Créditos: Familia Molina Theissen, juicio histórico 2018.
Fotografía Familia Molina Theissen, juicio histórico 2018.

Por Fabián Campos Hernández.

Hacía mediados de la década de 1970 se consolidó en los Estados Unidos una corriente de pensamiento fundamentalmente crítica de la política exterior de su país. Era, en buena parte, resultado de la crisis política generada por la suma de la derrota en Vietnam, las luchas por los derechos civiles encabezadas por Martin Luther King Jr. y el escandalo del espionaje del WaterGate, entre otros elementos. Esta situación, que el candidato presidencial James Carter definió como una “crisis moral”, obligaba a revalorar las políticas y prácticas que incluían el apoyo a las dictaduras militares de Seguridad Nacional, el apoyo a partidos políticos dispuestos a colaborar en la lucha contra el comunismo brindando la apariencia de “democracias funcionales”, el asesinato de dirigentes políticos de izquierda y la organización de golpes de Estado contra gobiernos que amenazaban su hegemonía.

La llegada a la presidencia de Carter en enero de 1977 significó el intento de llevar a cabo una nueva política exterior que se alejaba de las dictaduras militares, apoyaba aperturas “a la democracia”, teniendo como parte de su fórmula de presión el acceso a los prestamos tanto del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como aquellos otorgados directamente por las agencias financieras estadounidenses. Bajo esta nueva situación grupos disidentes latinoamericanos reforzaron sus iniciativas de cabildeo dentro del Congreso para lograr el descredito de sus gobiernos como violadores de los derechos humanos. Los militares en el poder resintieron inmediatamente el cambio, estaban perdiendo el principal respaldo económico y político y al organizador de la lucha continental contra el comunismo.

Las respuestas fueron muy variadas. Anastasio Somoza Debayle, el último de la Dinastía Sangrienta buscó mantener el apoyo de su principal fuente de legitimidad y de recursos que lo había vuelto dueño de gran parte de la economía nicaragüense. Esta política resultó en un debilitamiento constante de su gobierno, lo que permitió que el FSLN se convirtiera en una real opción de poder y un sujeto reconocido para negociar una transición a la democracia. Otros, en cambio, acusaron al nuevo gobierno de comunista, rechazaron las condiciones que implicaban el retraimiento de las políticas de guerra sucia para mantener el flujo de recursos y buscaron otros países dispuestos a llenar el vacío dejado por los Estados Unidos.

La graduación entre estos dos extremos dio como resultado el devenir de varios de los gobiernos de América Latina. Somoza, el más inclinado a dar concesiones a James Carter, terminó perdiendo el poder y dejando tal vacío que posibilitó la llegada del FSLN. Chile, Argentina, Brasil y Guatemala, entre otros, se negaron por completo a seguir los nuevos rumbos de Washington, continuaron la represión indiscriminada y se mantuvieron en el poder. Estos resultados dieron pie a las críticas de Ronald Regan durante las precampañas. Carter había llevado a su país a perder su papel de líder del hemisferio, sus antiguos y fieles aliados se encontraban en una posición difícil y resentidos por lo que consideraban una traición. Era necesario recuperar el prestigio perdido y el terreno cedido a la “penetración soviética” en su patio trasero.

El gobierno de Laugerud inició la persecución y asesinato selectivo de dirigentes comunitarios acusados de ser parte de las bases de apoyo de la guerrilla. Su sucesor, el general Fernando Lucas García planeó y ejecutó operativos para asesinar a los líderes políticos que podrían unirse en un frente amplio a la guerrilla, impidiendo así la conformación de un fuerte “Grupo de los Doce” a la manera nicaragüense; articuló los preparativos para la ofensiva contra las estructuras de los distintos grupos guerrilleros en las ciudades. Todo ello en franca confrontación con la política de derechos humanos de James Carter.

Sin embargo, el 20 de enero de 1981, esa situación cambió. Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos y buscó restablecer la relación con los militares latinoamericanos. Volvieron a fluir los recursos económicos y materiales, la nueva presidencia calificaría de “paladines de la democracia” a los que se enfrentaban a la “amenaza comunista”. Empero, el movimiento de derechos humanos había alcanzado tal fuerza que no podía ser ignorado tan fácilmente. Al interior de los Estados Unidos la opinión pública se mostraba recelosa de volver a ser ligados con los atroces crímenes de sus fieles aliados. En esa tensión se movió la relación bilateral con Guatemala durante ese primer año.

El 5 de octubre de 1981 Robert Jacobs le dirigió un memorándum a Luigi Einaudi, director de Planificación de Políticas de la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado. En ese documento Jacobs le informó a Einaudi sobre una reunión de un general estadounidense con Fernando Lucas García donde trataron el tema de las constantes denuncias por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el pretexto del “combate a la guerrilla”. La postura guatemalteca no fue diferente a la de los años anteriores: no habría negociación sobre su política contrainsurgente a partir del tema de los derechos humanos. Que les gustaría contar con el apoyo y ayuda estadounidense en su “lucha contra el comunismo”, pero que no lo consideraban indispensable para continuarla.

Para Jacobs el problema residía en que la continuidad en las violaciones de los derechos humanos conllevaría a un aumento de la beligerancia guerrillera y a protestas masivas, que podrían desencadenar la caída del gobierno, como había sucedido en el caso de Somoza y el Sha de Irán, entre otros. En cambio, apoyar abiertamente al gobierno de Lucas García pondría al gobierno de los Estados Unidos como cómplices de dichas violaciones y en una posición complicada para influir en la conformación de un eventual nuevo gobierno. Y, ante la postura guatemalteca, no cabía más que esperar. El tiempo diría si la estrategia lograría acabar con los grupos guerrilleros o si se volverían un peligro inminente para la continuidad del gobierno guatemalteco.

En caso de que la estrategia de Lucas García funcionara, el gobierno estadounidense, ya sin el peligro de un gobierno marxista, presionaría para que dejarán el poder y ellos encabezarían un proceso de “transición a la democracia”. En caso de fracasar, no resultarían directamente involucrados como patrocinadores de un gobierno que estaba realizando abiertamente crímenes de lesa humanidad.

A pesar de su prurito de cara a la opinión pública de los Estados Unidos, Jacobs recomendó ese 5 de octubre de 1981 que el gobierno de Reagan convenientemente mirara hacía otro lado mientras en Guatemala se cometían diariamente violaciones, secuestros, asesinatos, desapariciones de opositores políticos, ligados o no con las fuerzas guerrilleras. Un día después fue secuestrado Marco Antonio Molina Theissen. En los crímenes cometidos por los militares guatemaltecos en la persona y vida de Marco Antonio, así como miles de caso más, de ese año y los subsecuentes, los Estados Unidos no están libres de responsabilidad.[1]

[1] El texto completo del memorándum de Jacobson a Einaudi se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB11/docs/doc13.pdf

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