Boletín No. 3. El sistema político, la ideología y la importancia del partido político para las clases y sectores subalternos de la sociedad

COMPARTE

Créditos: manta kimy
Tiempo de lectura: 34 minutos
Fotografía: Quimy De León

Por: Carlos Enrique Arriola Avendaño – Sociólogo, docente universitario e investigador

1.     Generalidades del Sistema Político

Siguiendo el criterio y la lógica de los ensayos publicados anteriormente1, el tema del Estado guatemalteco nos presenta otras aristas que consideramos importantes de aclarar, bajo la idea de que solo teniendo el conocimiento efectivo y verdadero de su propio contexto, el del Estado, se nos permite comprender lo siguiente: primero, su realidad objetiva de cara a las transformaciones que es urgente implementar para construir una mejor sociedad; y, segundo, cómo esa misma realidad objetiva, diciéndonos vis a vis, del porqué en las condiciones actuales no es posible implementar las transformaciones requeridas.

Una formación social históricamente determinada, hace referencia a la existencia de una sociedad en un momento preciso de su existencia o realidad histórica, por ejemplo: la Guatemala de la década de la revolución de octubre, la del conflicto armado, la del periodo de gobierno de tal o cual presidente, etc.; formación social, en tanto realidad objetiva a la que le corresponde el dominio de una forma específica de producción, es decir un modo de producción.

Formación social (concreto real), cuya naturaleza se especifica y particulariza por el modo de producción dominante, siempre y cuando coexistan más de uno en esa realidad. Cabe señalar, que, si bien el modo de producción es un concepto que expresa en términos generales, la forma particular de cómo se relaciona el capital y el trabajo, el dominio de tal o cual forma de producción sobre las otras, si las hubiese, es lo que nos dice que la formación social en referencia, en un momento de su historia, por ejemplo, fue colonial, o que es capitalista.

El dominio casi en exclusivo de la producción capitalista en una formación social, nos remite generalmente a las sociedades capitalistas desarrolladas; en aquellas donde el proceso de capitalización de los procesos económicos es limitado, nos expide a las sociedades capitalistas subdesarrolladas, las que generalmente se hacen acompañar significativamente de otras formas de producción, por citar un ejemplo, la presencia de la economía campesina, cuestión típica de la formación social guatemalteca. Sociedades subdesarrolladas que por esa razón las hemos llamado en otro lugar, formaciones sociales abigarradas2.

Formación social abigarrada, definida así por la presencia de varias formas o modos de producción, pero que por el dominio que le imprime a la economía la actividad capitalista, se habla de que estamos en presencia de una formación social capitalista; por lo que la matriz del modo de producción (base y superestructura) es la que le asigna su lógica a la matriz de la formación social, (también base y superestructura). Eso quiere decir que, a nivel de la estructura económica, el dominio lo establece las prácticas basadas en el salario, o capitalistas; y, a nivel de la superestructura (jurídica, política e ideológica), se impone la naturaleza y conceptualización que le es propia. En otras palabras, la instancia a nivel jurídico, por ejemplo, nos dice que el derecho positivo, propio del capitalismo, priva sobre las otras formas de derecho presentes en la formación social, caso del derecho indígena, del derecho consuetudinario, etc. Igual sucede con el dominio ideológico y con el político.

Si la formación social se define en un momento preciso de su historia como capitalista, por el dominio de ese tipo de relaciones de producción, ¿cómo se tiene que ver o percibir el Estado capitalista? En términos generales, el Estado capitalista, aun en una fase subdesarrollada o dependiente como es propio del Estado guatemalteco, lleva consigo el sello particular de presentarse como encarnación del interés general de toda la sociedad, como materialización de la voluntad del “cuerpo político” que sería la “nación.”3 Se trata de un Estado de clase, pero sin ser los agentes de la producción su referencia de presentación e identificación, agentes que en sus relaciones y prácticas lo definen como Estado capitalista.

Además, sus instituciones están organizadas en torno de los principios de la libertad y la igualdad de los individuos o personas políticas, y su legitimidad como Estado, se funda sobre la voluntad popular del conjunto de los individuos formalmente libres e iguales, sobre la soberanía popular y la responsabilidad laica del Estado ante el pueblo. El pueblo se erige en tanto masa de individuos- ciudadanos, nunca como agentes de la producción distribuidos en clases sociales, por lo que su participación política a nivel nacional básicamente se cristaliza por la vía del sufragio universal, mecanismo hegemónico de expresión de la voluntad popular. Su complemento, un marco jurídico fundamentado en la norma y no en los privilegios, todo referido a un conjunto de leyes reglamentadas que parten del principio de igualdad y libertad y que en su relación constituyen un Estado de derecho, que se posa por encima de los individuos. Se trata del imperio de la ley.

Para el Estado capitalista la puesta en vigencia de lo anterior, trae como resultado la materialización de un sistema político que tiene como tarea primaria, el instaurar en el seno de la sociedad, la convivencia de los individuos en el marco de la democracia, como forma de vida y como expresión política.

Sin embargo, para Guatemala instaurar la democracia representativa, es materia pendiente de aprobar desde la contrarrevolución de 1954. En efecto, es todo un “problema político imposible de solucionar para la clase dominante, dificultad que tiene que ver con la instauración en el seno de la sociedad de lo que sus ideólogos llaman la democracia representativa. Importante instrumento hegemónico, que junto otros instrumentos, como el derecho, los derechos humanos y el constitucionalismo, constituyen el soporte donde se asienta la legitimidad y la gobernabilidad del Estado de derecho. Instrumentos hegemónicos diseñados para garantizar la reproducción ampliada de las sociedades capitalistas de clase y porque son creíbles como aseguradores de la obtención del bien común, aun por las clases subalternas, a pesar de que son afectadas negativamente por ellos.”4 Predominio de la región jurídico-política y de la ideología dominante, que tiene por meta final, ocultar la dominación y la explotación de clase.

Bajo esas premisas, el estudio del sistema político es algo que no podemos soslayar, en vista que está íntimamente vinculado a la naturaleza del Estado, al poder político y a la forma que se nos presenta en su ejercicio. Así las cosas, en este ensayo entenderemos por sistema político, a la organización y coordinación de los distintos niveles del Estado para hacer efectivo el poder político, materializado en determinada forma de gobierno, según sea la forma como se distribuye el poder en los distintos aparatos de Estado para hacer efectiva su realidad. En el caso de Guatemala, por el peso significativo que se le asigna al aparato ejecutivo en la materialización del poder político, se dice que estamos en presencia de un sistema político con predominio del presidencialismo.

Esto último nos indica que en el proceso intervienen distintos sujetos que compiten por el poder, así como “las instituciones formales e informales que rigen la contienda política, y los resultados del proceso político. En sociedades democráticas, los partidos y la institucionalidad electoral son claves para la comprensión del sistema político…”5, ya que, por la intermediación de los partidos políticos, las clases y sectores sociales subalternos plantean sus demandas y requerimientos al Estado para la satisfacción de sus necesidades, lo que en principio implicaría la toma de decisiones públicas por parte de éste. Al menos en teoría, siempre y cuando tales demandas no afecten los intereses de la clase o clases dominantes, pues la tolerancia a las exigencias y planteamientos de las demandas, generalmente tiene los límites muy reducidos, sobre todo en Guatemala.

