Por: Simón Antonia
Fotografías: Simón Antonio / Rony Morales
Comunidades de dieciocho departamentos afectados por el Acuerdo Gubernativo 145-2013 que da vida a las operaciones de la empresa Transportadora de Energía de Centroamércia, S. A. TRECSA, piden en Vista Pública en la Corte de Constitucionalidad, la derogación del Acuerdo Gubernativo emitido por el entonces presidente Otto Pérez Molina, que declaró de emergencia nacional la construcción de tendidos eléctricos.
En su intervención Ramón Clemente Ixcol Chávez dijo “Este Acuerdo Gubernativo viola nuestros derechos porque solo en un terreno se necesitan 30 metros que tenemos que ceder de manera forzosa para la construcción de postes y debajo del cableado no podemos vivir porque tiene 230 kilovatios; viola la autonomía municipal y viola nuestros derechos como pueblos indígenas, a la consulta como lo establece en Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
En la argumentación jurídica Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Juristas dijo que el Acuerdo Gubernativo 145-2013 conlleva cuatro aspectos que debe analizarse. “Hay una imposición que viola derechos de las comunidades e impone la servidumbre obligatoria; es un plan económico que viola la Constitución; en un anterior amparo que la Corte de Constitucionalidad rechazó por aspectos formales donde establece mecanismos para interponer un nuevo amparo sobre la misma causa; la discusión sobre el artículo 176 de la Corte de Constitucionalidad donde solo el Organismo Legislativo puede declarar un servicio público de emergencia nacional”.
Tanto las comunidades y sus abogados pidieron la derogación del Acuerdo Gubernativo petición que replicó la procuradora adjunta I de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la representación del Ministerio Público (MP).
