Por: Simón Antonio Ramón
La Hidroeléctrica Santa Rita que opera desde el año 2009 en Cobán, Alta Verapaz, afecta a las comunidades del Río Dolores, fue financiada en mayo 2012 por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Banco Mundial por medio del Fondo de Infraestructura de Energía Renovable para América Latina (LRIF), contradiciendo sus políticas de buenas prácticas de inversión, según el informe anual 2017 de la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO) –agencia de investigación independiente del Banco Mundial-.
La investigación del CAO en Guatemala sobre la hidroeléctrica Santa Rita se realizó a partir de una carta de reclamo que enviaron las comunidades del Río Dolores en octubre de 2014, tras una serie de agresiones en contra de las comunidades cuando comenzaron sus operaciones en 2009, al proporcionar proyectos asistencialistas por medio de la Organización No Gubernamental, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Ceder).
En el informe intermedio de 2015 de la CAO concluyó que los hechos denunciados por las comunidades son sustanciales y en su informe final 2017 evidencia una serie de hechos que fueron ignorados por la IFC al financiar a la hidroeléctrica Santa Rita.
Entre los hallazgos del estudio se establecieron que el examen de la IFC no fue proporcional al riesgo ambiental y social; no identificó deficiencias en la evaluación ambiental y social, lo que contravino a sus buenas prácticas al realizar análisis inadecuado de los impactos del proyectos en la biodiversidad; y no adoptó ninguna medida adecuada para asegurarse si el proyecto había cumplido con la consulta previa, libre e informada.
A partir de las evidencias del informe, las comunidades del Río Dolores exigen a la hidroeléctrica Santa Rita que se retire del territorio para que las y los pobladores, vivan en paz sin hostigamientos ni divisiones.
La petición a la IFC es retirar su inversión a la hidroeléctrica, como lo hizo el banco holandés Dutch Development Bank FMO, y al Estado de Guatemala, la cancelación de toda concesión y licencia de megaproyectos sobre el Río Dolores.
Entre los años 2010 y 2012, en un proceso de consulta, con un mecanismo propio de las 23 comunidades del Río Dolores, rechazaron el proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, se desató una ola de criminalización, desde órdenes de capturas, intento de secuestros a líderes, la pretensión de instalar un campamento militar, medidas en contra miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode), ataques con armas de fuego que provocaron cuatro asesinatos, así como una serie de desalojos violentos y la ocupación de la comunidad Monte Olivo por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) del 14 a 16 de agosto 2014.
A la serie de hechos junto a las conclusiones del informe de la CAO, las comunidades demandan al Ministerio Público (MP) para que investiguen eficazmente los asesinatos y atentados a los que han sido víctimas las comunidades, así como la cancelación de las órdenes de captura, que se garantice el acceso a la justicia y el cese de anomalías en los procedimientos judiciales en proceso.
