Boletín no. 2. El Estado y las reformas constitucionales al sector justicia

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Créditos: ixcán8
Tiempo de lectura: 24 minutos
Fotografía: Joel Pérez

Por: Carlos Enrique Arriola Avendaño – Sociólogo, docente universitario e investigador

1.     Generalidades sobre el Estado

La formación social guatemalteca en tanto realidad concreta, históricamente determinada y estructurada por el predominio en el momento actual por el modo de producción capitalista, presenta serias dificultades para su explicación desde la perspectiva teórica del materialismo histórico, y para el caso que aquí nos interesa, lo relacionado con la superestructura jurídico política del Estado. Eso se debe en primera instancia, al poco desarrollo del capitalismo y a las formas particulares que éste asume en formaciones sociales periféricas y subdesarrolladas como la guatemalteca, situación causante de dificultades en el manejo teórico. Por eso, explicar el concepto de Estado y con ello, todo lo que subyace en la lucha política generada por el tema de las reformas constitucionales al sector justicia, solo nos permite un manejo conceptual muy limitado.

Trataremos de esclarecer algunos conceptos que nos dicen y nos hacen comprender qué es el Estado y como funciona, porque sin ese conocimiento captar la problemática que gira en torno de las reformas constitucionales ya mencionadas, resulta bastante complicado. El intento por definir lo que entendemos por Estado capitalista, nos remite inmediatamente a los análisis de Nicos Poulantzas1 sobre la materia.

En efecto, “El Poulantzas más althusseriano definía al estado capitalista a partir de su función (de cohesión) y de su posición dentro de la estructura (el modo de producción): ´en el interior de la estructura de varios niveles separados por un desarrollo desigual, el estado posee la función particular de constituir el factor de cohesión de los niveles de una formación social. Esto es precisamente lo que el marxismo expresó al concebir el estado como factor de ´orden´, como ´principio de organización´, de una formación, no ya en el sentido corriente de orden político, sino en el sentido de la cohesión del conjunto de los niveles de una unidad compleja, y como factor de regulación de su equilibrio global, en cuanto sistema´ (1968: 43-44)”.2

En otras palabras, el Estado en las formaciones sociales con dominio del modo de producción capitalista, desempeña la función de cohesión a través de su autonomía relativa que le es propia, a consecuencia de la separación entre lo político y lo económico. Eso es lo que le permite cohesionar las distintas estructuras de la matriz del modo de producción dominante en la formación social, generalmente con desarrollos desiguales, tal y como se observa en las formaciones capitalistas latinoamericanas o periféricas, caso particular de la formación social guatemalteca. En efecto, el Estado tiene que armonizar estructuras con fuertes desniveles de desarrollo propio, como sucede por ejemplo con la estructura económica, pues sigue expresando relaciones capitalistas débiles, con significativa presencia de actividades económicas de subsistencia; y al mismo tiempo, con poca correspondencia con la superestructura jurídico política, como consecuencia de presentar un desarrollo desigual.

Dicho de otro modo, al Estado le corresponde batallar con las distintas estructuras, lo que significa desempeñar funciones técnico-económicas a nivel de lo económico, funciones políticas a nivel de lo político y funciones ideológicas a nivel de lo ideológico. Pese a todo, hay que tener presente que toda la injerencia del Estado es esencialmente política, y por lo mismo, que el papel global del Estado es un papel político*. Esa función política implica mantener “la cohesión de una sociedad dividida en clases: ´papel [del estado] que reviste un carácter político en el sentido de que mantiene la unidad de una formación en cuyo interior las contradicciones de los diferentes niveles se condensan en una dominación política de clase´ (1968:56) …”3

Todo parece indicar que la función de cohesión y la posición dentro del modo de producción alcanzan para definir al Estado capitalista; pero al concentrar el Estado las contradicciones al interior de las estructuras de la formación social, apunta que a nivel propiamente dicho del aparato de Estado se asista a una condensación de la relación de fuerzas entre las clases y fracciones de clase. Eso quiere decir que son las relaciones contradictorias de clase, las que al final definen la naturaleza del poder del Estado y condicionan la naturaleza misma de su aparato*. “Precisamente esa naturaleza del estado –del estado como relación-, atravesada de lado a lado por contradicciones de clase, es la que les atribuye y permite a esos aparatos y a los agentes que los componen un papel propio y un peso específico´ (1975: 104).”4

No obstante, el aparato de Estado siempre hay que verlo como el conjunto de instituciones públicas y privadas ubicadas en la superestructura que tienen la función primordial de organizar políticamente a las clases dominantes y fracciones de clase que conforman el bloque en el poder y desorganizar políticamente a las clases subalternas o dominadas, el rasgo fundamental se lo da la condensación de relaciones de fuerza producto de las contradicciones de las clases dominantes a su interior. Como sucede con el capital que arrastra intrínsecamente la contradicción entre el capital y el trabajo asalariado, el Estado es atravesado por las contradicciones de clases, siendo esas luchas las que al final definen la naturaleza del Estado.