Ahora bien, en el juego de la participación política, el sistema político permite la intervención al lado de los partidos políticos de otros actores relevantes, como sucede con “los grupos de poder económico, las organizaciones sociales, las iglesias y las propias entidades del Estado… Estas entidades influyen en el proceso político y en los partidos a través de distintos mecanismos; una de las formas más importantes de incidir es mediante el financiamiento de los partidos y de los políticos. Los recursos económicos desempeñan un papel importante en esta contienda, y la manera como estos se introducen y actúan dentro del sistema permite una mejor comprensión acerca de él. En ese sentido existe una interrelación entre el sistema político y su financiamiento”6.

No obstante, el sistema político guatemalteco engendrado en 1984, o su nueva versión si se quiere, inevitablemente ha adquirido una serie de características que lo hacen muy particular. “Estas peculiaridades incluyen la fluidez del sistema de partidos; la volatilidad electoral; la concentración de la oferta electoral en el centro y la derecha del espectro político; el peso de los poderes fácticos; y la continuidad del statu quo económico y social.”7 Particularidades del sistema político guatemalteco que revisaremos más adelante.

2.     Aspectos Mínimos a Considerar Sobre el Sistema Político

Si algo han privilegiado los analistas políticos en Guatemala es el estudio del sistema político, los partidos políticos y los procesos electorales, por lo que se encuentra en el medio mucha bibliografía, tratando desde diversos puntos de vista los temas mencionados. De hecho, en este ensayo privilegiamos como fuente de información, el estudio realizado en el año 2015 por la CICIG8, referido al tema del financiamiento de la política en Guatemala.

Un primer asunto que llama la atención y que se encuentra en la mayoría de los análisis sobre partidos políticos, es la cuestión de la proliferación o atomización de los partidos políticos que participan en cada proceso electoral desde 1985; estimándose sin mucho equivoco, que, desde el primer proceso electoral hasta el realizado en el año 2014, en términos generales la participación supera más del medio centenar de partidos políticos. Se ha observado como las organizaciones partidarias compiten una vez o dos a lo sumo y luego desaparecen, para reaparecer con otra membrecilla en los siguientes procesos; al menos ese ha sido el procedimiento manifiesto en la participación de la mayoría de partidos políticos. Lo que no cambia son los dirigentes, básicamente siempre son los mismos. La CICIG en su informe le llama fluidez a esa característica de la participación partidaria observada en el sistema político, señalando como causales de ese comportamiento a las siguientes circunstancias: al diseño institucional, a la cultura política y a la acción de los grupos de poder económico.

El diseño institucional plasmado en la ley electoral para la constitución de las organizaciones partidarias, se basó en la idea de minimizar los requisitos para la inscripción de partidos políticos, por lo que se reduce en forma considerable el número de afiliados requeridos, así como la presencia territorial de la organización. La cuestión es fomentar una amplia participación política de los ciudadanos, respuesta a la exclusión observada desde el triunfo de la contrarrevolución en 1954.

Lo anterior tiene que ver con la variable referida a la cultura política, pues la exclusión no solo es política, sino también social y económica, escenario que ha sellado notoriamente la no participación política de los guatemaltecos durante largos periodos de tiempo. A la exclusión, sumemos entre otros problemas estructurales, lo referido al racismo, al problema ideológico de la contradicción indio y ladino, a las diferencias entre lo urbano y lo rural, por citar algunos.

Por último, la variable referida al comportamiento de los grupos de poder político y económico, en cuanto a su participación política por medio de sus propios partidos, es una situación no observada en ningún momento. Lo único obvio, es el hecho de que, a partir de 1984 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ya hay una presencia bastante marcada de la Oligarquía y las pequeñas fracciones de la burguesía modernizante. Una revisión de los nombres y apellidos que conformaron el listado de diputados constituyentes, nos indica que hubo una presencia significativa de individuos de extracción oligarca. Al fin de cuentas, se trataba de plasmar su proyecto de clase en la nueva Constitución Política de la Republica, tal y como sucedió. Para los procesos electorales subsiguientes, la participación política de grupos de poder económicos en los partidos políticos fue una realidad, fundamentalmente por la vía de los financiamientos. Salvo algunas excepciones, se sigue observando la conducta de la compra de partidos y de candidatos, con el fin desde luego, de garantizar el resguardo de sus intereses.

Al amparo de una Ley Electoral y de Partidos Políticos que facilita la estructuración de las organizaciones políticas de forma piramidal, el resultado inevitable es el enquistamiento en su cúspide de caudillos y cúpulas negociadoras, clientelistas, mafiosas y corruptas, según sea el caso; a lo que se adiciona la ausencia de intelectuales orgánicos, fundamentales para el fomento de la ideología de la organización y de las relaciones entre la cúpula y las bases, clave en el fortalecimiento de la democracia interna del partido político. Habría que decir también, que lo anterior se acompaña de otros fenómenos que caracterizan de forma muy particular al sistema político guatemalteco.

En efecto, resulta muy significativo para el sistema político el fenómeno de la fragmentación partidaria, estimulada por una ley que facilita la formación y participación de los partidos políticos en los procesos electorales, la mayoría de ellos sin tener posibilidades reales de rentabilizar favorablemente su participación. El resultado manifiesto es tener en cada proceso eleccionario a partidos políticos, cuyo objetivo es el de negociar apoyos con las organizaciones que tienen posibilidades reales de obtener victorias en los procesos, todo a cambio de prebendas y cuotas de poder. Políticamente ha sido muy rentable para las organizaciones políticas que después de cada proceso electoral, cumplen con el mínimo exigido para seguir funcionando, pues aseguran el no desaparecer de la escena política y el garantizar su participar en futuros procesos electorales.

Por otro lado, se asiste a una ausencia plena de programas de gobierno, tanto a nivel nacional como local, por cierto, muy preocupante, pues todo apunta que es una de las principales debilidades del sistema de partidos políticos en Guatemala. Arrastran a lo sumo un listado de postulados de naturaleza económica y social, generalmente haciendo énfasis en combatir las carencias más obvias en esas materias; si no hay programas de gobierno, mucho menos hay posibilidades que a la ciudadanía se le proponga un proyecto de nación. Cuestión íntimamente asociada al tema de la ausencia de contenidos ideológicos dentro de los partidos políticos.

En efecto, con la apertura democrática en 1985 se asiste al fenómeno de la fragmentación partidaria, pero no a la fragmentación ideológica, por lo que el espectro político mostró desde sus inicios, una oferta partidaria concentrada en el centro y en la derecha. Con realismo, lo que nos ha mostrado la práctica política partidaria es carecer de un basamento ideológico que la oriente y sustente, lo que definitivamente trae como resultado la ausencia de propuestas programáticas. Al final del día, todas esas características “…descritas podría dar como resultado un sistema político altamente inestable y conflictivo. Por el contrario, el resultado ha sido la estabilidad en el tiempo del sistema que, aunque presenta síntomas de crisis, estas nunca conducen a la ruptura, pues tras cada nuevo ciclo electoral se da un reacomodo de actores y una nueva distribución de las posiciones de poder que posibilitan, justamente, la persistencia del sistema.”9 Pero también, el hecho de que no llegue a una ruptura, no significa que llene las expectativas de una sociedad, que no encuentra en el sistema político una respuesta a sus problemas sociales y económicos más ingentes.

