CENSO 2018: contar cuántos y quiénes somos

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Por: Francisco Rodas

El estándar internacional sugiere que los censos deben realizarse cada década y, normalmente, los países los llevan a cabo a principios de estas. En Guatemala dicha norma empezó aplicarse desde el censo de 1950, aunque lamentablemente esta periodicidad no se respetó, provocando que a la fecha exista una morosidad equivalente a un censo.

Con relación al censo de este año, pese a que las autoridades responsables de llevarlo a cabo han ocultado los problemas reales que atraviesa su montaje, las dificultades salieron a luz debido a las múltiples deficiencias en culminar el mapeo territorial de los sectores censales. Este mapeo no es un problema menor, debido a que sobre él reposa la garantía que pueda censarse hasta el último rincón del país.

Relevamiento censal

Además de las actividades preparatorias para asegurar la cobertura del territorio, otro elemento importante del censo es el cuestionario empleado para el relevamiento de datos. Al instrumento de recolección de datos se le han hecho cambios añadiéndoles nuevas preguntas que pondrán al día la magnitud de otros tópicos que habían sido relegados en el censo anterior. Asimismo, existen otras preguntas que fueron mejoradas en su formulación, o bien, se les agregaron nuevas categorías en las opciones de respuesta.

Aunque todavía persisten ciertas deficiencias, en términos generales puede decirse que, los cambios efectuados favorecerán la obtención de un perfil más detallado de la población, beneficiando las actividades de planificación, diseño de políticas públicas, asignación presupuestaria y de investigación científica entre otras.

Este cuestionario está organizado en siete capítulos, que se analizan a continuación.

El capítulo I, referido a la localización del domicilio censado, se mantienen con la misma estructura de registro, añadiéndosele la categoría de “cantón” al tipo de lugar poblado. Este tipo de jurisdicción territorial siempre ha existido, pero era omitida en los anteriores censos.

El capítulo II, sobre las características de la vivienda, sigue el mismo número de preguntas, aunque algunas han sido modificadas. Un primer cambio es que sólo serán censados los locales de vivienda, no tomando en cuenta los establecimientos colectivos (hoteles; hospitales; sedes militares o policiales; cárceles y otros) como si fue hecho en el censo de 2002. Este cambio, al final, no quebranta la integridad del censo.

Otra modificación está en la identificación del material de paredes y techo, agregándole la categoría “material de desecho”. La agregación mejorará el diagnóstico sobre el estado material de la vivienda y, en consecuencia, contribuirá a mejor precisar la naturaleza del déficit habitacional cualitativo.

En el capítulo III, sobre la identificación de los hogares, se agregó una pregunta que resuelve mejor el recuento de los hogares que residen en una misma vivienda. Un aporte importante de este cambio es que va rectificar las malas estimaciones sobre el déficit habitacional cuantitativo que existen hasta ahora.

El capítulo IV, sobre las características del hogar, en realidad la mayor parte de las preguntas releva más sobre las cualidades de la vivienda que del hogar. En este bloque se incluyeron dos nuevas preguntas y se transfirieron otras que en el censo de 2002 estaban en otros capítulos.

Los cambios realizados no son superficiales, más bien incorporan dimensiones que en los censos anteriores no se les dio mayor importancia. Se agregaron dos preguntas con enfoque de género, registrándose el sexo de quién tiene la titularidad de la propiedad de la vivienda y de quién toma las principales decisiones en el hogar.

En cuanto a la infraestructura disponible dentro de la vivienda se añadió el sistema por el cual se eliminan las aguas grises o domésticas, distinguiéndola del sistema utilizado para eliminar las excretas. Dicha distinción contribuirá a tener un registro más escrupuloso de la calidad de la vivienda.

Otra pregunta novedosa radica en el registro de menajes que el hogar posee (electrodomésticos; vehículos; provisión de agua caliente, de cable y de internet, entre otros). La importancia de esta información consiste en que, por una parte, los datos pueden ser comparados con las encuestas oficiales; por otra parte, deja ver la magnitud y tendencias de los patrones de consumo contemporáneo, complementando el registro de los indicadores de bienestar, principalmente para análisis de los gradientes de pobreza.

