en el corazón de un Estado decantado hacia la extrema derecha, caracterizado por una intolerancia implacable hacia todo lo que considere una amenaza.

Durante los 36 años que duró la guerra en Guatemala, se contabilizan 626 masacres cometidas por fuerzas de seguridad del Estado. El año de 1982 fue el más sangriento: se contabilizaron 271 masacres, un promedio de 23 cada mes, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)[1].

Efraín Ríos Montt, general y presidente de facto de la dictadura entre 1982-1983, era parte de un alto mando militar integrado por militares que en sus años de juventud vivieron el movimiento anticomunista que en 1954 derrocara al presidente Jacobo Árbenz Guzmán, “un alto mando, ideologizado, férreamente indoctrinado en las ideas del anticomunismo, planifica las ideas de un genocidio”, señala el investigador Manolo Vela Castañeada en una entrevista en México en el 2014.[2]

En el seno del mando militar de Efraín Ríos Montt se realizaron planes de campaña contra las fuerzas rebeldes, como el Victoria 82, el cual fue pensado para detener al “enemigo”, pero estos planes y estrategias ejecutadas por pelotones de la muerte dirigidos por kaibiles, arrasaban con todo e inocentes a su paso, con justificaciones varias, como considerarlos aliados de la guerrilla.

¿Por qué masacrar a la comunidad “Las Dos Erres”?

En el Petén la guerra inició en 1981. Las acciones militares fueron en contra de las denominadas “Fuerzas Armadas Rebeldes”. Según el informe sobre el contexto histórico de la masacre realizado por Manolo Vela, los soldados operaban vestidos de civiles, se hacían pasar por compradores, lograban dialogar con los campesinos para  obtener información sobre los movimientos de las fuerzas insurgentes. El Ejército había logrado interrogar y ejecutar a varios  insurgentes. Pero en septiembre de 1981, las FAR, emboscaron a  17 militares del comando ubicado en la aldea Las Cruces, en la Libertad, Petén.

Los militares no se quedaron de brazos cruzados, en 1982 el pelotón del teniente Sandocán vuelve a instalarse en Las Cruces. Desde febrero de aquel sangriento año, protagonizaron diversos enfrentamientos con la guerrilla, pero el operativo clave, del que supuestamente deriva la masacre de “Las dos Erres” ocurre en Junio de ese año. La guerrilla logra incautar un fuerte armamento del Ejército en un operativo en una carretera del Petén. El Ejército inicia acciones para dar con el paradero de las armas perdidas.

A modo de resumen de lo dicho por Manolo Vela: la masacre de Las Dos Erres fue una especie de castigo a la población de Las Cruces, por la pérdida de 22 fusiles que pertenecían al Ejército de Guatemala. Parece que el Ejército aplicó la antiquísima sentencia popular: “no importa quien las debe, sino quien las paga”.

Los hechos

La masacre en el parcelamiento Las Dos Erres se efectuó entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982. Según la narrativa del fiscal Erick De León en la audiencia del 1 de octubre de este año, en el juicio en contra de uno de los kaibiles implicados en la masacre, la patrulla, de unos 40 elementos que fueron trasladados en dichas fechas a La Libertad, se encontraba en el Sur del país en la base militar, llegaron con el objetivo de buscar los fusiles del armamento que habían sido incautados por la guerrilla.

La madrugada del lunes 7 de diciembre inicia el operativo en el parcelamiento Las Dos Erres. La acusación, asegura que los kaibiles iban vestidos de civil para no causar sospechas, tenían la misión de buscar aliados de la guerrilla y los 22 fusiles perdidos. Hicieron interrogaciones bajo tortura. Asesinaron a 200 personas del parcelamiento sin encontrar indicios de que los pobladores fueran afines a la guerrilla. Es contraste importante con la investigación del contexto realizada por el investigador Manolo Vega, según testimonios de los sobrevivientes que habitaban esta comunidad, ni siquiera tenían machetes o piochas por temor a que los confundieran con guerrilleros.

El peritaje presentado por Manolo Vela cuenta con declaraciones de sobrevivientes que indican que la entrada a la aldea Las Cruces fue tomada por militares y patrulleros para evitar el ingreso o fuga de gente. “Se escuchaban disparos de galil y habían visto a soldados disfrazados de guerrilleros entrar al parcelamiento”, indicó el testimonio de una persona que trabajaba en Las Dos Erres y el día de la masacre no pudo entrar por lo que estaba aconteciendo adentro.

Los niños que se “salvaron” por “canchitos”

En medio de las masacres había muchos niños, uno de ellos brindó su testimonio. El día de la masacre tenía 6 años, recuerda fragmentos de cómo su madre y sus hermanos eran llevados a la orilla de un pozo y recibían golpes en la cabeza con una almádana (maza), mientras él lloraba desde la parte interior de su casa, lloró hasta quedarse dormido. Él, junto con otros niños de la comunidad, fueron tomados como botín de guerra.

