El asesinato de Luis Marroquín de CODECA y el miedo al proceso electoral

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Tiempo de lectura: 9 minutos

 

Miembros del Comité Guatemalteco de Desarrollo Campesino (CODECA) marchan para exigir la renuncia del presidente guatemalteco Jimmy Morales por ‘su incapacidad para gobernar’ y posibles actos de corrupción en su gobierno, en Ciudad de Guatemala el 7 de marzo de 2017.JOHAN ORDONEZ / AFP / GETTY IMAGES

Por: Jeff Abbott

Según los informes, Luis Arturo Marroquín no sabía que lo estaban siguiendo cuando salió de su casa la mañana del 9 de mayo de 2018, él iba a viajar a una reunión en San Luis Jilotepeque, municipio Jalapa de Guatemala. El hombre de 56 años era un líder comunitario y miembro del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), fundada en 1992 en la costa sur de Guatemala. CODECA es una organización de derechos humanos enfocada en mejorar las condiciones de los pobres rurales, abogando por la reforma agraria, la nacionalización de la energía y el mejoramiento de los salarios, tanto de los trabajadores rurales como de los campesinos indígenas y no indígenas.

Cuando Marroquín viajaba a una reunión con otros miembros de la organización, se detuvo en una pequeña tienda para hacer algunas copias antes de su llegada, pero no esperaba no salir con vida. Cuando entró a la tienda, una camioneta Toyota Hilux negra se estacionó y dos hombres se bajaron,  entraron y abrieron fuego, asesinando a Marroquín. Los espectadores preocupados anotaron la matrícula del vehículo, que más tarde se identificó como perteneciente a José Manuel Méndez Alonzo, el alcalde del vecino municipio de San Pedro Pinula, Jalapa. El cual  se sabe que es un aliado de la asediada administración del presidente Jimmy Morales.

Un informe policial preliminar obtenido por Truthout y confirmado por Hilda Pineda, jefa de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público de Guatemala, agentes de la Policía Nacional guatemalteca localizaron el vehículo que los testigos identificaron luego del asesinato de Marroquín. Dentro del vehículo se encontraban el alcalde Méndez Alonzo y sus dos guardaespaldas, Otto Edilcer Nájera Estrada y Carlos Romeo Jiménez Estrada, a quienes se les encontró  armados con pistolas, además de dos machetes y un cuchillo de estilo militar.

La policía documentó las identificaciones de los pasajeros y las armas ubicadas en el vehículo, pero liberó a los dos guardaespaldas y al alcalde, quien, de acuerdo con la legislación guatemalteca, se beneficia de la inmunidad de enjuiciamiento por crímenes mientras está en el cargo. Nájera y Jiménez siguen siendo sospechosos en el asesinato. Sin embargo, la investigación inicial aún no ha encontrado un vínculo directo entre las armas encontradas en el vehículo y las que utilizaron para asesinar a Marroquín. “En este momento, no hay evidencia que los relacione con el crimen, sin embargo, no descartamos ninguna posibilidad. Continuamos con la investigación” relató Pineda a Truthout.

Fotografía: truthout.org

Campesinos atacados por su activismo

El día que mataron a Marroquín, los representantes de CODECA presentaron los documentos oficiales ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para legalizar el brazo político del grupo, Movimiento por la Libertad de los Pueblos (MLP), como un partido político legal que participará en las elecciones de septiembre de 2019. Este partido está actualmente en proceso de reconocimiento oficial por parte del organismo electoral. Segú informa Prensa Libre, Marroquín planeaba postularse para la alcaldía de San Pedro Pinula con el MLP, la misma ciudad donde, según los informes, se originó el vehículo identificado por los testigos el 9 de mayo.

La camioneta Toyota Hulix negra que los testigos dicen estuvo involucrada en el asesinato de Luis Arturo Marroquin el 9 de mayo de 2018. Fotografía: truthout.org

“La hipótesis más fuerte de esta investigación en este momento es que el Sr. Marroquín tenía la intención de participar en las próximas elecciones, y puede que esta haya sido la razón principal del crimen” comentó Pineda a Truthout. “Creemos que esto fue un crimen motivado políticamente”.

Luis Arturo Marroquín fue asesinado en lo que muchos dentro del movimiento de pequeños agricultores, ven como una campaña de terror contra ellos. Desde el 9 de mayo, siete líderes campesinos de CODECA y el Comité Campesino de las Tierras Altas (CCDA) han sido asesinados.

“Todos los días empeora” testificó Teresa Vay Garcia, una líder de CODECA. Y en las semanas que siguieron, la situación se deterioró.

