Créditos: Ramon Cadena

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) visitó el departamento de Izabal del 18 al 20 de julio. El 19 de julio, la CIJ acompañó al periodista Jerson Xitumul, quien participó en una audiencia de sobreseimiento de su caso, conjuntamente con sus abogados, en el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios. Posteriormente, la CIJ realizó un encuentro con la Gremial de Pescadores de Izabal, en el que recibió información acerca de la difícil situación de represión que enfrenta dicha gremial. El 20 de julio, la CIJ sostuvo una entrevista con el vicepresidente de la Gremial de Pescadores Eduardo Bin Poou, perseguido y detenido arbitrariamente en el centro de detención de Puerto Barrios.

Desde hace años, las y los defensores del departamento de Izabal han sido víctimas de persecución por oponerse al proyecto minero Fénix de la empresa guatemalteca CGN. La CIJ expresa su honda preocupación por la persecución de que son víctimas los defensores de derechos humanos por el hecho de expresarse y por no estar de acuerdo con la explotación minera que se está llevando a cabo en dicho departamento, debido a que causa graves daños al medio ambiente y un daño irreparable al Lago de Izabal. La resistencia pacífica de los pobladores de Izabal, contrasta con la persecución violenta de que son objeto.

La CIJ considera que no se trata de hechos aislados, sino de una política de persecución por parte del Estado, quien lleva a cabo estos actos ilegales para beneficiar a la empresa CGN, que explota níquel en el departamento. En vez de proteger a los defensores de derechos humanos, el sistema de justicia guatemalteco ha tomado varias acciones en su contra. Así, varios periodistas pertenecientes a Prensa Comunitaria, han sido detenidos o tienen orden de captura. Entre ellos el caso del periodista Jerson Xitumul, cuyo caso fue finalmente sobreseído, por no existir ninguna prueba de que cometió algún hecho delictivo.

Por otro lado, recientemente fue detenido Eduardo Bin Poou, vicepresidente de la Junta Directiva de la Gremial de Pescadores, acusado falsamente y sin pruebas de que haya cometido delito alguno. El objetivo principal ha sido afectar a aquellos que ejercitan el derecho a la resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, no puede pasar desapercibido que el 27 de mayo de 2017, fue asesinado un dirigente de la Gremial de Pescadores Carlos Maas Coc y herido también el pescador Alfredo Maquín Cocul, casos que hasta el momento se encuentran impunes.

La CIJ ha señalado en varias oportunidades que las autoridades guatemaltecas criminalizan y persiguen a defensores y defensoras del derecho a la tierra, mediante la imputación del delito de usurpación y usurpación agravada. Asimismo, la CIJ ha señalado que las autoridades guatemaltecas pretenden criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, acusando a los defensores del medio ambiente y otros, de delitos como instigación a delinquir, detención ilegal, amenazas, daños, reuniones y manifestaciones ilícitas y otros ilícitos. Asimismo, esta práctica estatal penaliza y castiga el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y reunión.

Preocupa de sobremanera a la CIJ, el papel que juegan las y los jueces en el departamento de Izabal, en la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. Un ejemplo lo constituye el caso del Juez Edgar Aníbal Arteaga López, quien utilizando la función pública, suele abusar del poder de que está investido e imponer castigos ejemplares a los defensores de derechos humanos. Así, con sus resoluciones arbitrarias dicho juez ha afectado a periodistas, pescadores organizados en la Gremial de Pescadores, dirigentes comunitarios, defensores del derecho a la tierra y todo aquel que se opone a la explotación de níquel o que defiende los derechos colectivos de las comunidades en dicho departamento.

De igual manera la jueza unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con sede en Puerto Barrios, Ana Leticia Peña Ayala, a pesar de las pruebas existentes, dictó fallo por medio del cual absolvió al coronel retirado Mynor Ronaldo Padilla González (ex jefe de seguridad de la empresa Hudbay/CGN hoy CGN/SOLWAY), ordenando su inmediata libertad. Durante el proceso, la jueza Peña Ayala excluyó al público y a periodistas de la sala por presuntas “razones de seguridad”, llevando la mayoría del juicio a puertas cerradas y sin la presencia de público en general, ni de medios de comunicación, sin dar razones válidas para ello. Con esta decisión, el caso del asesinato de Adolfo Ich quedó impune y no se ha logrado castigar a los responsables. En este mismo caso, Germán Chub quedó cuadraplégico y su caso tampoco ha sido esclarecido.

De igual manera, en la última audiencia celebrada el 19 de julio del presente año, el juez Arteaga prohibió sin ningún fundamento, la presencia en la audiencia de periodistas y observadores internacionales y nacionales. De esta forma, ambos juzgadores violaron flagrantemente el principio de publicidad de las audiencias, establecido en el Código Procesal Penal de Guatemala. Esta forma de actuar del juez Arteaga el 19 de julio de 2018, fue denunciada a la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos con sede en el Departamento de Izabal.

Otra persona que ha sido afectado con el proceder arbitrario del juez Arteaga, es el dirigente comunitario Abelardo Chub Caal, quien continúa detenido aún cuando no hay pruebas de haber cometido ningún delito, únicamente por defender el derecho a la tierra. Asimismo, en otros casos defensores y defensoras de derechos humanos han sido criminalizados y existe un número considerable de órdenes de captura en todo el país, que afectan a personas que ejercitan el derecho a la libertad de expresión, para defender derechos comunitarios.

Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas expresó: “Urge que el Estado de Guatemala detenga la criminalización y persecución de que son objeto dirigentes comunitarios, periodistas y en general defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal. Para ello, se debe aplicar el régimen disciplinario interno a jueces que con su actuación, contribuyen a perseguir a estas personas, sólo por su forma de pensar y por ejercer legítimamente sus derechos y libertades. El Estado de Guatemala, deberá reparar los daños y perjuicios causados a defensoras y defensores de derechos humanos, por la actuación de sus autoridades y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debería investigar estos hechos, para aclarar la verdad de lo sucedido.”

Guatemala 24 de julio de 2018.

Abogado Ramón Cadena, director de CIJ para Guatemala. Fotografía Nelton Rivera.

Autoría y edición

Descendencia kaqchikel y afrodescendiente. Infancia en la cuna de una organización revolucionaria. Crecida dentro de la revolución cubana.

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