Por: Francisco Rodas
La corrupción y la impunidad en Honduras tienen tantas ramificaciones que les fue fácil secuestrar el sufragio ciudadano.
De ser veraz el análisis de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, todo va hacia sospechar que hubo fraude informático. Aunque la MOE pese a su meticuloso informe, dice que no puede asegurar que tal hecho pueda confirmarse.
La MOE agrega que el sistema de cómputo, luego de la caída del servidor principal, no se restauró bajo normas apropiadas. Siendo algo que la empresa contratada niega.
Tal vicisitud, al parecer, alteró una tendencia que se aseguraba era irreversible a favor del candidato de la oposición. Con este tropiezo y la demora en el recuento, siendo que a mitad de la semana posterior a los comicios la tendencia se había revertido a favor del actual mandatario, llevaron a la oposición a denunciar fraude electoral y a salir a las calles a protestar.
Siguen en las calles.
Más combustible al fuego
En medio de esta situación de crisis, el responsable de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, a través de una carta abierta renuncia y describe las razones y la situación por la que atraviesa la MACCIH.
Con su manera de renunciar, el señor Jiménez sabrá seguramente que su actuación representa prácticamente su ostracismo de los organismos internacionales. Ha pasado por alto que guardar silencio es uno de los pilares que hacen funcionar estos organismos, incluso en algunos hay que firmar un compromiso de cerrar la boca. Se asemejan a un Estado Vaticano.
Al Secretario General de la OEA Luis Almagro, le resultará inaceptable este desacato que no daña tanto a la OEA, sino más bien a su ya deteriorada imagen de diplomático experto en linchar. Venezuela puede contar sobre esto.
El abogado Jiménez no es cualquier pepita de jocote. Dentro de su carrera como Ministro de Justicia en Perú, tuvo a su cargo la detención del siniestro Alberto Fujimori, consiguiendo su extradición y encarcelamiento.
Su renuncia se basa en lo que podría considerarse un estado de frustración. Hasta donde los regateados recursos monetarios y el exiguo personal a su disposición le permitieron, Jiménez intentó cumplir con los objetivos para la que se creó la MACCIH, y aun cuando cuenta con el apoyo de la fiscalía, no sabemos si en la misma proporción que la recibe la CICIG en Guatemala, la Misión vive en aprietos. Esto lo dice en su carta de renuncia como en algunos medios internacionales, señalando que mientras la CICIG tiene 80 personas, la MACCIH tenía inicialmente 10. Con el tiempo la Misión logró conformar un equipo de 33 asesores, sin embargo 8 de ellos trabajan a control remoto desde la sede de la OEA en Washington, es decir, el 25% del total.
Las áreas de trabajo de la MACCHI no son distintas a las que desempeña la CICIG, pero como se ve, existe una total desproporción entre retos y capacidades humanas. Aunque hay que aclarar que eso no implica que la CICIG esté completa, más bien tiene su propio déficit que ha ido creciendo conforme los casos se multiplican.
Al igual que la CICIG, la MACCIH ha encontrado todo tipo de tropiezos dentro de un sistema de justicia penal entumecido que a su vez es administrado de modo discrecional. A estas alturas andan todavía empujando una Ley de Colaboración Eficaz que, después de 14 meses, no hay modo que el congreso la apruebe, pese a que todos entienden que este es un mecanismo clave para la persecución de las organizaciones criminales.
Los funcionarios públicos de Guatemala y Honduras parece que compran la ropa en el mismo almacén, vistiéndose con las mismas piezas de moda.
Un ejemplo está en que la reacción de los diputados al verse afectados por el avance de la lucha contra la corrupción, al igual que sus homólogos guatemaltecos, apresuraron enmiendas del código penal que los blindara, rebajando las penas y el uso indiscriminado de medidas sustitutivas en 21 delitos, varios de ellos, conexos a la corrupción. A esto la sociedad hondureña le denomina “pacto de impunidad”, mientras en Guatemala un intento similar se le ha llamado “pacto de corruptos”.
También por allá los expresidente y familiares no se salvan. Este es el caso de Porfirio Lobo (2010-2014) de quien se sospecha sus vinculaciones con el cartel “Los Cachiros”. Los principales jefes de este cartel han declarado en las cortes de EEUU sus vínculos al más alto nivel del gobierno, comenzando por el ex presidente Lobo. El círculo se cierra con su hijo, que se declaró culpable en EEUU por tráfico de drogas, además de comprobarse que trabajaba para el mismo cartel. La ex primera dama también se encuentra bajo investigación por malversación de fondos sustraídos de los programas sociales. Actualmente tiene congeladas sus cuentas bancarias.
Otro hecho coincidente fue el fraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Quien llevó a cabo el fraude fue su ex director Mario Zelaya, quien superó a su colega en Guatemala, Juan de Dios Rodríguez, sindicado de aprobar y avalar un contrato irregular para proporcionar servicios de diálisis peritoneal en el IGSS.