Por ejemplo, el aparato de Estado en la formación social guatemalteca, se particulariza en forma especial por el dominio hegemónico de la Oligarquía al interior del bloque en el poder. Al no ser clase social propia del modo de producción capitalista, sino una amalgama de insipiente burguesía y de clase dominante de tradición y fundamento colonial y patrimonial (llamada así porque tampoco es feudal), en su lucha interna con las fracciones propias de la burguesía, se genera como resultado el tipo de aparato de Estado que tenemos y la naturaleza del poder político que en él se hace efectivo para garantizar los intereses, primero de la oligarquía, y después de las frágiles fracciones de la burguesía.

En conclusión, “las clases y fracciones dominantes…existen en el estado por intermedio de aparatos o ramas que cristalizan un poder propio de dichas clases y fracciones, aunque sea, desde luego, bajo la unidad del poder estatal de la fracción hegemónica. Por su parte, las clases dominadas no existen en el estado por intermedio de aparatos que concentren un poder propio de dichas clases sino, esencialmente, bajo la forma de focos de oposición al poder de las clases dominantes.”5

Sin entrar en una objeción teórica con el papel determinante que tienen las relaciones contradictorias de clase, en la definición de la naturaleza del Estado, a la luz de la teoría sigue siendo igual de válida la definición del concepto de Estado, cuando se le razona como: “…la instancia que mantiene la cohesión de una formación social y que reproduce las condiciones de producción de un sistema social mediante el mantenimiento de la dominación de clase´ (ídem: 88).”6

Solo quedan pendientes algunas observaciones sobre la autonomía relativa del Estado, mecanismo fundamental y condición obligatoria para que el Estado pueda organizar a las clases dominantes y constituir su unidad en el bloque en el poder. Ese tratamiento lo haremos en el siguiente apartado, al revisar la situación particular que presenta la autonomía relativa en la formación social guatemalteca.

2.     La Autonomía Relativa del Estado en Guatemala

Para Poulantzas, la autonomía relativa es la condición sine qua non para que el Estado organice a las clases dominantes y constituya su unidad en el bloque en el poder, situación válida para las formaciones con amplio desarrollo y dominio del modo de producción capitalista. Pero, todo parece indicar que para las formaciones sociales latinoamericanas, como afirma René Zabaleta y Luis Tapia, esta noción plantea un problema crítico, ya que en periodos prolongados de tiempo, la autonomía es constituida de manera débil y precaria.7

El concepto de autonomía relativa es fundamental para el análisis del Estado capitalista, porque permite identificar que en las formaciones sociales, el Estado no es un instrumento al servicio del poder de determinada clase o fracción de clase dominante, como tampoco es un ente independiente y por lo mismo, separado de la sociedad. Por el contrario, si el Estado puede organizar y unificar  a las clases dominantes en el bloque en el poder y constituir su unidad política, es cabalmente porque ostenta una autonomía respecto de cualquier fracción de clase o interés particular en ese bloque.

Poulantzas “define la autonomía relativa del Estado en relación con la particular y relativa separación entre lo político y lo económico en el modo de producción capitalista. Dado que las contradicciones entre las clases y fracciones dominantes impedirían el establecimiento directo de sus intereses comunes a nivel político, y con ello la formación de un proyecto de dominación en conjunto, es necesario que el Estado funcione como intermediario para organizar a las clases dominantes dentro del bloque en el poder. Sin embargo, esta función estatal –necesaria para garantizar la existencia y continuidad del modo de producción capitalista–solo se puede realizar si el Estado se encuentra separado de las clases sociales, sobre todo de las clases dominantes. Por lo tanto, la separación entre dominación política y dominación económica asegura que las contradicciones entre las clases dominantes no socaven las condiciones de su propia dominación, y por ende las del modo de producción capitalista en su conjunto”.8

En cuanto a la cuestión de las formaciones sociales, la autonomía relativa remite a la separación entre la dominación económica y la dominación política, como también al hecho de que las clases dominantes en lo económico se ven imposibilitadas de ejercer directamente el poder político, teniendo en consecuencia que subordinarse a la lógica del Estado y a sus condicionamientos particulares.

 

De esta manera, “el Estado tiene una autonomía relativa porque la burguesía no puede dominar y controlar su destino y sus aparatos de manera directa. El establecimiento de esa autonomía, no obstante, solo es posible si el Estado adquiere una unidad propia y una cohesión interna frente a las clases dominantes. Dado que por sí sola la burguesía no sería capaz de superar sus contradicciones internas y lograr organizarse a nivel político, es el Estado el que tiene que cumplir esa función. Al respecto, el Estado tiene que organizar la unidad política de las clases dominantes, desorganizando al mismo tiempo a las clases dominadas. Esa función de (des) organización el Estado la puede cumplir solo en base a su propia unidad: en última instancia, es esa unidad la que impide la disolución del Estado en las luchas de fracciones dentro y más allá del bloque en el poder”.9

Si lo anterior es válido para las formaciones sociales con amplio desarrollo del capitalismo, todo parece indicar que la teoría queda en muy malas condiciones para explicar la situación del Estado capitalista en las formaciones sociales latinoamericanas, sobre todo para el caso de Guatemala. En efecto, la autonomía relativa en tanto rasgo constitutivo del Estado capitalista, históricamente su existencia ha sido absolutamente débil, por no decir casi inexistente.

