Por: Carlos Enrique Arriola Avendaño – Sociólogo, docente universitario e investigador
1. El Antecedente
En Guatemala existe desde la contrarrevolución de 1954 un problema político imposible de solucionar para la clase dominante, dificultad que tiene que ver con la instauración en el seno de la sociedad de lo que sus ideólogos llaman la democracia representativa. Importante instrumento hegemónico, que, junto a otros instrumentos, como el derecho, los derechos humanos y el constitucionalismo, constituyen el soporte donde se asienta la legitimidad y la gobernabilidad del Estado de derecho. Instrumentos hegemónicos diseñados para garantizar la reproducción ampliada de las sociedades capitalistas de clase y porque son creíbles como aseguradores de la obtención del bien común, aun por las clases subalternas, a pesar de que son afectadas negativamente por ellos1.
La mala noticia para los que empujan semejante construcción de sociedad, es que mientras no se altere la naturaleza excluyente, discriminatoria y racista del Estado, dicha aspiración seguirá siendo un fracaso, tal y como ha sido desde las primeras de cambio. A eso se debe que el proceso democratizador iniciado con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984, que se supone iba a afianzar cada vez más tan anhelado sueño de convivencia social y disfrute del bien común nunca llegó a consolidarse; paradójicamente, rápidamente puso al descubierto la realidad de un sistema social, político y económico que siguió operando, como de costumbre, de espaldas a los intereses de las grandes mayorías.
El resultado, un proceso democratizador que nunca evolucionó a sistema democrático afianzado y funcional. Al contrario, se disipó rápidamente, dando inicio una crisis política que se ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo, como consecuencia del paulatino desgaste que sufren las instituciones del Estado y la mala conducción del poder político, desde el gobierno de la Democracia Cristiana hasta el gobierno actual.
Aunque sabemos que la democracia no es un sistema político sino una forma de vida, para que tenga posibilidades de ser una realidad funcional y con legitimidad, es condición fundamental el asegurarle a la población que contará con niveles aceptables de bienestar social y económico. Al mismo tiempo, garantizar y facilitar a los ciudadanos el derecho a organizarse con miras a su participación política, ya a nivel institucional, como también en el escenario que el sistema permite para demandar la atención de los problemas sociales que les afectan en la cotidianidad de sus vidas. Adosando a la cuestión, el contar con un marco jurídico vigoroso en sus normativas, fiel garante de la concordia social. En otras palabras, tiene que haber un escenario apropiado para que los ciudadanos legitimen con su participación el sistema social, que si bien nunca será en la realidad una verdadera democracia, y menos representativa, como mínimo permita relaciones sociales tolerables.
A los problemas rápidamente señalados en los párrafos anteriores, se suman otros de igual magnitud, muy difíciles de solucionar para los sectores dominantes. Se trata del manejo del poder político y de la crisis de hegemonía.
En la tradición política de Antonio Gramsci, una forma simple de concebir a primera a vista su concepto de bloque histórico, es comprender que se trata de la unión de la estructura económica y la superestructura jurídica, política e ideológica, en un período de tiempo determinado; relación que se organiza alrededor del sistema hegemónico de dominación de la clase fundamental o clase dominante del bloque histórico2. Sistema hegemónico, que no es más que la dirección política, moral e ideológica que dicha clase le imprime al bloque histórico, es decir a la sociedad política (el Estado) y a la sociedad civil (los organismos privados), en correspondencia con los intereses de esa clase fundamental o dominante.
En términos de la realidad guatemalteca, esa era la naturaleza del bloque histórico que arranca con la reforma liberal de 1871 y finaliza con la revolución de 1944, a consecuencia de una crisis orgánica en el bloque histórico al perder la hegemonía la oligarquía terrateniente; desembocando en una situación favorable para las nuevas fuerzas política, la pequeña burguesía en el papel protagónico en lo político y la insipiente burguesía.
Da inicio en ese momento la construcción de un nuevo bloque histórico, constituyéndose un nuevo sistema hegemónico alrededor de la pequeña burguesía como clase fundamental (dirección política, moral e ideológica) pero en forma temporal, pues el sistema hegemónico en una sociedad capitalista, por insipiente que esta sea, excluye a las clases subalternas de ese papel protagónico. Dos hechos fueron visibles en el inicio de la construcción del nuevo bloque, primero, la ruptura del vínculo orgánico entre la estructura y la superestructura al ser desplazada la oligarquía como clase dominante; segundo, la aparición de un nuevo sistema hegemónico agrupando a las clases subalternas. Fue relevante en ese momento histórico el papel concluyente jugado por la pequeña burguesía, así como la participación muy combativa de la minúscula clase obrera y la clase artesanal.
