Por: Cesia Juarez/Rony Morales
Fotografías: CCDA
En una reunión convocada por la Comisión Presidencial de Diálogo y donde participaron líderes campesinos, se abordaron casos de conflictividad agraria en la región de las Verapaces, siendo detenidas personas que forman parte de la junta directiva de campesinos del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y representantes de la comunidad SEKOPUR de la región La Chúa, Martín Chub Cajbón y Edwin Aroldo Choc Chub.
Durante la reunión la organización campesina demandó el cese del despojo de los bienes naturales, criminalización, persecución, órdenes de captura y cárcel para el sector indígena y campesino, además del respeto pleno de los derechos humanos y colectivos. Varias comunidades del área norte de Cobán, que forman parte de la región del Tezulutlán se han movilizado por la defensa de la vida en Cobán.
La criminalización y persecución legal hacia el movimiento social y líderes no es un tema nuevo en nuestro país, las políticas económicas basadas en el extractivismo abonan a estas prácticas por parte del propio Estado, paralelo a ello la explotación industrial de los recursos naturales conlleva al incremento de la criminalización de la protesta social.
Las comunidades campesinas que participaron en la reunión se pronuncian en contra de los abusos y criminalización en contra de líderes comunitarios. Mientras la justicia no llega, el Estado y gobierno no implementan acciones para acabar con la injusticia, el hambre, el respeto a la madre naturaleza y los derechos humanos.
Al terminar la reunión fueron detenidas seis personas, de ellas dejaron libres a cuatro y quedaron presos Edwin Choc y Martín Chub, quienes tenían orden de captura y son acusados de los delitos de usurpación agravada.
Muchas han sido las organizaciones sociales en pro de los derechos humanos que han unificado esfuerzos para lograr revertir estas medidas que el Estado ha implementado en contra de autoridades comunitarias, indígenas, campesinas, ancestrales y demás.
En nuestro país ha sido evidente que los últimos gobiernos han demostrado su parcialidad respecto a la guarda de los intereses particulares; se han dedicado a reprimir a las comunidades con el fin de desarticular la organización comunitaria, que resguarda y protege los territorios. Para reprimir, desarticular la organización comunitaria y criminalizar se ha utilizado indiscriminadamente la fuerza pública; así mismo, la militarización de zonas en conflicto, y aún peor, se utiliza el sistema de justicia para escudarlos.
La mayoría de los conflictos y por ende los mecanismos de represión se presentan particularmente en relación a megaproyectos por el uso de los territorios sin previa consulta, violando así el derecho de las comunidades y pueblos indígenas de la libre determinación; esto acarrea una serie de violaciones de derechos humanos y una severa afectación al medio ambiente; además, no se beneficia a las comunidades a pesar de las importantes ganancias económicas que se obtienen con la utilización de los recursos naturales.
“Las comunidades demandan de parte del gobierno de Guatemala, coherencia en la administración pública, que se detengan las licencias de exploración y explotación a empresas nacionales y transnacionales que buscan explotar industrialmente sus bienes naturales”.
“Denunciamos y responsabilizamos a la Comisión Presidencial de Diálogo y a toda la institucionalidad agraria de esta represión, persecución y casería de dirigentes lideres defensores de tierra y territorio” mencionaron los líderes comunitarios