Si se analiza a partir del período que va de la revolución liberal de 1871 al triunfo de la revolución de 1944, desde ningún punto de vista se puede hablar de la existencia del capitalismo como sistema económico, a pesar de que la producción de bienes primarios estaba orientada hacia el mercado mundial, pero sin la presencia de relaciones económicas basadas en el salario. Posteriormente, el intento de constituir un modelo económico capitalista durante el período de la revolución de 1944, se trunca con el triunfo de la contrarrevolución en 1954. Sin embargo, aquí hay una coyuntura fundamental, cuyo quiebre moldeará el contenido y la forma que hasta nuestros días presenta el Estado en particular y la formación social en general.

En efecto, ante la imposibilidad de volver al tipo de Estado dictatorial cafetalero, la Oligarquía asume el compromiso de impulsar desde su propia visión, el tipo de Estado capitalista que cohesione en función de sus intereses las distintas estructuras (lo económico, lo jurídico, lo político y lo ideológico). Para la cuestión de las tareas superestructurales se conserva en buena medida el andamiaje institucional creado desde el primer gobierno de la revolución, como, por ejemplo, seguridad social, leyes laborales, autonomía municipal, ley de bancos, etc.; otras son seriamente restringidas, como sucedió con la participación en la escena política de partidos políticos portadores de ideologías “extrañas”, así como la organización y participación de trabajadores en sindicatos contestatarios al régimen. Culminando el proceso de acomodación y cambio, con la promulgación de una nueva Constitución Política para legalizar y legitimar el nuevo pacto social.

En el campo de las tareas burguesas, o sea la modernización de la economía, el espinoso problema agrario lo resuelven a través de la promulgación de la ley de transformación agraria, mecanismo para generar un escenario que propicie la capitalización de las relaciones y demás procesos de la producción, sin atentar contra la propiedad privada de la tierra. Su complemento, el impulso de la industrialización de la economía básicamente en áreas urbanas, por medio de planes y proyectos como la industrialización sustitutiva y el mercado común centroamericano, todo dentro del marco de la Alianza para el Progreso, programa regional que gentilmente los Estados Unidos de América impulsan para el desarrollo de Guatemala y demás países centroamericanos.

El fracaso fue inminente e inmediato. En lo económico, no hay salto cualitativo hacia un modelo de desarrollo capitalista, y en lo político, una serie de suceso como la represión y persecución política de líderes democráticos, disputa entre los grupos dominantes por el control del aparato de Estado, restricciones en la sociedad a cualquier tipo de participación política, popular y democrática, etc., a lo que se suma el triunfo de la revolución cubana, generan pánico en la Oligarquía y la insipiente burguesía. Por lo que, ante el temor de un posible retorno de la propuesta revolucionaria, cancelada por ellos años atrás, más la imposibilidad de establecer un proyecto hegemónico de conducción de la sociedad, deciden trasladarle a la institución armada el control del aparato de Estado, y con ello, el ejercicio en su nombre del poder político, materializado exclusivamente por la vía de la represión y la fuerza.

La mínima posibilidad de general una autonomía relativa del Estado, que le permitiera mediar entre los distintos intereses de las fracciones de clase al interior del bloque en el poder, así como de éstas con las clases subalternas, importante para evitar entre otras cosas, brotes de descontento y posibles estallidos sociales prácticamente se pierde, al ser una autonomía débil y precaria, situación que ha prevalecido por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, el problema que le plantea al Estado las reformas constitucionales al sector justicia, avala con claridad la presencia de una autonomía relativa que sigue mostrando sus facetas de debilidad y precariedad.

Es evidente que la comprensión de la autonomía relativa como rasgo constitutivo del Estado capitalista, plantea problemas cruciales, pues su debilidad y precariedad ha permitido que las instituciones del Estado tengan una eficacia limitada, facilitando que la Oligarquía y sectores de la burguesía hayan tenido a todo lo largo del tiempo acceso directo a los aparatos de Estado, usándolos claramente en su beneficio propio. “Conforme al razonamiento de Poulantzas, esta separación precaria entre dominación política y dominación económica impediría o dificultaría el rol del Estado como instancia de mediación, tanto dentro del bloque en el poder como entre las clases dominantes y las clases dominadas. En este sentido, una supuesta condición necesaria del Estado capitalista resulta por lo general más precaria en el contexto periférico de Guatemala y América Latina que en el caso de los Estados metropolitanos”.10

En conclusión: “el acceso directo de las clases dominantes al Estado sería el efecto de una fase transitoria hacia el capitalismo, en la cual los residuos tradicionales obstaculizan todavía la imposición y la difusión de la modernización capitalista, y con ello una separación efectiva entre Estado y sociedad. En otras palabras, la ausencia de una autonomía relativa del Estado o su institución precaria serían la consecuencia de un desarrollo todavía incompleto del modo de producción capitalista –en forma de una extensión limitada del trabajo asalariado– y la persistencia de los modos de producción precapitalistas –en forma del trabajo de subsistencia, la esclavitud, la servidumbre y la producción mercantil simple–. Según este razonamiento, una coincidencia prolongada entre dominación económica y dominación política advertiría por fin que la dimensión “capitalista” del Estado aún no se encuentra plenamente desarrollada y correspondería con la etapa “atrasada” de la respectiva sociedad”.11

3.     Las Reformas Constitucionales al Sector Justicia

Como lo afirmamos al principio, la naturaleza periférica del Estado guatemalteco genera dificultades para su comprensión desde la perspectiva teórica del materialismo histórico. La visión estructuralista, ideal para la interpretación del Estado capitalista en las sociedades centrales o de capitalismo avanzado se presenta en ciertos momentos para los casos de los Estado periféricos, carente de una jurisdicción territorial propia de análisis; en otras palabras, no se ha teorizado directamente sobre los Estados capitalistas periféricos, dependientes o latinoamericanos. Situación que nos remite necesariamente a considerar las particularidades que presentan las formaciones sociales como la nuestra, donde a la par de un desarrollo capitalista limitado, pero dominante, se acompaña de otras formas particulares de relaciones económicas con características propias.