Bloque histórico que nunca llegó a consolidarse, por la imposibilidad de consolidar un nuevo sistema hegemónico al servicio de la burguesía guatemalteca, situación aprovechada por la reacción guatemalteca, quien con el apoyo de la CIA da un golpe de Estado en 1954, terminando con el movimiento revolucionario iniciado 10 años atrás.
Se renueva de esta cuenta el viejo bloque histórico, con el propósito de conservar los viejos intereses de la oligarquía en tanto clase dominante, expresión de terratenientes con mentalidad feudal y una insipiente burguesía que a la fecha no ha evolucionado, al seguir mostrado el sello particular que siempre la ha caracterizado: ser más rentista que capitalista. Su demostración al día de hoy, el ser portadora la actual Constitución Política de la República, de más de 40 artículos en plena defensa de intereses precapitalistas.
El nuevo momento histórico implicó forzosamente el traslado de la primacía de la sociedad civil a favor del Estado, o sociedad política, pero nunca que la vieja clase dominante recuperara el control sobre la sociedad, manteniéndose en el manejo del poder político y en el control del aparato de Estado únicamente por la vía de la coerción. Esa es la crisis política que aún no ha sido resuelta por la clase dominante. Jamás ha logrado constituir un sistema hegemónico que les permita tener por la vía del consenso y de la legitimidad de la sociedad, una dirección política, moral e ideológica.
A partir de la contrarrevolución, Guatemala se ha debatido políticamente en una constante crisis de hegemonía, expresada con la presencia de clases o grupos sociales dominantes del resto de la sociedad, por un largo período de tiempo por medio de la coerción y la fuerza, pero sin dirección ideológica y moral. Dirigencia fallida, incapaz de resolver los problemas esenciales de la sociedad y mucho menos de imponer su propia concepción del mundo. Esa dificultad de instaurar su propia hegemonía política a consecuencia de no lograr el control de la sociedad civil, es lo que impide a la clase dominante dirigir a la sociedad por la vía de los consensos, recurriendo al uso de la coerción para mantener el dominio político.
En efecto, a partir del momento del triunfo de la contrarrevolución hasta el Golpe de Estado que derroco a Miguel Idígoras Fuentes, esa es la figura que muestra la realidad política de este país. La Imposibilidad de implementar un nuevo sistema hegemónico por parte de la clase dominante, la coerción y la fuerza se convirtieron en los mecanismos de control y dominio.
Pese a la persecución, el encarcelamiento y la eliminación física de buena parte de la dirigencia popular que había jugado un rol significativo durante los gobiernos de la revolución, la oligarquía fue incapaz de ofrecerle a la sociedad un proyecto de nación, que fuera la alternativa viable al proyecto de la revolución que habían cancelado por la fuerza.
Al contrario, temerosos de una vuelta de la propuesta social, política y económica de la revolución, en ese momento del golpe de Estado le trasladan el control de los aparatos de Estado y el manejo del poder político a la institución armada, dando inicio al periodo de las dictaduras militares, y con ello, a un largo conflicto armado interno. Ya con pleno control de los aparatos de Estado y sin injerencia de nada y de nadie, la institución armada encontró vía libre para que el dominio de la sociedad se realizara exclusivamente por la vía de la represión sistemática de la población, sobre todo de la población indígena. A tal extremo, que, en el afán de aniquilar al enemigo interno, las acciones contrainsurgentes enderezadas por el Ejército contra la población indígena, se deslizaron hacia la materialización de actos de genocidio perpetrados en algunas comunidades del noroccidental del país.
2. La Variable Invariable del Sistema Político: La Crisis de Hegemonía
Toda esa violencia estatal se agudiza a partir del Golpe de Estado de 1982. Para su efectividad, se asiste a la militarización total del Estado y la sociedad, y con ello, el control total de la población y mano libre y sin cortapisas a las acciones de represión. Dos años bastaron para dejar resuelta la cuestión militar, aclarando desde luego, que en ningún momento el movimiento revolucionario fue en el plano militar una verdadera amenaza para la sobrevivencia del Estado; sin embargo, para los mandos castrenses había que mantener las acciones militares, era la justificación para no renunciar a los beneficios y réditos que se desprendían del control de las instituciones del Estado.
