Por: Miguel Ángel Sandoval
Se perdió el sentido común, pues eso y no otra cosa quiere decir la nueva disposición que impide la entrada al país del comisionado de CICIG Iván Velásquez. Hablo de sentido común pues no otra cosa significa ponerse “a las trompadas” con la ONU, y quien dice ONU está hablando de los EEUU. ¿Y todo para qué? Es lo que no se entiende. Si es para frenar la lucha contra la corrupción estamos ante un error monumental, pues si por algo se conoce en el mundo a nuestro país, de manera reciente, es por los resultados de esa lucha sin cuartel en contra de la corrupción. Es esa batalla contra la corrupción lo que explica el defenestramiento del gobierno del Patriota y la prisión de Otto Pérez.
Pero si es por tratar de impedir los juicios por financiamiento ilícito o el avance los procesos en contra del hijo y hermano del presidente, es algo que no tiene legitimidad en ninguna parte. Lo grave es llevar a las instituciones del país a ese enfrentamiento sin sentido, en condiciones de falta de legitimidad. Menos el deseo de crear cismas de naturaleza social o religioso en nuestro país. Nada puede explicar y menos avalar las muestras de falta de sentido común del ejecutivo.
No se trata de defensa de la soberanía o del nacionalismo, como se ha dicho una y otra vez. La razón es realmente simple: fue el estado guatemalteco quien solicitó a la ONU la presencia de una comisión con las características de CICIG. Que los resultados no gusten, esa es otra historia. Mientras tanto, invocar la soberanía no tiene el menor sentido. A nivel personal, no puede uno acusar de invasión al invitado a su casa para celebrar cualquier cosa.
Adicionalmente, en esa pelea sin mayor sentido y sin puerto de llegada, salvo el mantenimiento de la impunidad y la corrupción por un poco de tiempo más, está llevando al país a enrarecer sus relaciones con los aliados históricos, con los principales socios comerciales que de forma categórica dicen que se encuentran desolados por la inoportuna medida de limitar el trabajo de la CICIG y de colocar a su comisionado como una persona que ocupa el lugar de ¡enemigos del país!
Pero hay algo más en la mesa de discusión. La CICIG es un ente creado a petición del estado guatemalteco y en su creación la ONU ha visto en el desempeño de la misión, una especie de oportunidad que podría ser impulsada en otros países. Es una herramienta que por esas razones no puede dejar de dar resultados, o lo que es lo mismo, no puede fallar.
Una comisión contra la impunidad o el narcotráfico, multinacional, con apoyos claros de varios países y el respaldo de la ONU, representa una especie de última instancia para luchar contra los flagelos modernos que evaden la justicia o la corrompen, haciéndolo por la vía democrática. Y de paso, reforzando a las instituciones locales trasladando competencias, uso de tecnología en esa lucha en contra de enemigos difusos pero que tienen en común, una vida al margen y violando leyes y normas, nacionales o internacionales.
Mientras se toman medidas o se impulsan decisiones sin mucho sentido, las relaciones internacionales de nuestro país andan volando bajo. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Las exportaciones del país están en riesgo, lo mismo que las importaciones. Siendo EEUU el primer socio comercial y otros países que apoyan a la CICIG son socios igualmente importantes, establecer con ellos un pleito es una elemental locura. Por ello la sociedad demanda rectificación a medidas sin el menor sentido común. El hígado no es el mejor consejero cuando se trata de relaciones internacionales, y menos cuando se ponen en entredicho las instituciones de una sociedad democrática.
En otro orden de ideas, utilizar a tropa con vehículos artillados para dar paseos con aires intimidatorios por la ciudad capital solo puede ser visto como un claro error. Es un despropósito, o si se prefiere, es retrotraer al país a la época de las dictaduras militares de las décadas pasadas. ¿Y todo para oponerse a la lucha contra la impunidad? Si ese es el objetivo parece realmente muy pobre. Si no ese el sentido de las expresiones chafarotezcas, pues corresponde rectificar y cuanto antes.
Antes los militares hicieron muchos de sus despropósitos porque sentían que defendían al país del comunismo en todas sus variedades. Aunque fuera una especie de justificación intramuros pues la sociedad siempre lo condenó. Lo hacía, hay que decirlo, con el aval del gobierno de su principal socio: el gobierno de los EE.UU. Ahora no. Ahora van en contra de las medidas que combaten la impunidad, o dicho en dos platos, defienden la impunidad, la corrupción, el desgobierno. Y eso como agenda militar es realmente un mal chiste.
En otros términos, lo que está ocurriendo en los últimos días en Guatemala, representa un intento de echar por la borda los pocos avances que tenemos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y en verdad, ello solo da pie a pensar que existe un profundo desprecio por las bondades que pueda tener la democracia y por la idea que es mejor gobierno de militares y de asimilados.
Quizás haga falta puntualizar que la construcción democrática no acepta por definición, salidas autoritarias o la presencia en fuerza de los militares, especialmente cuando se trata de militares con la hoja de servicios que presenta en guatemalteco. Es por ello la alarma fundada de amplios sectores ciudadanos. En igual sentido, la preocupación expresada por la comunidad internacional.
Estamos en un momento en verdad preocupante. Y lo que se impone es una rectificación en forma y fondo, que nos regrese de manera real al uso y respeto de los valores democráticos comúnmente aceptados, tanto por nuestro propio ordenamiento legal, como por las tratados y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito.