Esta situación particular del escaso desarrollo del capitalismo, subsistiendo con otras formas de relaciones económicas con características propias, Zabaleta las define como formaciones sociales abigarradas, pues remite en forma particular a la presencia de estructuras productivas heterogéneas en la sociedad. Esto expresa dos situaciones muy particulares: primero, la existencia simultánea de diversos modos y relaciones de producción, que junto con el trabajo asalariado abarcan la producción de subsistencia y diferentes formas de trabajo servil. Este último es característico de regiones con amplia población indígena, la presencia del latifundio y las relaciones de dominación patrimonialistas, donde la dominación económica y política es una sola, como corolario de las relaciones personales de dependencia.12

En segundo lugar, a la heterogeneidad económica le corresponde un escenario político específico, pues tienen presencia al lado de las estructuras de autoridad modernas del Estado, autoridades comunitarias legítimas y formas de autogobierno propio de grupos o de pueblos indígenas. En este caso, las estructuras de autoridad comunitarias “suelen tener una mayor legitimidad y eficacia que las instituciones del Estado moderno, el cual ejerce una influencia relativamente débil sobre la organización de la vida social y las ideas y percepciones de la política y del orden”.13

Quiere decir que por lo general en las formación sociales abigarradas, válido en buena medida para nuestro caso, es legítimo decir que en buena parte del territorio nacional “…se ve restringida la pretensión del Estado de ejercer el monopolio de la ley y la autoridad, limitándose a ciertas regiones del país, mientras que en las demás regiones predominan otras estructuras de autoridad que se sobreponen a las instituciones del Estado moderno…Por lo general, las instituciones del Estado moderno suelen establecerse de manera más eficaz en aquellas regiones que se caracterizan por una imposición efectiva y amplia de las relaciones de producción capitalistas, un proceso que en América Latina está vinculado a menudo con el genocidio de los grupos indígenas.”14

Lo anterior nos permite inferir sobre dos constantes históricas que ha presentado el Estado guatemalteco, a saber: primero, desde su fundación como Estado Nacional en 1821 hasta la revolución democrático burguesa de 1944, presenta fases y secuencias propias de un Estado instrumentalista; segundo, de 1944 hasta el momento actual, exterioriza coyunturas de autonomía relativa con alto grado de precariedad. En efecto, del momento de la independencia hasta la revolución liberal de 1871 se asistió a una continuación del Estado colonial, donde lo económico y político tienen el mismo significado y sentido, salvo el manejo de poder político al quedar en manos de los criollos.

 

Con el triunfo de la revolución liberal en 1871 se reforma el Estado, con el propósito de supeditar toda la institucionalidad estatal a favor de la producción de café, generando como efectos más visibles, lo siguiente: primero, se hace efectivo un nuevo ordenamiento territorial y con ello, el aparecimiento del latifundio y del minifundio tal y como hoy se conoce; segundo, se produce un cambio significativo en la constitución de la clase dominante a consecuencia del aparecimiento de ladinos ricos vinculados a la producción del café y su inserción en las esferas del poder criollo. Esa fusión es la que da nacimiento a la Oligarquía.

En 1944 finalizan las dictaduras cafetaleras, pero no del todo con la naturaleza instrumentalista del Estado, pues, aunque se da inicio a las fases donde se pretendió por distintas fórmulas transitar hacia un Estado capitalista, las coyunturas políticas a consecuencia de golpes de Estado, el aparecimiento de gobiernos militares y un largo conflicto armado, cierran toda posibilidad de dar ese salto cualitativo. Fases caracterizadas porque a nivel de lo político, en algunos periodos, en forma forzada se mantiene la fachada del andamiaje institucional democrático; y, a nivel de lo económico, el no haber alcanzado en ningún momento el pretendido desarrollo del capitalismo. En realidad, no hubo una verdadera intención de favorecer y estimular las relaciones de producción basadas mayoritariamente en el salario, todo lo contrario, se siguió manteniendo y estimulando en amplios sectores de la actividad económica, la no separación del capital y el trabajo.

La coyuntura de 1984 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para promulgar el nuevo pacto social, marca el último quiebre en el rumbo de la formación social. En efecto, la Constitución Política que emana en 1985 como resultado del trabajo de la Constituyente, vendida a la sociedad como el nuevo pacto social para superar estancamiento económico y la ausencia de un verdadero proceso democrático de convivencia social, no es más que el viejo proyecto de dominación política y económica de la Oligarquía.

Para cumplir con los designios, la Oligarquía en el campo político retoma el manejo y control de los aparatos de Estado, hasta entonces en manos de la institución armada, valiéndose de un Estado de derecho sumamente débil, plasmado así por los Constituyentes, cabalmente para hacer efectivos esos fines. En materia económica, implementan los llamados ajustes y demás disposiciones que en esa materia se desprendieron del consenso de Washington para Guatemala. La consecuencia inmediata, la reactivación y el ahondamiento de la crisis general del Estado y de todo el sistema social.