El desgaste ocasionado al Estado generó una profunda crisis de legitimidad y de legalidad, que obliga a la institución armada a replantear la recuperación y los mecanismos de control del Estado por la vía política, sin que eso haya significado dar por terminado el conflicto armado y mucho menos aceptar la negociación de los acuerdos de paz. De esta cuenta, da inicio la reapertura política con la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya tarea primordial era la de plasmar una nueva Constitución Política y así darle vida a un nuevo pacto o contrato social. A partir de ese momento, se pone en marcha el llamado “proceso democratizador”, nunca acabado, por cierto, para la construcción de un “legítimo” sistema democrático.
Se trató en buena parte de presentar a la opinión pública nacional e internacional, medidas políticas que permitieran recuperar la institucionalidad estatal, teniendo como sustrato un proceso democratizador para apuntalar el desarrollo y la paz social. Sin embargo, lejos estaba de ser una solución a la problemática nacional, pues en el campo de lo económico se había gestado una crisis por el mal manejo de las políticas macroeconómicas; la que trajo como resultado, problemas inflacionarios, déficit fiscal, financiamiento de los presupuestos por medio de la banca central, reducción del acceso a los créditos internacionales, perdidas de las reservas monetarias internaciones, etc.3
La solución al problema, la aplicación de las medias económicas de ajuste estructural recomendadas por el consenso de Washington, como por ejemplo, cambios en las prioridades del gasto público, liberalización de los tipos de interés, apertura a las inversiones extranjeras directas con condiciones mínimas, liberalización del comercio y de los mercados de capitales a nivel internacional, privatización de las empresas estatales, etc. El resultado, la privatización de los activos del Estado, su achicamiento, la desatención en la prestación de servicios básicos para la sobrevivencia de grandes segmentos de población en las zonas rurales, y como corolario, el ahondamiento de la pobreza. Además, la pérdida de la soberanía territorial a favor de las empresas extranjeras, sobre todo las vinculadas a las actividades extractivas, etc.
Lo que sigue a continuación es una crisis más conocida, ya que de una u otra forma estamos viviendo sus consecuencias. En efecto, el análisis del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, en su artículo titulado: Una Ruta para la Reforma del Estado, al respecto de la evolución de la nueva crisis en la que se encuentra el Estado y la sociedad, nos dice lo siguiente: “Es una crisis larvada durante más de 30 años…con malas transiciones desde el autoritarismo hacia la democracia y de la guerra civil a la paz, pues se perdieron los pilares de la legalidad y la política democrática. El problema comenzó a desvelarse en 2014…”4
Hemos presenciado en el escenario político el desfile, muy significativo, por cierto, de un número considerable de gobiernos “democráticos”, resultado de elecciones populares que nos han dejado claro que, para los actores políticos involucrados, la democracia empieza y termina con tales eventos. Se suma a esa realidad, el aparecimiento en la escena política de un sector del empresariado bastante comprometido con la participación política, probablemente durante las últimas dos décadas, con la función de hegemonizar los intereses de las élites, clases dominantes o fracciones de clase, como se les quiera llamar, constituidas en el bloque en el poder.
A la par de todo ese intríngulis político vivido, los guatemaltecos presenciamos estupefactos, el tránsito inexorable del deterioro de las condiciones económicas y sociales, sobre todo en las áreas rurales del país. En efecto, para fines del siglo pasado se desploman los precios del café en el mercado internacional, afectando seriamente la producción del grano, dando pie al aparecimiento de nuevos productos agrícolas de agro exportación, caso de la palma africana y la caña de azúcar para la producción de agro combustibles; así como la inversión de capitales extranjeros en actividades extractivas como la minería y las hidroeléctricas. El corolario, actividades económicas que han estado protegidas por cada gobierno de turno, no importando que tengan un impacto desastroso en el país, como se observa en el daño ocasionado a los diferentes ecosistemas. Actividades económicas que, en el plano propiamente productivo, demandan la utilización de poca fuerza de trabajo, teniendo como consecuencia un proceso de expulsión de la fuerza de trabajo en el agro guatemalteco, así como el aniquilamiento de la figura del mozo colono y casi la del campesino. El efecto inmediato, el ahondamiento de la pobreza y pobreza extrema en buena parte de la geografía rural de éste país y el fomento de un flujo migratorio nunca visto hacia las áreas urbanas, sobre todo a la región metropolitana y a los países vecinos. A este nefasto impacto, hay que agregar el efecto que tiene el narcotráfico y otras variables que no se mencionan en este análisis, pero que son parte del replanteamiento del modelo agroexportador ya vigente en Guatemala.