Siendo que desde hace tiempo las remesas tienen una importancia en la economía del país, parece oportuno habérsele finalmente incluido dentro del cuestionario del censo. El sondeo se reduce a una sola pregunta que consigna si alguien del hogar las ha percibido. Lamentablemente la medición es pobre, en el sentido que si bien se registra qué hogares las perciben, la frecuencia con que son recibidas es incierta, porque sólo se aproxima a saber si ellas llegan con “regularidad”. Al respecto, hubiera sido preferible poner unos rangos de tiempo específicos, tal como se hace en las encuestas de ENCOVI y ENEI, por tres meses.

En cuanto a las preguntas que fueron sujetas a modificaciones, encontramos la que registra los diferentes tipos de tenencia de la vivienda. Ahora se hace la diferencia entre la vivienda propia totalmente pagada de la que se está pagando a plazos. Además, se incluyó la figura de propiedad comunal.

Una última modificación se hizo con relación al acceso al consumo de agua, ampliándose las opciones de respuesta. En el anterior censo se disponía de 7 tipos de provisión de agua, mientras en la de ahora son propuestas 10 opciones. Aquí nuevamente se tendrá una mejor radiografía de un servicio esencial, el cual forma parte de los indicadores de bienestar.

El capítulo V, dedicado a la emigración internacional, las preguntas aumentaron de 3 a 5. Las agregaciones hechas superan el escueto registro en el censo del 2002, donde sólo era posible saber el número de hombres y mujeres del hogar que emigraron. En el actual cuestionario se sabrá también cuántos emigraron, pero clasificados por sexo, edad y fecha de salida.

Una restricción que se repite en el registro del fenómeno migratorio al exterior está en el período fijado de dicho movimiento. El censo 2002 estipulaba los últimos 10 años antes del censo, en el próximo se aumentó a 16 años, pero, aun así, la extensión del período migratorio deja incompleta la magnitud del fenómeno.

Según las estimaciones del Centro de Estudios Monetarios de América Latina (CEMLA), los años de residencia de los guatemaltecos en el exterior es de 17.8 años en promedio (1). Esto significa que, el límite de tiempo de 16 años dejará sin registrar aproximadamente la mitad de los migrantes de antes del 2002.

En ese sentido, hubiera sido mejor seguir la pauta del último censo de El Salvador —otro país con fuerte migración como el nuestro—, donde el período migratorio quedó abierto y, además, fue incluido el país de destino.

Es lamentable también, no registrar el movimiento de las deportaciones, siendo este un fenómeno cada vez más frecuente.

El capítulo VII, donde queda consignado las características de las personas, fue el que sufrió más cambios, de 25 pasó a 32 preguntas, además algunas preguntas tradicionales fueron modificadas.

El primer cambio está en los límites de edad en materia de educación que era de 7 y ahora de 4 años, con lo cual se cubrirá el grupo preescolar. El segundo cambio se relaciona con la natalidad y fecundidad, donde el umbral de edad bajó de 12 a 10 años. Dicha modificación ayudará a conocer mejor la fecundidad juvenil.

En escolaridad también se redujo la edad de 7 a 4 años. Además, se incluyó ¿En qué municipio y departamento o país estudia? Seguramente este dato combinado con el lugar de residencia, mediría la accesibilidad, referida a la distancia, a los centros educativos. En cuanto a estos últimos, antes sólo se reconocían los establecimientos privados y públicos, mientras ahora se incluyeron los administrados por municipalidades y cooperativas.

En el mismo rubro de educación existen modificaciones positivas en cuanto a desglosar los grados de educación superior y aumentar las causas de inasistencia escolar.

Con relación al estado conyugal (civil), también se bajó el umbral de 12 a 10 años, además se reconocen otras dos situaciones que, posiblemente por absurdos convencionalismos legales, se les ignoraba: separado de unión libre y separado de matrimonio.

En cuanto al perfil laboral, una mejoría está en registrar las actividades de las personas que no trabajan, con lo cual se podrá definir más correctamente a la PEA. La otra mejoría es que se sabrá el lugar donde trabaja o trabajó la persona, permitiendo obtener una geografía de las fuentes de trabajo, aunque el dato solo será posible desagregarlo hasta el nivel municipal. Con respecto las características del mercado laboral, ahora se reconoce el “empleo doméstico”.