El resultado, la privatización de los activos del Estado y su achicamiento, la desatención en la prestación de servicios públicos esenciales y pérdida de la soberanía territorial a favor de empresas de capital extranjero, migraciones forzadas y el ahondamiento de la pobreza y pobreza extrema, sobre todo en las áreas del territorio nacional con alto grado de ruralidad y de indigenismo. En lo político, procesos electorales intrascendentes y gobiernos inoperantes, incompetentes, pero sobre todos fomentadores de la corrupción en las distintas esferas del gobierno y del enriquecimiento ilícito de los funcionarios.

En el presente, seguimos en presencia de un Estado copado por poderes paralelos a todo nivel, con altos índices de corrupción en las esferas de gobierno, con poca presencia en el territorio nacional e incapaz a no poder más, con la tarea de cumplir con sus obligaciones de garantizar como mínimo el bien común a la población. Como contrapartida a la tragedia que presenta esa realidad, el Estado, fiel a su naturaleza, sigue siendo un instrumento exclusivo que beneficia los negocios e interés de grupos de empresarios de sello oligárquico y burgués y de sectores económicos fincados en el extranjero. El veloz agotamiento del Estado toca fondo en el año 2014 cuando el binomio presidencial se ve forzado a renunciar a su alto cargo, bajo el argumento de ser responsables de mal manejo de la cosa pública y de corrupción en las distintas instancias del gobierno.

¿Dónde comienza el problema? Todo parece indicar que es con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984 y la promulgación de la nueva Constitución Política de la República un año después. En efecto, esta Constitución, que no es más que el viejo proyecto de nación de la oligarquía, para hacer efectivo el resguardo de sus intereses, matiza de forma especial dos situaciones que no pueden pasar desapercibidas: primero, es portadora de más de 40 artículos que resguardan intereses precapitalistas, fundamento de su dominio económico y político; y, segundo, un articulado que define la existencia de un Estado de derecho bastante precario, situación que permite su fácil manipulación. Todo como anillo al dedo, pues se obtiene, por un lado, la garantía constitucional para seguir explotando económicamente y sin perturbación alguna a la población guatemalteca; y, por el otro lado, el atenazar y manejar todo el andamiaje jurídico para tener el control de los aparatos de Estado, tanto a nivel de lo público como de lo privado.

Parte de esa realidad la explica el medio de comunicación Nómada, de la siguiente forma: “Cuando la transición democrática llegó, los abogados le dieron forma al nuevo Estado a través de la Constitución de 1985. Con el pretexto de que el poder político necesitaba un contrapeso, reservaron para sí mismos (los abogados) y para la Universidad de San Carlos (USAC), lugares privilegiados en las comisiones para la elección de Fiscal General, del Tribunal Supremo Electoral y de los jueces poderosos del país (Corte Suprema de Justicia)…La participación de la USAC tenía cierta lógica por ser la universidad estatal, mientras el Colegio de Abogados estaba dominado por bufetes tradicionales. Así, había espacio tanto para los abogados “del centro histórico” como para “los de la zona 10”, la del centro económico de la Ciudad de Guatemala…Entre 1985 y 2015, cada vez que se creó o modernizó una institución, los abogados acapararon espacios…”15 Pero esos abogados que le dan forma al nuevo Estado y diseñan todos esos mecanismos para controlar los poderes públicos, son los abogados de la Oligarquía.

Vuelve el Estado con su fachada democrática a constituirse en un instrumento de control directo por parte de la Oligarquía, reafirmándose de esa manera la no separación entre lo económico y lo político y por extensión, entre el Estado y la clase dominante. El resultado, una autonomía relativa totalmente precaria, poco favorable para la mediación del Estado en asuntos propios de las contradicciones de la clase dominante y las fracciones de la burguesía; peor aún, entre éstas y las clases subalternas.

Sin embargo, hay una lectura que parece ser que la Oligarquía y sus abogados no realizan al momento de darle forma al nuevo Estado. Se trata del enquistamiento de civiles, pero sobre todo de militares en el control de distintas instancias gubernamentales donde se hace efectivo el poder político, como consecuencia de la militarización del Estado durante el conflicto armado interno. El resultado, la formación de verdaderas bandas criminales controlando para su beneficio instancias claves del andamiaje gubernamental, como, por ejemplo, aduanas, migración, finanzas públicas, rentas internas, infraestructura, puertos, fronteras, etc., todo perfecto para el fomento de la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

Realidad imposible de corregir por parte del nuevo Estado, que todo indica que nació capturado por las bandas criminales ya enquistadas en las instituciones del Estado. La magnitud del problema se empieza a dimensionarse a fines de la década de los años 90 del siglo pasado, cuando es procesado judicialmente Alfredo Moreno, líder de una banda dedicada al contrabando y a la defraudación fiscal. Red Moreno que “…habría sido conformada por oficiales del ejército y funcionarios del gobierno encargado de controlar las aduanas del país. Muchos de sus miembros habían formado parte de los grupos de inteligencia militar conocidos como «La Cofradía» y «El Sindicato», vinculados al general Francisco Ortega Menaldo y el general Otto Pérez Molina, respectivamente”.16 Ese proceso no implicó el ponerle fin a la captura del Estado, solo significó tener clara la dimensión y la magnitud de semejante captura. Inclusive la propia Red Moreno no desapareció, pues en el juicio llamado “La Línea” que en el presente se sigue contra el ex presidente Otto Pérez y otros funcionarios públicos de alto nivel de su gobierno, uno de los involucrados es Francisco Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez”, considerado en su momento, el segundo hombre después de Alfredo Moreno.