3.     La Transa como Ideología del Partido

Un aspecto crucial para el sistema político es indudablemente la cuestión de la legitimidad, ya que el funcionamiento de un gobierno en un momento dado, está en relación con las expectativas que la población tenga de ese funcionamiento, implicando que la aceptación o el rechazo a la gestión gubernativa, irremediablemente indicará cual es el nivel de legitimidad que ostente. Por ejemplo, a partir de la profunda crisis política vivida a todo lo largo y ancho del año 2017, sin lugar a dudas, las expectativas de los ciudadanos en cuanto a que el gobierno responda a sus demandas, son prácticamente inexistentes.

Quiere decir que la legitimidad prácticamente no existe, haciendo crisis en el sistema político pues todo el malestar y la protesta ciudadana, fácilmente se puede deslizar hacia el rompimiento de la institucionalidad, vía la renuncia de las autoridades encargadas del manejo del poder del Estado. Por cierto, renuncia de las autoridades, que es cabalmente como se ha venido manejando la presión por parte de un número significativo de organizaciones de la sociedad civil, en contubernio con una fracción muy poderosa del sector privado, y desde luego, con la embajada de los Estados Unidos de América y algunas agencias de la cooperación internacional, todos visiblemente interesados en que se asista a un recambio en la conducción del Estado. No para apuntalar a todo nivel el pleno combate a la corrupción y la impunidad, o consolidar de una vez por todas el sistema democrático, mucho menos para promover decididamente la inclusión al desarrollo económico y social de las grandes mayorías empobrecidas de este país; se trata en realidad de la defensa de los intereses del capital transnacional y nacional fincados en actividades extractivas y en nuevos cultivos de exportación, como también en la privatización de algunas funciones claves del Estado. De darse tan anhelado recambio, se estaría asistiendo a un golpe de Estado técnico – jurídico político-, forma como algunos analistas definen ese posible escenario.

De aquí la importancia de la ideología en los partidos políticos, ya que como “herramientas de la democracia moderna, tienen por objetivo reflejar en el gobierno, y en el accionar estatal, las diferencias ideológicas que existen en la sociedad. Así entonces, para quien hace política, se plantea la necesidad de cotejar con qué nivel de exactitud su partido representa a su ideología, y plantearse el problema de la traducción que las instituciones electorales hacen de las demandas sociales. Estas cuestiones son de importancia vital, ya que en ellas se cifra en buena medida un componente fundamental del sistema político, la legitimidad…”10

Por lo arriba expuesto, creemos que es necesario y de suma importancia aclarar lo que en este ensayo se entiende por ideología. En efecto, partimos de que es común escuchar que la ideología es un sistema de ideas, de creencias, de valores morales, de opiniones, de representaciones; sin embargo la simple referencia del fenómeno ideológico a un sistema de representaciones, no es suficiente, en vista de que “…la visión del mundo, las representaciones que la sociedad se hace de si misma, la cultura, las instituciones, las tradiciones, lo imaginario, etc. no constituyen sino el terreno de expresión, de circulación y de transformación de las ideologías.”11 Desde una perspectiva sociológica, la ideología hay que verla en el contexto de la “…organización y transformación de las relaciones sociales por una parte, y la producción, transformación y efectos de las formas de representación de dichas relaciones por la otra, al interior de un campo específico de significación.”12

En efecto, lo ideológico se restringe al conflicto de intereses a consecuencia de las relaciones conflictivas en que entran las diversas clases y grupos sociales y a la forma que asumen sus representaciones a consecuencia de la práctica social. Conflicto de intereses que se traduce en un proceso de producción de contenidos ideológicos, a través de prácticas significantes expresadas por medio de actitudes, imágenes, símbolos, discursos, etc. Contenidos ideológicos que impregnan los lugares de expresión, circulación y transformación de la ideología, como por ejemplo, la cultura, la religión, la moral, la política, la concepción del mundo que se tenga a consecuencia del lugar que se ocupe en las prácticas de clase, las tradiciones, las instituciones, el modo de vida, etc.13

A eso debe que “la posición económica y social de cada individuo irremediablemente condiciona su ideología, pues sus conocimientos, experiencias, sensibilidades, condicionamientos y lugar que ocupa en la estructura social, – particularmente en el proceso de producción económica- le imprimen una manera de ver las cosas.”14 En otras palabras, la práctica económica en la que entran los agentes de la producción, aparte de determinar la forma de ser de la formación social, condiciona la forma de pensar de los individuos. De donde resulta que la ideología se presenta en el funcionamiento del imaginario social, inevitablemente falseada.

Es por esa razón que su función social, no es ofrecer a los agentes sociales un conocimiento verdadero de la estructura social, sino simplemente insertarlos en cierto modo en sus actividades prácticas, sean económicas, políticas e ideológicas para el sostenimiento de las estructuras sociales, de las cuales ellos son portadores. De esa cuenta, es que se afirma que el quehacer primordial de la ideología, es la función de ocultación, tanto de la dominación política como de la explotación económica. Es decir, ocultar en todos los niveles del edificio social las contradicciones sociales, toda una función diametralmente opuesta a la que realiza la ciencia.

Dos observaciones más sobre la cuestión siempre compleja de la ideología. Primero, en el modo de producción capitalista y en una formación capitalista, si bien por regla general lo económico detenta el papel dominante, es una realidad que a nivel de lo ideológico el predominio lo tiene la región jurídico-política de la ideología. Al ser la ideología quien mejor desempeña el papel de ocultación del dominio de lo económico, que mejor que lo jurídico-político para legalizarlo y legitimarlo.

Desde el nacimiento de la clase burguesa en Europa, ese predominio ideológico impregnó con un discurso jurídico-político, sus condiciones de existencia: libertad, igualdad, derechos, deberes, reinado de la ley, Estado de derecho, nación, individuos-personas, voluntad general. Sin discusión, esos son los pilares fundamentales sobre los cuales se han construido las sociedades democráticas que forman parte del mundo capitalista, no afectando si en la realidad la cuestión capitalista no tiene un amplio dominio en la esfera de lo económico, como sucede en Guatemala.

En segundo lugar, la ideología cumple un papel clave en el funcionamiento del propio Estado y en el proceso de la dominación política que se hace efectiva desde sus instituciones y aparatos, tanto represivos como ideológicos. En efecto, es importante tener presente que “si al Estado se le identifica esencialmente por el dominio que le imprimen a la sociedad sus aparatos represivos (gobierno, ejército, policía, tribunales, administración, etc.); existen los llamados aparatos ideológicos del Estado (las iglesias, el sistema escolar, tanto público como privado, el sistema jurídico, el sistema político, del cual forman parte los partidos, los sindicatos, los medios de comunicación de masas, la cultura, la propia familia, etc.). No importando si son públicos o privados, pues la distinción es puramente jurídica, es decir, esencialmente ideológica, y no cambia nada en lo fundamental.”15

Conviene subrayar que estos sistemas que reproducen esencialmente la ideología dominante, y que en su materialización se ven impregnados por los contenidos ideológicos que se desprenden de los intereses de las clases dominantes, cumplen al igual que el Estado la función de cohesión de la formación social, al reproducir el sistema social y al mantener la dominación de clase. Con esto se quiere decir, que las instituciones mencionadas (los aparatos ideológicos del Estado) cumplen puntualmente la misma función de cohesión.16

Con las consideraciones arriba expuestas sobre la cuestión de la ideología, podemos visualizar de mejor forma la problemática que gira en torno a los partidos políticos. En efecto, partimos del principio que nos dice que toda persona independientemente de su ubicación en la estructura social es portadora de ideología, ya que su realidad social, en el sentido amplio, es la materialización que se desprende del conflicto de intereses en el contexto de las relaciones de clases, cuyo contenido y forma dependerá del lugar que cada individuo ocupe en las prácticas económicas. De esta cuenta, siendo el partido político la organización que el sistema político pone a la disposición de los individuos, para hacer efectiva sus prácticas políticas en el escenario institucional sancionado para reivindicar esos intereses ante el Estado, nos faculta para inferir que a todos los partidos, de una u otra manera, son portadores de ideología.

