Por: David Toro
El asesinato de la dirigente indígena lenca y activista ambientalista de Honduras, Berta Cáceres en marzo del 2016 y el intento de asesinato de Gustavo Castro mientras se encontraban en el hogar de la defensora hondureña, desató consternación en la región y una gran lucha por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la familia de Berta, los cuales se encuentran en la búsqueda de justicia y de conocer a detalle quienes orquestaron el crimen que le arrebató la vida a Cáceres.
El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), surge en medio de un ambiente adverso dentro de la sociedad hondureña, que imposibilitaba la investigación sobre el asesinato de Cáceres y lograr un verdadero eco dentro del estado. A pesar de no contar con el apoyo de las autoridades estatales, el GAIPE conformado por investigadores expertos independientes como: Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tiradoque, que por medio de más de 30 entrevistas a sujetos implicados, 4 visitas a Honduras, consultas de procesos penales y un acceso parcial a los medios de prueba del caso, les posibilitaron identificar a los autores intelectuales del crimen.
En el informe, los investigadores del GAIPE resaltan que “el estudio del contexto hondureño fue vital para entender la naturaleza del asesinato de Berta Cáceres”. Además, señalan que Honduras es considerada uno de los países más peligrosos para defensores de Derechos Humanos, luego del golpe de estado del 2009. Entre los años 2014 y 2016 se asesinaron a más de 5 personas que defendían derechos comunitarios y ambientales en zonas de conflicto, a pesar de que se contaba con medidas cautelares urgentes dictadas por la CIDH.
En el marco de la investigación que realizó GAIPE, se muestra como la empresa hidroeléctrica, Desarrollos Energéticos S.A (DESA), obtiene la concesión para trabajar en el río Gualcarque, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sin la realización de una consulta comunitaria previa e informada, además se constató la implementación de estrategias de ruptura social y aumentando la violencia en las comunidades afectadas, en beneficio de la empresa.
“El asesinato de Berta Cáceres no fue una acción aislada como el Ministerio Público hondureño y la defensa de los implicados han tratado de hacer parecer” es una de las consignas del COPINH y su coordinadora Berta Zúñiga, el informe de GAIPE, detalla como en escuchas telefónicas se determinó como Cáceres y dirigentes del COPINH, eran objeto de planes para entorpecer su actuar dentro de la comunidad, por parte de los principales personeros y la mesa ejecutiva de la empresa DESA. Constante vigilancia y varios procesos penales abiertos desde el 2013 para criminalizar la oposición a la hidroeléctrica, entre muchas acusaciones a Cáceres por ejemplo la acusaron de posesión de armas de fuego, entre otras, así la empresa DESA encabezaba un plan de desprestigio y ataque sistemático.
La información analizada por el informe de GAIPE detalla que desde noviembre del 2015, se comenzaba a cocinar el plan para asesinar a Berta Cáceres, todo inició con las visitas de militares y ex militares a la ciudad de La Esperanza, donde se ubicaba la residencia de Cáceres, se conoce que luego de estudiar el entorno, en febrero del 2016, Mariano Díaz uno de los implicados, le entregó un arma de fuego a Henrry Hernández, quien planificó el hecho junto con un grupo de sicarios contratados, quienes eran originarios de este sector.
El plan para asesinar a Cáceres se atrasó hasta marzo, se detalla en una de las páginas del informe. Pues los intentos anteriores fueron abortados por varias complicaciones. Berta estaba acompañada de otras personas o simplemente las condiciones no eran idóneas para la estructura paramilitar, fue hasta el 1ero de marzo, cuando en un grupo de WhatsApp creado por los implicados se detallan los movimientos de la lideresa indígena y la de los asesinos, quienes en la noche del 2 de marzo de 2016 ingresaron al domicilio de Cáceres, rompiendo la puerta del patio trasero, invadiendo su habitación y realizándole 3 disparos a corta distancia que acabaron con su vida, tal y como describe el informe.
La investigación del GAIPE entregada en el informe publicado, muestra a detalle las conversaciones telefónicas de los implicados y además de un análisis exhaustivo del marco general de los hechos, develan información de las conversaciones telefónicas, grupos de mensajería y líneas de operación de los implicados, la mayoría de esta información el GAIPE organizó, ilustró y analizó con mucha mayor efectividad que las propias autoridades de Honduras, pues el Ministerio Público a más de 2 años de los hechos aún no realiza las pericias de más del 71% de las pruebas. Pruebas que vinculan a los gerentes de la empresa DESA con el resto de la directiva corporativa, colocando a la familia Atala Zablah en el ojo del huracán.
El trabajo del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) no ha sido considerado por las autoridades hondureñas en el caso, pero es el documento más detallado y preciso que existe al ojo público hasta el momento sobre este cobarde hecho, el cual no solo muestra el atentando contra una líder indígena, desenmascara la forma de operar de empresas como DESA, las cuales buscan mecanismos paralelos para acallar a quienes consideran sus enemigos por el simple hecho de defender la naturaleza y las tierras de las comunidades originarias.
Sumado a esto, el Ministerio Público, dirigido por segunda ocasión por el Oscar Chinchilla, a quien se considera un fiscal general que favorece a la impunidad, sigue negando la información pericial a la familia de Berta Cáceres, quienes se constituyeron como principales querellantes en el proceso penal que enfrentan ocho autores materiales del crimen. Las acciones de la fiscalía mantienen en riesgo el debido proceso, de continuar de esa manera este caso podría quedar en la impunidad.
Acceda al informe “Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres” aquí:
