Por: Nelton Rivera
Naciones Unidas publicó el informe del Secretario General sobre represalias a defensoras y defensores de derechos humanos que cooperan con el sistema de Naciones Unidas, que tiene como objetivo combatir estos actos de intimidación. Son documentados casos de agresiones de 29 países. En este informe se reconoce la detención del periodista Jerson Xitumul Morales, maya achí, reportero de Prensa comunitaria, que estuvo preso 38 días, y durante siete meses fue obligado a permanecer con arresto domiciliar. El 19 de julio el juez Édgar Aníbal Arteaga López en Puerto Barrios, cerró el caso por falta de pruebas.
“El 11 de noviembre de 2017, el señor Xitumul Morales fue arrestado en la ciudad de El Estor y acusado de amenazas, instigación a cometer un delito, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas, daños y detención ilegal. Estas acusaciones estaban relacionadas con las manifestaciones en mayo de 2017, organizadas por pescadores de El Estor para protestar contra la supuesta contaminación del lago Izabal por las actividades mineras de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).”
El informe mostró dos casos del país. El primero es el de Jerson Xitumul y el segundo de Jordán Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos, a la vez que resalta que las “organizaciones de la sociedad civil hacen una contribución indispensable a la labor y los propósitos de las Naciones Unidas”.
El informe hace referencia al papel que jugó el alcalde municipal, Rony Méndez: “El arresto del Sr. Xitumul Morales tuvo lugar cuatro días después de que personal de la oficina de ACNUDH en Guatemala se reunió con el alcalde de El Estor para discutir los problemas de las protestas contra la actividad minera en la región. Durante la reunión, el alcalde habría acusado al Sr. Xitumul Morales, a otro periodista y a siete pescadores de ser parte del crimen organizado”.
Dos meses después de elaborado este informe, el Ministerio Público solicitó el cierre del caso en contra del periodista. Fueron dos las investigaciones de la fiscalía que comprobaron que la minera mintió en la acusación.
Este informe concluye que la intimidación y las represalias buscan afectar directamente a los defensores de derechos humanos, pero también buscan trasladar un mensaje de temor a otras personas. Todo esto es evidente en acciones jurídicas, políticas y administrativas, como la censura a la prensa, arrestos, detenciones arbitrarias, órdenes de aprehensión y difamación.
El documento fue elaborado el año pasado, en cumplimiento del mandato del Concejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su contenido pone a la vista los casos más recientes en contra de defensores de derechos humanos, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas para combatir los actos de intimidación y represalia contra quienes tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos.[1]
También observa en el informe casos denunciados de mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes están “expuestas a barreras, amenazas y violencia motivadas por el género o la orientación sexual”.
La censura producida por la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, en contra del periodista Jerson Antonio Xitumul Morales, su criminalización, prisión y los ataques en su contra, son considerados como represalias e intimidaciones en contra de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico en Guatemala. Ocurre lo mismo en el caso de Carlos Ernesto Choc, también periodista de este medio con una orden de aprehensión vigente por la misma acusación.
"Se demostró mi inocencia" La vida cambió para el periodista Jerson Xitumul Morales, fue acusado por varios delitos que no cometió y estuvo 38 días preso #Izabal #LibertadDeExpresion #Periodismo #Guatemala https://t.co/o7TtOjl3QP
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) July 22, 2018
[1] A partir del 01 de junio de 2017 al 31 de mayo del 2018.