Históricamente es una cuestión que nunca ha admitido discusión, sobre todo durante un largo periodo de tiempo en el siglo pasado, a raíz del aparecimiento y dominio de la escena política de los partidos políticos masivos, muy ideologizados y portadores de determinados intereses de tal o cual clase social. De allí el concepto funcionalista de partido político, entendido como una estructura de intermediación entre la sociedad y el Estado, y así hacer efectivas las demandas que se desprenden de los intereses de que son portadores. Aclarando que esta forma de ver y entender al partido político, es válido para las sociedades con un aceptable funcionamiento de la democracia representativa y, por consiguiente, con amplio desarrollo de capitalismo como sistema económico. Lastimosamente no aplica para nuestra frágil “democracia”, y en realidad nunca lo ha hecho, salvo en la década de la revolución de octubre, donde la participación en la escena política, fue una verdadera expresión de los intereses de todas clases organizadas en partidos políticos.

Ciertamente, a partir de la contrarrevolución de 1954, la escena política estuvo totalmente restringida a las organizaciones partidarias que eran portadoras de los intereses de la Oligarquía, cualquier otra forma de conceptualizar la realidad social de Guatemala, ajena a la visión oligárquica estaba proscrita, y con ello, perseguida, desterrada y reprimida, en el mejor de los casos; en el peor de los casos, exilio y muerte para sus dirigentes, sus militantes y colaboradores.

Así las cosas, la participación para la reivindicación de los intereses de las clases y sectores subalternos en Guatemala, no tuvieron por largo tiempo asidero dentro del sistema político para su participación partidaria; eso se logra, o mejor dicho se les permite realizar, a partir de la reapertura política en 1984 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Al cobijo de la nueva Constitución Política de  la República, que como ya lo hemos expresado en otro lugar se trata del proyecto político y económico de la Oligarquía, nos dice que no precisa de partidos políticos para hacer efectivos sus intereses específicos de clase, pues tiene pleno control de los aparatos de Estado y de una Ley Electoral y de Partidos Políticos, hecha a la medida de esos intereses. En ese contexto, dan inicio ininterrumpidamente hasta el momento actual, una serie de procesos electorales para elegir autoridades para el manejo y control del poder del Estado.

Pese a que se viene participando por un tiempo significativo en esa gimnasia democrática, por ningún lado hay avances que nos indiquen que el proceso democratizador iniciado con la elección de la Constituyente, al día de hoy, está en plena consolidación de la tan anhelada democracia representativa. Todo lo contrario, la democracia vista como sistema político muestra terribles falencias y debilidades, con poca credibilidad por parte de los sectores populares, pues tienen claro que dichos procesos eleccionarios no resuelven sus problemas. Adosada a esa triste realidad, se observa una profunda crisis en el sistema de partidos políticos, debido entre otras razones: a su débil institucionalización, a la carencia de democracia interna al interior de los partidos, al control que sobre estas organizaciones patentizan líderes y cúpulas dirigenciales, mafiosas, corruptas y clientelares.

Pero, ¿dónde inicia el problema? En definitiva, el problema surge exactamente en el preciso momento que comienza la participación ciudadana para darle vida al nuevo proceso de convivencia social y democrática. En efecto, las condiciones objetivas para echar a caminar, pero sobre todo consolidar un proyecto de sociedad democrática, encontró serias dificultades que aún no logra superar. Primero, sin discusión alguna pesó, y hoy más que nunca sigue siendo determinante, la condición fundamental de toda convivencia democrática que reza, que no se puede jugar a la democracia con el estómago vacío; en otras palabras, que la democracia no es compatible con la pobreza y pobreza extrema, escenario donde se debate la mayor parte de la población guatemalteca.

Por eso es que la democracia en sociedades con poco desarrollo del capitalismo como la guatemalteca, que tampoco quiere decir que esa es la salida si o si a los problemas estructurales donde se ancla su tragedia, irremediablemente principia y termina el día de las elecciones generales. Y eso vale para todos los involucrados, tanto para los dirigentes y militantes de los partidos políticos, como también para la propia población.

En segundo lugar, la carencia de auténticos líderes populares de pensamiento democrático al momento de la reapertura democrática, situación agravada hasta el día de hoy, sigue siendo una de las principales dificultades para que no se avance en la consolidación de la susodicha democracia. Precisamente, al momento de la mencionada reapertura, la mayoría de la dirigencia popular con pensamiento democrático había sido eliminada por la represión desencadenada por el Estado durante el largo conflicto armado interno; eliminación física en la mayoría de los casos, o exilio en el mejor de los casos. Amplios sectores de la sociedad guatemalteca organizada, hoy llamada sociedad civil, fueron víctimas de la represión indiscriminada por los aparatos represivos del Estado, vale mencionar entre otros, a los partidos políticos y sus líderes de clara propuesta democrática, caso particular del FUR de Manuel Colom Argueta y el PSD de Alberto Fuentes Mohr. De la misma manera fue diezmado el movimiento sindical y popular; el cooperativismo; el movimiento de pobladores; el movimiento estudiantil, tanto universitario como de educación media; el sector de profesionales universitarios; el movimiento campesino y dirigentes indígenas; etc.

Fue tan devastador el impacto de la represión sufrida por esos sectores portadores de una ideología de izquierda democrática, que para el momento que hoy vivimos, esta propuesta ideológica sigue ausente en las organizaciones político partidarias presentes en la escena política. A lo sumo, se tiene la representación de la URNG como partido político, totalmente insignificante e intrascendente, que no entendió la importancia del cambio al momento de la transición de lo político-militar a lo político-institucional. Probablemente se puede inferir que, en mayor medida, la dirigencia no estaba preparada para ese cambio de calidad. Por eso es que proceso electoral tras proceso electoral, ya por la incompetencia de la URNG o por la imposibilidad de contar en la escena política con auténticos dirigentes de izquierda democrática, siguen ausentes las organizaciones partidarias de izquierda. Quizás se pierde con ello, el no poder contar con alternativas viables y objetivas para la solución de los problemas más ingentes que afecta a la mayor parte de la población, tanto en el campo como en la ciudad.

El resultado inmediato al momento del despegue del nuevo proceso “democratizador”, fue el aparecimiento en la escena política de un sistema de partidos totalmente atomizado, pero sin fragmentación ideológica, pues todo el espectro partidario se concentró en el centro y la derecha. Centro derecha y derecha extrema que como resultado del descabezamiento que fueron objeto las organizaciones y sectores populares de pensamiento democrático, entraron a la escena política con sus organizaciones partidarias pisando tierra arrasada.

