Por: Jerson Xitumul Morales y Nelton Rivera
19 de enero de 2018.- María Magdalena Cuc Choc fue ligada a proceso y le otorgó una medida sustitutiva en audiencia de primera declaración, por el juez Edgar Aníbal Arteaga López del juzgado de primera instancia penal de Puerto Barrios. Para quedar en libertad, deberá pagar una fianza de Q5 mil quetzales, deberá permanecer en el departamento de Izabal con arraigo y firmar el libro en un juzgado constantemente. Ella fue acusada por varios trabajadores de la finca Isabel, ubicada en Livingston Izabal por un hecho ocurrido en septiembre de 2017.
El juez resolvió ligarla a proceso, porque según el María Magdalena podría tener participación en la retención de varios trabajadores. Los delitos por la que es acusada por el Ministerio Público – MP, son Usurpación Agravada, Amenazas y Detención ilegal.
Otras dos personas están acusadas en la misma causa penal, ellos son Luis Xol Caal y Antonio Asp Pop que tienen orden de captura. Detrás de este acción de criminalización está la entidad llamada “LISBAL Sociedad Anónima”, supuesta propietaria de la finca, en la que Miguel Ángel Alvarado Cruz aparece como representante legal. El señor Rodrigo Lainfiesta Rímala afirma ser propietario de esta finca y mayor accionista de la entidad.[1]
En 2017, Ramiro Choc y varias autoridades q’eqchi de Livingston llegaron a la ciudad capital para denunciar la criminalización que están sufriendo cientos de familias de la comunidad Chabil’ Ch’och’. Actualmente existe una disputa por la tierra de la finca San Luis, la comunidad está luchando por recuperar la totalidad de la tierra. Chocón Machacas: Sinibaldi Y El Pueblo Q’eqchi Que Lucha Por La Recuperación De La Tierra Parte I
Al finalizar la audiencia María Magdalena salió del juzgado y se dirigió a las personas que llegaron de distintas comunidades para acompañarla en esta audiencia, los agentes de la Policía Nacional Civil que la trasladaron al complejo de justicia la mantuvieron todo el tiempo con las esposas en sus manos, ella luego fue trasladada al Centro Preventivo de Puerto Barrios “La Peni”, en horas de la noche podrá salir en libertad pero deberá seguir enfrentando el proceso penal.
El juzgado evitó el ingreso de varias personas y comunicadores a la sala de audiencias, a pesar que es una audiencia pública, varios familiares tuvieron que esperar afuera del juzgado para conocer el resultado de la misma.
Para el abogado Juan Castro, este es otro caso de criminalización de una autoridad o líder comunitario, en el caso de María Magdalena, quieren castigarla penalmente por ser una mujer q’eqchi con amplio reconocimiento en las comunidades. “se busca criminalizar a una persona por un hecho que fue colectivo o en el que intervinieron muchas personas y el MP no puede individualizar responsabilidad por esos hechos”.
El juez Arteaga fijó un plazo de 6 meses para que el MP amplié su investigación, mismo que realiza desde el año paso, deberá de presentar las conclusiones de esta el 20 de julio del 2018, y la próxima audiencia se programó para el 17 de agosto.
A la audiencia no se presentó ninguna representación de la entidad “LISBAL Sociedad Anónima”.
[1] Gladys Olmstead. ¿Qué fue lo que pasó en el desalojo de Izabal: propiedad legal o tierras ancestrales?. Nomada. 30 de noviembre 2017. https://nomada.gt/que-fue-lo-que-paso-en-el-desalojo-de-izabal-propiedad-legal-o-tierras-ancestrales/
