Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres

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Créditos: bcacers
Tiempo de lectura: 8 minutos

El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) formado para investigar el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres, de Honduras, acaba de publicar el informe que ha resultado de sus pesquisas  .

Reproducimos aquí  el Resumen Ejecutivo del informe, y al final aparece el vínculo  a la página de COPINH para descargarlo completo en versión pdf.   

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El 2 de marzo de 2016, ocurrió el asesinato de la lideresa Berta Isabel Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, en la Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras. De inmediato, familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), demandaron una investigación independiente ante las sospechas que que las autoridades hondureñas no identificarían a los autores intelectuales de ese hecho.

Los familiares de Berta Cáceres y el COPINH presentaron esa solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas y numerosos actores nacionales e internacionales, internacionales. Sin embargo, jamás tuvo eco al interior del Estado hondureño.

Ante esa negativa, la familia, y el COPINH, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes. Es así como, en noviembre de 2016, surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Desde esa fecha, el GAIPE realizó cuatro viajes a Honduras; entrevistó a más de treinta personas; estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diez procesos penales por denuncias del COPINH y acciones legales instauradas por la ausencia de consulta previa, libre e informada en el Proyecto Agua Zarca. Además, tuvo acceso parcial a la prueba contenida en el proceso por el asesinato de Berta Isabel Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

El GAIPE reconoce que las autoridades estatales han identificado y procesado, a la fecha, a ocho personas, cuyos nombres son de dominio público, siendo ellas: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Giovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza y Emerson Eusebio Duarte Meza.

A la fecha, la prueba que fundamenta las acusaciones del Ministerio Público contra los ocho imputados, se centra en la información telefónica. El GAIPE ha tenido acceso a una fracción de esta data, compuesta por los registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros.

Con base en el análisis de la prueba recopilada, el GAIPE logró documentar numerosas conductas delictivas, irregularidades en la investigación, así como identificar a posibles autores intelectuales del asesinato.

A continuación, se brinda un resumen de los principales hallazgos:

A partir de la información analizada, el GAIPE concluye que el asesinato de Berta Isabel Cáceres no es un hecho aislado.

El informe del GAIPE permite evidenciar las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca. La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron: la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.

La Secretaria de Seguridad de Honduras cumplió un doble rol. Por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca, influenciada por las relaciones con socios y personal directivo de DESA; y, por otro lado, omitió proteger a la lideresa, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores.

La información a la que accedió el GAIPE, también permite concluir que DESA no contaba con el capital suficiente para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. A causa de ello, los fondos provenientes del sistema financiero fueron empleados para incrementar los niveles de violencia en la zona de influencia de dicha empresa, atacar sistemáticamente a personas del COPINH y a Berta Isabel Cáceres Flores, entre otros.

A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes.

Respecto del hecho concreto ocurrido el 2 de marzo, el GAIPE, con la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público al menos desde el 2 de mayo de 2016, ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores inició en el mes de noviembre de 2015, lo que coincide con movilizaciones de las comunidades indígenas y del COPINH en oposición al proyecto Agua Zarca.

Durante los meses de enero y febrero 2016, algunos de los imputados y personas no identificadas, realizaron labores de reconocimiento y seguimiento en la ciudad de la Esperanza, lugar de residencia de Berta Isabel Cáceres Flores y donde funcionan las oficinas y sedes del COPINH. El 5 y 6 de febrero de 2016, se desplegó un operativo para cometer el crimen en el que participaron, según la información analizada, varios de los imputados. Por razones de logística el operativo fue “abortado”.

Según la información analizada por el GAIPE, al menos cuatro de los presuntos autores materiales del asesinato se agruparon el 2 de marzo de 2016 en la Ceiba, para desplazarse a la ciudad de La Esperanza, del Departamento de Intibucá, en horas de la mañana. A la llegada a dicha ciudad, realizaron labores de reconocimiento antes de perpetrar el asesinato.

Al analizar el tráfico de llamadas entre los imputados, el GAIPE considera que participaron otras personas en la ejecución del asesinato, las cuales no han sido identificadas por el Ministerio Público.

Los agentes estatales a cargo de la investigación, construyeron hipótesis que carecen de fundamento. Atribuyeron el asesinato de Berta Cáceres a un excompañero sentimental, dándole una connotación de crimen pasional. También sostuvieron que el ataque obedecía a conflictos de interés dentro del COPINH.

Por otra parte, el Ministerio Público ha impedido la participación oportuna y diligente de las víctimas constituidas en acusadores privados, al declarar la reserva del expediente. Esa decisión ha limitado el acceso a documentos, diligencias y pruebas conducentes a la identificación, procesamiento y juzgamiento de otros autores materiales e intelectuales por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro.

La falta de entrega de dicha información ha incidido, también, en la impunidad de ataques criminales en contra de personas integrantes del COPINH y de las comunidades lencas opositoras al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes.

