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Fotografía Gaspar Pedro.

Por: Kaxho Nicolás

Viernes 6 de julio de 2018. Varias autoridades estatales realizaron la reapertura oficial de algunas instituciones del Centro de Administración de Justicia (CAJ), que se retiraron en 2015 del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. Otras como el juzgado de Paz, la oficina de mediación de conflictos, el Bufete Popular  y la comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) siguieron trabajando con normalidad todos estos años.

La actividad fue programada a las 10 de la mañana, pero comenzó dos horas tarde, en el programa se anunció la presencia de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, así como también la presencia del Ministro de Gobernación, Degenhart Asturias, pero ambos no llegaron.

Uno de los coordinadores del Gobierno Ancestral Plurinacional/Payxa Yajawil Konob’ Akateko, Chuj, Popti’, Q’anjob’al, solicitó una intervención dentro de la agenda de la actividad, y se le confirmó en el mismo momento, sin embargo le negaron el uso de la palabra, la actividad finalizó y se retiraron del CAJ los funcionarios públicos.

Desde el año 2015, las autoridades ancestrales, comunitarias y de la sociedad civil de los municipios a los que el CAJ da cobertura en Santa Eulalia, le solicitaron al Organismo Judicial (OJ) y al MP, se revisara la labor de todos los trabajadores y operadores de justicia del CAJ del municipio, por incurrir en malas prácticas a la hora de impartir justicia, pero tres años después las autoridades estatales simplemente se negaron a investigar a sus trabajadores.

Durante la reapertura algunos de los funcionarios públicos en una actitud prepotente durante sus discursos, se expresaron de manera discriminatoria, mintieron y de manera despectiva se refirieron sobre el pueblo Q’anjob’al, Chuj y mestizo y sus autoridades. Además los funcionarios hicieron réplica de la versión de una de las empresas hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán, versión publicada del 1 de julio cinco días antes de este acto en el CAJ haciendo relación a la reapertura.[1]

El presidente de la mancomunidad de municipalidades, ‎Gregorio López Joaquín​, alcalde del municipio de San Pedro Soloma, al referirse a las autoridades del Gobierno Ancestral Plurinacional, autoridades comunitarias, líderes y lideresas afirmó que son un “grupito de maleantes”.

En esa misma línea, el viceministro del Mingob, Kamilo Rivera repitió en su discurso “grupito de delincuentes” al referirse a la población y a sus autoridades comunitarias, también se atrevió a afirmar que las instalaciones del CAJ fueron incendiadas y que una estudiante de la universidad se escondió engavetada entre dos archivos en el Bufete Popular, y que la habían encontrado 23 horas después con el “cabello blanco canoso”. Además de mostrar su desconocimiento sobre los municipios de Huehuetenango.

El mismo viceministro, repitió la versión de la empresa hidroeléctrica publicada el 1 de julio en una de sus páginas web. “tomado el CAJ exigiendo la libertad de dos personas de San Mateo Ixtatán, acusados de asesinato, y que luego procedieron a incendiar las instalaciones del centro en 2015.”[2]

Este tipo de mentiras y agresiones se dijeron en presencia de Héctor Aníbal De León Polanco, secretario ejecutivo de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia;  Nydia Lissette Arévalo Flores, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal; Silvia Patricia Valdés Quezada, vocal I de la Corte Suprema de Justicia; José Antonio Pineda Barales, presidente del Organismo Judicial y Gladys Morales Fajardo, jefe administrativo del Ministerio Público.

Finalmente, el presidente del OJ hizo un llamado a los jueces y los demás funcionarios del sector justicia a realizar su trabajo con objetividad, transparencia y de buena fe, expresando que como funcionarios no podrían ser perfectos todo el tiempo y que tienden a cometer errores, pero que sin embargo, de ello se aprende para futuras ocasiones, además hizo un llamado a la población para ejercer sus derechos de la mejor forma posible.

No fue tomada en cuenta la solicitud de revisar la actuación de los operadores de justicia en el CAJ, quienes se retiraron en 2015, se involucraron como querellantes y testigos en un juicio contra las autoridades comunitarias y ancestrales. Al finalizar el juicio el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, resolvió que estos mismos operadores de justicia y trabajadores del CAJ mintieron durante el juicio.

Fotografía Gaspar Pedro.

Las mentiras en los medios de comunicación corporativos

En diversos medios de comunicación alternativos se publicó lo que realmente había sucedido el 19 de enero del año 2015 en el CAJ de Santa Eulalia, incluso los medios corporativos publicaron información sobre el mismo hecho y en ninguna publicación se mencionó o se hizo referencia a la supuesta quema del CAJ.

