Comunicado del Consejo de los Pueblos Mayas de Occidente
06 de julio de 2018. Un día como hoy, hace dos años iniciaba el juicio por los presos políticos de Barillas y Santa Eulalia, que demostró la falsedad de las acusaciones en contra de líderes comunitarios que reclamaban derechos fundamentales frente a la imposición de proyectos hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango.
Al final del debate oral y público el Tribunal de Mayor Riesgo A, otorgó una resolución absolutoria a favor de los comunitarios que estuvieron detenidos injustamente dos años. Se demostró que la empresa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los operadores de justicia habían falsificado acusaciones en contra de los defensores de los ríos, solo para satisfacer a las empresas y sobre todo desmovilizar la resistencia comunitaria. Quedó evidenciado el nivel de incapacidad y falsedad de los operadores del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia que no pudieron demostrar científicamente las pruebas de las acusaciones en contra de los líderes comunitarios, al contrario, sus declaraciones fueron contradictorias, infantiles y cobardes.
Justo en estos días están anunciando la apertura del CAJ, que cerró operaciones en el 2015 porque se declaró abiertamente a favor de los intereses de una empresa extranjera, porque traicionó el proceso de diálogo que se había iniciado con la sociedad civil organizada, el CAJ se desnaturalizó cuando abandonó los principios y objetivos de su creación establecidos en los Acuerdos de Paz y se convirtió en cuna de mafiosos que se aprovechan de la gente.
No al autoritarismo, si al respeto a los derechos fundamentales de los pueblos.
