Tres familias esperan justicia, mientras la UVG juega sucio para retrasarla

COMPARTE

Créditos: Abogados de la compañía CGN Marvin Alvarado e Iván Camey
Tiempo de lectura: 4 minutos

Texto y fotografías: David Toro

Lunes 3 de septiembre del 2018. Los padres de los tres alumnos de biología de la Universidad del Vallle fallecidos en las instalaciones de la minera CGN Pronico en El Estor, Izabal, bajo circunstancias que aún no se esclarecen, viajaron una vez más hasta Puerto Barrios, Izabal, esperando el inicio del debate oral y público en contra de Lemuel Valle, supuesto responsable de la muerte de los jóvenes estudiantes. Sin embargo, la Universidad del Valle, que comparece en el proceso como civilmente responsable, colocó sobre la mesa un amparo que en teoría fue interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia en octubre del 2017. Ni la fiscalía a cargo del caso ni los defensores de los padres de las victimas fueron notificados.

Lemuel Valle y su defensora Lilian Guerra

 

juez del Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios, Jesús Felicito Mazariegos

El juez del Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios, Jesús Felicito Mazariegos, se disponía a la apertura del juicio cuando el abogado defensor de la UVG, Alejandro Solares, presentó el amparo, que según comentó, presentaron en octubre del 2017 ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no ha sido resuelto hasta el momento. Ante esta estrategia de los acusados el fiscal especial que conoce el caso, Jorge García Mazariegos, y los abogados defensores de los padres de las víctimas se vieron obligados a solicitar al juez suspender la audiencia. Si existe un amparo sin resolver e inicia el juicio, se corre riesgo de que el proceso sea retrasado hasta la etapa intermedia, explicó el abogado de las familias de las víctimas, Kevin Moldauer.

Luis Pedro Martínez, abogado de la UVG

¿Por qué no fueron notificados del amparo?

Este amparo interpuesto por la UVG jamás llegó a manos de la Fiscalía Especial ni de los abogados querellantes. Por su parte, Alejandro Solares, de la Universidad del Valle, no se explica qué pudo haber pasado, “quizá fue problema del transporte del Organismo Judicial”, dijo durante la audiencia. Además, lo único que se sabe del amparo es que fue presentado en contra de la Sala de Apelaciones Mixtas de Zacapa, entidad que resolvió la etapa intermedia de este caso.

Tanto el MP como los abogados defensores aseguraron que se encargarán de investigar en la Corte Suprema de Justicia sobre este amparo, que en teoría tiene un año de existencia y del cual nadie sabía nada. El Fiscal Jorge Mazariegos indicó que tendrán que revisar y constatar que no haya existido dolo con tal de retrasar el proceso.

“Si nosotros no presionamos, no van a resolver nunca dicho amparo y para ellos (Universidad del Valle), mejor”, puntualizó el abogado de los padres de las víctimas K. Moldauer.

La Universidad del Valle maneja una doble moral impresionante, diariamente en sus instalaciones se versa sobre valores y ética, mientras tanto, en este caso donde tienen responsabilidad penal, buscan por medio de influencias en el OJ retrasar el proceso y desesperar a los demandantes.

Durante seis años de dolor e incertidumbre, son diez los amparos que ha presentado la Universidad del Valle, explica el abogado Moldauer, a quien no le sorprende que esta casa de estudios haya encontrado una nueva forma de obstaculizar una vez más la justicia.

Abogados de la compañía CGN Marvin Alvarado e Iván Camey

Mientras tanto los abogados de la Compañía Guatemalteca de Níquel han mantenido perfil bajo. Iván Camey Aguilar, quien ha representado a CGN en varios procesos donde la empresa criminalizó defensores de derechos humanos y periodistas, sólo se mantuvo anuente a las decisiones del juez sin mostrar oposición al hecho de que una vez más se retrase el proceso.

Por su parte Lemuel Valle denota nerviosismo, tiene dificultad para hablar y ver hacia los ojos a los padres de los jóvenes fallecidos cuando se encontraban bajo su cargo en una expedición nocturna en el Lago de Izabal, dentro de las instalaciones de CGN.

Aunque el representante de la Universidad del Valle, Alejandro Solares, afirma que sí habían notificado de este amparo en la audiencia anterior, las notificaciones son inexistentes. El juez Mazariegos decidió reprogramar la audiencia de apertura de debate para el 28 de enero del 2019, a la espera que se resuelva este amparo que queda pendiente. Para entonces estarán cerca de cumplirse siete años de la misteriosa muerte de los estudiantes. La justicia debe llegar para cerrar este doloroso círculo.

El señor Carlos De León, padre de Ángel —una de las víctimas— lucía naturalmente molesto, decepcionado y cansado. En medio de la impotencia y molestia por el accionar de la Universidad del Valle, los padres de las víctimas retornaron a Ciudad de Guatemala, sabiendo que tendrán que volver en enero del próximo año, con la esperanza de que pronto exista una sentencia que favorezca la justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Autoría y edición

Periodista y fotógrafo en Prensa Comunitaria

COMPARTE