El Gobierno Ancestral Plurinacional realizó un informe detallado de lo ocurrido en el CAJ aquel día, la versión de lo ocurrido en Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán los días 19 y 20 de enero de 2015 fue cubierto por el equipo de periodistas de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ y Prensa Comunitaria, ningún otro medio de comunicación tiene presencia en el territorio.

Tres años después con la reapertura del CAJ, el día 6 de julio, Guatevisión publicó en su página web información falsa sobre la razón por la que se retiraron del CAJ en 2015, con el titular: “Reabrirán Centro de Administración de Justicia que pobladores quemaron en Santa Eulalia, Huehuetenango”.[3] Este medio replicó la versión de la hidroeléctricas, publicada el 1 de julio en un sitio web,  precisamente la misma empresa causante de la problemática social que desencadeno los hechos del 19 de enero de 2015 en el CAJ.

“El 19 de enero del año 2015, varios pobladores procedieron a tomar las instalaciones del CAJ en Santa Eulalia y forzaron a los funcionarios del sistema de justicia a dejar en libertad a dos personas denunciadas por el asesinato de un poblador de la Aldea Pojom, San Mateo Ixtatán. Después de  lograr la libertad de los presuntos asesinos, los inconformes procedieron a la quema de las instalaciones, por lo que las autoridades optaron desde entonces el cierre de las instalaciones y su traslado a la cabecera departamental.”[4]

Esa misma versión fue la utilizada por el viceministro de gobernación y los alcaldes de la mancomunidad del territorio norte de Huehuetenango.

Nadie habló de las denuncias que no se investigan

Los funcionarios públicos presentes en esta actividad, no hicieron mención de las agresiones que sufrió la población en la madrugada del día 20 de enero tras un ataque armado, en donde resultó herido el joven y líder comunitario Pascual Basilio, quien falleció luego de 54 días de permanecer en el hospital nacional de El Quiché, por este hecho se responsabilizó al ex alcalde Diego Marcos Pedro y a un grupo de sus colaboradores, el asesinato sigue en la impunidad.

Los funcionarios tampoco mencionaron el ataque que sufrió una de las alcaldesas comunitarias que fue secuestrada y martirizada por el ex alcalde Diego Marcos Pedro en el Parque Central de Santa Eulalia el día 20 de enero de 2015, en la que estuvieron presentes trabajadores municipales y miembros del partido Líder, esta agresión fue denunciada al MP, sigue en la impunidad.

No hablaron sobre el secuestro y asesinato en 2013 de Daniel Pedro Mateo “Daniel Maya”. Tampoco hablaron sobre el asesinato del señor Sebastián Alonzo en la microrregión de Yich K’isis en San Mateo Ixtatán por agentes de seguridad de la empresa en enero de 2017, ambos casos siguen en la impunidad.

La agresión que sufrieron los miembros de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ y de Prensa Comunitaria el 20 de enero de 2015 y el 19 de marzo de 2015, siguen en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del MP en Quetzaltenango, los responsables de las agresiones siguen en la impunidad.

En la conferencia de prensa ofrecida por el presidente del OJ, se le preguntó su opinión sobre la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios, sentencia  absolutoria en relación a las acusaciones en contra de las autoridades ancestrales, comunitarias y líderes comunitarios. Sí Creo En Su Inocencia

El Tribunal determinó que esos mismos operadores de justicia del CAJ mintieron, José Antonio Pineda Barales dijo que en apego a la independencia judicial, no tenía nada que opinar y que la jueza sabrá el porqué de la sentencia. Adjuntamos la sentencia emitida en 2016 por el Tribunal de Mayor Riesgo A Sentencia y peritajes sobre criminalización de autoridades comunitarias

[1] Centro de Administración de Justicia -CAJ- será reaperturado en Santa Eulalia. Actualidad Webhuetenango. 1 de julio 2018. https://www.huewebtenango.com/centro-de-administracion-de-justicia-caj-sera-reaperturado-en-santa-eulalia/

[2] Ibídem.

[3] Gladys Ramírez. Reabrirán Centro de Administración de Justicia que pobladores quemaron en Santa Eulalia, Huehuetenango. Guatevision. 6 de julio 2018. https://www.guatevision.com/noticia/santa-eulalia-huehuetenango-tendra-de-nuevo-un-centro-de-administracion-de-justicia/

[4] Centro de Administración de Justicia -CAJ- será reaperturado en Santa Eulalia. Actualidad Webhuetenango. 1 de julio 2018. https://www.huewebtenango.com/centro-de-administracion-de-justicia-caj-sera-reaperturado-en-santa-eulalia/

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