Pero Don Mario fue a por todas. Sustrajo recursos monetarios del fondo de asegurados. Tenía de pasatiempo almacenar armas de grueso calibre y, para no dejar siquiera las migas del pastel, emprendió una campaña en EEUU que permitiría a los migrantes inscribirse al IHSS, proyecto que al final no se llevó a cabo. Para emprender su viaje, él y sus acompañantes compraron unos boletos aéreos sobrevalorados.
La buena noticia es que a Zelaya ya se le dictó sentencia de 25 años de prisión. La mala es que en Guatemala, el ex directivo del IGSS se encuentra todavía veraneando en el Zavala y por una inexplicable razón, blandiendo una biblia en la mano.
Otro caso en que la MACCIH y la fiscalía se han empleado a fondo es la denominada “Red de Diputados”, que corresponde a un grupo de diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a programas sociales. Inicialmente los implicados se estimaban en 60 diputados, a la fecha se habla de 140.
Infelizmente la justicia no trabaja de manera oportuna, ya que de 6 legisladores de los que la fiscalía y la MACCIH han presentado pruebas, ninguno ha sido arrestado.
Dada la magnitud del caso, al igual que en Guatemala, la MACCIH como su responsable han padecido las típicas campañas de descredito. Asimismo, como le pasa al comisionado Velásquez de la CICIG, a Jiménez también le han estado esculcando en su pasado para minar su integridad.
La élite económica hondureña también sufre, como en Guatemala, un profundo desasosiego, porque siente y presiente que el caso de la “Red de Diputados” llegue a tocarles la puerta un día temprano por la mañana.
La MACCIH comparte con la CICIG una agenda bastante parecida, en el entendido que es el sistema de justicia y el político electoral donde hay que hincar los dientes, para rectificar el estado de derecho, la democracia y fortalecer la lucha contra la corrupción.
Al respecto, la MACCIH en la misma línea de la CICIG, también trabaja en una reforma de los procesos de nominación de las autoridades de justicia, tanto de la fiscalía, de las cortes como en el ámbito de la seguridad. Igualmente han presentado iniciativas de ley para hacer más efectiva la investigación, persecución y juicio de implicados en delitos.
En consonancia con las reformas a la LEPP de Guatemala, la MACCIH trabajó en la aprobación de la Ley de Política Limpia que busca frenar el financiamiento ilegal de campañas electorales, y que además mejoraría la participación más justa de los partidos pequeños, promoviéndose unas elecciones competitivas. Las reformas incluyen también endurecer las sanciones para los partidos que infrinjan las normas, así como crear instancias de observación por parte de la sociedad civil.
Esta ley ha corrido mejor suerte que el intento de reforma de la LEPP, porque ya fue fue aprobada por el congreso y sancionada por el presidente Hernández a principios de 2017, pero la misma no fue un óbice para que se perpetrara el fraude electoral de noviembre del año pasado.
Los intentos de distraer las competencias de ambos organismos internacionales suenan con la misma melodía, al tratar de alterar sus funciones cargándoles la tarea de perseguir delitos comunes. Lo lamentable del caso es que en Honduras la idea obtuvo el respaldo del propio Secretario General de la OEA Luis Almagro, lo cual desconcierta sabiendo que este organismo es quien le dio vida y patrocina a la MACCIH.
Este respaldo de Almagro lo explicita en una carta dirigida al presidente Hernández en febrero de este año. Pero además en ella se tomó la libertad de hacer un balance a la ligera sobre el trabajo de la MACCIH, expresando su insatisfacción porque la Misión no había logrado los resultados esperados en cuanto a investigaciones y procesamiento de casos, sin tomar en cuenta que esto último no está en sus manos y que la Misión tiene apenas dos año de operar.
Esta actitud desatinada no es la primera vez que luce Almagro, considerando que para emitir tamaña opinión tendría que haberlo hecho contando con una evaluación oficial, que si la existe, nadie conoce.
No sería extraño que esta comunicación fuese el detonante para que el responsable de la MACCIH renunciara, y lo que es más, poner en evidencia que también en la OEA se cuecen habas.
En el caso hondureño la hipocresía de Almagro se ha puesto a prueba. Para empezar, se tendría que ser muy inocente para creer que la carta oficiosamente enviado por él al presidente Hernández, cuestionaba la existencia de la MACCIH en Honduras, porque en realidad el dardo estaba dirigido hacia el responsable de la Misión.
Cuando Jacobo Domínguez, asesor en política electoral de la MACCIH, salió inusitadamente del país, Almagro no hizo comentario alguno. Lo único que se sabe, y esto lo denuncia Juan Jiménez Mayor en su carta de renuncia al cargo, el señor Domínguez fue transferido con su misma función de asesor electoral a la sede de la OEA en EEUU. Juan Jiménez agregó que, el agasajo incluyó mantenerle con un salario de 10,000 dólares por mes.
