Por Sandra Cuffe
Hoy se cumple un año desde el asesinato de Carlos Maaz, un pescador Q’eqchi’ de 27 años de edad. La policía lo mató el 27 de mayo del 2017 en medio del violento desalojo de una protesta en El Estor, Izabal.
“Quiero que pague la policía, porque ellos son los que mataron a mi esposo”, dijo Cristina Xol, la esposa de Maaz y la madre de su hijo, ahora de nueve años de edad.
El año pasado, cuatro asociaciones de pescadores del municipio se unieron para crear la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor para enfrentar la contaminación del Lago Izabal. Denunciaron como responsables a la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN y a las empresas palmeras en la región, e iniciaron acciones legales y de protesta.
Tras el fracaso de una mesa de diálogo con autoridades del gobierno y de CGN, razón por la cual la Gremial levantó una protesta de 12 días a inicios de mayo del año pasado, los pescadores y vecinos de El Estor se movilizaron de nuevo el 27 de mayo. Esa vez hicieron un bloqueo total en la salida del pueblo, de la calle que conduce hacia la mina Fénix.
La policía y los antimotines de la División de Fuerzas Especiales ya se habían movilizado también, y no tardaron mucho en iniciar un desalojo violento. Tiraron bombas de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, y siguieron tirando gas hacia los grupos que buscaron refugio por varios lados. Pero en dado momento, también dispararon con bala viva. Como resultado, hubo un herido de bala y un muerto, Carlos Maaz.
“Yo no tengo miedo porque sigo pidiendo justicia por la muerte de mi esposo”, dijo Xol.
El día del entierro de su esposo, el 28 de mayo, mientras centenares de vecinos participaron en una procesión fúnebre hacia el cementerio de El Estor, autoridades de los ministerios de Gobernación y Medio Ambiente y oficiales de la policía declararon públicamente que no había muerto nadie.
Sin embargo, en diciembre del año pasado se hizo la exhumación de Maaz y siguen las investigaciones gracias a las exigencias de Xol, la Gremial, y sus representantes legales del Bufete de Derechos Humanos.
Mientras siguen exigiendo justicia por el asesinato de Carlos Maaz, algunos enfrentan la persecución penal. El presidente, vice presidente y tres miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor han sido criminalizados, así como también los periodistas comunitarios Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitumul. A raíz del conflicto en mayo del año pasado, los siete resultaron con órdenes de captura, acusados de instigación a delinquir, reuniones y manifestación ilícita, y otros cargos.
Dos de los siete ya estuvieron encarcelados. El pescador Juan Caal fue capturado en octubre del 2017, y el periodista Jerson Xitumul fue capturado el 11 de noviembre. A ambos de les dictó prisión preventiva y no salieron con medidas sustitutivas hasta en diciembre.
“En el caso mío, estuve encarcelado 38 días injustamente, únicamente por ejercer el trabajo del periodismo. Entonces vemos también cómo se atenta en contra de la libertad de emisión del pensamiento”, comentó Xitumul mientras cubría una audiencia de Choc y otros en Puerto Barrios en febrero.
Xitumul y Choc han hecho reportajes, fotos y videos sobre la contaminación del Lago Izabal, la lucha de la Gremial, y los sucesos del 27 de mayo del 2017, e incluso cobertura local de esos y otros temas para Prensa Comunitaria.
“Lamentablemente la situación que se ha dado en el tema de criminalización ha sido muy fuerte, únicamente por testificar y dar a conocer lo que es la contaminación del Lago Izabal, una lucha que ha emprendido desde el año pasado la Gremial de Pescadores Artesanales”, señaló Xitumul.
El proceso de criminalización sigue alargándose. La última audiencia de Xitumul estaba programada para este mes, pero ahora se pospuso hasta julio.
Choc se presentó voluntariamente en el juzgado de Puerto Barrios en febrero junto con Vicente Rax y Tomas Che. Cristóbal Pop y Eduardo Bin, presidente y vice presidente de la Gremial de Pescadores, estaban esperando a ver si también se podrían presentar ese día con los demás criminalizados, pero el juez pospuso la audiencia hasta mediados de abril, y de allí nuevamente se pospuso hasta junio.
Entre los acusados, existen dudas de que puedan tener derecho al debido proceso y a la justicia en los juzgados de Puerto Barrios.
“La idea nuestra como criminalizados es que el caso sea trasladado a una fiscalía de la capital”, dijo Pop.
A pesar de la criminalización y las constantes amenazas, no se ha logrado callarlos, destacó Pop. Además, con respecto a la mina Fénix, la Gremial sigue exigiendo que se realice una consulta para establecer si las comunidades indígenas la quieren o no, lo cual nunca se hizo en las más de cinco décadas de la conflictiva historia del proyecto, dijo.
La violenta represión policial no logró acabar con la lucha de la Gremial de Pescadores Artesanales, y sigue su lucha por el Lago Izabal y ahora también por la justicia en el caso del asesinato de Maaz. Tienen planificado un acto de conmemoración esta tarde en El Estor.
Una versión de este artículo fue publicado en inglés el 24 de mayo del 2018 por Toward Freedom: https://towardfreedom.org/archives/americas/maya-qeqchi-fishermen-and-journalists-fight-back-against-criminalization-and-mining-in-guatemala/
