Texto y fotografías: Simón Antonio
Se encuentra en la etapa intermedia, el proceso penal contra exfuncionarios y un funcionario público por la masacre contra 56 niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, hecho cometido el 8 de marzo de 2017, avanza a paso lento debido a varios inconvenientes judiciales.
La reincorporación de la Asociación de Mujeres Orientadas y Respaldadas anuló una audiencia anterior
En la audiencia que se realizó el viernes 16 de marzo, para la discusión del acto conclusivo en la etapa intermedia, se evidenció el nivel de responsabilidad de los sujetos procesales. La Asociación de Mujeres Orientadas y Respaldadas que habían renunciado como querellante dos días antes (martes 13 de marzo), pidió su reincorporación nuevamente.
El juez Pedro Rodolfo Lainez del juzgado cuarto de primera instancia penal consideró como falta de ética por parte de la Asociación, aceptó su reincorporación porque esta vez representaría a una de las sobrevivientes de la masacre a solicitud de la madre de la adolescente. Para garantizar el proceso, el juez explicó que todo lo actuado el martes 13 de marzo, se anuló cuando la asociación manifestó por medio de una llamada telefónica su renuncia como querellante.
Sin embargo, el abogado Douglas Herrera representante de la Asociación de Mujeres Orientadas y Respaldadas dijo “renunciamos a ser querellantes como asociación y me quedo como mandatario director de la adolescente sobreviviente”.
Se dudó de la idoneidad de la madre como querellante y se pide la exclusión de la PGN
En la discusión de la incorporación de la nueva querellante, el abogado del acusado Harold Flores, procurador de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), pidió un informe a la PGN para que se conozca la razón de la institucionalización de la sobreviviente, poniendo en duda la idoneidad de la madre “para evitar un conflicto de interés”, la solicitud se rechazó por una acción que interpuso el Ministerio Público (MP).
En esta etapa procesal se definieron los querellantes definitivos, la asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM), por la abogada Jennifer Bravo en representación de tres víctimas, pidió que se excluyera a la PGN como víctima porque fue una de las instancias con responsabilidad en la masacre en el Hogar Seguro.
Por su lado la abogada Estela Funes del Bufete de Derechos Humanos, que tiene el mandato judicial de trece víctimas, pidió que la PGN debe ser excluida como querellante adhesivo porque representa a diez familias pero no lo ha identificado, tampoco debe ser aceptada como víctima, dado que crea conflicto de interés porque el jefe del área de la procuraduría de Niñez y Adolescencia Harold Flores, es acusado en el proceso. Así mismo solicitó que sea excluido en su intervención como tercero civilmente demandado porque no es el momento procesal. “También dos sobrevivientes que la PGN pretende representar ya cumplieron la mayoría de edad por lo que ellas deben ser quienes darían el mandato a la PGN y aún no está a la vista” agregó la abogada.
Por los incidentes presentados por ley, los sujetos procesales pueden pedir dos días de plazo para determinar una postura. Todos los querellantes indicaron ahorrar el plazo pero las defensas de los acusados no renunciaron a ese tiempo que la ley les otorga, por eso se suspendió la audiencia y se trasladó hasta 17 de abril.
Acusados buscan salir de prisión
Antes de finalizar la audiencia, la defensa de la acusada Lucinda Marroquín, la ex subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC) que tardó nueve minutos para abrir la puerta donde estaban las adolescentes y del acusado Luis Fernando Pérez Borja, ex subcomisario de la PNC, pidieron que se les revise las medidas de coerción para que se les otorgue medidas sustitutivas.
A la solicitud, el juez Pedro Lainez indicó que primero se conocería el acto conclusivo de la MP y posteriormente se revisarán las medidas de coerción. El beneficio de medida sustitutiva se le ha otorgado a Gloria Castro exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a Harold Flores procurador de la Niñez y Adolescencia de la PGN y a Brenda Pacay exsicóloga del Hogar Virgen de la Asunción.
En prisión aparte de Lucinda Marroquín y Luis Fernando Pérez Borja, también se encuentran Anahy Keller, exsubsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Santos Torres exdirector del Hogar Virgen de la Asunción y Carlos Rodas exsecretario de Bienestar Social.
