Intereses personales y favores políticos entorno a la hidroeléctrica Rocja Polticá

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Créditos: rocja

Texto y fotografías David Toro

La preocupación por la situación en Alta Verpaz por la insistencia de empresarios y funcionarios de gobierno por establecer un proyecto hidroeléctrico en la Laguna Lachuá, incrementa gracias a la intervención  del Ministerio de Ambiente en favor de la Hidroeléctrica Rocja Polticá, el irrespeto al dictamen de la Corte de Constitucionalidad (CC) que había suspendido definitivamente las operaciones de construcción de la empresa en el área y las masivas criminalizaciones de los campesinos que defienden su territorio.

El parque nacional Laguna Lachuá se encuentra en riesgo latente, el estudio de impacto ambiental realizado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la escuela de biología de la Usac y el instituto nacional de bosques (INAB), resolvió que el proyecto hidroeléctrico de 40 megavatios de la empresa Rocja Pontilá, ponía en riesgo la naturaleza de esta área protegida de Alta Verapaz. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales otorgó arbitrariamente la licencia ambiental a la empresa.

Favores políticos

El abogado Juan Castro del Bufete de Abogados Mayas, aseguró que gracias a los esfuerzos de las comunidades de Alta Verapaz se había logrado suspender, por medio de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, las acciones de la Hidroeléctrica Rocja Polticá, la cual está vinculada al actual ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, primo del propietario de la empresa, Aurelio Asturias Ekenberg, uno de los financias de la campaña electoral del partido oficialista, FCN Nación.

La empresa apeló al dictamen resolutivo de la CC. En referencia a esa acción, el abogado Castro dijo que “ellos ya no tienen oportunidad en este momento de reclamar y de retomar este trabajo hidroeléctrico”.

70 comunitarios con orden de captura

El diputado Leocadio Juracán, de la Comisión de pueblos indígenas, comentó que luego de que la CC fallara en contra de la empresa de manera definitiva, 70 campesinos de diferentes comunidades de Alta Verapaz —Mansión del Norte, Yalcobé, entre otras— fueron acusados del delito de invasión de áreas protegidas, criminalizándolos de forma absurda, puesto que estas personas habitan esta región desde 1950. Abierta represalia en contra de la lucha campesina que había motivado el fallo de la Corte.

Marcelo Sabuc del Comité de Campesinos del Altiplano, aseguró que la empresa se ha empeñado en criminalizar a las comunidades de la región en la que pretenden establecer su proyecto hidroeléctrico. “Los compañeros no están invadiendo; la instauración del parque fue la que  invadió las tierras de los comunitarios. Denunciamos las más de 70 órdenes de capturas de los líderes y lideresas comunitarios que han sido criminalizados por luchar contra la construcción de la represa hidroeléctrica”.

El diputado Juracán, quien funge como tercero interesado en el proceso, indicó que el 9 de octubre le enviaron una notificación de la CC que le indica a la empresa que su última apelación no procede. “Esto deja en firme que la construcción de la hidroeléctrica no debe realizarse”.

Si en dado caso la empresa no respeta las resoluciones, Juracán aseguró que con el equipo de abogados analizarán qué procede legalmente para presentar las denuncias correspondientes en su momento.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

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