Santa Eulalia: regresan instituciones de justicia pero sin coordinar con los pueblos

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Fotografía David Diego Marcos.

Por: Lencho Pez/Fotografías David Diego Marcos.

Después de 40 meses de ausencia de las algunas instituciones de justicia en el Centro de Administración de Justicia –CAJ- en el área norte de Huehuetenango, el viernes 6 de junio, el Organismo Judicial –OJ-, Ministerio Publico –MP-, Ministerio de Gobernación –Mingob- realizaron un acto de “reapertura”, sin la participación de la población y las autoridades comunitarias y ancestrales.

Parte del personal del CAJ se retiró en enero del 2015, pero siguió funcionando el juzgado de turno, la Policía Nacional Civil -PNC- y el área de mediación, el resto se retiró a la cabecera departamental.  Algunos operadores de justicia se retiraron del municipio cuando las autoridades comunitarias y ancestrales solicitaron que se revisara el tipo de actuación que tenían.

El día viernes sin mayor información a la población, se realizó un acto en las instalaciones del CAJ, estuvo Nydia Lissette Arévalo Flores, directora general del Instituto de la Defensa Publica, Gladys Morales Fajardo, jefe Administrativo del MP, Kamilo José Rivera Gálvez, viceministro de seguridad del Mingob, el magistrado José Antonio Pineda, presidente del –OJ-, un representante de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Al parecer, la coordinación se hizo únicamente con los alcaldes de la Mancomunidad, integrada por los municipios de Barillas, San Mateo Ixtatan, Santa Eulalia, San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy y dos municipios más, pero no tomaron en cuenta a las autoridades comunitarias y ancestrales de los pueblos Chuj, Q’anjob’al y mestizo de estos territorios, tampoco tomaron en cuanta al Gobierno Ancestral Plurinacional para esta decisión.

Los ataques del viceministro de gobernación

Kamilo Rivera, viceministro de gobernación, en un discurso confrontativo, acusó al pueblo Q’anjob’al de haber “tomado el CAJ exigiendo la libertad de dos personas de San Mateo Ixtatan, acusados de asesinato, y que luego procedieron a incendiar las instalaciones del centro en 2015.”

También en una muestra de desconocimiento del territorio confundió al municipio de Barillas con Santa Elena Barillas en Villa Canales al extremo opuesto del país, el funcionario mintió sobre los hechos ocurridos el 19 de enero de 2015 en el CAJ.

La postura agresiva del funcionario, fue sorprendente para los presentes, ya que es una información totalmente tergiversada y contradictoria a la realidad, además del desconocimiento de él sobre el territorio.

Esto, lejos de aportar a la paz del territorio genera más preocupación para muchos pobladores, el mensaje sigue siendo el mismo, a la justicia guatemalteca no le importa la población, implica que continuará el riesgo para quienes luchan para defender sus derechos, sus recursos naturales y su territorio ante las constantes amenazas de empresas transnacionales, nacionales y del Estado guatemalteco.

En una entrevista al presidente del OJ- durante la conferencia de prensa ofrecida al final del acto de reapertura, se le preguntó si la información que manejó el viceministro de Gobernación sobre la quema del CAJ es de su conocimiento, el magistrado no supo responder, pero tampoco respaldó las declaraciones del viceministro.

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