En una entrevista realizada por el diario El Periódico al ex canciller de Guatemala Edgar Gutiérrez, refiriéndose a la evolución del crimen organizado y su relación con el poder político, expone lo siguiente: “…en los últimos 20 años ha tenido 3 etapas. A la primera le suelo llamar predatoria porque es donde los brazos criminales se instalan para ganar territorio y poder. Es una etapa muy violenta., se dio desde el gobierno de Arzú hasta la mitad del gobierno de Portillo…una segunda etapa que comienza sobre 2002 y termina sobre 2012, cuando está por asumir Otto Pérez. A esa la llamo etapa parasitaria porque es donde los métodos violentos se sustituyen por la corrupción. Los grupos criminales empiezan a pensar que en vez de pelearnos, mejor corromper y hacer socios a políticos y policías…La tercera etapa creo que es a la que llegamos con el gobierno de Otto Pérez, la denominada simbiótica. El crimen organizado y el poder político se benefician mutuamente y se alimentan uno al otro…”17

La captura del Estado, no implica solo el control de ejecutivo, sino también del poder judicial a través de imponer jueces y magistrados en las distintas cortes; como también del poder legislativo, al financiar las campañas electorales de diputados incondicionales para sus fines. Sus mejores aliados, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos por su participación en comisiones de postulación y nombramientos de funcionarios de alto nivel, sobre todo en materia judicial, sin olvidar que tienen participación en juntas directivas, en departamentos jurídicos y en asesorías en la mayoría de las instituciones del Estado.

Una muestra de la importación del papel que juega el Colegio de Abogados, se grafica con nitidez en la elección de su junta directiva en febrero del 2017. En efecto, de un total de 8 planillas, la ganadora fue la planilla 3, segundo lugar la planilla 1 y tercer lugar la planilla 4. La planilla ganadora, además de junta directiva gana el tribunal electoral y el tribunal de honor. Pero, ¿Cuáles son los intereses que portaban estas planillas? La planilla 1 (opcihón), postuló “como presidente de la Junta Directiva a Ovidio Orellana, abogado que se dedica a la defensa de jueces y magistrados denunciados ante la Junta de Disciplina Judicial…De acuerdo a información publicada por medios de comunicación, detrás de esta planilla se encuentra personas vinculadas con el “Rey del Tenis” y el ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Estuardo Gálvez.

Planilla 3 Unión Gremial (Conamis)…es promovida por la Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social (Conamis) y Abogados de Mixco, agrupaciones que han sido vinculadas a estructuras de impunidad. El candidato Luis Fernando Ruiz trabajó en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, durante el gobierno de Otto Pérez. Durante ese mismo gobierno otro miembro de su planilla, Henry Dubón, fue asesor del Ministerio de la Defensa Nacional, mientras que Carlos Jáuregui fue asesor del Ministerio de Gobernación, lo que evidencia que esta planilla es cercana a grupos de ex militares como lo expone Nómada.

Planilla 4, Alternativa Independiente…está conformada en su mayoría por abogados corporativos*. Alejandro Balsells, quien fue su candidato a la presidencia de la Junta Directiva. Fue el único candidato en respaldar públicamente el proceso de reforma constitucional.”18

La lucha por el control del Colegio de Abogados, es sin lugar a dudas un calco de la lucha que se lleva al interior de los aparatos de Estado: la planilla 1, en representación de los grupos delincuenciales vinculados al contrabando, la defraudación aduanera, defensa de funcionarios vinculados con la corrupción, el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etc. La planilla ganadora, ligada a las estructuras de la impunidad y de funcionarios vinculados a gobernación y a la defensa nacional durante el gobierno de Otto Pérez y, en el gobierno actual, se les asocia con grupos de ex militares cercanos al actual presidente. Por último, la planilla 4, que no son más que la continuación de los abogados que históricamente han defendido celosamente los intereses de la Oligarquía, y como ya se mencionó, al momento de la Constituyente de 1984 le dieron forma al nuevo Estado en la Constitución Política vigente.

Esa es la lucha política por el control del Estado, situación común en la mayoría de Estados capitalistas periféricos, solo que en nuestro caso se da el agravante que las clases dominantes representadas, como la Oligarquía y algunas fracciones muy pequeñas de burguesía, vinculadas al capital agrario, comercial y financiero, atípicamente se disputan dicho control con el crimen organizado enquistados en las estructuras del Estado.

Como se puede comprender, en el Estado guatemalteco ni por asomo se asiste a observar una separación entre lo político y lo económico, y por efecto, tampoco entre el Estado y las clases dominantes. En relación a las clases subalternas o dominadas y demás grupos sociales supeditados, como, por ejemplo, los pueblos indígenas, no tienen ninguna participación y representación en las estructuras del Estado guatemalteco.