Otra nueva información está en percatarse si se posee documento de identificación. Este dato puede traducirse como indicador de inclusión ciudadana en tanto derecho a la identidad. Pero, tal como está formulada la pregunta, en cierta medida se inutiliza su objetivo debido a que no se diferenció el tipo de documento con que cuenta la persona. De modo que se perderá la oportunidad de medir la cobertura real que tiene el RENAP. En este caso, lo correcto hubiera sido redactar la pregunta de manera que se diferenciara el tipo de documento que la persona tiene (fe de edad; DPI o no tiene).

Con relación al tema étnico, se mantienen las mismas preguntas, adicionándole una que se refiere al uso de ropa o traje de la etnia a la que se pertenece. Esta pregunta alguna utilidad tendrá, pero si su inclusión es para efectos de precisar la procedencia étnica, ella puede resultar ambigua o irrelevante.

Otras innovaciones se encuentran en un mejor registro del bilingüismo y el uso tecnologías de la información (celular; computadora e internet).

En cuanto a la migración interna, las tres preguntas empleadas para verificar estos desplazamientos ― el lugar de nacimiento, la residencia habitual al momento del censo y la residencia 5 años antes del censo―, permanecen igual. Por tanto, el nuevo censo repetirá las mismas limitaciones del anterior, lo que constituye un retroceso. Estas limitaciones estarían en que:

  • La baja del umbral de la residencia anterior que era de 6 años y ahora de 5 años, si bien obedece al reajuste a la norma internacional, el próximo censo ya no podrá ser comparado en este tópico con el anterior;
  • Hay una pérdida en el registro de movimientos intermedios entre los tres puntos de referencia territorial (lugar de nacimiento; de la habitual y la de 5 años antes), que afectará también registrar a los migrantes de retorno;
  • Dentro del intervalo entre la residencia habitual y la anterior, no se declara el de los niños menores de 5 años, con lo cual se da por hecho que es el mismo que el resto del hogar;
  • Como ocurrió en el anterior censo, el flujo migratorio interno sólo será posible analizarlo entre unidades político-administrativas por departamento y por municipios, no pudiéndose identificar si estos son de origen urbano o rural. Esta carencia es imperdonable, considerando que es una información de la que hasta la fecha no se tienen datos históricos confiables. Hay que señalar que esto es un defecto sistemático que afecta también las encuestas ENCOVI y ENEI;
  • De haberse registrado el tiempo de residir en la vivienda habitual, hubiera servido para detectar algún desplazamiento intermedio entre la residencia actual y la de hace 5 años.

Conclusiones generales

Hay que reconocer que, con el nuevo censo se obtendrá bastante más información en comparación al anterior. Otra cuestión es haber abordado fenómenos que, a pesar de su importancia, habían quedado relegados. También ha sido positiva la reformulación de varias preguntas tradicionales, corrigiendo su redacción o bien, agregándoles otras categorías que puntualizan en los atributos de los hogares o de las viviendas.

Se lamenta las insuficiencias señaladas sobre el tema migratorio y sobre el fenómeno de las remesas. Más deplorable aún, no haberse considerado el asunto de la mortalidad, por lo que seguiremos conformándonos que las imprecisas cifras oficiales.

Luego de una larga espera para echar andar el censo 2018, deja cierto desanimo que todo ese tiempo no fuera aprovechado para crear mejores condiciones que disminuyeran las improvisaciones, tal como se advirtió en la confección del catastro, o la falta de una actitud crítica en el diseño del cuestionario. Lo peor es que habrá que esperar otros 10 años para corregir estas insuficiencias.

Otras cuentas pendientes tienen que ver con el censo anterior del 2002. En primer lugar, estaría el escaso interés de las autoridades del INE en el acceso y difusión de los resultados de este censo. Esto puede verificarse con sólo visitar el portal de la institución en internet, y encontraremos que no existe un solo documento, incluso si alguien desea obtener datos consolidados debe comprarlos.

En cuanto a la base de datos y el catastro de los sectores censales, salvo algunos privilegiados del sector público y privado, el INE no montó algún mecanismo expedito y gratuito para acceder a esta información, como se acostumbra en muchos países.

(1) Centro de Estudios Monetarios de América Latina –CEMLA–. http://www.cemla.org/PDF/remesaseinclusion/2017-10-migracion-remesas-inclusion-guatemala.html

Autoría y edición

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