En el presente, entre un sinfín de males y carencias, seguimos en presencia de un Estado copado por poderes paralelos a todo nivel, con altos niveles de corrupción en todas las esferas de gobierno, sin presencia en buena parte del territorio nacional y, por lo mismo, incapaz de cumplir como mínimo con la prestación de servicios básicos a que está obligado, afectando en forma especial a la población empobrecida del país. La realización del bien común como fin supremo de los deberes y obligaciones del Estado, como ha sido desde el principio en nuestra realidad, simple y sencillamente sigue siendo materia pendiente. El otro lado de la moneda, encontramos la presencia de un Estado, que fiel a su naturaleza de clase, sigue siendo “…un instrumento que facilita negocios subsidiados, sin competencia y con privilegios, a un grupo exclusivo de empresarios.”5 Crisis estructural, muy profunda, por cierto, mucho más que una crisis de estatalidad.
Todo indica que la crisis de hegemonía no fue resuelta por los acontecimientos políticos que marcaron la larga coyuntura de mediados de los años 80. Como explicar entonces que, a pesar de la promulgación de la nueva Constitución Política y con ella el nuevo pacto o contrato social, la apertura y tránsito de un nuevo proceso democratizador, el fin del conflicto armado interno y la firma de los acuerdos de paz, en tan poco tiempo hemos presenciado la descomposición de la institucionalidad del Estado y una legitimidad estatal que con cada período de gobierno se va disipando más y más, mostrándonos como reflejo un Estado totalmente agotado. Arriba mencionamos el análisis que nos dice, que “es el resultado de las malas transiciones políticas durante la coyuntura, por la pérdida de los pilares de la legalidad y la política democrática”. Sin embargo, todo indica que hay algo más que señalar al respecto.
Desde nuestro punto de vista, creemos que los acontecimientos que se desprendieron como consecuencia de la coyuntura política de los años 80, simple y sencillamente tenían por fin último, el legalizar y legitimar el nuevo proyecto económico político de la oligarquía, solo que ahora con la fachada de “democracia representativa”. Eso revela el porqué, la constitución de 1985 es portadora de más de 40 artículos que están en plena defensa de intereses precapitalistas, resguardo del verdadero sustrato de la explotación y el enriquecimiento económico de la clase dominante. Su complemento, el haber concebido los constituyentes un Estado de derecho completamente débil, adoc a su control y su manejo, tal y como lo hemos visto a todo lo largo del tiempo que tiene de estar en vigencia. Así las cosas, es fácil deducir que simple y llanamente, los intereses rescatados por la contrarrevolución del 54 y resguardados por los gobiernos militares durante el largo conflicto armado interno, son los mismos que plasmaron los constituyentes en la Constitución Política vigente.
Hay una cuestión al respecto de la comprensión que se debe de tener de toda Constitución Política que queremos dejar claro. Se trata de lo siguiente: la Constitución, en tanto instrumento jurídico-político, en el marco de las sociedades con dominio del capitalismo, tiene dos funciones: primero, la función ideológica, que es cabalmente cuando se nos presenta como el pacto o contrato social para la convivencia de la sociedad en el contexto de un sistema democrático; y, segundo, su función objetiva en el marco de lo concreto real, que es cabalmente cuando comprendemos que es el mecanismo portador del proyecto político y económico de la clase o clases dominantes.
De esa cuenta, tal y como ha sido desde los tiempos de las dictaduras cafetaleras, para no ir más lejos en la historia, el Estado se nos muestra nuevamente, totalmente centralizado y condicionado a la representación y al resguardo de los intereses de pocos guatemaltecos. De nuevo, se trata de la presencia de un Estado excluyente, discriminador y racista; así como de una clase que, por su propia naturaleza, está imposibilitada de generar una propuesta hegemónica de conducción política, moral e ideológica de la sociedad. Aunque hay que reconocer que, a lo largo de todo el proceso político hasta el momento actual, la oligarquía ha venido sorteando obstáculos, teniendo más representación directa en los asuntos políticos. Su presencia en el bloque en el poder que surge a partir de la coyuntura política, se ha hecho sentir a todo lo largo y ancho de la crisis, rol hegemónico materializado por la vía del capital financiero, que es por donde hace efectivo el control y el accionar del Estado a favor de sus intereses.
