Por: Rony Morales.
Guatemala 9 de abril 2018. Abelardo Curup de 72 años, maya kaqchikel y dirigente de las comunidades en resistencia de San Juan Sacatepéquez, falleció este 8 de abril de 2018 en el centro penitenciario Pavoncito. Él fue sentenciado a ciento cincuenta años de prisión por defender a sus comunidades frente la invasión de Cementos Progreso, que se instaló en San Juan Sacatepéquez violando los derechos humanos y colectivos. Abelardo fue detenido desde el año 2008, la fiscalía del Ministerio Público abrió la causa penal 150-2008 y él permaneció 10 años encarcelado, acusado injustamente por el delito de asesinato.
Su estado de salud era complicado, su cuerpo se encuentra en el INACIF y estará llegando a su casa, en la comunidad Loma Alta por la noche de este lunes 9 de abril, la familia y las comunidades tienen previsto realizar el velorio y el 11 de abril será el entierro en el cementerio de San Juan Sacatepéquez.
Para los miembros de las comunidades de San Juan, la injusta condena y criminalización a Abelardo responde a la estrategia de la empresa cementera para impulsar la construcción del Anillo Regional que lleva años sin avanzar, lo mismo ocurre con la construcción de la Planta San Gabriel. Desde el gobierno de Álvaro Colom, el Estado y sus instituciones implementan una estrategia en contra de quienes se oponen a la cementera.
A la vista de estos datos, surge la preocupación en las comunidades sobre cómo un defensor de derechos humanos es condenado a 150 de prisión y sin embargo, José Efraín Ríos Montt, quien murió el pasado domingo, en vida evadió a la justicia durante 36 años y finalmente murió en su casa con una condena por Genocidio y delitos de lesa humanidad.
San Juan Sacatepéquez, está conformada por 12 comunidades que se dedican al mercado de las flores y los muebles, desde el 2008 definieron proteger los bienes naturales, desde ese entonces enfrentan amenazas, atentados, asesinatos, y la cárcel.
La prisión preventiva reproduce una política represiva para solucionar el problema de la criminalidad, sin embargo las gravísimas consecuencias personales y familiares se sobreponen a los supuestos beneficios, y además “provoca un desajuste social y familiar que empuja a núcleos enteros hacia la delincuencia como forma de vida”.
