LAS AUTORIDADES INDÍGENAS ANCESTRALES MAYA, XINKA Y GARÍFUNA
Reunidos en la ciudad de Guatemala los días 11 y 12 de septiembre del año 2018, y después de analizar la situación que atraviesa el país, al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional
MANIFESTAMOS
Nuestro apoyo y acompañamiento a los pueblos y comunidades q’eqchi’ y kaqchikel que el día de hoy han promovido acciones constitucionales de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para recuperar su derecho a la propiedad, posesión, administración histórica y ancestral de las tierras, bienes naturales y territorios históricos, que les han sido despojados por medio de la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencia del invasor y actualmente por sus descendientes.
Que la pobreza, desnutrición, analfabetismo y lacerante desigualdad social, son consecuencia entre otras cosas del racismo, la discriminación y el despojo histórico-estructurales del invasor y sus descendientes hacia nuestros pueblos y comunidades que han bloqueado las rutas del desarrollo desde nuestra propia visión de pueblos y comunidades originarias.
Reiteramos nuestras afirmaciones que la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencia implementado por invasores y continuado por sus descendientes en contra de nuestros pueblos y comunidades son las causantes de la pobreza, analfabetismo, desnutrición, hambre y desigualdad social. Ante esta situación afirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias encabezados ahora por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público.
Siendo una necesidad la erradicación de la corrupción y la impunidad en Guatemala y el creciente rechazo del gobierno del Estado hacia la CICIG y el ingreso del señor Iván Velásquez Gómez Jefe de dicha Comisión al territorio del Estado, pedimos al Sistema de Naciones Unidas autorizar la instalación de la sede de dicha Comisión con un contingente de Cascos Azules, en cualquiera de nuestros territorios por ser nosotros los legítimos herederos del mismo en donde se les proveerá de la seguridad necesaria conforme a nuestros propios sistemas.
Exigimos también al gobierno del Estado, la abolición total del ejército por ser innecesario y solamente es causante de muchos de los grandes males para la población del Estado, desde muerte, genocidio, prepotencia, abuso de autoridad, despojo de tierras y territorios, corrupción, narcotráfico y absorbe la mayor parte del presupuesto del Estado en detrimento de los derechos más elementales de la población.
También saludamos a todos nuestros pueblos y comunidades por su incansable resistencia; en esta ocasión, al pueblo xinka que con su lucha y valentía para resistir los embates de la empresa minera más poderosa del mundo que con la complicidad del Estado traidor está saqueando y destruyendo su territorio. Al mismo tiempo exigimos que el resultado del ejercicio del derecho a la consulta al pueblo Xinka ordenada por la Corte de Constitucionalidad sea vinculante como se desprende de la interpretación de los tratados internacionales, especialmente relacionados a pueblos indígenas y los aportes de publicistas de respetable reconocimiento a nivel mundial y no un mero trámite administrativo.
Hacemos público nuestro apoyo y respaldo a las expresiones democráticas de legítima de resistencia y manifestación pacífica asumida por la sociedad honesta de Guatemala en esta situación de crisis política. Reconocemos y valoramos la honorabilidad con la cual se están conduciendo las autoridades indígenas ancestrales de Sololá, 48 Cantones, Chuj y Q’anjob’al de Yichk’isis, la dirigencia estudiantil y estudiantes universitarios sacarlistas y otras organizaciones sociales, que han manifestado su rechazo a las actitudes prepotentes y abusivas del señor Jimy Morales Cabrera Presidente de la República de Guatemala para respaldar y consolidar la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias, la protección de fuerzas de poder paralelo oscuras que se sienten amenazados con el trabajo que hasta la fecha ha realizado la CICIG en el país.
Rechazamos la actitud de la Dirección Departamental de Educación de la ciudad de Quetzaltenango y del Ministerio de Educación por la represión contra docentes y niños que participaron en el desfile del 07 de septiembre del presente año en la ciudad de Quetzaltenango, por haber ejercido su derecho a la libre expresión y les recordamos que como funcionarios deben garantizar el ejercicio de los derechos humanos; y, les exigimos su inmediata renuncia o destitución.
Rechazamos la declaración de los gobernadores departamentales nombrados discrecionalmente por el presidente de la república a quienes les exigimos la rendición de cuentas a la población en general en cada uno de los departamentos por estar sujetos a la ley y no ser superiores a ella, les exigimos cumplir con sus funciones para el beneficio del pueblo y no de sectores oscuros de poder.
Recordamos al Congreso de la República que es un organismo ilegítimo, en consecuencia ha perdido su mandato legislativo, por lo que le exigimos no continuar conociendo y aprobando leyes para auto protegerse, proteger y consolidar la corrupción y la impunidad, el pacto de corruptos y el pacto golpista. También al señor Jimmy Morales Cabrera ante su notoria incapacidad e inclinación a sectores oscuros que han mantenido el poder en el país, exigimos presentar su renuncia inmediatamente al cargo para el que se le considero apto.
Valoramos los pronunciamientos, muestras de solidaridad y acompañamiento de la comunidad internacional, organismos y entidades de derechos humanos con el pueblo de Guatemala, consecuencia de las acciones y decisiones equivocadas del gobierno del Estado de Guatemala; y, en ocasión de la 39ª, período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pronunciarse sobre la grave situación antidemocrática que atraviesa el Estado, aplicar las sanciones al gobierno y garantizar los derechos inalienables del pueblo.
Reiteramos el llamado a todas las organizaciones sociales, campesinas, mujeres, jóvenes, profesionales, para articular esfuerzos y hacer valer nuestros derechos y luchar por un país libre de corrupción, impunidad y tráfico de influencias.
Guatemala, 12 de septiembre del año 2018.