3. ¿Refundación o Reforma?
El análisis llevado hasta este momento nos dice que independientemente de si procede una reforma o una refundación del Estado, o ambos procesos, uno abriendo el camino al otro, todo está en función de lo que políticamente sea viable y posible de alcanzar; por lo que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para la promulgación de una nueva Constitución Política, es una necesidad que no se puede escamotear. Se trata en primera instancia de ponerle fin al proyecto oligárquico, única posibilidad real para el país de poder transitar por los senderos de un desarrollo económico y social incluyente y de fortalecer al Estado, para que como mínimo haya una verdadera expectativa de construir un legítimo sistema democrático.
Con la nueva Constitución, se vuelve una necesidad insoslayable la promulgación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, cancelando la aberración jurídico-política que hoy está vigente. Una nueva Ley que como mínimo permita y promueva una efectiva participación política de los ciudadanos en la escena política, así como el fomento de una cultura política, hoy ausente en la mayoría de los ciudadanos. Se asistiría, seguramente, a la presencia de cambios positivos al interior de los partidos políticos, como, por ejemplo: su democratización interna, el desarrollo de estructuras horizontales y el surgimiento de intelectuales orgánicos, requisito vital para el mantenimiento y reproducción de la ideología y la comunicación entre las bases y las dirigencias. Se rompería de tajo con la estructura piramidal que se desprende de la actual Ley, culpable del enquistamiento en su cúspide de caudillos y cúpulas negociadoras, clientelistas, mafiosas y corruptas.
En cuanto al tema de si procede la reforma o la refundación del Estado, encontramos un significativo número de análisis, portadores desde luego de diversos puntos de vista. La mayoría le apuestan a la reforma. En ese contexto, hasta miembros de la cooperación internacional y el cuerpo diplomático, con todo y que tienen prohibido participar y opinar en asuntos internos de los países donde están acreditados, se han involucrado directamente en la problemática, apoyando decididamente la reforma. Con los respectivos sesgos, generalmente haciendo énfasis en algún aspecto que han considerado de su importancia, como, por ejemplo, las reformas al sector justicia y al Estado de derecho; sin embargo, hay que decir que es la Universidad de San Carlos quien ha pasado de las opiniones y puntos de vista, a plantear una propuesta bastante elaborada de lo que hay que reformar en el Estado y cómo hacerlo.
Para lo anterior, “…el IPNUSAC ha diseñado tres fases para una ruta básica de reforma del Estado …que incluyen: principios de legalidad con pertinencia cultural, reforma política con mecanismos tangibles que mejoran la representatividad y fiscalización ciudadana, y otro modelo económico basado en una eficiente fiscalidad, la identificación de otros motores de crecimiento vis a vis ventajas competitivas, y el estímulo de nuevos modelos de negocios incluyentes de emprendedores y fuerza laboral.”6 Si bien es una pequeña síntesis de la propuesta de reforma, deja ver con claridad que de lo que se trata es empoderar al Estado de los mecanismos que permitan subsanar la crisis de estatalidad, que es como en ese centro de estudio se ha denominado la crisis del Estado.
Por otro lado, tenemos la cuestión de la refundación. El argumento de partida que justifica cualquier propuesta de este tipo es ampliamente sabido. En el prólogo del libro: La refundación del Estado en América Latina, al respecto de la naturaleza del Estado, se expresa lo siguiente: “Es un Estado uninacional y monocultural, centralista y excluyente, que no sólo desconoce a los pueblos indígenas, sino que estuvo siempre en contra de ellos. Las repúblicas criollas americanas continuaron el genocidio físico y cultural de nuestros pueblos originarios, en un proceso sistemático que se agudizó a fines de los años ochenta del siglo XX, con el inicio de la globalización neoliberal que arrasa con derechos esenciales de los pueblos indígenas.
