Por: Simón Antonio
Es inaceptable como el juez Édgar Aníbal Arteaga López del Juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios, Izabal, sigue dilatando el proceso penal contra el periodista Carlos Ernesto Choc y cuatro miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales del municipio de El Estor, q´eqchíes, que por cuarta ocasión suspendió audiencia de primera declaración[1], donde actúa como querellantes trabajadores de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel CGN Pronico.
Desde agosto de 2017 Carlos Ernesto Choc y los miembros de la Gremial de Pescadores, Cristóbal Pop, Eduardo Bin, Tomás Ché y Vicente Rax, tienen orden de captura. Los hechos que se les imputa ocurrieron el 3 y 4 mayo de 2017, cuando los más de 400 miembros de la gremial realizaron manifestaciones pacíficas frente a la empresa en El Estor. Son acusados de los delitos de amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas, daños y detenciones ilegales. Por los mismos hechos han sido encarceladas otras dos personas, Jerson Xitumul y Juan Caal, en 2017.
Según la Agencia de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, los ataques que sufren los periodistas van desde aasesinatos, secuestros, acosos, intimidación, arrestos y detenciones ilegales. La mayoría de estos hechos quedan en la impunidad, lo que vulnera el ejercicio periodístico y, aún más, el periodismo comunitario. En el caso de Carlos Ernesto Choc es necesario agregar a esa lista, la persecución penal dilatoria. Todo por documentar y publicar la contaminación del Lago de Izabal[2] mientras las autoridades guatemaltecas en contubernio con la empresa hacían vista gorda.
La experiencia se repite en otras regiones del país. Municipalidades, empresas transnacionales y caciques locales se unen para proteger sus intereses.
El contexto de El Estor no es distinto. Los dos actores locales (municipalidad y caciques) y el actor externo (CGN Pronico) se dan la mano para criminalizar el ejercicio periodístico que documenta y publica el deterioro ecológico del Lago de Izabal que denunciaron los pescadores en el 2017, en el momento en que fueron miembros del Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE, meses antes de mayo. Hechos que documentó el periodista Carlos Choc.[3]
Édgar Aníbal Arteaga López ha sido fundamental en la criminalización de la resistencia comunitaria en el departamento de Izabal. Se ha negado a escuchar al periodista Carlos Choc y a los cuatro pescadores, durante cuatro audiencias en siete meses, el 20 de febrero, 16 de abril, 19 de junio y 10 de septiembre.
Hoy la municipalidad, la empresa y los caciques locales gozan de impunidad. La familia de Carlos Choc también ha sido víctima de intimidación. Entre otras cosas, dispararon contra su vivienda meses atrás.
Esta situación no debe continuar. No podemos permitirlo como sociedad. Quienes ejercemos el periodismo no podemos ser indiferentes al respecto.
[1] Por cuarta vez suspenden audiencia para el periodista q’eqchi’ Carlos Choc y otros tres pescadores en Izabal. Wakax ha´. https://prensacomunitaria.org/por-cuarta-vez-suspenden-audiencia-para-el-periodista-qeqchi-carlos-choc-y-otros-tres-pescadores-en-izabal/
[2] Un lago contaminado, evidencias negadas, un ecocidio en ciernes. Choc, Carlos ernesto. https://prensacomunitaria.org/un-lago-contaminado-evidencias-negadas-un-ecocidio-en-ciernes/
[3] La persecución penal injusta contra periodistas, atenta contra la libertad de expresión. Simón Antonio Ramón. https://medium.com/@PrensaComunitar/la-persecuci%C3%B3n-penal-injusta-contra-periodistas-atenta-contra-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-9c770502e4ea