En efecto, todo como anillo al dedo, solo por citar un ejemplo, para personajes como Álvaro Arzú, prominente miembro de la Oligarquía y militante del MLN desde su juventud. Figura oscura de la política guatemalteca, pero, sin embargo, en el tiempo que tiene vigencia este nuevo ejercicio democrático, por voluntad soberana de los ciudadanos formalmente libres e iguales, lo han elegido presidente de la República y Alcalde de la Ciudad de Guatemala cuantas veces ha querido. Lo preocupante es la lectura obligada a realizar sobre el comportamiento ciudadano, que nos dice cuáles son los condicionamientos ideológicos de que son portadores la mayor parte de la población guatemalteca, al elegir a individuos que tanto daño le han ocasionado por largo tiempo a la sociedad guatemalteca.

La misma duda razonable surge cuando tratamos de comprender el comportamiento ciudadano, en los distintos procesos electorales del pasado reciente, al elegir a los más altos cargos de gobierno a militares señalados y acusados de represión y actos de genocidio contra la población durante el conflicto armado, caso de los generales Ríos Montt y Pérez Molina; de igual manera, a diputados pertenecientes al partido político FCN en la actual legislatura.17

En tercer lugar, sumado a la ausencia de verdaderos partidos políticos con orientación ideológica de izquierda democrática, tampoco se asiste a la presencia de una confrontación partidaria proveniente de las organizaciones de derecha, propias de las clases dominantes. En efecto, no hay una disputa dentro de las fracciones de la burguesía por la vía de sus propios partidos Políticos, que aprovechen el escenario previsto por el sistema político para disputarle el poder a la Oligarquía. A lo que, si se asiste, es a la presencia de algunos individuos y grupos organizados que pertenecen a tal o cual sector de burguesía modernizante, generalmente financiando a las organizaciones partidarias o vinculándose a puestos de elección popular, preferentemente al parlamento. Un ejemplo cristalino lo constituyó la elección de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, donde quedó evidenciado lo significativo que fue la presencia de individuos pertenecientes a familias de la Oligarquía. Tuvo su sentido y su razón de ser, si vemos que se trataba de legalizar y legitimar una Constitución Política, que no es más que su proyecto político y económico de nación.

Posteriormente a la elección de la Constituyente, como organización político partidaria propia de la Oligarquía, básicamente ha sido lo implementado en ese renglón por Álvaro Arzú y su gente. Con respecto a los sectores modernizantes de la burguesía guatemalteca, fincados en actividades industriales, inmobiliarias y demás, todo indica que simplemente han estado supeditados a los lineamientos de la Oligarquía. Todo lo anterior patentiza que una reforma en las condiciones en que se nos presenta el Estado y el poder político, no tiene posibilidad de cambio alguno como resultado de posibles luchas al interior de las clases dominantes, porque tal situación jamás ha estado en el horizonte de sus intereses, como tampoco de sus diferencias.

En conclusión, todo parece indicar que la realidad política seguirá igual por un buen tiempo, al menos por ahí nos guía la intuición, en vista que no se ve por ningún lado la posibilidad de que se asista a la separación entre el Estado y las clases dominantes. Concretamente entre la Oligarquía criolla, de fundamentos coloniales en su concepción del mundo y la burguesía “modernizante” o si se quiere “emergente”, pues provienen de familias que aparecen en el escenario económico a partir de las primeras décadas del siglo XX, pero sin la capacidad de disputar el poder político y el control de los aparatos de Estado. Y por homogeneidad teórica, al no darse la separación entre el Estado y las clases dominantes, tampoco es posible la separación entre la política y la economía.

Volviendo a la cuestión de la importancia del partido político, para la consolidación de la democracia representativa en el momento actual, ese concepto funcionalista del verlo como estructura de intermediación entre la sociedad y el Estado, significa que “un partido político, en términos generales, es una entidad de interés público que busca promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, hacer posible a los ciudadanos el ejercicio al poder político, representar a la población y otros. El sistema de partidos políticos es el resultado de las interacciones entre los partidos políticos que lo componen y las interacciones de estos en la competición político electoral por el poder.”18 De donde resulta que un sistema de partidos políticos es institucionalizado, cuando los partidos cuentan con estabilidad en sus normas, son ideológicamente estables y están en plena correspondencia con la realidad social, de tal o cual segmento de población dentro de la sociedad.

Por esa razón, en todo sistema de partidos políticos institucionalizado, las organizaciones que lo fundan por principio no pueden carecer de ideología. Todo el trabajo de formación de cuadros, de planteamientos de políticas públicas, los planes de gobierno, los postulados económicos, políticos y sociales que sustentan la naturaleza de los partidos, etc., tienen que ser gobernados y fundamentados en la ideología con la que nace y funciona el partido de que se trate.

Lastimosamente, al reguardo de una pésima Ley Electoral y de Partidos Políticos, el sistema de partidos políticos en Guatemala hoy más que nunca carece de esos atributos, casi tres décadas de gimnasia de transición democrática habla claro de la inestabilidad y la precaria institucionalidad de los partidos políticos. Por eso se afirma que, “el sistema de partidos políticos en Guatemala se caracteriza por su alta inestabilidad, es decir, por un elevado nivel de volatilidad electoral, por la presencia de partidos “flash”, por la frecuente aparición de partidos que resultan de la división de otros partidos y por un importante número de partidos electoreros. En particular, la multiplicación de partidos, sobre todo en períodos preelectorales, contribuye a la dispersión del voto y a la disminución de la cantidad y calidad de la representatividad, así como a la poca identificación ciudadana con los mismos.”19

¿Hacia dónde nos lleva esa realidad que vive el sistema de partidos políticos en Guatemala? Todo apunta, como afirman varios analistas políticos y muchas personas que sin serlo captan en los partidos políticos lo obvio, de que estamos desde la reapertura democrática en presencia de agrupaciones personalistas de tipo empresarial, que se compran y se venden en un mercado político al mejor postor. Hoy por hoy, los requerimientos básicos de representatividad, de institucionalidad y que se diga de ideología, por citar los más elementales, que deben de ser sustentados por verdaderos partidos políticos, simple y sencillamente no existen.

Es más, terrible, por cierto, ni los dirigentes y mucho menos los activistas, en la mayoría de los casos tiene conciencia de su existencia. “Los mal llamados partidos políticos que han existido y existen en nuestro país han navegado con bandera de partidos siendo verdaderamente grupos de interés, saqueadores del Estado y farsantes. Pocos son los partidos que realmente han realizado esfuerzos por desarrollar procesos de institucionalización y democracia interna. Esta situación es el resultado de la falta de precisión en la normativa político-electoral, en cuanto a la naturaleza y funciones de los partidos políticos y de una clase política antidemocrática, corrupta y falta de cultura política.”20

Como resultado de lo anterior, la clase política guatemalteca ha enarbolado a la transa como ideología justificadora de su participación, donde el trabajo partidario ha dejado por fuera los intereses de los diversos grupos sociales que pretenden representar, a cambio de beneficiar únicamente los intereses personales. Asimismo, en el imaginario político de los sujetos o individuos que conforman estas empresas que transan con la política, antes, durante, pero sobre todo después de los procesos electorales, la noción de que se participa para lograr el bien común de la sociedad está totalmente ausente; no existe, es más nunca ha existido, ni en el vocabulario y mucho menos en la conciencia. Esa es una realidad que se observa en toda la participación político partidaria a todo nivel, ya por larga data en nuestra realidad política, escenario que involucra desde los que identifican el botín personal en el poder local, como los que lo avizoran en el poder legislativo y en el poder ejecutivo.

