Créditos: Foto publicada por Prensa Comunitaria en el 2012, facilitada por un periodista presente
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Por David Toro

El 4 de octubre del 2012, 6 hombres fueron asesinados y 40 personas heridas en la violenta intervención de una tropa militar dirigida por el Coronel Juan Chiroy, durante una manifestación pacífica en el kilómetro 169 de la carretera del Occidente del país, en el punto conocido como “Cumbre de Alaska” en Totonicapán.

La razón: buena parte de los habitantes de Totonicapán se manifestaban en contra de la Empresa Eléctrica y de reformas a la constitución que el gobierno de aquel entonces pretendía realizar.

El Estado intervino para proteger a los nueve soldados implicados. Cambiaron la versión de los hechos en varias ocasiones. Dijeron que los militares no iban armados, pero las fotografías los evidenciaron, luego intentaron hacer creer que aquella tropa enviada para reforzar a la PNC y reprimir a la manifestación, actuó por miedo y protección.

Un proceso judicial entrampado

El proceso judicial ha estado plagado de irregularidades. Inicialmente el 11 de octubre del 2012, la jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, decidió ligar a proceso a los nueve soldados implicados por los delitos de ejecución extrajudicial y lesiones.

Sin embargo, en el 2013, luego de presiones de los defensores de los militares, la jueza Flores decidió cambiar los delitos de los sindicados por los de incumplimiento de deberes y homicidio en grado de tentativa, los cuales tienen penas menores.

El abogado Santos Sapón, representante de las esposas de los asesinados, aseguró que ese cambio de calificación jurídica de febrero del 2013 no puede ser resultado sino de un tráfico de influencias. El delito inicial imputado, “ejecución extrajudicial”, tiene penas que van desde los 20 hasta los 50 años de prisión.

No obstante, gracias a las acciones de amparos del MP y de los abogados querellantes, “se logró que el último amparo resuelto por la cámara penal en el 2018 indicara que el coronel Chiroy y los otros ocho soldados implicados sean enviados a juicio por los delitos sindicados en primera instancia”, señala el abogado Sapón.

Foto publicada por Prensa Comunitaria en el 2012, facilitada por un periodista presente

Luego de la separación de la jueza Flores del caso, la Cámara Penal puso al frente del caso a Claudette Dominguez, del Juzgado de Mayor Riesgo “A”.

Las contradicciones de los acusados

Durante todo el proceso, los nueve militares que guardan prisión preventiva en Mariscal Zavala se han quejado de la lentitud del proceso, indica el abogado Sapón. Un postre para la suspicacia, tomando en cuenta que los propios recursos del coronel Chiroy, presentados ante la Corte de Constitucionalidad, son los que frenan la continuidad del proceso, según  dijo el representante de las víctimas.

“A ellos (los militares) les hicieron un favor, con las influencias del gobierno (OPM) cambiándoles los delitos, pero al final se complicaron porque 48 Cantones y las víctimas no vamos a permitir que el tráfico de influencias funcione en este caso” asevera Sapón querellante del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones.

El Estado debe responder por la masacre

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, intentaron frenar la causa penal, por medio de la entrega de una ayuda organizada. Según Sapón “trataron de persuadir a la gente de renunciar a la acción penal, pero no lo lograron, la única ayuda recibida fue la entregada por la Comisión Nacional de Resarcimiento, pero seguimos en la lucha penal”.

La situación de la reparación digna aún no se ha discutido, pero en el dictamen de apertura a juicio del 14 de febrero del 2013, se aceptó como responsable civil al Estado de Guatemala. Es decir que la Procuraduría General de la Nación, debe acudir al debate cuando este de inicio.

Fecha de inicio del juicio es incierta

La abogada Lucía Xiloj, quien también funge como querellante de las víctimas en el caso, comentó para Prensa Comunitaria, que el inicio del juicio se “encuentra en el limbo”, pues aún hay amparos interpuestos por los nueve militares, por resolver. A pesar de la resolución de la Cámara Penal, aún falta que se ratifique por cuales delitos tendrán que responder los responsables. En el plano ideal sería el delito de ejecución extrajudicial, que había sido imputado de forma inicial.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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