El acelerado agotamiento del Estado guatemalteco en tampoco tiempo, toca fondo con los acontecimientos políticos de 2014 que llevaron a la renuncia del presidente y vicepresidente de la república. A partir de ese momento, se asiste a la arremetida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) en la persecución de funcionarios del gobierno anterior por actos de corrupción; a la fecha, están siendo procesados por diversos delitos de corrupción, el binomio presidencial, ex ministros y otros funcionarios de Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del sector privado, etc. La lectura resultante: es de urgencia nacional el fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de justicia.

De ahí la iniciativa 5179 que contiene la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia, insertada en el contexto de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Aunque es el producto del trabajo de una amplia Mesa Nacional de Diálogo, es claro que el impulso esencial se deriva del MP y la CICIG. “Las propuestas de reforma, por lo tanto, intentan en alguna medida mejorar el funcionamiento institucional de Guatemala, ya que tal como está diseñado el sistema, produce periódicamente un escenario de concentración sistemática del poder, de manera que el funcionamiento de las instituciones guatemaltecas, frecuentemente, es anulado por esta matriz concentradora del poder; en ese sentido, lo que se intenta cambiar es el sistema de pesos y contrapesos del sistema guatemalteco, de manera que se garantice el adecuado funcionamiento de la democracia y, así, evitar los abusos derivados de la concentración del poder y la consecuente impunidad generalizada que ello implica.”19

La propuesta de reforma constitucional en materia de justicia contemplaba en su inicio, los siguientes temas estructurales: i. Reconocimiento expreso del sistema jurídico de los pueblos indígenas y su control constitucional. ii. Garantías y principios rectores para el sistema de administración de justicia. iii. Separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). iv. Carreras profesionales. v. Fortalecimiento de los mecanismos republicanos de ejercicio del poder: adopción de un sistema de control inter orgánico para la selección de las más altas autoridades judiciales y del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.20

Los temas fueron aprobados por el pleno del Congreso de la República en las lecturas correspondientes, sin embargo, en la discusión para la aprobación de las reformas constitucionales artículo por artículo, desde el principio el disenso marcó la pauta en el pleno del Congreso, a consecuencia del desacuerdo en torno al artículo 203, referido al tema del reconocimiento constitucional del sistema jurídico de los pueblos indígenas. Ni el artículo modificado que se recoge en la iniciativa de propuesta de reforma, ni las enmiendas sugeridas, que por cierto nadie conocía, contaron con el respaldo de los votos necesarios para su aprobación; por lo que con la intención de evitar la improbación del artículo referido siempre se rompía el quórum, situación que se deslizaba hacia la cancelación de la discusión y aprobación de los demás artículos en el pleno del Congreso.

Atrás de toda la problemática que giraba en torno a negativa de aprobar las reformas al artículo 2003, se encontraba la Oligarquía a través del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), quien siempre patentizo su rotundo no a la aprobación del artículo bajo la ridícula excusa de tener dudas sobre su funcionalidad y efectividad en su aplicación. Cuestiones como la falta de certeza jurídica, la no codificación de la ley, su equiparamiento al sistema oficial de justicia, el divisionismo que provocará entre los guatemaltecos al momento de su aplicación, retroceso en materia judicial, incertidumbre, etc., fueron algunos de los argumentos, o, mejor dicho, tretas para oponerse a la reforma.

Pero, ¿es lo anterior el problema que tiene el CACIF en torno a las reformas en materia de justicia, o subyace en el fondo cuestiones torales que afectarían básicamente sus intereses políticos, pero sobre todo sus intereses económicos? “En el fondo, sus temores fundamentales parecieran ser dos: 1) continuar perdiendo privilegios y condiciones de impunidad en sus dinámicas empresariales históricamente ventajosas y 2) que las resistencias sociales utilicen los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas (en caso de ser reconocidos constitucionalmente) contra los proyectos extractivos al punto de impedirlos”.21

Por lo que ya hemos expuesto reiteradamente en éste análisis, todo apunta a suponer que en esta estrategia de ver como las reformas quedaban sin efecto y al final fueran vetadas por el Congreso, indudablemente a las clases dominantes se les unió en clara unión maligna, los grupos corruptos y mafiosos vinculados a la criminalidad, anclados en los tres poderes del Estado; porque de lo contario, los intereses de las clases dominantes y los intereses del crimen organizado se verán igualmente afectados. Y, como el crimen se mueve fuera del sistema, porque no es legal y mucho menos legítimo, la Oligarquía como clase hegemónica es quien reacciona por medio del CACIF en su intento por frenar una acción legitima y legal que atentaría seriamente su control y dominio de un Estado de derecho, que los tristemente célebres Constituyentes de 1984, diseñaron perfectamente a la medida de sus intereses.

Para la Oligarquía, no se trata solamente de ver mermado su poder y dominio dentro de las estructuras del Estado, eso es algo que se puede reconstruir, al fin de cuentas la autonomía relativa del Estado respecto a las clases dominantes es sumamente precaria, significando que tienen en sus manos el manejo instrumental del Estado sin mucha dificultad, aunque en condiciones diferentes de como ha sucedido a lo largo del ejercicio “democrático” vivido desde la vigencia de la actual Constitución Política. No, el problema es más inmediato y tiene que ver con sus intereses económicos y los intereses del capital transnacional, pues el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas, legitimarían sin lugar a dudas las acciones para frenar proyectos y actividades económicas que han tenido en poco tiempo de estar vigentes, como el cultivo de la palma africana y la caña de azúcar para fines industriales, las hidroeléctricas, el desvío de ríos y la minería de cielos abiertos, entre otras actividades económicas, efectos devastadores en el medio ambiente y en la salud pública, cuyo costo social y económico lo han pagado con creces las poblaciones afectada directamente, en su mayoría de origen indígena.