En el caso por ejemplo del poder local o municipal, todas las organizaciones con participación en los procesos electorales por hacerse del poder, sin distinción alguna, en campaña proselitista le ofrecen al vecino una gestión que se basará en caso de salir favorecido en la elección, en hacer eficientes los servicios que el municipio está obligado a prestar por ley. Sabido es que los municipios en Guatemala son por definición y ley, prestadores de servicios, jamás portadores de potencialidades para impulsar el desarrollo. Por eso es que ninguna organización política tiene conciencia de la necesidad de impulsar el desarrollo social y económico del municipio por la vía de planes y programas que vaya más allá de la prestación de servicios.

Lo que se agrava con el hecho de que los vecinos de la mayoría de municipios, sobre todo de aquellos con altos niveles de ruralidad y de pobreza, es que la anormalidad que significar vivir desde siempre en la pobreza y en el total atraso y abandono por parte del Estado, es vista por ellos como una situación normal en su existencia. Es más, todo parece indicar que los dirigentes y demás miembros de los partidos políticos a nivel municipal, difícilmente tienen la capacidad para entender el fondo del problema de la pobreza y cómo hacer para superarla; y si ese no fuera el caso, lo factible es que darle una salida no esté en la lista de sus intereses y prioridades.

En consecuencia, al llegar al ejercicio del poder local, en casi la totalidad de los gobiernos municipales a lo largo y ancho de este triste país, la transa es la ideología justificadora del quehacer gubernamental. La meta del funcionario municipal es clara y simple, la transa como vehículo para enriquecerse a costa de todos los medios posibles e inimaginables. Por ejemplo, en algunos municipios para poder participar en licitaciones de obras municipales, los interesados le compran al Alcalde la membresía respectiva para tener el derecho a licitar la obra pública. De ganar la licitación para ejecutar el trabajo, ya implica hacerle efectivos los diezmos correspondientes al alcalde, quien los repartirá con los funcionarios involucrados en la transa. Ese es solo un pequeño ejemplo de la importancia y manejo de la transa a nivel municipal, seguramente existirán mil formas inimaginables de como rentabilizar los fondos públicos a favor de los funcionarios municipales, los diputados y seguramente los gobernadores departamentales.

Por el lado del poder legislativo, entre los más notorio en el uso del recurso de la transa por parte de los diputados, podemos señalar a manera de muestra, algunas negociaciones con el poder ejecutivo, como por ejemplo: el apoyar y sancionar tal o cual iniciativas de ley de interés para los fines gubernamentales; o la aprobación de los presupuestos anuales de funcionamiento; de igual manera lo relacionado con préstamos para el financiamiento del gasto público; así como el votar en contra de tal o cual interpelación de determinado funcionario de gobierno; etc.

Todo ese trabajo legislativo, es de suponer que significa una serie de beneficios para los legisladores, probablemente cobrados en dinero en efectivo; pero también han de manejarse otros mecanismos para cobrar la factura, posiblemente con viajes al extranjero, con la obtención de plazas de trabajo para la clientela, y que se diga del reparto de las obras públicas a favor de los diputados distritales.

Es válido subrayar que legislación tras legislación, desde la apertura de la “nueva democracia” en Guatemala, se ha desnaturalizado la función del diputado y por consiguiente del poder legislativo. Sus dos funciones primordiales: el acto de legislar para beneficio de la sociedad y la fiscalización de los otros poderes del Estado, es por mucho, materia pendiente en el trabajo de la mayoría, por no decir en casi todos los diputados. Hay parlamentarios que tienen en su haber hasta 4 legislaturas y jamás han presentado una iniciativa de ley para beneficio de la nación o de su distrito. Para la mayoría, ser diputado no se trata de trabajar para  la protección de la persona y la familia, así como la obligación de garantizar el bien común, no, se trata de enriquecerse personalmente a costa de los recursos del Estado. Por eso, nada ejemplifica mejor a la transa como la ideología de los partidos políticos, que por increíble que parezca, gozan en cada elección del apoyo popular para accesar al manejo y disfrute del poder legislativo.

En cuanto al rol que juega la transa como ideología del partido político a nivel del gobierno central o poder ejecutivo, es algo que este ensayo no tiene nada que aportar. Basta con una mirada a los procesos que, por corrupción, la CICIG y el MP han enderezado contra el ex presidente Otto Pérez Molina y demás funcionarios de su gobierno, para imaginarnos las dimensiones de la corrupción en las esferas del gobierno, y con ello, las dimensiones y el valor de la transa que se maneja a ese nivel. Haciendo la salvedad que los procesos judiciales mencionados, solo se trata de algunos casos de corrupción que a esta fecha se han implementado, pero desde ningún punto de vista de todo lo que ha de significar la descomposición en las esferas del gobierno. Situación interminable, si sumamos la corrupción del gobierno actual y de todos los gobiernos anteriores. De nuevo, los fines y deberes del Estado que proclama la Constitución Política de la República en el Título I, es simplemente palabra muerta, es ideología, tal y como lo es la transa que los corrompe.

A manera de finiquitar esta cuestión de las prácticas corruptas en la política nacional, señalemos el hecho de que si hay un denominador común que identifica a la clase política de Guatemala, sean sus integrantes de pensamiento “democrático” o antidemocrático, de izquierda o de derecha, es la fiel devoción que todos, sin excepción, le tienen a la transa. Da la sensación que, para la clase política guatemalteca, el adagio mexicano que reza que, “en este país el que no transa no avanza”, es el credo y el padre nuestro de todos los días.

4.     ¿Necesitan del Partido Político las Clases y Sectores Subalternos?

El recordatorio de algunas cuestiones básicas señaladas a estas alturas del ensayo, nos dará argumentos para responder la interrogante sobre si necesitan del partido político las clases y sectores subalternos de la sociedad. En primera instancia, tenemos presente que todas las transformaciones de la formación social o sociedad solo son posibles, si y solo si, se producen desde el Estado, sean económicas, políticas o sociales. Al mismo tiempo, que el Estado es el centro por excelencia del ejercicio de poder político, lo que significa que toda lucha política debe de tener por objetivo el control del Estado, lugar de las transformaciones y cohesionador de las estructuras de la formación social. Sin olvidar, que el Estado es de clase, es decir que responde a los intereses de las clases dominantes, o clase o fracción de clase dominante; por lo que tiene por función básica, organizar políticamente a las clases dominantes en lo que teóricamente se llama bloque en el poder y desorganizar políticamente a las clases subalternas o dominadas.

A favor de las clases subalternas se tiene la autonomía relativa del Estado, característica particular del Estado capitalista, que es lo que le permite accionar mecanismos en momentos de crisis a su favor, siempre y cuando dichos sectores subalternos se vean afectados por tal o cual situación propiciada por los sectores dominantes, o acto de gobierno que ponga en riesgo su bienestar, su seguridad, etc. Ejemplo de esto sería la promulgación de leyes laborales favorables, firma de convenios y pactos colectivos de trabajo, así como la implementación de cualquier tipo de medidas que sean necesarias para garantizar el bien común de todas las personas que forman parte de la sociedad, pues el Estado no puede permitir que se ponga en riesgo la estabilidad del sistema social, mucho menos correr el riesgo que se consuma.