Apenas días después del asesinato de Marroquín, dos líderes asociados con el CCDA, Mateo Chamán Pau y José Pau Xol, fueron muertos por asaltantes desconocidos en las localidades de San Juan Tres Ríos y Choctún Basilá en el departamento de Alta Verapaz. El 30 de mayo, otro líder del  CCDA, Ramón Choc Sacrab, fue atacado con un cuchillo en la comunidad de Ixloc San Pedrito, quien murió días después por la gravedad de sus heridas.

El 3 de junio, Florencio Pérez Nájera y Alejandro Hernández García, dos organizadores de CODECA, se reunieron con miembros de la organización en la comunidad de Llano Largo en Jutiapa para hablar sobre los derechos a la tierra. Se suponía que debían regresar a sus hogares esa noche después de la reunión, pero no llegaron. Sus familias pensaron que tal vez se habían quedado con miembros de la comunidad, pero al día siguiente sus cuerpos fueron encontrados a lo largo de una carretera, mostrando signos de tortura. Días más tarde, Francisco Munguia de 78 años, otro líder de la comunidad de la aldea de Divosadero Xalapán, Jalapa, murió camino a un hospital después de ser atacado con un machete. No hay sospechosos conocidos en estos ataques.

Para los miembros de CODECA y CCDA, las personas responsables del asesinato de Marroquín son claras: culpan al gobierno guatemalteco.

“CODECA responsabiliza públicamente al presidente Jimmy Morales”, escribió la organización campesina en un comunicado de prensa emitido tras el asesinato de Marroquín. “En un discurso que el Presidente Morales dio el 2 de mayo, trató de fomentar el odio y el resentimiento hacia CODECA. En lugar de buscar la unidad nacional en su discurso, intentó incitar la animadversión y dividir a la gente”.

La semana anterior a la muerte de Marroquín, el presidente habló en una manifestación de trabajadores del mercado central guatemalteco que apoya a su administración. Morales fue investigado por financiamiento ilícito durante las elecciones presidenciales de 2015. En su discurso, Morales atacó a CODECA debido a la muerte de un niño durante una protesta en noviembre de 2017 que exigía su renuncia. Durante esa protesta, miembros de organizaciones campesinas bloquearon una carretera en todo el país.

A principios de junio, tras los asesinatos de los campesinos, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitaron Guatemala y se reunieron con líderes indígenas. La Comisión se ha estado reuniendo regularmente con líderes indígenas en Guatemala tras el aumento de la represión y la discriminación contra los organizadores indígenas en Guatemala en la última década.

La Comisión de la ONU emitió una declaración expresando preocupación por la creciente campaña de terror contra los campesinos.

“Nos preocupa lo que parece ser un clima en deterioro para la defensa de los derechos humanos en Guatemala, pedimos a las autoridades que investiguen estos asesinatos, ataques y amenazas contra los defensores de los derechos humanos, y que garanticen que los responsables sean acusados. También instamos al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y propicio para que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo sin amenazas ni ataques”, dijo en un comunicado de prensa Ravina Shamdasani, portavoz de la Comisión.

Los homicidios de líderes campesinos no tienen precedentes en las dos décadas desde que el conflicto armado interno de 36 años de Guatemala terminó en 1996, sugiere Simon Granovsky-Larsen, profesor asistente de política y estudios internacionales en la Universidad de Regina en Saskatchewan, Canadá.

Una espina en el lado del gobierno

CODECA representa a más de 90 mil campesinos en 20 de los 22 departamentos de Guatemala. El MLP todavía está trabajando para el reconocimiento oficial, pero el partido ya cuenta con más de 23 mil miembros registrados. CODECA ha trabajado diligentemente para capacitar y educar a las comunidades sobre sus derechos políticos y humanos.

La perspectiva de que CODECA se postule para cargos en el sistema político guatemalteco tiene nerviosa a la élite política guatemalteca. En 2012, el expresidente Otto Pérez Molina se refirió a la organización como un “cáncer social” debido a las protestas de la organización contra los altos costos de la energía y las desigualdades sociales. Desde la caída de Pérez Molina en 2015 por cargos de corrupción, los organizadores han mantenido la presión sobre el gobierno de Morales por sus propios cargos de corrupción.

Tanto CODECA como el CCDA han intentado presionar sobre el estatus quo político en las calles y dentro del gobierno. Las élites económicas y políticas han tratado de descarrilar el movimiento a través de la criminalización del liderazgo de CODECA y mediante acusaciones de fraude y corrupción en la organización. Sin embargo, ninguna investigación ha podido encontrar evidencia de estas acusaciones.

“Existe una fuerte campaña de desinformación sobre la organización, el gobierno y el Ministerio Público hablan sobre crímenes cometidos por miembros de la organización, pero no han podido mostrar ninguna evidencia de estos presuntos crímenes”. Informó Vay García a Truthout.

“Creemos que ya que ellos no pueden mostrar evidencia de crímenes, ahora están llevando a cabo esta campaña de terror para desestabilizar la organización de las comunidades”. Concluye Vay Gacía.

