Por Stef Arreaga
El día de hoy se dio a conocer en uno de los diarios de mayor circulación del país, la noticia del inicio del proceso judicial en contra de la jueza de Primera Instancia de San José Pinula, Rocío Murillo, quien se negó a hacer una exhibición personal de las y los adolescentes que habían evadido proceso la tarde del 7 de marzo, esta exhibición pudo haber evitado el hacinamiento en un salón de clases para 56 niñas y posteriormente la masacre que acabó con la vida de 41 de ellas y lesiones gravísimas de 15 más.
Así mismo el proceso en contra del secretario de este juzgado, Rolando Romeo Miranda Navarro, sindicado del delito de falsedad ideológica. (Artículo 322. Falsedad Ideológica. Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio).
En el caso de la coordinadora del Área “Mi Hogar”, del Hogar Virgen de la Asunción, Ofelia Pérez Campos, quien era la encargada inmediata de las hoy víctimas, el juez anterior Carlos Guerra, dictó falta de mérito pese a que habían pruebas contundentes que demostraban su participación, además el juez expresó en audiencia pública, que ella se encontraba en su día “libre” por lo que no estaba en sus deberes asistir al llamado que le hizo Brenda Chamán, jefa del Departamento de Protección Especial contra el maltrato en todas sus formas, para que se hiciera presente en el Hogar y que asistió y participó en la organización del salón donde las menores pasarían la noche, sin estar en horas laborales.
Y finalmente la persona que las cámaras de televisión nacional captaron la noche del 7 de marzo del 2017, una presunta policía o guardia que rociaba gas pimienta a los menores que estaban rodeados y reprimidos por los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y las fuerzas especiales de la policía. Esta persona fue identificada finalmente como Crucy Flor de María López, monitora del Centro Juvenil de Privación de Libertad de Mujeres (Gorriones), no solamente es un enigma el por qué se encontraba en el lugar a esa hora, sino la autorización por parte de la policía para violentar a las y los menores.
Según el Periódico, la fiscalía de Femicidio del Ministerio Público solicitó la captura de estas cuatro personas, sin embargo el juez rechazó tal petición, por lo que enfrentarán audiencia de primera declaración el día martes 22 de mayo del presente año.
Fuente: El Periódico Guatemala
