Por: Francisco Simón Francisco
Técnicamente los censos permiten visibilizar el tamaño de la población de un país en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos, porque describen las condiciones en cuanto a características rurales-urbanas, sociales, culturales, económicas y políticas. Según datos del censo realizado en el año 2002 en Guatemala, la población censada residente en el territorio nacional era de 11, 237,196 habitantes y los locales de habitación particulares (viviendas) censados eran 2, 578,265, no obstante, dichos resultados reflejan una realidad que ha variado mucho. En ese marco, el Estado de Guatemala se ve obligado a realizar un nuevo censo, dieciséis años después, para entender a la sociedad guatemalteca de hoy y proyectar condiciones más favorables, que respondan realmente a las necesidades de la población.
El Censo de Población y Vivienda 2018 comenzó el lunes de 23 julio, de acuerdo con el Estado de Guatemala, esta indagación tiene, entre otros objetivos: realizar el conteo y diagnóstico de las personas y viviendas del país; generar la información estadística necesaria para el diseño de políticas públicas y proyectos de desarrollo a nivel nacional; llenar los vacíos de información existentes en la actualidad; establecer un sistema de información confiable sobre las características sociales y los servicios básicos que permitan la gestión moderna del desarrollo del país, la erradicación de la pobreza, y la participación ciudadana.
Frente a este escenario que plantea el Estado se observan también las siguientes situaciones que podrían ocurrir en el desarrollo de dicho censo: a) en términos culturales podría surgir la dificultad de auto identificarse con alguna cultura en particular, ya sea maya, xinca, garífuna o mestiza, o la dificultad de reivindicarse con alguna comunidad lingüística, por ejemplo, “Soy Q’anjob’al”, “Soy Chuj”, “Soy Mam”, formas de expresiones que implicarían la debilidad de auto reconocimiento en el marco de un Estado que históricamente ha sido colonizado; b) por otro lado podría ser que no se evidencien las condiciones de desigualdad en el país como la descripción del alto índice de desnutrición, pobreza, pobreza extrema, migración, mortalidad, natalidad, desempleo y la descripción geográfica que visibiliza la ingobernabilidad, la ausencia de instituciones públicas garantes del desarrollo humano y particularmente de poblaciones indígenas que viven en el ámbito rural y en calidad de mujer indígena invisibilizada.
Se esperaría que, en este proceso, los censistas pongan mayor énfasis y empeño en abordar de manera adecuada a las poblaciones, particularmente del pueblo garífuna y xinca, quienes por falta de programas de apoyo han sido marginados, excluidos, invisibilizados, y dada la ausencia de datos cuantitativos, han sido sujetos de discusión sobre sí existen o no en territorios geopolíticos, respecto a la imposición de minería, monocultivo e hidroeléctricas basadas en políticas neoliberales.
Ante este escenario, lo importante es que los ciudadanos brindemos toda la confianza para generar información actualizada y de calidad, y no obviar que es un derecho como persona tener la medición de la población a través de un censo.