El despojo territorial y de bienes naturales, de los cuales emanan todos los derechos indígenas, generó acciones que culminaron en reconocidos instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Todo ello busca la consulta y consentimiento previo, libre e informado, autodeterminación, etc., de los pueblos originarios afectados por decisiones del Estado uninacional. .”7
Esto ha generado un amplio debate sobre la cuestión de la refundación del Estado, sobre todo al interior de las organizaciones indígenas y sectores populares que apoyan sin discusión la necesidad de transformarlo. Las posiciones van desde moderadas hasta radicales. Así, por ejemplo, en una posición moderada, algunos enfoques, por ejemplo, son partidarias de la refundación del Estado partiendo de lo que emana de los Acuerdos de Paz, con argumentos como el siguiente: “Los sectores más marginados plantean con justa razón la refundación y no solamente la reforma. Se debe recoger del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el postulado de que Guatemala está constituida por cuatro pueblos –Garífuna, Ladino, Maya y Xinka– que deben gozar los mismos derechos individuales, además de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Cualquier reforma al sistema de justicia, como proponen los tres Poderes del Estado, no pasará de parchar el sistema, si no se acoge el derecho consuetudinario…”8. Hasta el ex presidente Jorge Serrano Elías ha presentado su propuesta de refundación del Estado.
Por otro lado, se aglutinan las posiciones provenientes de dirigentes indígenas, quienes consideran que no se trata de refundar el Estado, sino de fundar un nuevo Estado. En efecto, “Para los pueblos indígenas, el sistema violento de la invasión/colonización no concluyó jamás. La supuesta “independencia” de Guatemala, en 1821, fue acto protocolar de transferencia de mando entre criollos y ladinos de élite. Fue una metamorfosis de la colonización externa hacia la colonización interna.
En la fundación del casi bicentenario Estado nación republicano, ahora en situación insostenible, los pueblos mayas jamás fueron partícipes. Más por el contrario, dicho Estado criollo los asumió como esclavos, unas veces, como enemigos internos, muchas veces.
Por ello, desde el pellejo histórico de los pueblos invadidos, no se puede (no se debe) categorizar a éstos como excluidos, porque jamás fueron asumidos ni tan siquiera como parte residual del proyecto de Estado nación ladino. Nunca formaron parte del proyecto de nación, ni del Estado. La categoría correcta es la de despojados, colonizados internos, saqueados, etc.”9
Aunque el análisis es producto de entrevistas que realiza el autor del artículo a líderes indígenas guatemaltecos, en varios momentos del discurso se confirma la posición de estar en la búsqueda de algo nuevo, propio de una nación que nunca ha tenido Estado; se trata de la fundación de un Estado Plurinacional. Ya sea refundación o fundación, inclusive reforma del Estado, independientemente del contenido ideológica que apuntala el discurso elaborado para hacer una realidad lo propuesto, cambiar las condiciones objetivas del Estado es una cuestión muy difícil de lograr.
La historia nos enseña que la cuestión en sí, arrastra consigo situaciones que van mucho más allá del deseo del deber ser. Una revolución democrático burguesa truncada en 1954, y más de tres décadas de conflicto armado interno con todo y genocidio, explican lo complicado de la tarea.
Boaventura de Sousa Santos en su obra citada, afirma que todo proceso de refundación del Estado afronta siete dificultades: “1. ¿Cómo se puede transformar radicalmente una entidad cuando el objetivo último es, de hecho, mantenerla? Refundar el Estado no significa eliminarlo; presupone reconocer en él capacidades de ingeniería social que justifican la refundación. 2. La larga duración histórica del Estado moderno hace que esté presente en la sociedad mucho más allá de su institucionalidad y que, por eso, la lucha por la refundación del Estado no sea una lucha política en sentido estricto, sino también una lucha social, cultural, por símbolos, mentalidades, habitus y subjetividades. Es una lucha por una nueva hegemonía. 3. Esta lucha no se puede llevar a cabo solo por los grupos históricamente oprimidos (los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos y las mujeres), es necesario crear alianzas con grupos y clases sociales más amplios. 4. Es una demanda civilizatoria que exige un diálogo intercultural que movilice diferentes universos culturales…5. No implica cambiar solamente su estructura política, institucional y organizacional; más bien, requiere cambiar las relaciones sociales, la cultura y, en especial, la economía (o por lo menos las articulaciones y relaciones entre los diferentes sistemas económicos en vigor en la sociedad…”10
Evidencia lo anterior las dificultades de la refundación o fundación de Estado, sobre todo porque eso significa cancelar el colonialismo interno y el capitalismo, en tanto mecanismo de dominación y de explotación económica. Pese a todo, en América Latina ya iniciaron los procesos de refundación del Estado, mostrando un significativo avance en Bolivia y Ecuador.