Del análisis de la información telefónica se deduce, además, que los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales. A la vez, se demuestra que estos actores influyeron para que las diligencias iniciales se dirigieran hacia personas integrantes del COPINH o cercanas a Berta.

Con base en los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, la recopilación y el análisis de información efectuado por el GAIPE, se recomienda:

  1. Al Gobierno y el Poder Legislativo: A) Revisar la legalidad y, en su caso, revocar conforme a lo previsto por el ordenamiento jurídico y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la concesión, contratos, licencias y otros beneficios otorgados al Proyecto Agua Zarca por la violación al deber de consulta, previa, libre e informada, y las prácticas sistemáticas de persecución y exterminio; B) Cumplir con lo establecido en el acuerdo firmado en julio de 2011 entre el COPINH y el Presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Soso, mediante el cual asumió el compromiso de “no autorizar la construcción de represas en las comunidades Lencas sin la realización de las consultas libres, previas e informadas”; C) Adoptar las medidas administrativas y legislativas para: 1) prevenir que las empresas a quienes se les han otorgado concesiones u otros beneficios para la explotación de recursos naturales y bienes del Estado, utilicen los recursos financieros, humanos o de cualquier otra naturaleza para controlar, neutralizar y eliminar las demandas sociales promovidas, individual o colectivamente, ante potenciales violaciones de derechos humanos. Asimismo, se deben tomar las medidas para investigar y en su caso sancionar a las empresas que hayan hecho un uso indebido de los recursos; 2) garantizar plenamente la labor de defensa de los derechos humanos; 3) garantizar el control y subordinación de las empresas de seguridad privada a las fuerzas de seguridad civil del Estado; 4) derogar las funciones judiciales de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, dotando a los órganos civiles, de las facultades y los medios para asumir dichas funciones; 5) fortalecer los mecanismos de investigación que permitan desmontar las estructuras criminales que vulneran los derechos de las personas defensoras de derechos humanos.
  2. Sistema de Justicia: A) Garantizar de manera efectiva la investigación seria, integral y exhaustiva del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto, que permita el juzgamiento y sanción de todas las personas que resulten por autoría material e intelectual, por acción u omisión, de los hechos delictivos, así como de las conductas conexas; B) Investigar las actuaciones de los agentes a cargo del esclarecimiento de los hechos del 2 de marzo de 2016, para determinar la responsabilidad en que hayan incurrido, por acción u omisión; C) Investigar, juzgar y sancionar a las personas vinculadas a DESA y los organismos de seguridad del Estado que formaron y fortalecieron las estructuras criminales que han actuado en contra de las comunidades lencas de Río Blanco e integrantes del COPINH con el fin de desmantelar dichas estructuras y prevenir futuros actos de intimidación y violencia; D) Permitir la participación de las víctimas en el proceso interno y en tal sentido, brindarles el acceso en forma oportuna a todas las actuaciones de la investigación, así como dar el acceso que corresponda a las personas procesadas para que puedan ejercer el derecho de defensa de conformidad con lo previsto en legislación hondureña y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
  3. 3. A las Empresas, Instituciones Financieras y Países Donantes: Asegurar que los proyectos de desarrollo o inversión respeten y garanticen la obligación de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como, exigir del Estado hondureño el pleno respeto a la labor de defensa de los derechos humanos ejercidas por organizaciones de la sociedad civil, personas de las comunidades afectadas ante las políticas de explotación de recursos naturales y bienes del Estado y establecer consecuencias ante la violación a las previsiones del Convenio 169 de la OIT.
  4. A la comunidad internacional: A) Fortalecer los procesos de monitoreo y auditoría social en torno a las graves violaciones a los derechos humanos, así como, en la promoción y defensa de los derechos humanos ante los proyectos de explotación de recursos naturales y bienes del Estado; B) Acompañar las demandas de verdad, justicia, y reparación como mecanismo para garantizar la construcción y consolidación de sociedades menos violentas, en las que el respeto a los derechos humanos, sea incorporada como una práctica cotidiana por agentes estatales, empresas y sistema financiero; C) Apoyar a la familia de Berta Isabel Cáceres Flores, personas del COPINH, de las organizaciones nacionales e internacionales, así como, del equipo legal, para superar la impunidad y arbitrariedad en el ejercicio de las funciones estatales; D) Fortalecer adecuación normativa e implementación de medidas que garanticen el pleno ejercicio, individual o colectivo, de los derechos humanos en general; y, especialmente, los vinculados con las políticas de explotación de recursos y bienes del Estado.

Para leer el Informe completo: https://copinh.org/document/informe-gaipe-represa-de-violencia-el-plan-que-ase/

 

Autoría y edición

Fundador de Prensa Comunitaria. Es profesor investigador en CIESAS Occidente desde el 2008 y profesor investigador emérito en FLACSO Guatemala.

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