Lamentablemente el Estado en Guatemala es capitalista a medias, evidenciado por el bajo desarrollo y la limitada presencia de las prácticas capitalistas en la economía, a lo que se agrega el dominio que sobre esas prácticas económicas y sobre el control del Estado tiene la Oligarquía, clase social que no es propia del capital. Todo indica que la cuestión de la autonomía relativa del Estado, tendrá que esperar algún tiempo para ser una realidad en esta sociedad.

En segunda instancia, desde la representación y materialización del Estado en el sistema político, desde ningún punto de vista cumple con el mandato constitucional, referido a sus fines y deberes para con la persona humana y la familia.  Está claro que el Estado en Guatemala no está organizado para proteger a la persona y la familia, por lo que su deber de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, como rezan los dos primeros artículos de la Constitución Política vigente, es una quimera, es pura y básica ideología dominante. No hace falta continuar con el análisis de los artículos restantes de la parte dogmática del texto constitucional, para saber que ese mandato no tiene nada que ver con los intereses individuales y colectivos que le son propios a los sectores subalternos de la sociedad.

En tercera instancia, los partidos políticos, instrumentos fundamentales para la reproducción del Estado y la legitimación del sistema político, para los sectores subalternos de la sociedad, lejos se encuentran de ser una solución a la realización de sus intereses. En efecto, estas instituciones políticas, ni aun las identificadas como de ideología de “izquierda”, ni por asomo intermedian entre el Estado y la sociedad, simplemente porque no representan los intereses de ningún grupo o sector alguno de la sociedad. Por increíble que parezca, ni siquiera el partido político Winaq de base y dirigencia indígena cumple con esa función; los resultados obtenidos como consecuencia de su participación en los diversos comicios electorales lo confirman. Por ejemplo, en las elecciones generales del año 2015, no ganaron ningún puesto de elección popular, tanto a nivel de gobierno municipal, como tampoco un solo escaño directo en el Congreso de la República, lo que quiere decir que no es un legítimo representante de los pueblos indígenas del país.

Penosamente no se vislumbra en la escena política a partidos que representen a la clase obrera, a la clase campesina, a los pueblos indígenas, a las organizaciones emergentes de la sociedad, como las mujeres, los ecologistas, los jóvenes, entre otros. Aunque los partidos políticos constituyen el dispositivo para legitimar por medio de los procesos electorales el sistema político y el manejo del poder políticos, su función real hoy por hoy, es la de reproducir el sistema económico, político y social imperante, lo que se desliza hacia la defensa y reproducción de los intereses de sus dueños y financistas. “Así las cosas, dichas instituciones son controladas o dirigidas por élites que pertenecen o proceden de la clase económicamente dominante (del capital o de la burguesía local), articulada con el capital transnacional y con mafias de distinto tipo, como evidencia el caso Cooptación del Estado. Asimismo, son manejadas por élites de extracción militar, de la mafia o de grupos de la burguesía emergente, que, en busca de beneficiarse a sí mismas, tienden a representar los intereses fundamentales del capital local y del transnacional.”21

Si el sistema de partidos políticos en realidad intermedia a favor de la Oligarquía y demás grupos de poder, a lo que se adiciona un Estado que su fin supremo es garantizar el dominio de sus intereses económicos y políticos; superar por la intermediación de los partidos políticos la exclusión, la marginación, la discriminación, soportes donde se asienta la pobreza que agobia a la mayor parte de la población, en definitiva, son quehaceres que no están y nunca han estado en sus agendas.

Conviene subrayar que el actual sistema de partidos políticos, al ser parte determinante en la reproducción del sistema político, su trabajo al servicio de las clases dominantes y de los grupos de poder factico incrustados en los aparatos de Estado, a la par de los beneficios que obtiene por la prestación de dichos servicios, aseguran su reproducción como sistema partidario. Esta es la razón del porque no tienen cabida en la realidad política de este país, las reformas políticas que puedan significar alterar en algo el escenario político a favor de los sectores subalternos, tal y como ha queda demostrado cada vez que se pretende reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Al final de cuentas, “…los partidos políticos son parte del engranaje institucional reproductor de este Estado. Son los intermediarios o guardianes de los intereses del capital, de las mafias y de una mal llamada clase política que en complicidad constituyen los grandes obstáculos que impiden la más leve reforma modernizadora. Es por ello que se afirma que el sistema de partidos políticos no constituye un factor de cambio en el país. Todo lo contrario, es uno de los problemas estructurales que requiere solución de raíz.”22

Lo arriba expuesto, nos hace suponer que, para las clases y sectores subalternos de la sociedad, como ha venido siendo desde 1954, no cuentan con ningún resguardo de sus intereses, tanto por el Estado, como tampoco por su institucionalidad como sistema político. Hemos mantenido la constante en este ensayo, que el Estado como conceptualización, al ser el centro por excelencia del ejercicio del poder político, responde a los intereses de la clase que hegemoniza al resto de los intereses de los sectores dominantes, papel que le corresponde por antonomasia a la Oligarquía. Realidad que cercena la más mínima esperanza de que el Estado, ostente un mínimo de autonomía relativa a favor de los sectores subalternos de la sociedad.

De ahí que el Estado en su materialización Institucional, sigue manteniendo su naturaleza de ser excluyente en lo económico, discriminador y racista en lo social y polarizante en lo político. Como ya dijimos, una mirada a los dos primeros artículos de la Constitución Política vigente, sin tanto análisis y conocimiento de Ciencia Política, nos permite comprender el incumplimiento y la burla del texto, así como el ultraje de que son objeto las mayorías de la sociedad por parte de la Oligarquía y demás grupos de poder.

Pese a todo, la única forma de reivindicar y de intermediar entre sus intereses y quien está obligado a darles solución, es la participación ciudadana a través del partido político en el marco de la institucionalidad. Sin embargo, hay que hacer mención que la participación política puede darse también por el camino opuesto a la institucionalidad, lo que nos llevaría a una práctica fuera del sistema. Situación que colocaría a la sociedad en el camino de la subversión y, por consiguiente, de regreso a un nuevo conflicto armado. Propuesta que, en estos momentos, probablemente pecaría de imprudente e inapropiada por todo lo que implica un proceso de esa naturaleza, teniendo en cuenta los resultados de la experiencia recién vivida. Creemos que revivir esa experiencia de dolor y muerte, difícilmente está en el pensamiento de la mayoría de la población y mucho menos en la agenda de las organizaciones políticas, del tipo que sea. Aun así, hay que darle el beneficio de la duda.

Lo dicho hasta aquí permite conjeturar, que, tanto a la intermediación política como a las reivindicaciones ciudadanas, solo les queda el camino institucional, o sea la participación democrática por medio del partido político en los procesos electorales que emanen del sistema político. Pero no se trata de cualquier partido, debe ser el propio partido de las clases y sectores subalternos de la sociedad.  Con eso queremos decir, que el partido debe de surgir como resultado de las alianzas y acuerdos que, en materia política, alcancen los diversos sectores subalternos de la sociedad.

Acuerdos y alianzas políticas que a nuestro criterio, implicaría la participación sin sectarismos de un abanico amplio de representatividad de las organizaciones de la sociedad civil, desde los viejos movimientos sociales clasistas, portadores de ideología y definidos por su lucha contra la dominación política y la explotación económica de clase, caso de los sindicatos, las organizaciones de campesinos, el movimiento estudiantil; hasta los nuevos movimientos sociales, identificados como movimiento, según sea la naturaleza de sus propios planteamientos, dentro de los que podemos mencionar, al movimiento de mujeres, a los pueblos indígenas, a los ambientalistas, etc.

