Por: Imox
Santa Cruz Barillas, 16 de abril de 2018. La feria titular del municipio de Barillas en Huehuetenango, está cercana a realizarse, las actividades comienzan desde el 28 de abril, pero el 1 de mayo es la fiesta principal y la seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC), es uno de los acuerdos alcanzados entre las organizaciones y comunidades con la actual municipalidad, las actividades finalizan el 5 de mayo.
Las organizaciones sociales de Barillas, encabezadas por el Movimiento de la Sociedad Civil del municipio, han planteado de manera formal desde hace varios años, varias propuestas para resolver los problemas sociales generados por la empresa española Hidro Santa Cruz y sus aliados en el municipio.
Todas las propuestas se han hecho de acuerdo al artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y aunque fueron recibidas, no hay voluntad política por parte de las autoridades para atenderlas, argumentó un representante del movimiento.
Desde el 2015 para garantizar la seguridad de la fiesta titular del municipio, cada año se hace un acuerdo entre las organizaciones y la municipalidad, se levanta un acta municipal con certificaciones a las organizaciones sociales.
La feria titular del año 2018 contará con la presencia de aproximadamente 30 agentes de la PNC, ellos estarán en el lugar los días que dure la feria, luego saldrán e nuevo del municipio, como se ha hecho en los años anteriores, aunque las autoridades comunitarias denunciaron que han existido en distintas ocasiones se ha violado este acuerdo intentado que la PNC retorne al municipio.
La población no permite el regreso de la PNC, debido al papel represivo que jugó en contra de las comunidades, colocándose del lado de las empresas hidroeléctricas en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, por otro lado los comunitarios recuerdan que varios años atrás del 2012 al 2015, la PNC estuvo garantizando la seguridad privada de la empresa, lo que provocó el descontento social.
En el territorio norte de Huehuetenango existe un acuerdo entre el Gobierno Ancestral Plurinacional y el Ministerio de Gobernación para informar y coordinar la presencia de la seguridad pública, y de esta manera evitar incidentes como las detenciones arbitrarias o desalojos ocurridos anteriormente.