Este testigo llamado Ramiro Fernando López García, se salvó al igual que algunos niños que fueron seleccionados por los soldados, pues “eran niños bonitos”, como se lee en el  peritaje de Manolo Vela.

Los niños raptados, tomados como botín de guerra, fueron trasladados en helicóptero a la escuela kaibil y luego sometidos a tratos crueles durante años. Tal fue el caso de Ramiro, quien ahora, siendo adulto, ha declarado en contra de su falso padre, el kaibil Santos López Alonso, uno de los militares que participó de la masacre y que actualmente está siendo juzgado por sus múltiples crímenes.

No fue un error

Esta masacre fue planificada como una operación de castigo contra los pobladores inocentes que estaban en medio de las operaciones del Ejército y de la guerrilla. Para el investigador Manolo Vela, no se puede considerar estos asesinatos como un error de la inteligencia militar, pues usaron la información recabada a lo largo de 1982 para ejecutar a una comunidad entera. Sin embargo, luego de los asesinatos, no hubo ningún encuentro armado con fuerzas insurgentes.

El Parcelamiento de las Dos Erres prácticamente desapareció luego de la masacre. Fue la única matanza de estas características ejecutada por el Ejército en el Petén, pero lo suficientemente grande para borrar de la cartografía a una comunidad trabajadora que no tenía ningún delito, ni vínculos con grupos armados.

El proceso de justicia

El proceso para que exista justicia ha sido lento, como era de esperarse. En septiembre de 1996, ante La Corte Interamericana de Derechos Humanos se interpuso una demanda en contra de la República de Guatemala por la masacre denominada “Las Dos Erres”. Esta demanda fue presentada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). No fue hasta el primero de abril del 2,000 cuando el Estado reconoció su responsabilidad en el caso de forma internacional y se comprometió a reparar dignamente a las víctimas.

La solución por la vía amistosa no llegó. Existió obstaculización y nula acción del Estado para buscar que se hiciera justicia para las víctimas de la masacre. En el 2008, la CIDH, decidió someter el caso en la jurisdicción de la corte, para realizar las sentencias pertinentes y realizar los procesos posibles para llevar acabo la diligencia, investigación y juzgamiento que se había postergado en Guatemala.

El Estado de Guatemala como culpable recibió sentencias de parte de CIDH.

Guatemala se comprometió a dar un reparo digno a las víctimas sobrevivientes de la masacre, entre ellas la investigación y el proceso judicial correspondiente para los responsables de los hechos. Una vez más la figura del dictador José Efraín Ríos Montt vuelve a figurar.

Teniendo entendido que fue una patrulla de kaibiles los responsables de realizar las acciones salvajes e inhumanas en contra de las 200 personas del parcelamiento Las Dos Erres, la pregunta que hace falta para entender la implicación de Ríos Montt en el caso es ¿de dónde provienen las órdenes?

El famoso plan victoria 82, también conocido como plan “ceniza”, fue la primera parte del Plan de Seguridad y Desarrollo Contrainsurgente del gobierno de Ríos Montt, concebido bajo las ideas de la Junta Militar de Gobierno. Este plan que buscaba reprimir a los movimientos guerrilleros fue aplicado con dureza y sin misericordia en contra de comunidades inocentes. Para muestra, Las Dos Erres.

Ríos Montt tenía a su espalda la carga de dos genocidios, el de más de 200 personas en La Libertad, Petén, es uno de esos pesos que se llevó a la tumba en marzo del 2018. Durante lo largo del proceso en contra del dictador, existieron impedimentos y trabas para que respondiera de manera oportuna por genocidio y delitos en contra de los deberes de la humanidad.

En el año 2015, Ríos Montt, fue declarado incapaz mental, por lo tanto, la jueza Claudette Domínguez, quien llevaba el caso, permitió que Ríos, tuviese un tutor, papel que fue asumido por la hija del militar, Zury Ríos Sosa.

El largo y tortuoso camino de justicia para las víctimas en contra del dictador continuó hasta el día de su muerte, en marzo del 2018, Ríos Montt falleció a los 91 años, declarado incapaz, con una mancha de sangre imborrable que pesará sobre su nombre durante lo largo de la historia.

Quienes ya han sido juzgados y sentenciados por este caso son los kaibiles Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Méndez, así com el subteniente Carlos Antonio Carías López, condenados por el Tribunal de Alto Impacto, en el 2011, con penas de prisión de seis mil 60 años inconmutables.

El quinto que podría sumarse a la lista es el teniente Santos López Alonso. El pasado 1 de octubre inició el juicio en su contra y el 10 de octubre el Tribunal de Mayor Riesgo “C”, espera reanudar el proceso para escuchar el testimonio de sobrevivientes de la masacre, junto a los peritajes que serán presentados para poder pedir que sea aplicado todo el peso de la ley sobre el exteniente de aquella patrulla de la muerte.

[1]Guatemala Memoria de Silencio: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoria-silencio/guatemala-memoria-del-silencio.pdf

[2] Entrevista Manolo Vela: https://www.youtube.com/watch?v=lfuEtfxYWEY

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

COMPARTE