Por: Juan Calles
Llegó silencioso y sin hacerse notar, casi como una sombra, cuando se sentó frente a mí se quitó la chumpa ceremoniosamente, parecía que se quitaba una pesada roca de encima, parecía estar cargando un objeto pesado, denso, se notaba en su postura, en su mirada, en su forma de dar la mano; esa mañana conocí a Carlos de León como periodista, pero al despedirme me quedé con la sensación de conocer a uno de esos héroes anónimos de la justicia que son roca angular, que son lo que debemos ser.
Carlos de León es el papá de Ángel Rodolfo de León Palacios, uno de los tres estudiantes de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), junto a Nahomy Lara y Juan Carlos Velásquez, que en marzo de 2012 murieron trágicamente en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN) en dónde realizaban monitoreos de especies animales y vegetales, programados como actividades en uno de los cursos universitarios que respondía a un convenio entre la universidad y la empresa minera CGN.
Desde que sucedió la tragedia hasta hoy, las familias de los tres estudiantes han franqueado una batalla legal contra la Universidad del Valle y la CGN, quienes mediante estrategias judiciales han retrasado la sentencia y han tratado de evadir responsabilidades legales, penales, económicas y morales. En esas estrategias, el Licenciado Edgar Aníbal Arteaga López, juez de primera instancia penal de Puerto Barrios, Izabal, ha jugado un papel protagonista y antagónico con las familias que esperan justicia para la memoria de sus hijos.
Las decisiones de un juez; los dilemas de la justicia
Desde el inicio las acciones de los jueces a cargo del caso han sido cuando no erráticas muy extrañas, por ejemplo; el juez Aníbal Arteaga decidió ligar a proceso a Lemuel Valle, biólogo de CGN responsable de los estudiantes en las instalaciones de la minera, por el delito de homicidio culposo y luego lo dejó en libertad por medio de una fianza de Q50 mil.
De la misma manera, ligó al proceso a la CGN, imponiéndose medidas precautorias, como una intervención, medida legal que después fue sustituida por una fianza de Q4 millones.
La fundación del Valle, en representación de la UVG, por medio de sus abogados buscaron no ser ligados a este proceso legal por medio de diversas apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia CSJ, la Corte de Constitucionalidad CC, por lo que se venció el plazo para que el Ministerio Público MP presentara los resultados de su investigación contra los procesados; ante ello, las familias de los estudiantes solicitaron una ampliación del plazo y autorización para otras diligencias como el reconocimiento judicial y exhumaciones; lo cual fue autorizado por el juez, sin embargo, el mismo juez emite otra resolución en la que se niega dicha autorización para realizar las exhumaciones y además deja en firme el plazo al Ministerio Público para la presentación de resultados, cuando era de todos conocido la imposibilidad de tal presentación debido a las apelaciones presentadas por los acusados.
Afortunadamente el MP plantea un amparo que le es otorgado provisionalmente, con eso lograron proteger la recolección de pruebas y el Juez de Puerto Barrios debe permitir las diligencias en la mina, ampliar el plazo para la presentación de resultados dando así un respiro a las familias de los muchachos.
Pero los problemas y amenazas apenas empezaban
Ya para el 15 de enero de 2015, el juez realizaba una audiencia en la que se daba por concluido el caso, la desazón y la desesperación se apoderó de los padres de los estudiantes fallecidos, parecía que todo el esfuerzo de tres años se iba por la borda. En esa audiencia se dejaba en total liberad al biólogo Lemuel Valle y liberaba de responsabilidades a la Universidad del Valle y a la Compañía Guatemalteca de Níquel, así de simple, como cambiarse de corbata de una mañana a otra.
La actitud del juez era prepotente y malhumorada, no les daba la palabra a los abogados de las familias, el fiscal del MP Jorge García Mazariegos hablaba a pesar que el juez lo mandaba a callar, los ánimos se caldearon, las partes urgían se les escuchara, los abogados de la CGN y la UVG pugnaban por que el juez concluyera, por el otro lado los abogados de las familias exigían su derecho a hablar, exigían se respetara el proceso, las madres de los muchachos estaban a punto del llanto, se estaba cometiendo una injusticia, el ambiente era tenso y caluroso.
Alguien había cometido un error, el juez no estaba enterado del amparo a favor del MP en el que se le autorizaba continuar con las diligencias y la investigación, por lo que no se podía dar por concluido el caso. Por fin se logró informar al juez de tal situación por lo que decidió suspender la audiencia para continuar 24 horas más tarde.
Al día siguiente, el juez decidió dejar sin efecto lo actuado el día anterior, lo que permitiría realizar las diligencias pendientes y continuar con el caso. Los abogados de la minera mostraron su cara más iracunda, los gritos y los golpes en la mesa reclamando al juez se escucharon en todo el juzgado, sin embargo la ley mandaba que se continuará con el proceso, ese día de enero del 2015 los padres y madres vivieron al menos un momento de esperanza y tranquilidad; la búsqueda de justicia podía continuar su curso.
En esa ocasión, al hacer el viaje de regreso a la ciudad capital por la carretera, los familiares de los muchachos notaron que personal de CGN fotografiaba sus vehículos, a los abogados y a los fiscales del MP. Ya en la carretera un pick up los siguió e intimidó. En esa ocasión pudieron sentir el miedo en su máxima expresión, en diferentes ocasiones las familias han aseverado que pueden esperar cualquier cosa de esas personas.
Las familias de los muchachos decidieron recusar al juez en tres ocasiones debido a su comportamiento parcial y en claro beneficio hacia la CGN y la UVG; pero las mismas fueron declaradas no ha lugar por no “cumplir” con todos los requisitos que la ley exige; sin embargo el propio juez se excusó de seguir conociendo el caso, el expediente fue trasladado a los juzgados de Zacapa, ahí la familia sintió un respiro, pero el caso fue devuelto nuevamente a Puerto Barrios. Recusado el juez Aníbal Arteaga el expediente fue trasladado al juez Donaldo García quien retomará el proceso en las próximas audiencias este año.
Seis largos años han pasado en esta batalla legal de las familias de los tres estudiantes universitarios y el 28 de mayo 2018 se llevará a cabo la próxima audiencia, esta vez le corresponde al juez Jesús Felicito Mazariegos retomarlo, Prensa Comunitaria estará pendiente de esta audiencia para informarle sobre los resultados y el avance del proceso penal.