Considerando la cuestión de la demanda de fundación del Estado planteada por algunos dirigentes indígenas, el modelo ecuatoriano aporta algunas luces para ir concretando algún planteamiento, si ese fuera el caso. El proyecto político ecuatoriano se base en tres pilares: la democracia participativa, los derechos colectivos y la descentralización.11 El problema es que todo el andamiaje jurídico para el sustento del trabajo político, debe de estar sancionado en la Constitución Política, lo que se desliza a que primero, es condición sí o sí, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, porque el texto constitucional que hoy norma la vida del Estado y la sociedad, ni por asomo contempla semejantes derechos.
Lo que deben de tener presente las organizaciones indígenas, es el hecho de que, sin trabajo político, los deseos y anhelos de hacer una realidad la fundación o refundación del Estado, se quedará en eso, deseos y anhelos. Para colmo de males, es una realidad que el trabajo político de los pueblos indígenas es sumamente débil, sea a nivel de la participación institucional (procesos electorales), o fuera de lo institucional; es decir, en el escenario cotidiano que el sistema les permite para reivindicar las demandas ciudadanas.
En el tema de la participación institucional, Winaq es el ejemplo que mejor grafica la realidad política de los pueblos indígenas. Nació bajo el liderazgo del premio nobel de la paz, la señora Rigoberta Menchú, con la idea primaria, así lo entendemos, de participar en la escena política, en tanto mecanismo político para poder accesar al poder político del Estado. Los resultados obtenidos en cada proceso electoral donde ha participado son muy bajos, al punto de que en el último evento electoral no ganaron ningún puesto de elección popular, salvo una diputación por listado nacional, donde participan en alianza con URNG, lo que hace suponer que por ahí se logró el caudal de votos requerido.
Se deduce entonces que, en ese escenario político, al interior de los pueblos originarios no hay apoyos, acuerdos, alianzas, o cualquier otro adjetivo que se nos ocurra; más parece que hay rechazo, divisionismo, o tal vez tiene que ver el peso de la historia. Tema del peso de la historia que abordaremos en otra oportunidad.
1 Ver: de Sousa Santos, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas de una epistemología del Sur. Pp. 58-9.
2 Para una mejor comprensión de los términos utilizados en el tema de bloque histórico, ver: GRAMSCI Y EL BLOQUE HISTÓRICO, de Hugues Portelli.
3 ASIES. Los Efectos Sociales del Consenso de Washington, P. 4. En MOMENTO No. 2, 2010.
4 IPNUSAC. Una Ruta para la Reforma del Estado. En revista: Análisis de la Realidad Nacional, Ed. 103 P. 10.
5 IPNUSAC. El Contenido de la Reforma del Estado en Guatemala. P. 2.
6 IPNUSAC. Una Ruta para la Reforma del Estado. Op. Cit.
7 De Sousa Santos, Boaventura. La Refundación del Estado en América latina. Pp. 9-10.
8 Molina, Raúl. La refundación del Estado es asunto serio. En diario La Hora. (Guatemala, 20/5/2016).
9 http://www.telesurtv.net/bloggers/Guatemala-refundacion-o-fundacion-de-un-Estado-Plurinacional. (Guatemala, 20/01/2017).
10 De Sousa Santos, Boaventura. Op. Cit. Pp. 284-5.
11 Ver, Julie Massal. EL proyecto político indígena ecuatoriano. Convergencia y divergencias con su entorno político.
1. Bibliografía
- Los Efectos Sociales del Consenso de Washington. MOMENTO No. 2, Guatemala, 2010.
- Dávalos, Pablo Movimiento indígena ecuatoriano: La constitución de un actor político. CLACSO, 2011.
- de Sousa Santos, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Plural, Bogotá,
- Una ruta para la reforma del Estado. Revista: Análisis de la Realidad Nacional, Guatemala, 2016.
- El Contenido de la Reforma del Estado en Guatemala. Guatemala, 2015.
- Massal, Julie. El proyecto político indígena ecuatoriano. Convergencia y divergencias con su entorno político. Colombia Internacional, Bogotá,
- Portelli, Hugues. GRAMSCI Y EL BLOQUE HISTÓRICO. Siglo XX, México, 2003.
Artículos
- Raúl La refundación del Estado es asunto serio. Diario la Hora, (Guatemala, 20/5/2016).
- http://www.telesurtv.net/bloggers/Guatemala-refundacion-o-fundacion-de- un-Estado-Plurinacional. (Guatemala, 20/01/2017).
