Por: María Andrea Gómez
Fotografías: Glenda García
Aproximadamente 60 organizaciones se reunieron este jueves en el salón de Pasos Perdidos del Congreso para debatir sobre el artículo 7, la que se denomina como ley para la protección integral y aborda el tema del aborto en caso de violación sexual a niñas.
El artículo propone legalizar que las niñas de hasta 14 años víctimas de violación sexual, explotación sexual y trata de personas puedan interrumpir un embarazo forzado en las primeras 12 semanas de gestación. El requisito que deben llenar, es un formulario de consentimiento en donde informen la causa. Las niñas y adolescentes con discapacidad deberán llenar el formulario por medio de un sistema de apoyo.
La actividad la realizó la Comisión de la Mujer y cada representante de las organizaciones presentes, tuvo tres minutos para exponer su postura. Unos en contra y otros a favor.
La organización Go joven comentó que la defensa de las dos vidas, hace al Estado cómplice de la realidad de violencia que viven las niñas. El Estado debe dar respuesta a esta problemática de las niñas y no seguir arriesgándolas.
El diputado Aníbal Rojas, quien convocó a esta mesa técnica, expresó que no está a favor de la iniciativa, pero escuchó a todas las organizaciones para poder tener una reunión con representantes del Estado como la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), y luego poder dar un dictamen.