Por cierto, nuevos movimientos sociales que en los últimos tiempos han extendido las demandas sociales, lo que les ha permitido ampliar significativamente su capacidad de convocatoria y de movilización.23 Sobre esa base social se debe de plantear el partido político, que pueda definir un proyecto propio de nación, forma de arraigarse en las necesidades e intereses que emanan de la demanda ciudadana y puedan intermediar para la solución de los problemas estructurales que afectan a las mayorías de este país.

La importancia de la participación política por medio del partido en la escena política es relevante, porque constituye el mecanismo para accesar a las instancias del Estado donde se hace efectivo el poder político. Darle solución a  los problemas estructurales, como por ejemplo: el desempleo, la falta de desarrollo rural, la contaminación ambiental, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad incrustados en los aparatos del Estado, la nueva concentración de la tierra y la expulsión de comunidades de sus lugares de origen para beneficiar a los nuevos cultivos de exportación y a las actividades extractivas, etc., solo es posible si las soluciones provienen de las esferas del poder del Estado. Institucionalmente, es ahí donde en realidad se le puede disputar el poder político a la Oligarquía, ya contralando los poderes públicos, sobre todo el legislativo, porque es el lugar donde se hacen efectivos los cambios al ordenamiento jurídico-político del país. Por eso es que implementar una Asamblea Nacional Constituyente para la transformación del Estado, ya sea reformándolo o refundándolo según sea la necesidad, solo es posible si emana del propio Estado.

Por último, esa participación política debe de abarcar el escenario donde se compite por los puestos de elección popular, desde el poder local hasta el poder nacional; pero también en la cotidianidad de la demanda ciudadana al Estado para la solución de los problemas que aquejan a la sociedad. Trabajo político del día a día, que se traducirá en la forma correcta de crear ciudadanía, fortaleciendo el movimiento político y de ser posible, consolidando un poder social que, en su momento, tenga la genuina posibilidad de disputar el poder del Estado y la esperanza de transformar esta sociedad.

1 La Apuesta: ¿Reforma o Refundación del Estado en Guatemala? Y, El Estado y las Reformas Constitucionales al Sector Justicia. En: https://analisissociopoliticocarlosarriola.blogspot.com.

2 Ver: Arriola, Carlos. El Estado y las Reformas Constitucionales al Sector Justicia.

3 Salvo indicación expresa en el documento, toda la conceptualización sobre el Estado y el poder utilizado en este ensayo, es tomada de Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista de Nicos Poulantzas.

Todos los entrecomillados son citas textuales y lo que no esté indicado por cita, pero esté subrayado, es parafraseo.

4 Ver: Arriola, Carlos. La Apuesta: ¿Reforma o Refundación del Estado en Guatemala?. P. 1.

5 CICIG. Financiamiento de la Política en Guatemala. P. 15.

6 Ídem. Pp. 15-16.

7 Ídem. P. 16.

8 CICIG. Op. Cit.

9 Ídem. P. 19.

10 INCaP. Partidos e Ideologías. P. 1.

11 Gálvez, Víctor. Ideología: Cuestiones Teóricas y Metodológicas para su Estudio. P. 10.

12 Ídem. Pp. 10 – 11.

13 Ver esquema de constitución de la ideología, en Víctor Gálvez. Op. Cit. P. 14.

14 http://www.deguate.com/publish/politica_filosofia/Las-ideologias-politicas.shtml. (Guatemala, 14/9/2017).

15 Poulantzas, Nicos. EL PROBLEMA DEL ESTADO CAPITALISTA. P. 11.

16 Idem. P. 12.

17 La próxima entrega del blog comprenderá un artículo dedicado al Militarismo en Guatemala, donde profundizaremos el tema vinculado al sistema político.

18 Leal, María del Mar. Los partidos políticos, cosas que tenés que saber. P. 1.

19 https://www.plazapublica.com.gt/contet/un-sistema-de-partidos-politicos-en-decadencia. (Guatemala, 11/9/2017).

20 Idem.

21 https://www.plazapublica.com.gt/content/el-sistema-de-partidos-politicos-un-problema-estructural. (Guatemala, 08/8/2016).

22 Ídem. P. 2.

23 Ver, Adriana Báez Pimiento. LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMERICA LATINA.

5.     Bibliografía

  1. Báez Pimiento, Adriana. Los Nuevos Movimientos Sociales en América Latina. Alternativas Frente a la Crisis de Legitimidad de los Partidos Políticos. Centro de Estudios Latinoamericanos. Documentos de Investigación. Bucaramanga, Colombia, julio
  2. Financiamiento de la política en Guatemala. Guatemala, 2015.
  3. Gutiérrez, Edgar. Elites y crimen organizado en Guatemala. InSight Crime. Centro de Investigación de Crimen Organizado. USA,
  4. Poulantzas, Nicos.   Poder   Político    y   clases    sociales    en   el    Estado Capitalista. México, Siglo XXI,

Artículos y Ensayos

  1. Arriola, Carlos. La Apuesta: ¿Reforma o Refundación del Estado en Guatemala? https://analisissociopoliticocarlosarriola.blogspot.com.
  2. Arriola,      El Estado y las Reformas Constitucionales al Sector Justicia. https://analisissociopoliticocarlosarriola.blogspot.com.
  3. Blanco,     Un    sistema    de    partidos    políticos    en    decadencia… https://www.plazapublica.com.gt/contet/un-sistema-de-partidos-politicos-en- decadencia. (Guatemala, 11/9/2017).
  4. Gálvez, Víctor. Ideología: Cuestiones Teóricas y Metodológicas para su Estudio. En Revista: Política y Sociedad No. 19, IIPS-USAC, Guatemala, 1986.
  5. Leal, María del Mar. Los partidos políticos, cosas que tenés que saber. http://brújula.com.gt/2015/05/13/los-partidos-políticos-cosas-que-tenes-que- (Guatemala, 26/9/2017).
  6. ¿Tienen ideología los partidos políticos latinoamericanos? http://www.infobae.com/2014/09/14/1594519-tienen-ideologia-los-partidos- politicos-latinoamericanos/.
  7. Instituto Nacional    de    Capacitación    Política     (INCaP).     PARTIDOS    E IDEOLOGÍAS. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación,
  8. Poulantzas, Nicos. El Problema del Estado Http://laberinto.uma.es. (Guatemala, 18/10/2017).
  1. Sánchez, Sven. LAS IDEOLOGÍAS POLÍTICAS. http://www.deguate.com/publish/politica_filosofia/Las-ideologias- shtml. (Guatemala, 14/9/2017).
  2. Sosa, Mario. El sistema de partidos políticos: un problema estructural. https://www.plazapublica.com.gt/content/el-sistema-de-partidos-politicos-un- problema-estructural. (Guatemala, 08/8/2016).

Lea también

https://prensacomunitaria.org/boletin-no-1-la-apuesta-reforma-o-refundacion-del-estado-en-guatemala/

https://prensacomunitaria.org/boletin-no-2-el-estado-y-las-reformas-constitucionales-al-sector-justicia/

Autoría y edición

Descendencia kaqchikel y afrodescendiente. Infancia en la cuna de una organización revolucionaria. Crecida dentro de la revolución cubana.

COMPARTE