Por: Simón Antonio
La comunidad de excombatientes de la comunidad “29 de diciembre” del municipio de Zaragoza, Chimaltenango de Guatemala, fue sede durante el 20 y 21 de enero de un taller para analizar las aristas de la injerencia política de Estados Unidos en la región, tanto del norte de Centroamérica como en América Latina en los últimos 70 años, comenzando con la apuesta del Plan Alianza para el Progreso hasta la última acción con el Plan Alianza para la Prosperidad.
Este taller denominado “¿Qué hay detrás del Plan para la Prosperidad?” fue convocado por miembros del Colectivo de Lucha y Resistencia (CLR) en Guatemala, el Equipo Maíz de El Salvador; las organizaciones de Honduras Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG).
Estados Unidos con un pie en Centroamérica
La región norte de Centroamérica se encuentra en una fase de multiplicación de la estrategia militar de Estados Unidos para mantener su hegemonía en la región con la excusa de “combate al crimen organizado y al narcotráfico”. Esto se lleva a cabo dado a la sumisión de los gobierno de Honduras y Guatemala.
El Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), último Plan de Estados Unidos para la región norte (triángulo norte) de Centroamérica se traduce en la multiplicación de presencia militar estadunidense ante el avance comercial de China y Rusia en la región con Nicaragua y Costa Rica.
La ejecución de este Plan anunciado en marzo 2015 con la llegada a Guatemala del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, se ejecuta de distintas maneras en cada uno de los países de la región. Por parte de Guatemala, la última semana se dio a conocer públicamente la creación de un gabinete por parte del Gobierno integrado ocho ministerios, tres secretarías, el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), el director del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y el Instituto de Fomento Municipal (Infom).
Por parte del gobierno de El Salvador, varios programas del Plan están incluidos en el Plan Quinquenal, con pocos efectos y resaltando más el trabajo del gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
La certificación y el futuro del Plan
El presupuesto del Plan para 2018 sufrió una reducción de US$ 750 millones a US$ 615 millones, ninguno de estos montos coinciden con el monto ofrecido en el 2015 por el gobierno de Barack Obama, que era US$ 1 mil millones. Respecto a la certificación de los países para tener acceso a los fondos; el gobierno de Honduras fue certificado tras el anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de que Juan Orlando Hernández había sido electo después de 21 días de elecciones. La misma fue dada al gobierno de El Salvador ya que cumplieron con las condiciones establecidas por Estados Unidos, mientras Guatemala aún espera su certificación debido a la crisis política que está atravesando, una de ellas la declaración de non grato a Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), por lo que entra en cuestión el aporte del gobierno a la lucha contra la corrupción.
