Por: Nelton Rivera
Once vecinos de la Aldea Los Pajoques fueron acusados por el Ministerio Público por los asesinatos de trabajadores de la empresa cementera en 2014, el MP investiga este hecho, los acusados afirman que no tuvieron nada que ver con lo ocurrido, aunque no niegan que rechazan la instalación de la Planta San Gabriel.
Una de las querellantes que los acusa tiene problemas con ellos por la tierra que les quiso despojar y que no logró. Al mismo tiempo la fiscalía no avanzó con la investigación del asesinato de dos comunitarios opositores a la empresa ocurridos en la misma comunidad el día 19 y 20 de septiembre del 2014, hechos vinculados a este juicio.
El testimonio del profesor Celestino
Celestino Turuy, es maya kaqchikel, tiene 37 años de edad, nació y vive en Los Pajoques, también es estudiante de la carrera de derecho, él se encontraba fuera de la Aldea y del municipio, precisamente porque debía de estar en la universidad estudiando, actualmente es uno de los once ligados a este proceso penal, aunque logró que le dieran una medida sustitutiva y que no fuera enviado a la cárcel, sabe que la acusación es un montaje.
“Fui involucrado injustamente en la acusación que hace la empresa cementera. Ya presente todos los medios de prueba documental y testimonial, para demostrarle al tribunal que los días 19 y 20 no estuve en la aldea, mucho menos en el lugar donde sucedieron los hechos.”[1]
Para Celestino, un estudiante de derecho que conoce de leyes, sabe que la acusación simplemente no encuadra en su caso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que son importante para vincular la responsabilidad de una persona en una acusación no encuadran, él no pudo cometer ningún delito si no se encontraba en el lugar, la fiscalía del MP y el abogado querellante lo saben.
“Queremos que se aclare esta situación, que se respete el debido proceso que es una garantía constitucional que gozamos todas las personas en este país, los demás compañeros, que son primos, todos comunitarios, porque somos familia, y que son floricultores están perdiendo muchísimo estando presos o con la carga que implica este proceso penal.
Porque muchos de ellos salían del país para Canadá por ejemplo, a trabajar en el tema de la floricultura, durante trabajos temporales y ahora se ven afectados por los intereses personales de alunas personas dentro de la comunidad. Los compañeros dejaron de ir a trabajar por esta acusación, perdieron sus trabajos y tienen familias que mantener, tienen hijos que alimentar y la acusación nos ha afectado a todos.
La principal función de la justicia, y quiero citar a los clásicos griegos, la justicia esta para encontrar la verdad, la verdad histórica. Por eso queremos que se termine ya este caso. Que la justicia prevalezca por encima de los intereses externos en la comunidad, los intereses de esos que llegaron a dividir a las comunidades.”
Son los terrenos los que quiere la cementera
Otro de los comunitarios acusados, afirmó que las acciones violentas de la empresa cementera fueron las que provocaron los hechos del 19 y 20 de septiembre, pero que detrás de estas acciones está el interés de la empresa por despojar las tierras, para el paso del Anillo Regional, pues fueron pocas las personas que decidieron vender a la empresa Constructora Nacional, S. A. (Conasa) empresa hermana de Cementos Progreso.
En el caso de Francisco Pajoc Xolic, quien decidió no venderle la tierra a la empresa cementera, ahora aparece acusado por estos hechos, él está en prisión y los delitos muestran la saña de la empresa, lejos está que les importe la gente, incluso sus trabajadores.
A Francisco quisieron quitarle la tierra de forma arbitraria, la señora Vitalina Iquic Sequen, a quien en su relato menciona como la Vitalina, es una de las mujeres que le vendieron tierra a la empresa, pero que además busco la manera de quitarles la tierra a otras personas y es una de las querellantes en este juicio. Con ella también están las señoras María Paula Choc Guamuch, María Leona Pajoc Matz, Marya Edylberta Pajoc Matz, representadas por el abogado Carlos Andrés López Coronado.
Francisco Pajoc intuyó la estrategia de la Vitalina, y garantizo en los juzgados de San Juan Sacatepéquez que la empresa que construye el Anillo Regional para la cementera respetara su terreno, porque la Vitalina ya le había vendido a la empresa por varias decenas de miles de quetzales esa tierra, sin tener el título de propiedad.
Esto provocó el enojo de uno de los ingenieros de la empresa, quien le reclamo vía telefónica con la presencia de Francisco y otros familiares este hecho, incluso le ordeno que le devolviera el dinero que la empresa ya le había entregado por la supuesta venta.
Ahora Francisco Pajoc está en la cárcel, no por los hechos del 20 de septiembre de 2014, si no por no venderle la tierra a la cementera, y su familia sigue siendo acosada por estos hechos, finalizó el testigo.
La empresa Conasa es una de las empresas que fueron beneficiadas con la millonaria obra del Anillo Regional durante el gobierno de Otto Pérez Molina, la empresa constructora está vinculada las redes de corrupción dentro del Estado. Uno de sus gerentes, Juan Luis Tejada Argueta, fue capturado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por formar parte de la red de corrupción junto a Alejandro Sinibaldi Aparicio, hoy prófugo de la justicia, ex ministro de Comunicaciones, el caso es conocido como Construcción y Corrupción.
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El gerente de Conasa fue condenado a 5 años de prisión por el delito de Cohecho activo, y pago una multa de 500 mil quetzales.[2]
[1] Entrevista a Celestino Turuy. Tribunal de Sentencia de Mixco. Nelton Rivera. 4 de abril de 2018.
[2] CICIG. COMUNICADO 038 REPARACIÓN DIGNA: CASO CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN. 4 de abril de 2018. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=893&cntnt01returnid=67
