Continúa la criminalización en contra de comunitarios de la resistencia pacífica de Casillas

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Créditos: ligan a proceso

Texto y fotografía: Simón Antonio

En el juzgado de Primera Instancia Penal de Cuilapa, cabecera de departamental de Santa Rosa, se ventila otro caso de criminalización, ahora contra don José Antonio Camey Lima, acusado de los delitos de atentado contra la utilidad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de la nación, coacción, amenazas e instigación a delinquir; se le vincula en un hecho cuando se encontraba en resistencia pacífica frente las instalaciones del proyecto minero El Escobal propiedad de la Mina San Rafael el 19 de septiembre de 2017.

En este nuevo proceso penal contra un comunitario Xinca que resiste a la imposición de la Mina San Rafael, figuran como denunciantes trabajadores de la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente (DEORSA).

La criminalización contra don José Antonio

La Fiscalía indica que los hechos sucedieron el 19 de septiembre de 2017 frente a las instalaciones de la minera, don José Antonio según la Fiscalía, no dejó que trabajadores de la empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente (DEORSA) realizara instalaciones eléctricas cercanas a la mina, y que en dos horas reunió a 40 personas que amenazaron a los electricistas si no se retiraban del lugar, lo que hizo que se refugiaran en las instalaciones de la mina.

En la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo este viernes, el juez Carlos Roberto Casasola Orellana,  ligó a proceso a José Antonio Camey originario de San Rafael Las Flores, por cinco delitos que le imputa de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público (MP).

El juez le otorgó medidas sustitutivas entre las que están,  asistencia quincenal en el Juzgado de Paz de San Rafael Las Flores, no acercase a trabajadores de DEORSA, por su trabajo de comerciantes se le permitirá trasladarse en todo el departamento de Santa Rosa, y en la ciudad de Guatemala y Mataquescuintla, Jalapa.

La resistencia del pueblo Xinca ante la imposición de la minera

En la intervención del abogado defensor de don José Antonio, Pedro Rafael Maldonado Flores del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), hizo una contextualización de la resistencia pacífica del pueblo Xinca a la imposición de la Mina San Rafael en las comunidades de Santa Rosa y Jalapa desde el año 2013. Hizo mención a violaciones a las que ha incurrido el proyecto Minero El Escobal  y  se refirió a una exhibición personal practicada por la jueza de paz de San Rafael Las Flores el 11 de noviembre de 2016, a favor de la comunidad La Cuchilla, que se encuentra de manera permanente frente a la mina.

“Ellos se encuentran de manera permanente frente a la minera ejerciendo un derecho constitucional por violación a derechos humanos, por lo tanto no puede en este caso criminalizarse la protesta social pacífica que se desarrolla en la zona” dijo el abogado Maldonado al pedir al juez que  declare falta de méritos en las acusaciones del Ministerio Público respecto al caso.

Hechos

  • Mayo de 2013. El gobierno de Otto Pérez Molina impone un Estado de Sitio para facilitar las operaciones de la Mina San Rafael.
  • Ante varios temblores por explosivos de la minera que provocó rajaduras en casas en la comunidad La Cuchilla, se instaló frente a la minera un plantón pacífico como parte de la resistencia que viene desde el 2013, el 11 de noviembre la jueza de Paz de San Rafael Las Flores practica una exhibición personal a las personas en la resistencia.
  • Julio de 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió las operaciones de la Mina San Rafael por una acción de amparo interpuesto por CALAS por falta de consulta al pueblo Xinca de la región.
  • 8 de septiembre de 2017, CALAS interpone amparo contra el ministro de Energía y Minas Luis Chang para que garantice la consulta a la pueblo Xinca de la región.
  • 19 de septiembre de 2017, don José Antonio Camey Lima, participa en resistencia frente a la minera donde “supuestamente” amenazó, coaccionó e instigó a la población para agredir a trabajadores de DEORSA.
  • 25 de septiembre de 2017, Mario Roberto Fuentes Destarac, de la Mina San Rafael apela la resolución de la CSJ en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Restricción a la prensa

Al inicio de la audiencia pública de primera declaración de don José Antonio Camey Lima, el juez Carlos Roberto Casasola Orellana se dirigió a Prensa Comunitaria como único medio de comunicación presente y dijo: “Aquí se encuentra personeros de la prensa, solo voy a pedir de favor que pongan en su celular en mudo o en vibrador como quieran decirle, y pues queda terminante prohibido que ustedes graben la presente audiencia”.

-¿Por qué señor juez?

“Porque esto, si ustedes quieren copia de estos audios pues lo pueden solicitar, pero grabaciones así particulares no. Verdad no sé si usted está grabanado ahí algo”.

-Pero si la audiencia es pública…

“Si es pública pero si usted quiere copia puede pedir copia de los audios aquí en el juzgado, no se las van a negar si usted las pide, verdad”.

Autoría y edición

Descendencia kaqchikel y afrodescendiente. Infancia en la cuna de una organización revolucionaria. Crecida dentro de la revolución cubana.

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