Como se vislumbraba que tenía que suceder, todo parece indicar que la lucha política en torno a la reforma constitucional en materia de justicia, empieza a inclinarse a favor de la Oligarquía. En efecto, el día 8 de marzo se acordó en el Congreso de la República, el posponer la discusión del artículo 3 de la reforma constitucional que modificaría el artículo 203 de la Constitución Política, hasta que se haya discutido el resto de los artículos. Lo dicho reiteradamente por el sector privado organizado en los distintos medios de comunicación, parece que va camino a ser una realidad: apoyar los cambios constitucionales en materia de justica, pero sin el tema de la jurisdicción indígena. El costo posible, la merma del control político de los aparatos de Estado, que tampoco será cosa grave pues tienen presencia propia en el Estado, lo que les garantiza que el andamiaje institucional público y privado responda siempre a sus intereses. La renta, el resguardo garantizado de sus intereses económicos y del capital transnacional, pues el temor de que utilizando sus sistemas jurídicos los pueblos indígenas accionen contra sus intereses, al implementar posibles acciones legales para detener proyectos de infraestructura por ellos financiados, al quedar suspendida la discusión de la reforma constitucional del artículo 203, prácticamente desaparece.

1 Todos los conceptos utilizados en este apartado proceden de sus obras: “Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista” y “Estado, Poder y Socialismo”.

2 Bonnet, Alberto. Evolución y Paradojas del concepto de Estado en Poulantzas. Trabajo preparado para su presentación en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, julio de 2015. P. 9.

*El subrayado es nuestro.

3 Ídem. P. 10.

4 Ídem. P. 5.

5 Ídem. P. 6.

6 Ídem. P. 14.

7 Pimmer, Stefan. La autonomía relativa en la periferia: reflexiones en torno al Estado en la obra de Nicos Poulantzas, René Zabaleta y Luis Tapia. P.1.

8 Ídem. P. 2.

9 Ídem. Pp. 6-7.

10 Ídem. P. 3.

11 Ídem.

12 Idem. P.15.

13 Idem.

14 P. 16.

15 https:// nomada.gt/la-pelea-el-mp-y-el-estado-comienza-en-este-lugar/ (Guatemala, 02/03/2017).

* El subrayado es nuestro.

16 Ver, https//es.Wikipedia.org/wiki/caso Moreno en Guatemala. (Guatemala, 04/03/2017).

17 Ver, Diario El Periódico del 27/02/2017.

*El subrayado es nuestro.

18 Impunity Watch-Guatemala. Informe de monitoreo. Elecciones 2017 en el Colegio de Abogados de Guatemala. Febrero de 2017.

19 Mack, Luis Fernando. La Reforma Constitucional, en perspectiva histórica. REVISTA ELECTRONICA DIÁLOGO – FLOCASO GUATEMALA. Febrero 2017.

20 Congreso de la República de Guatemala. Exposición de Motivos. Reforma Constitucional en Materia de

Justicia.

21 En: https://www.plazapublica.com.gt/content/el-veto-oligarquico-las-reformas-constitucionales (Guatemala, 20/02/2017).

4.     Bibliografía

  1. Bonnet, Alberto. Evolución y Paradojas del concepto de Estado en Poulantzas. Trabajo preparado para su presentación en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, julio de
  2. Congreso de la República de Guatemala. Exposición de Motivos. Reforma Constitucional en Materia de Justicia. Guatemala,
  3. Poulantzas, Nicos.   Poder   Político    y   clases    sociales    en   el    Estado Capitalista. México, Siglo XXI,
  4. Poulantzas, Nicos. Estado, Poder y Socialismo. México, Siglo XXI,

Artículos

  1. Pimmer, Stefan. La autonomía relativa en la periferia: reflexiones en torno al Estado en la obra de Nicos Poulantzas, René Zabaleta y Luis Tapia. http://www.academia.edu/27859455/. (Guatemala 20/02/2017).
  2. https://nomada.gt/la-pelea-el-mp-y-el-estado-comienza-en-este-lugar/ Guatemala (02/03/2017).
  3. https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Moreno_en_Guatemala. (Guatemala 04/03/2017).
  4. Diario El   Periódico.   Entrevista    a   Edgar   Gutiérrez,    Ex   Canciller    de 27/02/2017.
  5. Impunity Watch-Guatemala. Informe de monitoreo. Elecciones 2017 en el Colegio de Abogados de Guatemala. Febrero de
  6. http://www.flacso.edu.gt/dialogo/?p=1641. (Guatemala 28/02/2017).
  7. https://www.plazapublica.com.gt/content/el-veto-oligarquico-las-reformas- (Guatemala 20/02/2017).

Lea también

https://prensacomunitaria.org/boletin-no-1-la-apuesta-reforma-o-refundacion-del-estado-en-guatemala/

 

 

Autoría y edición

Descendencia kaqchikel y afrodescendiente. Infancia en la cuna de una organización revolucionaria. Crecida dentro de la revolución cubana.

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