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David Diego Marcos, Prensa Comunitaria Km. 169 corresponsal en Huehuetenango. Año 2018.

Por: David Diego Marcos

¿Cómo está su situación jurídica ahora que ha estado constantemente visitando el juzgado en las instalaciones del Centro de Administración de Justicia – CAJ?, ¿explique en qué caso lo vinculan en este momento?

Hemos estado llegando aquí con Domingo Baltazar desde que se dictó nuestra libertad por el tribunal de sentencia del grupo A de Alto Impacto, son tres procesos de los cuales se nos acusa falsamente y hay un proceso que se quedó resuelto en parte desde el 2015, que son los hechos que supuestamente ocurrieron en la finca San Luis en Santa Eulalia, Huehuetenango, y de esa cuenta es que nos dejaron medidas sustitutivas desde el 2015.

Supuestamente la audiencia de inicio a debate oral y público por este caso debió haberse dado durante el 2015, sin embargo el juzgado de primera instancia en Huehuetenango ha estado justificándose para no iniciar el debate, para nosotros usando razones no creíbles del por qué es que no se ha llevado a cabo la audiencia. Domingo Baltazar y yo, fuimos acusados por la empresa CINCO M, propietaria del proyecto hidroeléctrico San Luis.

Luego afirmaron que se realizaría durante el 2016, se postergó, de igual manera se dijo que se iba a iniciar el debate oral en el 2017 e igualmente se postergó, y hasta ahora estamos también esperando que se resuelva para este 2018 pero aún no tenemos fecha de audiencia y es por eso que estamos viniendo a firmar, ya que la medida sustitutiva que se nos dictó es que debemos firmar cada 15 días el libro en el juzgado de paz de Santa Eulalia,  para que también se vea que nosotros no tenemos ninguna preocupación ni temor de lo que se nos acusa, hemos estado presentándonos todo el tiempo.

La actitud del juzgado nos hace comprender que no hay voluntad, creemos nosotros que las instancias del Organismo Judicial (OJ) no quieren que resolvamos esta falsa acusación, principalmente del juzgado de sentencia de Huehuetenango, que es donde supuestamente debió haberse dado la audiencia para el inicio del debate y eso es lo que venimos a hacer, a preguntar sobre tanto atraso. No sabemos hasta ahorita la fecha de audiencia.

En este caso el ente investigador representado por un agente fiscal del Ministerio Público (MP) debería agilizar este proceso para que se pueda llevar a cabo lo más pronto posible y se resuelva su situación jurídica, ¿cómo le ha afectado esto de estar viniendo cada 15 días?

“Yo creo que son todas las instituciones involucradas en el asunto las que tienen la responsabilidad, uno el MP, debe agilizar que esto se concluya, dos, el juzgado de primera instancia también debe agilizar y buscar la fecha para que esto se acabe y por supuesto a nosotros nos afecta enormemente pues no se puede realizar otro trabajo mientras el proceso está abierto, y uno no puede buscar un trabajo más permanente, más formal, porque la medida nos restringe la movilización.

Entonces nos ha afectado, yo al menos no he podido buscar un trabajo más estable porque, pues ni modo uno tiene que moverse constantemente cada 15 días acá y eso afecta económicamente y por otro lado la familia, aunque uno diga que no afecte sicológicamente pero esa es una situación pendiente en la familia, de pronto cualquier cosa pasa y lo vuelven a capturar a uno, eso sicológicamente afecta.

En mí caso como he dicho, nunca voy a temer porque no hemos cometido ningún delito, eso para mí, pero para la familia es grave, hay afectación económica, sicológica, social, lo social no permite estar más anuente y desarrollar las actividades con las comunidades donde hay una demanda de apoyo y participación.

Con la persecución política se afecta al Estado de Guatemala en sí, las empresa instrumentalizan a la justicia, cada audiencia, o cada presencia nuestra aquí implica un gasto al Estado, los juicios políticos luego se traducen en el uso injustificado de los recursos estatales y se designa un recurso para atender a la gente que viene a firmar libros, etc.

Por otro lado en la medida que las audiencias se prolongan, los gastos económicos que representan para el Estado son grandes, entonces hay una cadena de afectaciones que vemos que tienen que ver con esta situación.

Como autoridades ancestrales procuramos que la aplicación de la justicia sea pronta, para el sistema de justicia estatal esto debería de ser una prioridad también, en estos casos de persecución política, están beneficiando los intereses de los empresarios y los recursos estatales que son necesarios para resolver otros problemas no se están destinando, la justicia para nuestros pueblos se sigue limitando.

La jueza Jazmín Barrios fue contundente cuando leyó la sentencia en 2016, luego que el Tribunal de Mayor Riesgo presidido por ella, confirmara la verdad histórica sobre las acusaciones falsas que hacen las empresas hidroeléctricas, que nos convirtieron en perseguidos y presos políticos en Guatemala, y que las empresas insistan en continuar con ese tipo de persecución política es verdaderamente alarmante.”

Finalmente Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar fueron a firmar de nuevo el libro de actas en el juzgado de Santa Eulalia, su firma se registra desde el año 2015, tres años han pasado y no han podido resolver una acusación en su contra. Para ambos es incierto cuánto tiempo más deberán esperar para que se cierre esta acusación o si en cualquier momento la misma empresa u otra, coloca una diferente acusación.

 

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