En mayo de 2018, el gobierno de Morales solicitó el cambio de los embajadores de Suecia y Venezuela por su apoyo tanto a CODECA como a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), respaldada por la ONU, que desempeñó un papel importante en la investigación y persecución de Pérez Molina.

Desde 2012, CODECA ha tratado de proponer una asamblea constitucional para volver a fundar la República de Guatemala. Estos esfuerzos se aceleraron durante la administración de Molina, en parte debido al escándalo de corrupción que eventualmente llevó a la renuncia y el procesamiento del presidente por la cooptación del Estado. Debido a la continua corrupción en el gobierno de Morales, CODECA propuso resolver el problema desde dentro del sistema político guatemalteco.

Vay García dijo que después de analizar la situación en el país, se dieron cuenta que con los partidos políticos que actualmente están en el gobierno y con los niveles de corrupción, nunca se podría  avanzar en una asamblea constitucional, ya que estos sectores que están en el poder ahora no lo permitirán. Entonces, decidieron buscar un instrumento político que representara a las comunidades en el gobierno.

El CCDA también ha estado activo desafiando a la administración de Morales. En 2015, Leocadio Juracán, entonces coordinador general del CCDA, ganó un escaño en el Congreso como parte del partido Convergencia, una coalición de movimientos sociales y miembros de la izquierda política.

A medida que los asesinatos y la criminalización aumentan, el gobierno de Morales parece estar evitando cualquier trabajo para resolver los conflictos en Guatemala. En agosto de 2017, los campesinos asociados con el CCDA ocuparon la calle frente al palacio presidencial para exigir que la administración cumpla con un acuerdo hecho por la administración de Otto Pérez Molina para resolver más de 40 conflictos por la tierra. La ocupación terminó después de cuatro días, cuando la administración decidió cumplir con el acuerdo. Sin embargo, el asesinato del líder de la comunidad y miembro de CCDA Chamán Pau en mayo de 2018 ha socavado la fe de los campesinos de que el gobierno cumplirá con el acuerdo.

Lesbia Artola,  representante de CCDA en Alta Verapaz, informó que hasta la fecha las instituciones gubernamentales no han cumplido con ninguno de los puntos del acuerdo y que el gobierno no está dispuesto a resolver los conflictos en Alta Verapaz.

Como señala Artola, muchas de estas comunidades, incluidas San Juan Tres Ríos y Choctun Basilá, han presentado demandas por violaciones a los derechos humanos e intentos de asesinato en el pasado. Sin embargo, ninguno de estos casos parece estar bajo investigación por parte de los fiscales.

Un mensaje de terror

Décadas después del final de la guerra, la tierra sigue siendo una de las principales causas de conflictos sociales en Guatemala. Hoy en día, una pequeña élite terrateniente controla la mayoría de las tierras cultivables, lo que deja a la mayoría de los campesinos sin tierra o sin ella para mantener a sus familias.

Las organizaciones campesinas han jugado un papel importante en el movimiento de los agricultores rurales al exigir el derecho a la tierra, así como en contra de la corrupción que asola a Guatemala. Estas organizaciones han tomado diferentes formas de acción para exigir el acceso a la tierra. Para muchos en el movimiento, la violencia reciente parece destinada a aterrorizar a quienes luchan por los derechos a la tierra.

José Gabriel Cubur escribió en una publicación de blog que “Estos actos criminales han sido registrados en diferentes departamentos, geográficamente se puede decir que no tienen relación, pero es evidente que existe una relación de intencionalidad”. Cubur también menciona que aquí hay grupos o aparatos clandestinos que intentan difundir el terror y el miedo en las organizaciones indígenas y campesinas, para que no sigan defendiendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

Según los campesinos, el objetivo de la violencia del Estado es desmovilizar a las poblaciones que claman por sus derechos y por un Estado guatemalteco que represente los intereses de los ciudadanos del país. Sumado a esto, las élites políticas y económicas en el poder buscan mantener la corrupción y la impunidad que han marcado las dos décadas desde el final de la guerra.

Vay García refiere que  CODECA no es solo  la lucha por la tierra y la nacionalización de los recursos, sino que estamos convocando a una Asamblea Constituyente para volver a fundar el Estado. Concluye que “las autoridades les molesta porque sienten que están perdiendo el control, especialmente ahora que CODECA y otras organizaciones están tratando de establecer su propio instrumento político, es por eso que están asesinando  a sus nuestros camaradas”.

Título original: Los asesinatos de líderes indígenas en Guatemala provocan miedo a medida que el ciclo político comienza

Fuente: https://truthout.org/articles/assassinations-of-indigenous-leaders-in-guatemala-trigger-fear/

Autoría y edición

Descendencia kaqchikel y afrodescendiente. Infancia en la cuna de una organización revolucionaria. Crecida dentro de la revolución cubana.

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