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Washington DC.
En el territorio de la Nación Piscataway
Secretaria Kristjen M. Nielsen
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
Washington, D.C. 20016
Comisionado Kevin K. McAleenan
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos
Departamento de Seguridad Nacional
Washington, D.C. 20016
¡Exigimos justicia para Claudia Patricia Gómez González de la Nación Maya Mam!
cc: Ministra Sandra Erica Jovel Polanco, Relaciones Exteriores de Guatemala
Secretaria Nielsen y Comisionado McAleenan:
Escribimos esta carta como pueblos Mayas, pueblos originarios del norte y sur de Abya Yala (las Américas); individuos aliados de diversas religiones, académicos, y organizaciones de derechos de inmigrantes, derechos humanos y el medio ambiente, que trabajan para defender y proteger los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Ha pasado un mes desde el asesinato de nuestra hermana Claudia Patricia Gómez González, mujer Maya Mam. El 23 de mayo en Río Bravo, Texas, un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó a Claudia Patricia en la cabeza y la mató, tenía solo 20 años. Su asesinato ocurrió poco después de la implementación de la odiosa política de “tolerancia cero”, que viola los derechos humanos fundamentales de los infantes, los niño/as y los jóvenes. Seguimos esperando una respuesta para la familia de Claudia Patricia tanto como el público contra su asesinato y buscamos justicia por su muerte.
Familiares de nuestra hermana Claudia declararon, “si no fuera por la pobreza no sucediera eso, por eso uno busca su camino para salir adelante y lamentablemente ella no logro lo que quería hacer. Es importante dar a conocer la situación porque muchos jóvenes salen de sus pueblos. La situación aquí es muy difícil. Los padres están en una situación muy difícil y en una crisis por la noticia que recibieron y también lo económico que implica muchos gastos.”
Guatemala está en crisis, especialmente para los pueblos Maya, Xinka y Garifuna. Guatemala continúa perpetuando las violaciones de los derechos humanos, la opresión sistémica y la exclusión de los pueblos originarios en todos los niveles de la sociedad. Existen desigualdades debilitantes en la propiedad de la tierra, incluido el control y la gestión de estas tierras. La migración forzada de los pueblos de Guatemala es un síntoma de las causas subyacentes derivadas de más de 500 años de robo de tierras, opresión, racismo y exclusión institucionalizada, mayormente para los pueblos originarios. La manifestación más reciente de la persecución de los pueblos originarios, particularmente de los Mayas, se ve en más de 36 años de conflicto armado interno y genocidio en Guatemala. Más de 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecieron, y un millón y medio de personas desplazadas por la fuerza; la gran mayoría de ellos pueblos originarios. Este período de la historia, respaldado por las políticas y fondos de los Estados Unidos, ha causado un daño irreversible. Se observan efectos residuales en la migración forzada de los niño/as y nieto/as de cientos de miles de víctimas del conflicto armado interno. Las actuales políticas de inmigración inhumanas hacen que la inmigración sea aún más peligrosa para todos durante el viaje. La inmigración frecuentemente termina en una horrible separación familiar para los niños y niñas y no solo para los niño/as de Guatemala. Esta separación causa un trauma psicológico, espiritual y físico irreversible a los niño/as. Hasta la fecha, casi 2,000 niños fueron separados de sus padres y sigue habiendo poca claridad sobre el proceso de reunificación familiar.
A pesar de ser la mayoría, los pueblos originaros de Guatemala carecen una representación política real, el derecho a la libre determinación y el reconocimiento de derechos colectivos sobre nuestras tierras, territorios y bienes naturales. Tal fue la conclusión reciente de Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial Sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, durante su visita oficial a Guatemala en mayo de 2018. La Relatora nuevamente enfatizo la falta de toma de decisiones, incluido el derecho a tomar decisiones sobre las tierras, territorios y elementos naturales sagrados de los pueblos originarios.
Aunque nuestros derechos están articulados en diversos documentos oficiales – en la Constitución de la República de Guatemala, La Ley Marco de los Acuerdos de Paz Firme y Duradero, El Convenio 169 de la OIT, el Articulo número 1 del Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Internacional sobre los Derechos Culturales, Económicos y Sociales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuales establecen los estándares mínimos en materia de nuestros derechos – nuestra realidad es otra.
Como pueblos Mayas, pueblos originarios del norte y sur de Abya Yala (las Americas); individuos aliados de diversas religiones, académicos, y organizaciones de derechos de inmigrantes, derechos humanos y el medio ambiente: todos estamos especialmente preocupados por los abusos que enfrentan las familias y comunidades. El reciente asesinato de nuestra hermana Maya Mam, Claudia Patricia Gómez González, ha demostrado claramente las atrocidades que enfrentan muchos de nuestros hermanos y hermanas en la frontera, muchos de ellos son indígenas y muchas veces invisibles. Los recientes actos de violación por la separación forzada de niño/as de sus familias han victimizado a miles de niño/as, y los niño/as de pueblos originarios son algunos de los más vulnerables, están indefensos porque solo hablan su lengua materna y no pueden comunicarse. Estamos indignados por los ataques contra nuestras familias y comunidades y por esta razón SOLICITAMOS lo siguiente al gobierno de los Estados Unidos:
- Investigar y enjuiciar a los responsables del homicidio de Claudia Patricia Gómez González en los Estados Unidos en la búsqueda de justicia por este acto criminal, la impunidad no será aceptable.
- Compartir públicamente los avances y resultados de la investigación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
- Garantizar la seguridad e integridad personal de los tres jóvenes mayas que estuvieron con Claudia Patricia, fueron testigos de su asesinato y actualmente están detenidos en los Estados Unidos. Solicitamos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se encuentren en condiciones que les permitan brindar un testimonio completo y preciso sin temor, incluido el acceso a intérpretes en idioma Maya Mam y consejeros de trauma.
- Una reunión con líderes de pueblos originarios desplazados, muchos de los cuales viven ahora en los Estados Unidos, junto con líderes de pueblos originarios de los Estados Unidos para escuchar las preocupaciones y recomendaciones relacionadas con la crisis causada por las políticas de inmigración que están sembrando el miedo, la discriminación, el racismo, la separación familiar y la criminalización de las comunidades.
- Reconocer e implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el mínimo estándar para el respeto y la protección de los derechos como naciones indígenas, en un contexto de conflicto, persecución y desplazamiento forzado de nuestras tierras y territorios que nos han convertido en refugiados.
En consideración de todo lo presentado, esperamos que haya un futuro para el diálogo. Agradecemos la oportunidad de reunirnos con usted o un representante designado para mantener una discusión que pueda lograr estos objetivos por el bien de las vidas de nuestros pueblos y nuestras generaciones futuras. Nuestro punto de contacto para la coordinación es Juanita Cabrera López, miembro de la Nación Maya Mam y Directora Ejecutiva de la Liga Maya Internacional, juanita@mayanleague.org; (202) 827-6673.
Esperamos su respuesta,
Sinceramente.
20 de junio de 2018
