Texto y fotografías: Simón Antonio
El viernes, 20 de abril 2018, se realizó la audiencia del juicio por los delitos de genocidio y de lesa humanidad contra José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de inteligencia militar durante el gobierno de facto de José Efraín Ríos Montt del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, donde fueron masacradas mil 771 personas del pueblo ixil en los municipios de San Gaspar Ixil, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal , del departamento de Quiché.
Declararon ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, el perito de origen argentino Juan Ernesto Méndez; el perito Marco Tulio Álvarez Bobadilla y el testigo Jacinto Pajamac Gómez.
El genocidio es un delito de lesa humanidad en el derecho internacional
El delito de genocidio en la jurisprudencia internacional, es un delito de lesa humanidad, dijo el perito argentino Juan Ernesto Méndez al presentar su informe. “La comisión del delito de genocidio tiene cinco modalidades según el derecho internacional, basta con uno de ellos para que se cometa genocidio “aseveró.
Las cinco modalidades de la comisión del delito, resaltó el perito “En todos los genocidios se han cometido homicidios, matar a miembros del grupo; provocar lesiones a un grupo desde la tortura, agresiones sexuales, desaparición forzada; provocar condiciones de vulnerabilidad como desplazamiento forzado y si hay desplazamiento forzado que sea para proteger a la población por parte del Estado y no resguardar sus vidas del Estado; impedir nacimientos dentro de un grupo y trasladar a niños de un grupo”.
Al ser interrogado sobre si en su experiencia ha habido genocidio cultural señaló que “El genocidio cultural o etnocidio es la imposición cultural sobre otro, la comisión de este delito es cuando se atenta contra los grupos humanos protegidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (raza, religión, etnia, país)”.
El perito argentino concluyó su presentación indicando “la responsabilidad de mando está en la acción y omisión del delito, si sabía que iba a ocurrir y no lo previno o supo y no sancionó”.
En la guerra la niñez fue un botín
El perito Marco Tulio Álvarez Bobadilla en su peritaje sobre desplazamiento de la niñez en el período de 23 de marzo de 1982 al 10 de octubre de 1883, comenta que la niñez fue el quinto grupo más afectado por la guerra y cita el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) donde dice que hubo 5 mil casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, lo que representa un 11% víctimas de desaparición y desaparición forzada.
En su investigación indicó que durante la desaparición de la niñez, los pobladores de la región eran considerados enemigo interno. “Y este -enemigo interno-, es considerado toda persona que sigue la promoción de consignas del comunismo internacional y todo aquel que rompa el orden público según los planes militares” dijo el perito al Tribunal. Además aseguró que la mayoría de los niños desplazados fueron dados en adopción.
Álvarez calificó a las adopciones como una política de Estado para minimizar la aceptación de las guerrillas. “Los niños eran un botín de guerra, las adopciones fueron mecanismos para contrarrestar la simpatía con la guerrilla. Esta política de las adopciones se implementa cuando la población de los departamentos de El Quiché, Huehuetenango y Chimaltenango, eran considerados enemigos internos. Unas 260 mil personas, según una publicación del general Gramajo en la Revista Militar” manifestó.
Durante su exposición Álvarez mencionó varios casos, entre ellos el de Jacinto Lupamac Gómez, a quien le cambiaron su nombre, que era Jacinto Raymundo Rivera. Jacinto junto a dos hermanos que sobrevivieron a los ataques de militares y fueron traslados, imponiéndoles una identidad en castellano. Jacinto Lupamac pidió al Tribunal justicia para las víctimas y castigo para quienes ordenaron los hechos.
Los otros casos que mencionó el perito fueron los de Felipe Apolinario y Ana Pérez Tun, originarios de San Juan Cotzal, quienes fueron detenidos tanto por militares como por miembros de las patrullas de la Autodefensa Civil (PAC), posteriormente fueron desplazados a diferentes lugares.
