Por: Simón Antonio
A más de un año de la masacre en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que coordinaba la Secretaría de Bienestar Social (SBS), una instancia de la propia de la presidencia, ocurrida el 8 de marzo de 2017, familiares de las víctimas y sobrevivientes piden que todos los responsables paguen por su responsabilidad en el crimen.
La responsabilidad del presidente
Después de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que emita un nuevo fallo sobre el antejuicio del presidente Jimmy Morales, el cual fue rechazado el 22 de junio de 2017; las familias piden a la Corte Suprema que emita un fallo tal como lo ordenó la CC.
“Existen pruebas de mano criminal donde hubo órdenes del presidente la noche del 7 de marzo, que él asuma las consecuencias” dijo Vianey Hernández, madre de una de las 41 adolescentes que murió en la masacre del 8 de marzo. El plazo que tiene la CSJ para resolver lo ordenado por la CC se vence este martes 26 de marzo.
El proceso penal que no vislumbra justicia
El Juzgado Cuarto de Primera Instancia, separó el proceso contra los sindicados Anahy Keller Zabala, Santos Torres Ramírez y Carlos Rodas del mismo proceso en contra de Harold Augusto Flores, Brenda Chamán Pacay, Lucinda Eva Marina Marroquín y Luis Armando Pérez Borja, para las familias la separación debilita el proceso. “La separación de los procesos no contribuye al esclarecimiento y la búsqueda de justicia para nuestras hijas, por lo que solicitamos que se unifiquen en un proceso” dijo Emigdio Marroquín, tío de una de las niñas masacradas el 8 de marzo.
Las familias manifestaron su inconformidad debido a que el juez Pedro Rodolfo Lainez, otorgara medidas sustitutivas a los sindicados, como recientemente sucedió con Brenda Chamán Pacay; “estamos indignados porque el juez no está siendo imparcial” dijo Vianey Hernández al referirse al tema.
Silvia Patricia Vela dijo “exigimos a la Procuradora General de la Nación que retire del cargo a Harold Flores Valenzuela como procurador de la Niñez y la Adolescencia, los abogados de la PGN que están en representación de algunas fallecidas y sobrevivientes, son de la unidad que él dirige, lo que genera conflicto de intereses”.
El Estado debe garantizar condiciones de vida acorde a las situaciones médicas
Ada Valenzuela, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), pidió que el Estado garantice condiciones de acuerdo a la situación médica de las sobrevivientes “Pues en consecuencia de las graves lesiones causadas a raíz de esta masacre, varias de ellas resultaron con amputaciones y quemaduras en la mayor parte de la superficie corporal, traumas psicológicos y secuelas de distinta índole”. “Además, que le PGN empleé de manera correcta el decreto Ley 28-2010, que dio vida al Sistema Alerta Alba Kenneth, para beneficio de la niñez y la adolescentes” concluyó la activista.