Se dice que una de la razones para que Domínguez hiciera maletas a la velocidad del sonido fue que, sectores de la sociedad civil cuestionaron su aparente posición neutra frente a las elecciones que se avecinaban. En otras palabras, le echaba la pala al partido oficial. Por otra parte, se le acusó de querer sabotear la Ley de Política Limpia, en el sentido de hacerse de la vista gorda sobre que la ley aprobada en el congreso al publicarse en el diario oficial, contenía raras modificaciones que favorecían al oficialismo.
Es cierto que no se puede elegir ni a los vecinos ni a la familia que a uno le toca. Pero Jacobo Domínguez puede que sea la excepción. De nacionalidad mexicana, Domínguez se le conoce como hombre de confianza del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Sí, el mismo que fue capturado durante su estancia placentera en el lago de Atitlán.
Además resultó ser sobrino de una ex senadora y dirigente del PRI en el mismo estado mexicano. Así, algunos de mala fe, aseguran que con estas amistades, Domínguez la tuvo fácil para entrar en la nómina del organismo interamericano.
Pero lejos de estas especulaciones, lo que sí puede asegurarse es que dentro de la OEA nadie se molestó en verificar las denuncias de la sociedad civil hondureña, o si las verificó no dieron mérito para impedir que se mantuviera empleado dentro de la Organización.
La irritación del ex responsable de la MACCIH lo llevó a denunciar también, algo que puede parecer ocioso, y más para el secretario Luis Almagro. La MACCHI solicitó el alquiler de un inmueble contiguo a la sede de la Misión, con la finalidad de crear mejores condiciones de trabajo a la policía nacional encargada de la seguridad de la sede y de sus funcionarios. Explicó que este personal se hospeda en un local que tiene un solo baño para 93 elementos, que comen en la calle y no tienen donde protegerse de la lluvia y el sol.
Sobre este asunto, Almagro hizo de lado los buenos modos diplomáticos, escribiendo una carta no al presidente del país, sino al pueblo hondureño. En su misiva señala que se atendió la solicitud de alquilar un inmueble contiguo a la sede, sugiriendo que lo mejor era hacer los cambios necesarios dentro del local que ocupa la entidad para solventar el asunto. Dicha propuesta en realidad resulta ridícula y pichicata, considerando que el inmueble que ocupa la MACCIH tiene sólo dos pisos y una edificación que no sobrepasa los 250 metros cuadrados.
En la carta dirigida al pueblo hondureño, el mismo que fue burlado en el proceso electoral, Almagro pretende aclarar punto por punto lo dicho por el renunciante Jiménez. Pero el modo y forma en que lo hace tiene un perfil tan burocrático que muchos hondureños seguramente no comprendieron a lo que se refería, o bien, que la carta se había extraviado porque más parecía dirigida al presidente Hernández.
De todas formas su carta presenta curiosas incongruencias. Por una parte, como mencionamos antes, Luis Almagro le externó al presidente hondureño su insatisfacción por el trabajo de la MACCIH, entre líneas, el del responsable Juan Jiménez Mayor. Pero en su carta al pueblo él menciona que “… a cómo Jiménez ejerció el liderazgo de la MACCIH estaremos a lo que señale el informe del Inspector General”. Esto significa que su manifestación de disgusto se anticipó a un informe que todavía no había recibido, que no sabemos si al fin se entregó y que como su carta, esperemos que lo ponga bajo conocimiento del público.
Con respecto a la salida súbita del asesor electoral Jacobo Domínguez, Almagro se desentiende con que la sociedad civil haya solicitado su destitución y que lo hiciera con bases reales. Más bien explica que la petición provino del propio Jiménez, y que lo solicitado fue su “traslado”. Añade además que, no se tomaron medidas radicales porque “no existían fundamentos para su despido”.
Pero el peor traspié se da al escribir que, “Si hubiera un sumario o una investigación administrativa que lo determinara el señor Domínguez hubiera sido destituido. Pero no lo había y yo no soy partidario de linchamientos de ninguna clase”. Quiere decir que en la sede de la OEA nadie le prestó atención al incidente en cuestión como para abrir una investigación, en la que no sólo Domínguez debía ser investigado, sino también Jiménez por haber solicitado una remoción arbitraria.
Sólo detrás de los enrejados que resguardan el viejo edificio de la OEA en Washington, sabrán si se trató de un asunto de negligencia o de encubrimiento, pero lo que sí puede afirmarse es que no es cierto que a Luis Almagro le desagraden los linchamientos. Él lo ha practicado y con esmero contra Juan Jiménez Mayor, como certifica la carta dirigida al pueblo hondureño.
Lo sucedido con el fraude electoral y la situación por la que atraviesa actualmente la MACCIH tiene inevitablemente relación. El secretario general de la OEA Luis Almagro está para salvar su pellejo, más que la democracia. El que fuera responsable de la MACCIH, ha cometido el error de poner su renuncia en la mesa en el momento más inoportuno, ya que es ahora cuando se debe sostener la rienda tensada. Mientras tanto la corrupción y la impunidad se sentarán de nuevo en la silla presidencial.
